El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, mantuvieron este lunes una conversación telefónica para abordar el operativo migratorio federal en ese estado y la investigación por los recientes asesinatos de ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales, en un contexto de protestas masivas y creciente tensión institucional.
El intercambio marca el primer gesto explícito de desescalamiento discursivo tras varios días de acusaciones cruzadas, en los que Trump llegó a sostener que el gobierno estatal “incita a la insurrección”, mientras Minnesota denunciaba una militarización injustificada de sus ciudades.
El mensaje de Trump: cooperación a cambio de presencia federal
Tras la llamada, Trump afirmó en Truth Social que fue Walz quien lo contactó para pedir que “trabajen juntos” en Minnesota y aseguró que ambos están “en la misma sintonía”. El presidente celebró además la llegada al estado de Tom Homan, el llamado “zar de la frontera”, como figura clave para reconducir la situación.
“Le dije al gobernador Walz que haría que Tom Homan le llame, y que estamos buscando a todos y cada uno de los criminales que tienen en su posesión”, escribió Trump, reafirmando el encuadre de la crisis como un problema de seguridad y criminalidad, más que como una cuestión de derechos civiles.
En paralelo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicitó las condiciones federales: Trump exige al gobernador Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, una cooperación plena con el Gobierno federal. Esa cooperación, dijo, es el requisito para mantener —o eventualmente reducir— la presencia del Immigration and Customs Enforcement (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) en el estado.
Leavitt enumeró tres demandas concretas:
- Entrega inmediata a las autoridades federales de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales ya detenidos o con órdenes activas.
- Transferencia a fuerzas federales de personas indocumentadas arrestadas por la policía local.
- Colaboración de fuerzas estatales y municipales para localizar y detener a personas buscadas por delitos, “especialmente delitos violentos”.
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La posición de Minnesota: investigación independiente y reducción de agentes
Desde Minnesota, Walz confirmó la conversación pero subrayó que su eje fue otro. Según explicó, reclamó a Trump investigaciones imparciales e independientes sobre los tiroteos ocurridos en Minneapolis en los que participaron agentes federales, y pidió reducir el número de efectivos federales desplegados en el estado.
El gobernador sostuvo que Trump accedió a hablar con el Departamento de Seguridad Nacional para garantizar que la autoridad estatal pueda llevar adelante una investigación independiente sobre las muertes de Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses. También afirmó que el presidente se comprometió a evaluar una reducción del despliegue federal y a mejorar la coordinación con el estado en operativos dirigidos exclusivamente a “criminales violentos”.
Frente a las acusaciones de falta de cooperación, Walz defendió la actuación local: aseguró que Minnesota notifica al ICE cuando personas bajo custodia no son ciudadanos estadounidenses y negó que se hayan producido liberaciones irregulares. “No se ha liberado a ningún preso sin asegurar una transferencia de custodia adecuada”, afirmó.
De todos modos, el diálogo no cierra la crisis. Mientras la Casa Blanca insiste en condicionar la política migratoria a una lógica de orden público, Minnesota busca descomprimir la conflictividad social, responder a las protestas y evitar que las investigaciones queden bajo control exclusivo de las agencias involucradas en los hechos.
Con movilizaciones en curso, causas judiciales abiertas y una fuerte polarización política, Minneapolis continúa siendo el epicentro de un conflicto nacional que pone en discusión los límites del poder federal, el rol del ICE y la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad en Estados Unidos.
Imagen de portada: Donald Trump y el gobernador de Minnesota, Tim Walz (imágenes de archivo).
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