Migrar para estudiar es una decisión académica pero, muchas veces, también es una apuesta de vida atravesada por expectativas, incertidumbres y profundas desigualdades. Este ha sido el foco de Cecilia Jiménez Zunino, doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid e investigadora independiente en el Consejo Nacional de Investigaciones y Técnicas (Conicet). Asimismo, trabaja en el Instituto de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) desde hace 13 años, donde recientemente comenzó a dirigir un equipo de investigación sobre estudiantes migrantes.
En diálogo con Refugio Latinoamericano, la especialista en migraciones y educación advierte que las trayectorias de movilidad internacional en América Latina están lejos de ser homogéneas. No todos los estudiantes parten del mismo lugar ni cuentan con las mismas herramientas para sostener su experiencia en otro país.
En trabajos como «Desigualdades sociales en las trayectorias de movilidad internacional», la investigadora sostiene que factores como el origen social, la disponibilidad de recursos económicos y las redes de apoyo son determinantes en la posibilidad de emigrar y de permanecer en el sistema educativo. Uno de sus hallazgos más relevantes es que las personas migrantes enfrentan dificultades económicas, incluso en contextos donde la educación es accesible y gratuita, lo que impacta directamente en sus trayectorias académicas.
«Yo misma he sido una estudiante migrante. Viví en primera persona esa experiencia porque hice mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Ahí experimenté de primera mano las brechas y dificultades que también atraviesa la migración en el ámbito académico», afirma Jiménez Zunino, quien investiga temas vinculados a migraciones, desplazamientos como mecanismo de sostenimiento del ascenso social e inversiones educativas, especialmente en el ámbito universitario.
¿Por qué Argentina tiene un papel muy importante como destino educativo en América Latina? Hay informes que dicen que el 40 % de los migrantes vienen a estudiar.
Argentina tiene un protagonismo muy fuerte en la región desde 1918, cuando sucedió la Reforma Universitaria. Este movimiento, impulsado por estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, fue referente en muchos países del mundo porque abogaba por la accesibilidad a los estudios superiores, que generalmente eran de élite. La Reforma proponía la gratuidad de la universidad, la accesibilidad y la libertad de cátedra. Después hubo otro hito en 1948, durante el primer gobierno peronista, cuando se implementaron las universidades tecnológicas que ampliaron el acceso a las clases obreras.
Todo eso genera una tradición muy fuerte en las clases medias y populares de aspirar a la universidad. Incluso hay un dicho: «mi hijo, el doctor». En este contexto, las familias migrantes aspiraban a ese mecanismo de movilidad social ascendente.
Hoy eso sigue pasando. Muchos estudiantes siguen viniendo, especialmente a estudiar medicina. ¿Qué ofrece Argentina que no encuentran en sus países?
Hay dos factores centrales: la gratuidad y la accesibilidad del sistema universitario. Cuando hablamos de gratuidad a veces cuesta entenderlo desde otros contextos. En muchos países, por ejemplo en España, la universidad es pública pero se paga una matrícula, que puede variar según los ingresos y puede reducirse con becas. En cambio, en Argentina la universidad pública es gratis y eso es muy potente a la hora de sostener un proyecto formativo, especialmente cuando implica también sostener un proyecto migratorio. Ésta es una de las razones por las que Argentina se posiciona como destino educativo en la región.
Por otro lado, hay una cuestión vinculada a las corrientes pedagógicas. Me animo a decir que en Argentina hay prácticas educativas que resultan innovadoras en comparación con otros sistemas. Por ejemplo, hay más libertad de cátedra, mayor participación estudiantil y una relación menos asimétrica entre docentes y estudiantes. Esto es algo que las personas migrantes entrevistadas valoran muy positivamente en comparación con sus países de origen. Hablan de una sensación de mayor libertad para expresar ideas propias y para desarrollar pensamiento crítico.
A esto se suma también un fuerte involucramiento político y social dentro de la universidad. En Argentina, la universidad tiene tres pilares: docencia, investigación y extensión. Esta última es muy importante porque implica una vinculación activa con la sociedad y los territorios. Esa vocación extensionista no solo existe a nivel institucional sino también permea las aulas y los contenidos. Entonces, los estudiantes perciben que están haciendo algo más que estudiar: la universidad se vincula en la vida social del entorno, no es un espacio aislado o encerrado.
Finalmente, también influye la cuestión del lugar. Por ejemplo, ciudades como Córdoba son valoradas por su escala: son más pequeñas, pero al mismo tiempo tienen una vida cultural y académica muy activa. Esto hace que ofrezcan distintas posibilidades según el perfil y las expectativas de cada estudiante, ya que cada universidad y cada ciudad tiene sus particularidades.
