Se viven horas de zozobra en América Latina. La escalada de tensión entre Washington y Caracas se extiende incluso a los círculos internos de los gabinetes de Donald Trump y Nicolás Maduro, donde se debaten hipótesis clave: ¿el despliegue militar estadounidense es la antesala de una intervención bélica directa? ¿se trata de una acción de presión coercitiva para forzar un cambio de régimen en Venezuela? ¿o es una maniobra geopolítica destinada a debilitar los recientes acuerdos de Venezuela con potencias como Rusia y China? La Casa Blanca emite señales contradictorias, mientras que el Palacio de Miraflores apuesta por mantener los canales diplomáticos abiertos.
Esta complejidad se agudizó recientemente con un hecho paradójico: en medio del cierre forzado del espacio aéreo venezolano impuesto por Estados Unidos, ambos gobiernos acordaron reanudar los vuelos de deportación de migrantes venezolanos. Esta cooperación en materia migratoria agregó un elemento de ambigüedad al contexto de la escalada militar.
Más allá de la incertidumbre política, la permanencia del amenazante despliegue naval en el Mar Caribe, que incluye al portaaviones USS Gerald R. Ford, un submarino nuclear y 15.000 efectivos militares, constituye una amenaza concreta que mantiene latente la posibilidad de una escalada bélica en la región. Esta operación, centrada en la lucha contra el “narcoterrorismo”, ha tenido un costo humano significativo, resultando en la muerte de 87 personas en ataques directos contra 23 embarcaciones, según reportes que citan fuentes de Washington.
En este contexto, surgen preguntas ineludibles: ¿cuál fue el costo humano de los operativos navales para la población migrante? La política de seguridad fronteriza de la administración Trump se fundamentó recurrentemente en el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo. En la actualidad, ser un migrante de origen latinoamericano en Estados Unidos se traduce, ante los ojos del Immigration and Customs Enforcement (ICE), en un estigma de sospecha. Esta criminalización implica una presunción de pertenencia a un cartel narcoterrorista. Ante esta duda, el sistema migratorio invierte el principio fundamental de inocencia: se elimina toda posibilidad de defensa legal y se procede directamente a la deportación. Con ello, no solo se ha invertido el principio de inocencia, sino que se ha vedado el derecho al debido proceso para el migrante.
Por otro lado, la compleja situación que atraviesa Venezuela plantea serias interrogantes sobre cómo se vive esta tensión tanto a nivel interno como en la diáspora de exiliados, que supera los ocho millones de personas en el mundo y no permanece ajena a los acontecimientos. La diáspora venezolana en todo el mundo sigue de cerca los acontecimientos, y muchos migrantes se movilizaron durante la jornada de ayer en varias ciudades del mundo para expresar apoyo a la líder opositora Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, cuyo reconocimiento está próximo a entregarse en Oslo, Noruega.
Con la finalidad de intentar desentrañar la complejidad de este escenario, Refugio Latinoamericano dialogó con varios especialistas: la periodista María Laura Chang, impulsora de la Red de Periodistas Venezolanas y colaboradora del medio Cápsula Migrante; el sociólogo e investigador del CONICET, Gabriel Merino, analista de política internacional y docente universitario; y el periodista y también analista internacional Sebastián Salgado.
Geopolítica, halcones e intereses estratégicos
El sociólogo e investigador del CONICET, Gabriel Merino, sitúa la presión estadounidense sobre Venezuela en el marco de un repliegue estratégico global, producto del declive relativo del poder occidental en un mundo multipolar. El experto indica que este movimiento de Washington busca recuperar el control hegemónico de la región como su “patio trasero”.
Merino señala que esta política agresiva está enmarcada en lo que sostiene el secretario de Estado Marco Rubio, quien ejerce un rol fundamental en la política exterior estadounidense. Para Merino, el objetivo primario es el “cambio de régimen” en Venezuela y obedece a una trama de intereses estratégicos de naturaleza netamente estructural:
En el ámbito de la Geoeconomía del Petróleo, el objetivo principal de Estados Unidos es el control de las mayores reservas del planeta, factor considerado crucial para la ecuación energética global. A esto se suma la necesidad de contrarrestar las Alianzas Globales de Caracas con potencias extrarregionales como China, Rusia e Irán, consolidando el posicionamiento de Venezuela en el tablero de las nuevas arquitecturas de poder global. Finalmente, la tensión territorial por el Esequibo con Guyana, donde opera la corporación estadounidense Exxon Mobil, añade una dimensión fronteriza al conflicto que se alinea directamente con los intereses corporativos de Washington en la región.
