El Parlamento Europeo aprobó un endurecimiento de la política migratoria que incluye centros de «retorno» fuera de la UE y detenciones de hasta dos años. Organismos de derechos humanos alertan sobre la creación de un «ICE europeo».
El Parlamento Europeo aprobó ayer en Bruselas una reforma del reglamento de retornos que autoriza la creación de centros de gestión de expulsiones fuera de la Unión Europea para personas cuya protección internacional fue denegada. La iniciativa, que contó con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, fue impulsada por el Partido Popular Europeo en conjunto con fuerzas de derecha y extrema derecha. El objetivo central es elevar la tasa de repatriación, que actualmente se sitúa en el 20 por ciento, mediante mecanismos de detención de hasta 24 meses y la eliminación de lazos familiares como motivo para suspender las órdenes de traslado. Esta decisión marca el inicio de las negociaciones finales con el Consejo de la Unión Europea para la implementación definitiva de la norma.
La votación en el hemiciclo europeo reflejó un cambio en la dinámica de poder legislativo al consolidarse una mayoría formada por el Partido Popular Europeo (PPE) y grupos situados a su derecha, incluyendo a la Alternativa por Alemania (AfD). Esta convergencia permitió superar la resistencia de las bancadas socialistas, liberales y verdes, que denunciaron una vulneración de los derechos fundamentales. La aprobación de estos mecanismos de expulsión acelerada se produce en un contexto de presión por parte de varios Estados miembros para endurecer la política migratoria antes de la entrada en vigor total del Pacto Europeo de Migración y Asilo en junio.
De acuerdo con lo publicado por «El País», el canciller alemán, Friedrich Merz, expresó su rechazo a la colaboración directa con sectores radicales, a pesar de que la totalidad de los eurodiputados conservadores de su país respaldaron la medida. Por su parte, la eurodiputada del SPD Birgit Sippel advirtió que esta votación representa el derrumbe de las barreras políticas frente a fuerzas que consideran antidemocráticas, otorgándoles una influencia directa en la agenda regional.
Asimismo, diversas organizaciones de derechos humanos y entidades jurídicas internacionales manifestaron su rechazo a la aprobación del nuevo reglamento de retornos por parte del Parlamento Europeo, advirtiendo que la normativa vulnera los cimientos de la dignidad humana y el derecho internacional. La directiva de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía Internacional, Eve Geddie, y representantes del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) señalaron que el texto, negociado sin un escrutinio adecuado, prioriza medidas punitivas sobre las garantías fundamentales. Las críticas se centran en la expansión de los periodos de detención, el debilitamiento del acceso a asistencia legal gratuita y la creación de centros de retorno externos que podrían derivar en tratos inhumanos y violaciones al principio de no devolución. Según los expertos, estas políticas no solo afectarán la credibilidad de la Unión Europea, sino que dejarán a miles de personas en situaciones de extrema precariedad jurídica.
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Externalización de fronteras: los centros de «retorno» y el traslado a terceros países
La disposición principal del texto validado es la creación de los denominados centros de retorno o plataformas externas de gestión. Estas instalaciones, situadas fuera del territorio de la Unión Europea, servirán para albergar y eventualmente retener a personas cuya solicitud de estancia haya sido denegada. En este marco, países como Grecia, Alemania, Países Bajos, Austria y Dinamarca ya han iniciado conversaciones con gobiernos de África para explorar la viabilidad de estos sitios. La normativa contempla que incluso familias con menores de edad puedan ser enviadas a estos centros, quedando exceptuados únicamente los niños, niñas y adolescentes no acompañados.
La propuesta establece que el traslado a un tercer país puede realizarse sin que la persona tenga necesariamente un vínculo previo con dicho territorio. Esta medida ha sido calificada por organizaciones como el Comité Internacional de Rescate (IRC) como la creación de posibles espacios de desprotección legal, donde no se podría garantizar el respeto a los estándares mínimos de derechos humanos que rigen dentro de la Unión.
El nuevo reglamento introduce, además, obligaciones estrictas para las personas afectadas por una orden de retorno. El texto elimina factores como enfermedades que requieren tratamiento médico o la existencia de lazos familiares como causas automáticas para aplazar una expulsión. Además, se establecen sanciones severas por la falta de cooperación con las autoridades, incluyendo la posibilidad de detención por un periodo de hasta dos años si se considera que existe riesgo de fuga.
Para el eurodiputado Javier Zarzalejos, presidente de la comisión de Libertades Civiles, estas medidas responden a la búsqueda de un modelo de movilidad humana ordenado y vinculado al mercado laboral. No obstante, diversas plataformas de derechos humanos han comparado este enfoque con las prácticas de control fronterizo de Estados Unidos, alertando sobre un incremento en las detenciones a gran escala y la separación de núcleos familiares.
Reconocimiento mutuo de expulsiones y plazos
Otro aspecto relevante de la reforma es la implementación del reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno entre los Estados miembros. Esto significa que una orden de expulsión emitida por un país será válida y ejecutable en cualquier otro territorio de la Unión Europea. La medida busca agilizar los procesos administrativos y evitar que las personas solicitantes de asilo rechazadas puedan permanecer en el bloque desplazándose entre fronteras internas.
La entrada en vigencia de estas normas se enmarca en un esfuerzo por finalizar el marco regulatorio antes de mediados de año. Las negociaciones que comienzan ahora entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo determinarán el alcance final de las facultades que tendrán las autoridades para localizar e identificar a las personas en situación administrativa no autorizada dentro del territorio europeo.
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