¿Qué papel juega la comunidad migrante, el estudiantado y las mismas universidades en el proceso de adaptación de una persona extranjera que apuesta a un proyecto de vida en un nuevo país?
Las familias son clave en estos procesos. En general, hay que distinguir al menos dos tipos de migrantes en relación con el acceso a la universidad. Por un lado, están quienes vienen específicamente a estudiar, terminaron sus estudios secundarios en su país de origen y migran con el objetivo directo de inscribirse en la universidad. Por otro lado, están los migrantes que acceden a la universidad viviendo ya con sus familias en Argentina. Esta distinción es interesante porque remite a sectores sociales diferentes, incluso desde el origen familiar.
Esto abre múltiples hipótesis sobre las distintas trayectorias migratorias vinculadas a los estudios universitarios. En el primer caso, quienes vienen a estudiar específicamente suelen tener un fuerte acompañamiento familiar. He captado en entrevistas que hay estudiantes de países como El Salvador, Colombia o Venezuela, que vienen a Argentina sostenidos económicamente por sus familias.
El papel de la familia es esencial no solo en términos económicos sino también en términos logísticos y emocionales. Las familias incluso se endeudan en sus países de origen para sostener a sus hijos estudiando en Argentina, y aun así les resulta más económico que hacerlo en sus propios países. Los estudiantes extranjeros muchas veces viajan con sus parientes en un primer momento para recorrer la ciudad, identificar zonas, evaluar condiciones de vida, niveles de seguridad y posibles lugares para alquilar.
Además, hay una apuesta cultural detrás sostenida por la idea de que en Argentina se adquieren aprendizajes diferenciales respecto a otros países. En esa línea, estoy explorando como hipótesis de trabajo un tercer elemento: una vocación de internacionalización. Es decir, que para algunas familias la apuesta no es solo que sus hijos obtengan un título en Argentina, sino que ese título les permita conectarse con redes internacionales, académicas o profesionales, y abrir trayectorias laborales en otros países.
Por otro lado, están las personas migrantes que acceden a la universidad desde condiciones más desfavorables. En muchos casos, se trata de personas con nacionalidad argentina por opción, una categoría jurídica del país, pero cuyas familias son migrantes, especialmente de países como Bolivia o Paraguay. Estas familias logran sostener trayectorias escolares relativamente exitosas de sus hijos, muchas veces apoyadas por políticas públicas que, aunque no son exclusivamente educativas, facilitan el acceso y la permanencia en la universidad.
En Córdoba, por ejemplo, el boleto educativo gratuito permite a estudiantes que viven en zonas periféricas trasladarse sin costo si acreditan su condición de estudiantes. También existen becas de comedor, becas de salud y otros apoyos económicos. Estas ayudas son fundamentales porque permiten que los estudiantes puedan dedicarse a estudiar sin tener que trabajar. Y esto es clave si se tiene en cuenta que, para las familias de sectores populares, un hijo en edad de trabajar que estudia representa un costo relativo. Por eso, el acceso a la universidad en estos casos implica una fuerte apuesta familiar, que muchas veces genera tensiones en el sostenimiento de estos proyectos educativos.
En el debate político se habla del «costo» del estudiantado extranjero. ¿Es realmente significativo? ¿Qué aportan los estudiantes extranjeros al país?
En términos de costos, realmente no se justifica analizar desde esa perspectiva la presencia de personas migrantes en el sistema universitario argentino. Los estudiantes internacionales representan un porcentaje relativamente bajo del total, alrededor del 4 %. Es decir, de aproximadamente 2 millones y medio de estudiantes, menos de 122 000 son extranjeros. En ese sentido, no es un número relevante ni algo que vaya a generar un déficit o a colapsar el sistema universitario.
Esta idea se sostiene incluso en un contexto en el que ciertos discursos buscan instalar lo contrario. En momentos de crisis económica, suele aparecer la construcción de un «enemigo interno» para justificar recortes en los servicios públicos, y los estudiantes extranjeros entran muchas veces en esa narrativa. Sin embargo, desde un punto de vista numérico, ese argumento no se sostiene: el porcentaje es muy bajo y no representa un costo significativo.
Ahora bien, respecto a lo que aportan los estudiantes extranjeros, ahí hay una discusión muy interesante. Desde mi investigación, estoy tratando de introducir la necesidad de repensar la internacionalización en espacios como la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la universidad.
