Redadas y deportaciones: el impacto de la política migratoria estadounidense sobre la población mexicana

Durante 2025, el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos se tradujo en redadas, detenciones y deportaciones masivas que afectaron de manera desproporcionada a la población mexicana. Más allá de las cifras, estas medidas profundizan la vulnerabilidad laboral, la separación familiar y la criminalización de comunidades que sostienen sectores clave de la economía estadounidense.

Durante 2025, el gobierno de Donald Trump profundizó el endurecimiento de la política migratoria estadounidense mediante la implementación de acciones de control severas, como redadas, detenciones masivas y deportaciones, que afectaron principalmente a la población mexicana.

Estados Unidos se ubicó en el centro del debate político y social a partir de la intensificación de los operativos migratorios, en los que se registraron un número significativo de personas de nacionalidad mexicana. Estas medidas incluyeron detenciones y deportaciones masivas, así como un aumento de la presión sobre las comunidades migrantes y sus familias, especialmente por parte de agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según datos oficiales difundidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde el inicio del segundo mandato de Trump, en enero de 2025, más de 145.000 mexicanos han sido deportados desde Estados Unidos. A su vez, el incremento de detenciones en todo el país derivó en una mayor demanda de atención consular por parte de las autoridades mexicanas.

De acuerdo con cifras oficiales, las medidas implementadas por el gobierno estadounidense se tradujeron en al menos 169 redadas, con un saldo superior a 225.000 personas migrantes detenidas, entre ellas, 87.000 de nacionalidad mexicana. Estas políticas tienen, además, un impacto directo en la economía estadounidense, particularmente en sectores estratégicos como la construcción, la manufactura, la agricultura y la pesca, donde la población mexicana presenta una alta inserción laboral.

Funcionamiento de las redadas migratorias

Las redadas migratorias son operativos de control y detención llevados adelante por la agencia federal ICE —donde también pueden participar autoridades locales y estatales—, con el objetivo de localizar, detener y eventualmente deportar a personas migrantes que residen en el país sin un estatus migratorio regularizado, aún cuando muchas de ellas no registran antecedentes penales. Estas prácticas se inscriben en una lógica de persecución selectiva que opera como mecanismo de disciplinamiento social, criminaliza la movilidad humana y refuerza narrativas que asocian migración con amenaza o peligro.

Los operativos se desarrollan tanto en zonas fronterizas como en grandes ciudades y áreas del interior del país. Las estadísticas sistematizadas por el ICE indican que las detenciones se concentran principalmente en Texas, Florida y California. Los impactos son múltiples: separación de familias, interrupción de la actividad laboral y permanencias prolongadas en centros de detención bajo condiciones inadecuadas.

Una vez detenidas, las personas migrantes son trasladadas a centros de detención, donde se activa un proceso de expulsión expeditivo, caracterizado por la restricción del contacto con familiares o redes comunitarias consolidadas, como una forma de castigo colectivo. Diversos organismos de derechos humanos han advertido que estos procedimientos vulneran garantías del debido proceso, dificultando el acceso a la asistencia legal y afectando los derechos fundamentales.

Las consecuencias de estas medidas afectan de forma directa a los grupos familiares, particularmente niños, niñas y adolescentes que son expuestos al miedo permanente, interrupciones escolares repentinas y un profundo impacto psicológico. Lejos de ser operativos excepcionales, las redadas migratorias se consolidaron durante 2025 como una herramienta estructural y sistemática de control social y laboral.

Respuestas institucionales y desafíos

En este contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que, durante 2025, la red diplomática brindó atención a 176.827 casos, de los cuales 97% corresponden a personas de nacionalidad mexicana en Estados Unidos. Según la Secretaría de Gobernación, 145.000 personas de nacionalidad mexicana fueron repatriadas y de este número más 130.000 solicitaron asistencia consular. En diciembre pasado, el subsecretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, informó la decisión del gobierno mexicano de invertir 300 millones de dólares para que cerca de 200 personas puedan ser liberadas y continuar sus procesos en libertad.

Sin embargo, en la respuesta política y diplomática, se evidencian obstáculos en torno al acceso real a una defensa legal, así como a la información clara acerca del estatus migratorio y de derechos o a los servicios de traducción. Frente a esta ola de detenciones, los recursos destinados son insuficientes para satisfacer las necesidades de la comunidad migrante en materia de defensa: gran parte del acompañamiento, asistencia y representación están siendo asumidos por organizaciones de la sociedad civil.

