La Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal desplegaron el jueves un operativo en Lomas de Zamora. Organizaciones de derechos humanos alertaron sobre el uso de escáneres de huellas dactilares sobre niñas, niños y adolescentes que salían de sus escuelas. El procedimiento se enmarca en una política de control migratorio que el Gobierno de Javier Milei viene intensificando en el Conurbano bonaerense desde principios de año, y que hasta ahora contó con escasa rendición de cuentas oficial.
Este jueves 19 de marzo de 2026, seis personas fueron detenidas en Lomas de Zamora durante un operativo conjunto de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Policía Federal Argentina (PFA). El procedimiento se extendió en torno a la intersección de la avenida Olimpo y la calle Laprida, en el barrio Santa Catalina de la mencionada localidad, y no fue el primero de su tipo en el Conurbano: en los últimos meses, operativos de características similares ya habían tenido lugar en Villa Celina (La Matanza), en el barrio porteño de Liniers y en Once, entre otros puntos del área metropolitana. La metodología fue la misma que en intervenciones anteriores: personal de la PFA y de la DNM solicitó documentación a transeúntes y utilizó dispositivos móviles de identificación biométrica —escáneres de huellas dactilares— para cruzar datos con bases de seguridad y verificar antecedentes penales o situación migratoria irregular. Esta tecnología, que la administración de Javier Milei incorporó como herramienta central de sus operativos en espacios públicos, permite contrastar la información de las personas controladas en tiempo real con los sistemas del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), la DNM y otros registros federales.
De acuerdo con la información disponible, las detenciones se produjeron como consecuencia de la falta de documentación y de antecedentes detectados por el sistema. Sin embargo, no hubo declaraciones oficiales que explicaran los criterios técnicos de cada caso. Según trascendió, un familiar de una de las personas involucradas declaró que se procedió a detener a alguien cuya condena ya se encontraba cumplida: un dato que, de confirmarse, plantearía interrogantes sobre la rigurosidad jurídica del procedimiento.
Biometría y adolescentes: el punto de mayor gravedad
El aspecto que concitó mayor preocupación fue el que involucró a niñas, niños y adolescentes. Según testimonios recogidos en el lugar, agentes de seguridad solicitaron documentos y realizaron escaneos biométricos a personas menores de edad que salían de establecimientos educativos de la zona. Entre los casos mencionados, se relató el de una adolescente de 16 años a quien se le habría exigido su DNI y el registro de sus huellas dactilares.
Ante esas denuncias, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió una alerta pública calificando el procedimiento de ilegal. El organismo señaló que las fuerzas de seguridad no están habilitadas para realizar controles de identidad ni registros biométricos sobre personas menores de edad en la vía pública, y solicitó la intervención urgente de la Defensoría de la Niñez y de otros organismos de control para resguardar los derechos de quienes fueron afectados.
El caso de Lomas de Zamora no es el primero en el que los controles afectan a personas que transitan por la vía pública, y hasta el momento no está claro si el operativo migratorio también afectó a personas en el ámbito privado. En el operativo conjunto de la DNM y la PFA que tuvo lugar en el barrio de Liniers el 6 de febrero pasado, Gustavo Morón, abogado y referente de la comunidad boliviana, describió a Refugio Latinoamericano que las fuerzas federales ingresaron incluso a un restaurante a pedirle documentación a una persona que estaba sentada comiendo: una práctica que, dijo, generó angustia en quienes conviven cotidianamente en el barrio. La imagen de uniformados identificando personas en espacios que hasta entonces eran percibidos como ámbitos de la vida privada o la vida comunitaria impactó en la dinámica del barrio y reforzó un clima de incertidumbre entre las comunidades migrantes.
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Una política que se intensifica sin rendir cuentas
El operativo de Lomas de Zamora forma parte de una estrategia más amplia que el Ministerio de Seguridad —conducido por Alejandra Monteoliva— viene desplegando desde principios de 2026. La premisa oficial es clara: endurecer los controles sobre el ingreso y la permanencia de personas extranjeras en el país. El mensaje del Ministerio en redes sociales fue explícito: “Las reglas son claras: extranjero que esté de manera irregular, ilegal o que delinca, lo expulsamos.”.
Esa política se inscribe en un giro conceptual más profundo: la migración dejó de ser tratada como una cuestión de integración y pasó a ser administrada principalmente desde la lógica de la seguridad pública. El traslado de la DNM del Ministerio del Interior al de Seguridad —concretado por decreto— fue la expresión institucional de ese cambio. En ese mismo contexto, el oficialismo había anunciado la creación de una Agencia de Seguridad Migratoria al frente de la cual iba a estar Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero en uso de licencia. Sin embargo, el proyecto fue finalmente frenado a principios de marzo, en medio de tensiones políticas internas. Las políticas migratorias continuarán, entonces, bajo la órbita de la actual DNM.
Las comparaciones con el modelo del ICE de Estados Unidos —el organismo federal de control migratorio de los Estados Unidos, cuya actuación durante la administración Trump generó repudios generalizados tanto dentro como fuera del país por su accionar represivo— no tardaron en aparecer en el debate local. Especialistas en políticas migratorias advirtieron sobre los riesgos de trasplantar esquemas pensados para otras realidades a un contexto como el argentino, con su propia historia migratoria, su marco normativo y sus particularidades territoriales.
El marco legal que se pone en tensión
El marco normativo migratorio en Argentina atraviesa una transformación profunda. La ley 25.871, que durante más de veinte años garantizó a las personas migrantes el derecho a migrar, el acceso a la salud, a la educación y el derecho al debido proceso —y que derogó la llamada “ley Videla”—, fue modificada en puntos sustanciales por el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, publicado en el Boletín Oficial el 29 de mayo de 2025.
El decreto refuerza el control migratorio, exige seguro de salud para personas extranjeras y se propone limitar el acceso gratuito a salud y educación universitaria a quienes no sean residentes permanentes. También amplía la lista de causales de inadmisión y expulsión, incluyendo condenas penales aunque no estén firmes, procesamientos elevados a juicio, falsificación documental y desnaturalización de los motivos de ingreso.
El decreto fue dictado por la vía de necesidad y urgencia —es decir, sin pasar por el Congreso— y generó un fuerte rechazo en organizaciones de derechos humanos y bloques parlamentarios de la oposición. Legisladores presentaron impugnaciones señalando que el DNU 366/2025 adopta un enfoque restrictivo y de control migratorio que resulta contradictorio con los principios constitucionales y convencionales a los que Argentina se ha obligado en materia de derechos humanos. En ese marco, se presentaron diversas iniciativas parlamentarias para anularlo, argumentando que no existen razones de necesidad y urgencia que justifiquen modificar por decreto una ley conquistada gracias a décadas de lucha de organizaciones de derechos humanos, migrantes y sociales.
Es en este nuevo marco legal —más restrictivo, más orientado al control y con un marcado sesgo securitista— donde se inscriben los operativos como el de Lomas de Zamora. La preocupación por los procedimientos que se aplicaron ahora se cierne sobre las personas migrantes menores que fueron abordadas durante el operativo. Hasta el momento, las autoridades del gobierno nacional no emitieron ninguna declaración al respecto.
(Noticia en desarrollo…)
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