En la ciudad de Nueva York, las personas migrantes y solicitantes de asilo se arriesgan a ser deportadas mientras luchan por encontrar asistencia letrada en el contexto de un sistema de asistencia legal desbordado.
(Por Nicole León Arge para Documented NY) La mañana del 31 de enero de 2025, N.A. llegó al tribunal de inmigración de la Plaza Federal 26 con un informe policial que, esperaba, probaría que su familia había sido víctima de una banda criminal en su Ecuador natal. N.A., de 22 años, cargaba a su hija de 1 año y estaba junto a su esposo, que tiene amputado el índice de la mano derecha. Un miembro de la banda se lo había cortado después de que él se negara a pagar dinero de extorsión.
La familia fue conducida a una sala del tribunal y tomó asiento. N.A., quien pidió ser identificada por sus iniciales por temor a ser arrestada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se dio cuenta de que ella y su familia eran de los últimos en la sala. Se acercaron al secretario del tribunal para preguntar qué estaba pasando y el hombre abandonó la sala. El esposo de N.A. fue llamado y llevado a otra habitación, donde fue detenido.
“Esa fue la última vez que vi a mi esposo”, recordó N.A. “No me dijeron por qué lo detuvieron.”
Dos meses después, un abogado de una organización sin fines de lucro comenzó a representar a su esposo y ayudó a conseguir su liberación. El problema, sin embargo, fue que el abogado le dijo al esposo de N.A. que solo podría representarlo a él, no a su esposa ni a su hija.
N.A. comenzó a llamar a abogados de inmigración de organizaciones sin fines de lucro que figuraban en el documento que le entregaron las autoridades migratorias cuando cruzó la frontera sur. “Era una lista de varias organizaciones. Las llamé a todas y ninguna contestó.”
En el momento más crítico de la crisis migratoria de 2023, el alcalde Eric Adams creó el Centro de Ayuda para Solicitudes de Asilo para asistir a personas como N.A. La iniciativa, financiada con fondos de los contribuyentes estatales y orientada a brindar asistencia legal a miles de migrantes en la ciudad de Nueva York, cerró en mayo de 2025 por “vacíos en el financiamiento estatal”, pero meses después Adams anunció un plan de alivio: 76,3 millones de dólares para crear la Oficina del Alcalde para Facilitar la Asistencia Legal Pro Bono, que prometía conectar a los neoyorquinos de bajos ingresos y a los inmigrantes solicitantes de asilo con expertos legales de organizaciones que ya trabajan con la Ciudad. La nueva oficina dejará de operar al final del año fiscal 2026.
Han pasado cinco meses desde la puesta en marcha de la oficina, y siete solicitantes de asilo con quienes habló Documented afirman que el formulario en línea solo existe en inglés y que las líneas telefónicas no son atendidas. También señalan que las organizaciones que trabajan con la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes (MOIA, por sus siglas en inglés), que conecta a los inmigrantes con servicios legales, frecuentemente no devuelven las llamadas y los incluyen en listas de espera sin garantizarles acceso a asesoría legal. Si bien la ciudad sostiene que los inmigrantes que necesitan asistencia legal pro bono pueden solicitar ayuda en cualquier idioma por correo electrónico, la falta de acceso que experimentan tiene consecuencias reales, entre ellas un mayor riesgo de recibir una orden de deportación cuando asisten a una audiencia sin representación legal.
Muchos solicitantes de asilo, como N.A., tienen dificultades para encontrar abogados que los representen en sus casos, lo que los expone a un riesgo mayor de recibir una orden de deportación al presentarse ante el tribunal sin representación legal. En noviembre de 2025, más de 95.000 inmigrantes carecían de representación en Nueva York, según Vera, una organización sin fines de lucro dedicada a la reforma de los sistemas de inmigración y justicia. A diferencia de los tribunales penales, los inmigrantes no tienen derecho legal a ser representados por un abogado.
Todo el proceso fue tan traumático para N.A. que cuando ella y su hija debían presentarse a su siguiente audiencia en agosto de 2025, decidieron no asistir.
“Tengo miedo de volver a Ecuador”, dijo N.A. en español. “Tenía hasta el 9 de octubre para apelar la orden de deportación que el juez me dio por no ir a mi audiencia, pero no lo hice porque no tengo abogado. Ahora no sé qué hacer. No puedo trabajar, no tengo dinero y tengo que darle de comer a mi nena.”
En un correo electrónico enviado a Documented, la Oficina del Alcalde para Facilitar la Asistencia Legal Pro Bono señaló que no contrata nuevas organizaciones para prestar servicios legales a inmigrantes, sino que “aprovecha las redes pro bono existentes para ampliar el acceso.”
Al anunciar la creación de la oficina, el alcalde Eric Adams dijo que trabajaría en estrecha colaboración con MOIA para asistir a los inmigrantes. Hasta la fecha, la oficina ha recibido siete solicitudes relacionadas con inmigración: cinco fueron canalizadas a una organización y dos no tuvieron seguimiento. La mayoría de las solicitudes, indicó la oficina, están vinculadas a cuestiones ajenas a la inmigración.
Un sistema de asistencia legal desbordado obliga a los migrantes a enfrentar solos los tribunales
Fue en junio de 2025 cuando K.G., de 40 años, comenzó a ver en televisión que agentes del ICE estaban deteniendo inmigrantes dentro del tribunal de inmigración de la Plaza Federal, donde ella misma debía comparecer dos meses después para su segunda audiencia.
K.G., solicitante de asilo que huyó de Venezuela por la pobreza y la persecución debido a que su hermana integra un partido de oposición de izquierda, quería cambiar su audiencia presencial por una virtual, pero no sabía cómo hacerlo. Comenzó a llamar a organizaciones de asistencia legal pro bono que figuraban en la hoja distribuida por la ciudad y que había recibido en su primera audiencia ante un tribunal de inmigración de Nueva York, sin resultado.
