La presidenta de la Red Alto al Tráfico y la Trata, Viviana Caminos, describe cómo el reclutamiento se trasladó a las plataformas digitales y advierte sobre la explotación laboral en comunidades migrantes, en un escenario de reducción de los programas estatales de prevención y asistencia.
Las redes de trata de personas cambian al ritmo de las transformaciones sociales y tecnológicas. En el escenario actual, el panorama es más complejo, ya que las formas de captación se trasladan al entorno digital, la explotación laboral adquiere mayor relevancia y las ofertas de empleo engañosas se multiplican en un contexto marcado por la precarización económica y laboral. Quienes trabajan desde hace décadas en la prevención señalan que, mientras el delito se reinventa, las políticas públicas para enfrentarlo se debilitan o escasean.
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio, desde Refugio Latinoamericano dialogamos con Viviana Caminos, politóloga, trabajadora social y presidenta de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT). La organización desarrolla acciones para prevenir el delito de trata de personas, además de crear espacios de promoción de los derechos humanos. Además, brinda asistencia integral a las víctimas y promueve el fortalecimiento de políticas públicas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas y otras formas de explotación, incluidos los delitos vinculados al ámbito digital.
Un enfoque securitario que debilita la prevención y la asistencia a las víctimas
Según la Organización para las Migraciones Internacionales (OIM), se estima que, anualmente, unas 800.000 personas son víctimas de trata a través de las fronteras internacionales, mientras que otras lo son dentro de las fronteras de sus propios países. En Argentina desde 2008 rige la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. En 2012 su modificación bajo la Ley 26.842 además de eliminar el consentimiento de la víctima como elemento para eximir de culpa al captor, crea el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y con autonomía funcional. Bajo este marco regulatorio, los registros oficiales muestran que más de 22.800 personas fueron rescatadas como víctimas de trata desde 2008, mientras que la Línea 145 recibió más de 29.200 denuncias desde 2012. Estos datos muestran la persistencia de un delito que requiere estrategias sostenidas de prevención, detección temprana y asistencia integral a las víctimas.
Frente a este escenario, la presidenta de RATT, Viviana Caminos, advierte que el panorama actual en Argentina se complejiza por la desarticulación de programas y espacios de coordinación fundamentales para brindar una respuesta temprana y efectiva. Según explica, la reducción de recursos se traduce en un menor desarrollo de políticas de prevención, asistencia y reparación de las víctimas. Por otro lado, con el traspaso del Comité Ejecutivo, en febrero de 2024 (Decreto N.º 195/24), hacia la órbita del Ministerio de Seguridad, se prioriza la persecución criminal del delito y no la respuesta integral y preventiva. «Se trata de un enfoque más centrado en la seguridad y la detección, pero no tanto en la asistencia ni en la prevención», sostiene.
Nuevas modalidades de captación en la era digital
El lema elegido este año por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, «Atrapados detrás de la estafa», pone el foco en una de las transformaciones más recientes del delito de trata de personas: el uso de entornos digitales para captar y someter a víctimas mediante engaños. Las falsas ofertas laborales se han convertido en una herramienta para atraer personas hacia situaciones de explotación. En estos casos, las víctimas aceptan trabajos en el exterior y luego son confinadas en complejos ilegales destinados a estafas en línea.
En Argentina, Viviana Caminos observa esta misma transformación en las modalidades de reclutamiento que se adaptan a los nuevos modos de comunicación. «Lo que ha cambiado, sobre todo a partir de la pandemia, es el reclutamiento por redes sociales. Se aprovecha que las personas más jóvenes están constantemente conectadas a internet para captarlas a través de plataformas digitales como Instagram, TikTok, juegos en línea y otras redes».
La expansión de estas modalidades responde a los cambios en la manera en que las personas se vinculan, buscan empleo y construyen relaciones mediadas por internet. Las organizaciones criminales aprovechan la posibilidad de establecer contactos a distancia, construir vínculos de confianza y ofrecer oportunidades difíciles de verificar. En muchos casos, las propuestas incluyen empleos en el exterior, ingresos elevados o condiciones que parecen mejorar la situación económica de quienes atraviesan contextos de vulnerabilidad. Caminos advierte que detrás de estas ofertas pueden aparecer señales de alerta como, por ejemplo, la falta de información sobre el empleador, la urgencia para tomar decisiones, la negativa a brindar detalles sobre las condiciones laborales o los intentos de aislar a la persona de su entorno cercano.
La trata laboral en las comunidades migrantes
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, de Naciones Unidas define la trata como un proceso que incluye la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas mediante el uso de la fuerza, amenazas, engaños, abuso de poder o aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad, con el objetivo de someterlas a alguna forma de explotación.