Hoy existe un fuerte énfasis en políticas de internacionalización que promueven intercambios: becas para que estudiantes argentinos vayan a países como Colombia o Brasil por algunos meses, y viceversa. Pero al mismo tiempo, ya hay una gran cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades argentinas que no están siendo incluidos en esas estrategias.
Entonces, mi hipótesis -y también mi posicionamiento- es que esto también es internacionalización, pero una internacionalización autogestionada por las propias familias y los estudiantes. Se trata de una forma de internacionalización que muchas veces no es reconocida institucionalmente, pero que enriquece profundamente a la universidad. Los estudiantes extranjeros aportan interculturalidad, diversidad de perspectivas y heterogeneidad, lo cual considero sumamente valioso.
Sin embargo, es un tema que todavía necesita ser problematizado y discutido en los espacios donde se diseñan las políticas universitarias. Hay una disociación. Por un lado, se elaboran estrategias para internacionalizar; por otro, no se está integrando plenamente a los estudiantes internacionales que ya forman parte del sistema.
En ese sentido, uno de los proyectos en los que trabajé buscaba justamente comparar estas trayectorias de internacionalización más institucionalizadas con las de los migrantes que ya están dentro del sistema universitario.
En el debate reciente ha surgido el término «turismo educativo», muchas veces con una connotación negativa, como si los estudiantes extranjeros vinieran a aprovecharse de recursos públicos. ¿Cómo interpreta este concepto?
Cuando hay intención de recortar los servicios públicos, empiezan a surgir este tipo de terminologías, como «turismo educativo» o «turismo de salud», que aluden a personas que vendrían a aprovecharse de los sistemas públicos, ya sea para estudiar o atenderse en hospitales. En realidad, son una especie de «bombas de humo» que se utilizan para instalar ciertos discursos y construir la idea de un enemigo interno: alguien cercano, que supuestamente te está quitando recursos.
Sin embargo, el problema del financiamiento de la educación no tiene que ver con la presencia de estudiantes migrantes. Por eso, me parece que éste es un discurso que hay que cuestionar y combatir.
¿Ha habido organización de estudiantes migrantes para apoyarse en medio del debate público y político?
En la Universidad de Córdoba hubo en algún momento intentos de organización, sobre todo a partir de la llegada de estudiantes migrantes no hispanohablantes. Uno de los requisitos para ingresar a la universidad es contar con una certificación de manejo del español, y en ese contexto surgieron algunas iniciativas de organización. Estos grupos incluso se articularon con estudiantes locales para tener más fuerza. Sin embargo, esto ocurrió antes de la pandemia y luego se fue diluyendo. Actualmente, no hay muchos espacios formales de organización o encuentro entre estudiantes migrantes, la situación está bastante atomizada.
Más allá de eso, sí existen estrategias de solidaridad horizontal, que siempre aparecen, pero no hay, al menos en Córdoba, espacios específicos que se enfoquen en reivindicar derechos en relación con el acceso a la educación superior. Existen asociaciones de migrantes, pero suelen tener agendas más amplias que exceden lo educativo.
Por otro lado, en relación con las motivaciones para migrar, hay datos muy interesantes. En Argentina se realizaron dos ediciones de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA), una en 2020, durante la pandemia, y otra en 2023. Estas encuestas relevan información que otras estadísticas no captan, como las motivaciones para migrar. En ese marco, realizar estudios aparece como el segundo motivo más elegido en una pregunta de respuesta múltiple.
Algunos autores sugieren que podría estar vinculado con la accesibilidad al visado, ya que la condición de estudiante facilita ciertos procesos de regularización o arraigo. De todos modos, más allá de las motivaciones, lo cierto es que la presencia migrante en las universidades existe y se mantiene relativamente estable, con un leve crecimiento en los últimos años.
Además, hay una ligera sobrerrepresentación de estudiantes migrantes en el nivel universitario en comparación con otros niveles educativos. Es decir, proporcionalmente hay más migrantes en la universidad que en el nivel primario o secundario. Esto no se explica tanto por trayectorias migratorias asentadas, es decir, por migrantes que llegan y luego acceden al sistema educativo, sino más bien por movilidades específicamente orientadas al estudio.
¿Considera que las nuevas reformas migratorias pudieran afectar a futuro la entrada de estudiantes? ¿O en qué les podría impactar?
La reforma migratoria como tal todavía está en discusión, pero el DNU 366/2025 sí introdujo cambios importantes. Este decreto afecta uno de los puntos clave a través de los cuales las personas migrantes pueden insertarse en el sistema universitario: el acceso a la educación superior bajo el principio de gratuidad.
