El traspaso de la política migratoria y de asilo al Ministerio de Seguridad sella un giro regresivo que trata la migración como un asunto de seguridad y control fronterizo y no de derechos humanos. La especialista Analía Cascone alerta que este cambio estructural amenaza pilares fundamentales de la protección internacional como el principio de no devolución (non-refoulement) y el debido proceso para quienes huyen de la persecución.
Noviembre trajo nuevas modificaciones en la política migratoria que acentúan el nuevo paradigma instalado por el gobierno argentino desde el comienzo de su mandato: menos derechos, más mano dura y normativas por decreto. El traspaso de los procesos migratorios y de solicitud de asilo al Ministerio de Seguridad terminó de sellar el mensaje oficial con una idea que se repite: en 2025, las personas migrantes y los peticionantes de refugio vuelven a ser leídos como un asunto de seguridad que debe resolverse en las fronteras. Una vez más, la migración —un derecho humano esencial e inalienable— tambalea frente a normas que dificultan la posibilidad de migrar sin trabas ni miedos.
En medio de este escenario, la Dra. Analía Isabel Cascone, coordinadora de la Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio del Ministerio Público de la Defensa, habló con Refugio Latinoamericano sobre lo que realmente importa: las personas que hay detrás de cada trámite migratorio o de solicitud de asilo.
Quienes buscan refugio hoy en la Argentina
Según cifras oficiales de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), en 2024 Argentina recibió 1.714 solicitudes de reconocimiento como refugiadas, de las cuales el 51% corresponden a personas de nacionalidad rusa, seguidas por brasileñas, cubanas y venezolanas. Los datos muestran cómo las tendencias en los desplazamientos forzados fluctúan a lo largo de los años en función de la coyuntura política global. Sobre este punto, Analía Cascone afirma que actualmente la mayor parte de las solicitudes de asistencia legal para el procedimiento de refugio proviene de personas de nacionalidad rusa: “hay muchos casos que son por motivos de persecución por orientación sexual o identidad de género. Hay otros casos de persecución política, muchos vinculados al riesgo de reclutamiento en el conflicto armado con Ucrania.”
Como quienes llegan desde Rusia, hay otras tantas historias que difieren en sus motivos para pedir refugio en la Argentina. Lo que las une es el temor a la persecución, la falta de protección en sus países y, finalmente, la huida porque tanto la vida como la seguridad y la libertad se encuentran bajo una amenaza constante.
El nuevo paradigma: control fronterizo por encima de los derechos humanos
Con el Decreto 793/2025, publicado en el Boletín Oficial el 11 de noviembre, se realizó el traspaso formal de la intervención en la política migratoria y la concesión del derecho de asilo a manos del Ministerio de Seguridad. Sin perder tiempo, Patricia Bullrich —acompañada de su sucesora, Alejandra Monteoliva— anunció la creación de una Agencia Nacional de Migraciones en reemplazo de la actual Dirección Nacional de Migraciones, con el objetivo de optimizar la seguridad en frontera y prevenir delitos vinculados al crimen organizado.
Sobre este punto, la Dra. Analía Cascone enfatiza que el problema más importante está en el cambio de paradigma: mientras se debilitan las garantías y derechos de las personas que solicitan asilo, se acentúa una mirada regresiva y centrada exclusivamente en la seguridad en frontera. En este sentido, afirma que de lo que se trata es “de tener un equilibrio: la atención a las preocupaciones de seguridad del Estado no puede producirse en detrimento de los derechos de las personas ni del debido proceso.”
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No devolución y debido proceso: los pilares que están en riesgo
El principio de no devolución (non refoulement) y las garantías del debido proceso son pilares fundamentales de la protección internacional del refugiado. A diferencia de los procedimientos migratorios —cuyo fin suele ser obtener una residencia—, el objetivo del asilo es proteger a quien huye de un riesgo real. Con el nuevo enfoque de seguridad, la atención se desplaza de la persona que busca protección hacia la frontera como ámbito de control. Se pierde en el camino que quien solicita asilo es, precisamente, quien necesita ser protegido y no tratado como potencial amenaza.
Para Analía Cascone, uno de los riesgos que presenta esta situación es “que haya casos en los cuales se adopten decisiones que pueden tener consecuencias muy graves para la vida de la persona que solicita refugio”. Por eso, insiste en que “la petición de refugio no sea tratada desde una lógica de criminalización, sino como el ejercicio de un derecho humano”.
Otro de los puntos sensibles que se puede ver acentuado bajo la órbita de seguridad es el que refiere al rechazo in limine previsto en la Reglamentación de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N°26.165. Esta figura permite desestimar una solicitud sin atender los tiempos necesarios de evaluación, comprometiendo el principio de no rechazo en frontera y no devolución. Cascone advierte que “con el rechazo in limine se limitan las posibilidades de la persona a que ejerza su derecho a defensa. Cuando se quiere recurrir, la persona ya está de vuelta en su país. El tiempo y la entrevista son fundamentales para atender los grises que se presentan en cada caso particular. Muchas veces se requieren intérpretes porque la persona no habla el idioma y median otras dificultades por desconocimiento o temores”. Incluso, en los pedidos de extradición “puede ser que la persecución penal sea legítima, pero también puede ser ilegítima y que esa sea la razón por la cual necesita protección. Entonces requiere ser evaluado con cuidado”, agregó la especialista.
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Si bien desde la Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio no han tenido ningún caso con notificación de rechazo in limine, la experta advierte que cuanto más obstáculos normativos haya, más importante se vuelve la garantía de la defensa. El decreto que modifica la Ley de Protección al Refugiado fija plazos breves para resolver. “Hay que tener mucho cuidado y encontrar un equilibrio entre brindar agilidad cuidando la defensa. Si solo se busca cumplir con esos plazos, corrés el riesgo de afectar el derecho de defensa en solicitudes que requieren tiempo y una evaluación cuidadosa”, advierte.
En este contexto, las advertencias de especialistas como Analía Cascone sobre las implicancias que puede llegar a tener el traspaso de la política migratoria y de refugio a la órbita de seguridad, alertan sobre un giro estructural que se viene asentando desde hace tiempo. “Algunas cuestiones que por ahí ocurrían más en la práctica están consolidándose en normas”, señala, y remarca que esa consolidación se está realizando “a través de procesos cuestionables”, en referencia a los decretos de necesidad y urgencia, cuyo carácter de urgente (y la deliberada evasión del debate parlamentario por parte del oficialismo) resultan difíciles de justificar.
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Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y estudiante de la Maestría en Periodismo Narrativo (UNSAM). Especialista en comunicación institucional, atención al público y producción de contenidos creativos.