Mientras el flujo de remesas es celebrado por las autoridades mexicanas, la protección de derechos permanece relegada. La cifra de detenciones y deportaciones crece diariamente, distinguiendo la urgencia de implementar y garantizar vías legales accesibles y una cooperación bilateral que tenga como objetivo el reconocimiento de la dignidad y no la reducción de las personas a cifras de control.

Las redadas contra personas migrantes no constituyen una respuesta coyuntural ni una política de excepción. Es la expresión concreta de un modelo que reconoce al migrante como fuerza de trabajo pero no como sujeto de derechos. Las cifras informadas revelan la magnitud del daño, pero también ponen de manifiesto una política que normaliza la vulneración de derechos, la separación familiar y el miedo como herramientas de control.

Migración mexicana ¿Quiénes migran?

Cuando hablamos de migración mexicana hacia Estados Unidos, hacemos referencia a un proceso histórico que ha sido analizado por décadas a fin de lograr comprenderlo. A partir de su estudio se ha observado su relación con múltiples factores: ubicación geográfica, redes, pobreza, brechas salariales y búsqueda de oportunidades laborales.

De acuerdo con el Migration Policy Institute, la población mexicana constituye el grupo más numeroso dentro del total de personas migrantes en Estados Unidos. Actualmente, según las cifras informadas por la Agencia de Aduanas y Fronteras de EE.UU, más de 12 millones de personas de nacionalidad mexicana se encuentran viviendo en Estados Unidos. De ellas, cerca de 4 millones no cuentan con su estatus migratorio regularizado, lo que representa una proporción significativa de la población residente en el país.

Este fenómeno no se refleja meramente en los cruces fronterizos, sino que aparece totalmente vinculado al asentamiento en estados donde la demanda de trabajo ha motivado e impulsado los flujos migratorios de forma sostenida. Lo que resulta fundamental para comprender que las redadas no se dan contra flujos migratorios recientes sino que, en su mayoría, contra las personas que residen en EE.UU. desde hace décadas, trabajan allí y han conformado sus familias, lo que cuestiona los discursos que legitiman estas políticas bajo la idea de una migración desordenada y reciente.

Desde una perspectiva demográfica, la migración mexicana está compuesta principalmente por personas en edad laboral activa, con una inserción significativa en sectores productivos que demandan mano de obra. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la brecha salarial entre México y Estados Unidos es un factor determinante, junto con la precarización laboral y la informalidad en regiones como Chiapas, Oaxaca y Puebla.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), identifica, además, factores estructurales que afectan de manera desproporcionada a comunidades rurales, como la violencia, las políticas de libre comercio y las crisis climáticas, configurando contextos en los que migrar no constituye una elección plenamente voluntaria.

Pese a los discursos que asocian migración con criminalidad, los datos de la U.S. Census Bureau muestran que sectores como la agricultura, la construcción y los servicios dependen estructuralmente del trabajo migrante, frecuentemente en condiciones de informalidad y bajos salarios.

Trabajo y población migrante mexicana

Tal como se ha dejado entrever, la inserción laboral de la población migrante mexicana en Estados Unidos se concentra en sectores con alta demanda de mano de obra, fundamentales para el sostenimiento de cadenas productivas completas.

Según informa la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el 40% de la fuerza laboral agrícola está compuesta por personas migrantes, con una presencia significativa de trabajadores mexicanos. En el sector de la construcción, los trabajadores migrantes representan aproximadamente el 30%. Estas cifras reflejan no solo precariedad laboral, sino también una marcada segmentación racial del mercado de trabajo en actividades de alto riesgo y baja remuneración.

Por su parte, la OIT señala que las mujeres migrantes mexicanas se concentran en el sector de cuidados y trabajo doméstico, lo que evidencia un impacto diferenciado por género. Esta situación profundiza la invisibilización de su aporte económico y las expone a altos niveles de informalidad y dependencia, especialmente en hogares monoparentales.

En este contexto, el temor a la deportación opera como un mecanismo disuasivo frente al reclamo de derechos laborales básicos. No resulta casual que las redadas migratorias se desplieguen en territorios productivos o zonas rurales agrícolas, produciendo un efecto disciplinador, a la vez que sostiene un modelo económico que se beneficia de la fuerza de trabajo migrante y mantiene a esa misma población en una situación de vulnerabilidad permanente, abaratando costos laborales y fragmentando la capacidad colectiva de resistencia.

^{Imagen de portada: Operación de ICE en un barrio Los Angeles en junio de 2025. | Foto: DHS}

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