Viviana Caminos advierte que la trata laboral adquirió mayor visibilidad en los últimos años. Según explica, existe una fuerte presencia de población migrante, especialmente de personas provenientes de Bolivia, Perú y Paraguay. En estos casos, la situación de exposición a situaciones de explotación se puede profundizar por el desconocimiento de derechos, las dificultades vinculadas a la documentación o el temor a denunciar.
Esta realidad suele observarse en ámbitos como talleres textiles, actividades frutihortícolas y otros espacios donde las personas trabajan y viven bajo condiciones de extrema precariedad. Al respecto, cuenta que, por ejemplo, «en la provincia de Buenos Aires y Córdoba se constituyen comunidades bolivianas alrededor de grandes campos y, en época de cosecha, familias enteras —incluidos niños— trabajan largas jornadas, duermen en colchones húmedos en el piso y tienen un solo baño para 50 personas».
A este escenario se suman otros mecanismos de control utilizados para impedir que las víctimas busquen ayuda. Caminos advierte que se retiene la documentación de las personas migrantes y se recurre a amenazas psicológicas para mantenerlas sometidas, por ejemplo, haciéndoles creer que si denuncian podrían ser detenidas por su situación migratoria o sufrir consecuencias por no contar con sus documentos. El denominador común, aclara, sigue siendo la pobreza, la falta de oportunidades y la necesidad de conseguir empleo, que son factores aprovechados por quienes buscan captar víctimas.
La naturalización de estas situaciones constituye otro de los obstáculos para la detección temprana. Caminos explica que hay personas que no identifican que están siendo víctimas de un delito porque determinadas prácticas de explotación fueron incorporadas como algo habitual dentro de algunos contextos laborales. «Hay que entender que es un delito», remarca. En este sentido, señala que uno de los desafíos pendientes es fortalecer el vínculo con las comunidades migrantes para generar espacios de prevención y confianza que favorezcan la denuncia. «El puente hay que tejerlo y uno de los problemas que tenemos con la comunidad migrante es que nos cuesta mucho que se integren y participen en talleres de prevención», sostiene.
La prevención es una herramienta central
Para la presidenta de RATT, esta realidad demuestra que la respuesta frente a la trata no puede limitarse a los operativos de rescate o a la intervención judicial. Identificar tempranamente las situaciones de riesgo, fortalecer el trabajo territorial y generar confianza en las comunidades más expuestas son condiciones necesarias para prevenir nuevas captaciones.
Entre los principales indicadores de alerta, menciona jornadas laborales extensas, salarios muy inferiores a los establecidos, falta de descanso, condiciones inseguras, hacinamiento, restricciones para salir del lugar de trabajo, retención de documentación y amenazas vinculadas a la situación migratoria. «Las barreras no siempre son físicas. También hay barreras psicológicas», explica. En muchos casos, las personas explotadas no denuncian por miedo a perder el único ingreso económico disponible, por desconocimiento de sus derechos o porque quienes las explotan construyen una relación de dependencia y temor. En el caso de las mujeres, además, Caminos señala que suelen atravesar una doble carga: además de las tareas laborales, muchas realizan trabajos domésticos no remunerados y pueden sufrir situaciones de violencia sexual dentro de esos ámbitos.
Frente a estas transformaciones, Caminos insiste en que la respuesta no puede limitarse a intervenir cuando el delito ya fue cometido. Para la presidenta de RATT, la prevención continúa siendo una de las herramientas fundamentales para detectar situaciones tempranas y evitar nuevas captaciones. «Ante la falta de acción estatal, la prevención y las charlas las están realizando las organizaciones de la sociedad civil y personas con buena voluntad, a menudo utilizando sus propios recursos y dinero ante la falta de subsidios», afirma, al referirse al rol que actualmente cumplen organizaciones sociales en capacitaciones, talleres y acompañamiento territorial. Sin embargo, remarca que estas tareas no pueden depender únicamente del esfuerzo voluntario.
La trata de personas continúa representando un desafío que requiere respuestas integrales. Para quienes trabajan en la prevención, combatir este delito implica no solo perseguir a quienes explotan, sino también garantizar políticas sostenidas de prevención, asistencia y reparación para las víctimas.
En Argentina, las denuncias por trata y explotación de personas pueden realizarse de manera gratuita, anónima y durante las 24 horas a través de la Línea 145.
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Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y estudiante de la Maestría en Periodismo Narrativo (UNSAM). Especialista en comunicación institucional, atención al público y producción de contenidos creativos.
