Tras una primera vuelta electoral completamente polarizada, dado que tan solo 2 candidaturas concentraron casi el 90% del electorado, la comunidad migrante pasa a ser tema de discusión en medio de la mayor crisis de seguridad de la historia republicana del Ecuador. Por un lado, el oficialismo liderado por Daniel Noboa con su Acción Democrática Nacional (ADN), y por el otro, el principal movimiento político opositor con Luisa González en la Revolución Ciudadana (RC).
Durante el debate presidencial de esta segunda vuelta electoral, la comunidad migrante fue objeto de debate, especialmente la comunidad venezolana en Ecuador. Esto, en tanto el oficialismo apuntó a ciertas políticas migratorias permisivas de gobiernos pasados dirigidas a la comunidad venezolana en Ecuador, como una de las causales de la presente crisis de seguridad.
Ciertas medidas que fueron tomadas durante la década correísta (2007-2017), como la ratificación del Estatuto Migratorio Ecuador – Venezuela del 2010, que permitía el ingreso de venezolanos a tierra ecuatoriana por 90 días sin necesidad de visa (con posibilidad de prórroga por otros 90 días); la posibilidad de obtención de residencia temporaria y permanente, y les permitía acceder a actividades productivas mediante trabajo por cuenta propia o patronal. Estas políticas migratorias permisivas con la comunidad venezolana, se enmarcaron por la estrecha relación que tenía el gobierno de Rafael Correa con el gobierno de Hugo Chávez.
No obstante, y a pesar de que el Presidente Noboa enmarcó a esta política migratoria como perjudicial en materia de seguridad nacional, igualmente decidió firmar el Decreto 370 que establecía una amnistía migratoria a esta comunidad migrante. En tanto todos aquellos venezolanos con estatus migratorio irregular podrían iniciar un proceso extraordinario de regularización, por el cual obtener su documentación correspondiente mediante Cancillería.
Por su lado, la candidata del correísmo Luisa Gónzalez decidió desmarcarse de la posición correísta tradicional respecto al éxodo venezolano, señalándolos también como partícipes de la crisis de seguridad ecuatoriana en medio del debate presidencial. En su intervención, comentó que reconocerá al gobierno de Maduro para deportar a aquellos venezolanos beneficiados por la amnistía migratoria del Presidente Noboa, como si la comunidad migrante venezolana fuera la principal culpable o responsable del incremento en los índices de violencia.
Luisa Gónzalez decidió desmarcarse de la posición correísta tradicional respecto al éxodo venezolano, señalándolos también como partícipes de la crisis de seguridad ecuatoriana en medio del debate presidencial
No obstante, de acuerdo al censo penitenciario 2003, elaborado por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC), tan solo el 10% de los crímenes cometidos en Ecuador son de extranjeros, y el 3% de los detenidos fueron de nacionalidad venezolana. Por ello, queda claro que la presencia o aumento de la comunidad venezolana en Ecuador no tiene necesariamente que ver con la crisis de inseguridad del país. Dado que dicha crisis se da, principalmente, por un mal manejo de la política criminal y de seguridad para combatir el crimen organizado.
Requerimos entonces diferenciar al crimen organizado del resto de criminalidad presente en tierra ecuatoriana. Este tipo de criminalidad escapa a las capacidades de las instituciones estatales y consigue permear en la sociedad, ya sea mediante sobornos de políticos locales, la creación de empleo informal, o la obediencia mediante el terror. Si nos fijamos entre los grupos de delincuencia organizada con más presencia en el país, nos encontraremos con bandas como “Los Lobos”, “Los Tiguerones”, “Los Choneros” y/o los “Chone Killers”, los cuales trabajan de cerca con cárteles y grupos narco de origen mexicano y colombiano: El Cartel Jalisco Nueva Generación, El Cartel de Sinaloa, Frente Oliver Sinisterra y/o el Ejército de Liberación Nacional. Es decir, ni en el aspecto del crimen organizado se encuentra una gran participación de venezolanos en Ecuador, mediante por ejemplo, el grupo Tren de Aragua.
De esta forma, podemos ver que las acusaciones realizadas por ambos candidatos presidenciales hacia la comunidad migrante venezolana no tienen sustento alguno. Ya que el problema del Ecuador es un problema de crimen organizado transnacional, más no un problema de delincuencia común, una cuestión que no conoce de nacionalidades, y que como vimos, no involucra, por el momento, directamente la participación de venezolanos en sus operaciones criminales.
Según los datos del censo penitenciario de 2003, elaborado por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC), tan solo el 10% de los crímenes cometidos en Ecuador son de extranjeros, y el 3% de los detenidos fueron de nacionalidad venezolana.
El señalamiento hacia esta comunidad migrante, tanto del lado de Luisa González como de Daniel Noboa, no hace más que aumentar los estigmas sociales hacia los venezolanos, ya que terminan apuntando a un grupo social como culpable, sin tomar en consideración las responsabilidades políticas del gobierno nacional para la prevención, disuasión y represión del crimen organizado transnacional. Puesto que es más sencillo apuntar contra los extranjeros, que asumir la responsabilidad de una pésima gestión.
De esta forma, la comunidad migrante aparece en el centro del debate, desde la desinformación y el estigma social al extranjero. El hecho de que ambas candidaturas apuesten a señalarlos culpables, es un reflejo de desesperación por captar el voto de aquellos electores con sesgo xenófobo. Esto solo fomenta la toma de medidas y políticas populistas que distraen a la población de su realidad, y tampoco atacan al problema de fondo del país.
Licenciado en Relaciones Internacionales y estudiante avanzado de Ciencia Política por la Universidad de Palermo. Migrante ecuatoriano residiendo en Buenos Aires con afición al análisis del crimen organizado y al estudio de los flujos migratorios regionales.