En Argentina, las universidades públicas se sostienen sobre varios pilares. Uno de ellos es la gratuidad, y otro muy importante es la autonomía. Las universidades tienen autonomía en su gobierno, es decir, no están directamente intervenidas por el gobierno nacional o provincial. Su funcionamiento se organiza a través de órganos de cogobierno donde participan docentes, estudiantes y no docentes, que son quienes toman las decisiones.
Lo que plantea este decreto es que, en el marco de esa autonomía, las universidades puedan establecer cuotas o aranceles para estudiantes extranjeros. Esto implicaría romper el principio de gratuidad en igualdad de condiciones, al menos para quienes no tienen residencia en el país.
En la práctica, esto podría obstaculizar directamente el acceso de personas que hoy consideran venir a Argentina justamente por factores como la gratuidad. Si las universidades comienzan a cobrar matrícula, se estaría limitando ese derecho y también la concepción de la educación superior como un derecho humano, algo que Argentina ha ratificado en distintos convenios internacionales en las últimas décadas.
Por eso, este es un tema que hoy está en tensión. A esto se suma un contexto más amplio en el que se están impulsando reformas que tienden a restringir la libertad de movimiento, incluyendo la migración. Mi impresión es que, una vez avanzadas otras reformas, como la laboral, probablemente se abra el debate en el Congreso sobre una nueva reforma migratoria. Hay que tener en cuenta que la legislación vigente, aprobada entre 2003 y 2004, promovía la migración como un derecho humano. Lo que estamos viendo ahora, en cambio, es un posible retroceso en ese sentido.
Desde la Universidad de Córdoba ¿qué investigaciones se están llevando bajo su dirección? ¿Qué focos están teniendo?
El tema migratorio en relación con la universidad no está siendo trabajado por muchas personas, al menos acá en Córdoba. Somos básicamente mi equipo compuesto por: María Florencia Maggi, Paulina Pérez Mantilla, Eduardo Rodríguez Rocha, Sofía Serafini, Diego Valé Juriol, Paula Sciola y Evangelina Pérez.
No es un tema prioritario en este momento. También tiene que ver con el contexto actual de Argentina. Estamos, de alguna manera, «apagando incendios» todo el tiempo y eso hace que ciertas líneas de investigación queden relegadas.
Esto no quiere decir que no haya estudios sobre migraciones. Al contrario, hay muchas investigaciones en distintas áreas: políticas de control fronterizo, como las que trabaja el equipo de Eduardo Domenech; tecnologías de control y bioidentificación; estudios sobre refugio; y también sobre mercados de trabajo. Sin embargo, el vínculo entre migración y educación superior es un campo que recién ahora está empezando a desarrollarse.
A nivel nacional también se observa este interés incipiente. Existen algunas iniciativas, como las encuestas que relevan motivaciones para migrar, donde estudiar aparece como un motivo importante, así como investigaciones llevadas adelante por la Universidad Nacional de Lanús o la Universidad Arturo Jauretche, y el trabajo de equipos como el de Ana Mallimaci.
De todos modos, son estudios bastante fragmentarios. Una de las principales dificultades es la falta de datos sistematizados. Cada universidad releva la información de manera diferente, lo que hace muy complejo construir una visión a nivel nacional.
Por ejemplo, yo misma intenté hacer un artículo con datos de todo el país y me resultó muy difícil reunirlos y hacerlos comparables, justamente porque cada institución produce sus propios registros de manera independiente. Esto genera problemas tanto en el procesamiento de la información como en la posibilidad de hacer comparaciones sostenibles.
En definitiva, lo que tenemos hasta ahora son estudios bastante parcelarios, centrados en universidades o carreras específicas, lo que dificulta construir una lectura más global del fenómeno, que termina armándose a partir de distintos fragmentos.
Indudablemente, es un momento complejo y de muchos cambios para el país. ¿Qué le dirías a alguien que quiere venir a estudiar pero hoy tiene dudas?
Yo les diría que vengan, que acá los recibimos. No diría que Argentina sea un país completamente hospitalario, porque existen situaciones de racismo y discriminación, tanto hacia migrantes como entre los propios locales de distintas clases sociales.
Sin embargo, más allá de eso, si el sistema universitario sigue existiendo, porque también estamos atravesando una crisis muy profunda de financiamiento, al punto de que incluso está en duda el inicio del año académico, sostener un proyecto migratorio en Argentina sigue siendo una opción muy interesante.
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Periodista colombiano con vocación por narrar las historias que cruzan fronteras. Formado en la Universidad de La Sabana y Máster en Podcast y Audio Digital (España), trabaja desde la producción sonora y el periodismo para contar Latinoamérica desde sus procesos migratorios y culturales.