Por otro lado, el analista desestima enfáticamente la principal justificación utilizada por Estados Unidos para la escalada militar: el argumento del “narcoterrorismo”. Merino afirma que esta narrativa es “muy débil” y constituye una “excusa para legitimar una presencia militar”, cuyo objetivo real es presionar por intereses petroleros y el control del Caribe como mare nostrum. El analista respalda esta posición citando informes de la propia DEA y de la ONU que indican que Venezuela “no es un actor relevante en el narcotráfico”, y que la figura del Cartel de los Soles (nombre que se le da a una presunta organización criminal de narcotráfico que, según Estados Unidos, está integrada por miembros de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana) no se ajusta al sentido estricto de un cartel. Merino contrasta esta presión con la situación de Ecuador, que se ha convertido en un actor fundamental en el narcotráfico en los últimos años sin recibir una respuesta comparable a la ejercida contra Caracas.
Por último, Merino señala que la política migratoria estadounidense en una estrategia de control de larga data, observada desde la administración Obama, que se ha intensificado ante la menor dinámica económica que reduce la demanda de mano de obra barata. Sin embargo, el experto subraya que la restricción es impulsada por un factor ideológico: la preocupación en ciertos sectores del trumpismo por la pérdida de la “identidad blanca” en Estados Unidos. Esta perspectiva, ligada a visiones supremacistas, percibe la “latinoamericanización” como una amenaza cultural y demográfica, haciendo que el control de los flujos migratorios—provenientes de Venezuela, Centroamérica y México—sea un objetivo central. Merino concluye que esta necesidad de control es, de hecho, el objetivo principal detrás de la presencia militar en el Mar Caribe, más allá del pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, el periodista y analista internacional Sebastián Salgado sitúa la coyuntura actual como una “agresión muy fuerte” que trasciende el ámbito diplomático, evidenciando el fracaso del asedio impuesto por Estados Unidos desde que la administración Obama declaró a Venezuela como una “amenaza”. Para el analista se trata de una “guerra híbrida” que se ha manifestado en acciones de despojo, como la reciente venta forzada de las acciones de la empresa petrolera CITGO (valorada en más de 25.000 millones de dólares) ordenada por un juez de distrito en los Estados Unidos, y en una intimidación militar sin precedentes, con la movilización del 20% de la flota mundial estadounidense y amenazas a líneas aéreas comerciales. Salgado coincide que esta escalada tiene como objetivo primordial forzar el acceso a las mayores reservas de petróleo del planeta, un interés que se disfraza bajo el pretexto del narcoterrorismo.
Según el analista, existe un alto costo humano y complicidad regional de esta estrategia coercitiva. Señala que los venezolanos son “cazados como si fueran animales” y deportados a cárceles salvadoreñas de Bukele bajo la ficción de la seguridad, donde se violan sus derechos básicos. Asimismo, sostiene que el gobierno de Javier Milei en Argentina “es la herramienta” que Estados Unidos necesita para la desestabilización regional, ejemplificando con el decomiso del avión de carga venezolano de Emtrasur en febrero del año pasado por orden de los Estados Unidos y de la retención de los adelantos que Venezuela destinó para la construcción de los buques petroleros en Astilleros Río Santiago.
La situación interna en Venezuela
Para María Laura Chang, sin embargo, la actual coyuntura política venezolana oscila entre una crisis interna de derechos humanos y la opacidad de los acercamientos diplomáticos entre Caracas y Washington. Según indicó la analista —y tal como dejó trascender la agencia REUTERS—, existe un consenso general sobre la existencia de la llamada telefónica reportada por Reuters entre el presidente estadounidense Donald Trump y Nicolás Maduro. Si bien existe hermetismo sobre el contenido exacto de la conversación, las fuentes indican que las exigencias de Maduro en el marco de una eventual negociación incluyeron la garantía de un traslado seguro para él y su familia, el levantamiento de sanciones que pesan sobre figuras del chavismo con fondos congelados, y la articulación de una sucesión política que mantenga la hegemonía.
Chang enfatiza que mientras se daban estas negociaciones, la realidad interna se mantiene “realmente delicada”. La analista es categórica al señalar que el régimen de Maduro se trata de una “dictadura que ya no se esconde” y que mantiene una cifra aproximada de 2.000 presos políticos.
Según la analista, el terror se aplica de forma indiscriminada y con procesos “completamente paralegales”: cita el caso reciente de una víctima de la represión post-electoral (el esposo de la hija de Edmundo González), quien fue sentenciado a 30 años de cárcel. Chang señala que la coacción se extiende a la esfera pública mediante la censura y la vigilancia activa, con policía revisando teléfonos en las alcabalas (puestos de control) para detectar posiciones contrarias al régimen. “Incluso se reportó la detención de un periodista en el estado Zulia por informar sobre un bache en la calle”, algo que ilustra el nivel de control ejercido por el régimen. “La represión también ha trascendido las fronteras, con ataques contra defensores de derechos humanos que exponen la situación desde Colombia y la persecución de exmilitares en Chile”, agregó.