“El gobierno dice que hay organizaciones y abogados públicos, pero ¿dónde están? Porque vas y te dicen que no, o que están llenos, o que te van a mandar un correo para darte un turno”, dijo en español. “Llevo casi dos años aquí y en todo este tiempo mandé varios correos a esas organizaciones y todavía no recibí respuesta.”
Tras decenas de llamadas fallidas o sin respuesta, K.G. y sus siete hijos, de entre 4 y 18 años, terminaron asistiendo a su audiencia sin abogado. La audiencia duró apenas 15 minutos, durante los cuales el juez le indicó a K.G. que la próxima vez debía presentarse con un abogado. Frustrada e inquieta, K.G. se quedó con más preguntas que respuestas, preguntas que no podría resolver sin representación legal.
A pesar de los obstáculos que ya ha enfrentado, K.G. dice que planea seguir llamando a las organizaciones que forman parte del programa municipal de representación para solicitantes de asilo hasta que se agoten los fondos al final del año fiscal.
Si no logra encontrar un abogado de una organización sin fines de lucro, buscará uno privado. Sin embargo, no es optimista, ya que antes de su última audiencia contactó al menos a seis abogados que encontró en redes sociales y sus honorarios estaban fuera de su alcance.
K.G. dice que la han advertido de que algunas de las opciones privadas más económicas podrían ser estafadores.
“Nuestra mayor preocupación es que no hay suficientes abogados para atender la magnitud de la necesidad”, dijo la concejala Alexa Avilés.
Los riesgos de presentarse ante el tribunal sin representación
En abril, E.C., una solicitante de asilo ecuatoriana de 56 años, llegó a su tercera audiencia en el tribunal de inmigración de la Plaza Federal sin abogado. Le explicó al juez que había llamado repetidamente a las organizaciones de asistencia legal, pero que con demasiada frecuencia nadie le contestaba.
“Siempre te dicen que traigas un abogado, pero de dónde, si he estado llamando y llamando a estas instituciones”, dijo. “Me piden que deje mensajes de voz y lo he hecho. Cuando me devuelven la llamada, me hablan en inglés. Yo no hablo inglés.”
Días después de la audiencia, recibió una carta en la que se le explicaba que, debido a que no se había presentado con un abogado en sus audiencias, el plazo para solicitar un permiso de trabajo había sido suspendido. Cuando alguien solicita asilo, debe esperar 150 días antes de poder solicitar un permiso de trabajo. El plazo de E.C. quedó congelado en el día 42.
Aun con el plazo suspendido, E.C. intentó certificarse como cuidadora a domicilio; ya había aprobado el examen y pagado 75 dólares para obtener su permiso, pero la agencia le devolvió el dinero.
“Me dijeron: ‘No podemos ayudarla porque su permiso no es válido'”, recordó.
E.C. es la única fuente de ingresos de su hogar: su hija no puede trabajar porque está en tratamiento para extirpar tumores benignos en el útero y los pechos. Vive con sus cinco nietos pequeños en un nuevo refugio al que fueron reasignados después de que les pidieran abandonar el Row Hotel.
Otro obstáculo es la resolución de la Junta de Apelaciones de Inmigración del 11 de septiembre, que permite a los jueces de inmigración rechazar un caso de asilo si consideran que el solicitante no explicó adecuadamente por qué busca protección en los Estados Unidos, un requisito que, en la práctica, exige la ayuda de un especialista legal.
MOIA reconoce que se necesitarían al menos 188,5 millones de dólares para garantizar servicios legales a todos los inmigrantes de la ciudad, pero actualmente solo se dispone de aproximadamente 120 millones. Las organizaciones sin fines de lucro afirman que están tan sobrecargadas que aceptar más casos equivaldría a incurrir en mala práctica.
La escasez de abogados también está ligada a obstáculos estructurales dentro del propio sistema de financiamiento. Manuel Castro, comisionado de MOIA, explicó que las organizaciones que forman parte del programa municipal operan año a año sin un presupuesto garantizado, lo que dificulta la contratación y retención de personal.
“Administrar un financiamiento anual es muy difícil; nada está asegurado para el año siguiente”, dijo, y agregó que esa incertidumbre limita la disponibilidad de personal legal y socava la posibilidad de ofrecer salarios competitivos. “Es un desafío considerable para los proveedores”, señaló.
N.A., K.G. y E.C. atraviesan circunstancias distintas, pero comparten la misma sensación de estar atrapadas en un sistema que exige representación legal mientras hace casi imposible obtenerla.
K.G. dejó el Row Hotel a principios de diciembre y fue reubicada en un departamento en el Bronx asignado por trabajadores sociales de la Ciudad. Sin embargo, aún no ha conseguido un empleo permanente como ayudante de cocina, y señala que en esos puestos de trabajo le han exigido hablar inglés.
“En mi última audiencia, en agosto, el juez me dijo que el abogado del gobierno está pidiendo que mi caso sea desestimado porque somos de Venezuela”, afirmó. “Salvo mi hijo, que tiene menos de 3 años y es colombiano. Ella dijo que me daría una oportunidad y más tiempo para encontrar un abogado y presentarme con él en la próxima audiencia.”
Hasta la fecha, K.G. no ha recibido respuesta de los abogados financiados por la Ciudad.
Artículo original publicado en Documented: Asylum Seekers Navigate Immigration Courts Alone as Promised Legal Aid Falls Short
Imagen de portada: Una familia inmigrante en una calle de Nueva York | Foto: Nicol León para Documented.
Traducción: Maximiliano Mendoza
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