Erosión de la polarización
Para Chang, la tradicional “grieta” interna ha sido reemplazada por una confrontación binaria: un régimen contra una ciudadanía unificada. Según la periodista, la magnitud de esta fuerza es clara, pues la suma de los 8 millones de venezolanos en el exterior junto a los 7 millones de votos opositores en las últimas elecciones evidencia una vasta demanda de cambio que opera en un contexto de incertidumbre sistémica.
Chang señala que “la dictadura ha violado el derecho a la información bloqueando medios y cerrando emisoras de radio y televisión, lo que obliga a la población a vivir en una constante zozobra con información que llega a cuentagotas”. Esta situación se traduce en acciones concretas de intimidación por parte del régimen, llevando a las familias a adoptar medidas de supervivencia ya utilizadas en otros contextos de emergencia, como el acopio de enlatados, agua potable y velas ante el riesgo de apagones o imposibilidad de salir a la calle.
Chang subraya que la respuesta social a la amenaza externa no es un “completo antagonismo o repudio”, pues la gente ya vive un “infierno” bajo tortura y represión interna. Para ellos, la fuente de la violencia es secundaria. El dilema se reduce a: ¿sería la intervención un mal “menos peor” que la tiranía actual?
La doble tragedia de los migrantes en el Mar Caribe
Para Chang, el peligro más tangible para los venezolanos no proviene de una hipotética intervención, sino de la crisis humanitaria que se libra en el Mar Caribe. La analista no descarta reportes de ataques militares de EE. UU. a migrantes, pero expone la realidad de la alta mortalidad de migrantes venezolanos en el mar en la ruta hacia Trinidad y Tobago.
Esta tragedia es un espejo de la negligencia estatal y la acción del crimen organizado: según senala Chang, las lanchas utilizadas para la migración irregular suelen estar lideradas por gente del narcotráfico y del crimen organizado, justamente los alegados objetivos militares del gobierno de los Estados Unidos. Esta realidad genera un vacío de control y un doble riesgo: los migrantes, aunque no formen parte de actividades delictivas, están en peligro no solo por la presencia militar norteamericana en el Mar Caribe, sino también por las condiciones marítimas y por la posibilidad de que los criminales decidan abandonarlos, un hecho que, según Chang, “sucede muchísimo”.
Al respecto, la periodista también habló de una inacción por parte de los gobiernos de Venezuela y Trinidad y Tobago: ninguno ha asumido la responsabilidad de recabar información sobre los naufragios, a pesar de que, como indicó la analista, el éxodo se produce “en un contexto de que no hay ninguna guerra”. El abandono es de tal magnitud que los familiares de la zona de Güiria (estado Sucre) han tenido que contar a sus propios muertos.
Por otro lado, la respuesta de Trinidad ha sido la violación del principio de no devolución (non-refoulement) al ejecutar activamente expulsiones de personas que huyen de la crisis.
El dilema frente a la amenaza estadounidense
María Laura Chang concluye que el patrón de negociaciones fallidas del régimen “ha llevado a la ciudadanía a la encrucijada final”. “A lo largo de una década, se han realizado entre cuatro a cinco mesas de negociación, donde el régimen invariablemente ha buscado ganar tiempo o se ha levantado de la mesa sin respetar acuerdos, utilizando la liberación de presos políticos solo para apresar a otros más adelante”. Chang señala incluso que “el logro de una elección fue invalidado por el fraude electoral”.
Para la periodista, esta historia de fracaso genera la sensación de haber agotado todos los caminos políticos. Según su mirada, el dilema moral se revela profundo, pues la figura de Trump, vista por muchos venezolanos como la “única esperanza”, es al mismo tiempo la de un “violador de derechos humanos”. Para ella, la encrucijada acaso se resuma en el dicho: “Nos vamos de Guatemala a Guatepeor”. “El dilema no es desear la violencia, sino la desesperación por alcanzar un objetivo político—la democracia—que parece inalcanzable por cualquier otra vía. Si eso al final va a traducirse que en un futuro cercano tengamos democracia, 8 millones de personas podamos volver a ver a nuestra familia, 2000 presos políticos puedan salir a la calle… como que sí te atrae“. Al parecer, la única opción que algunos perciben capaz de restaurar las libertades democráticas en Venezuela en un futuro próximo es, paradójicamente, la última y la más arriesgada.
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