El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lanzaron recientemente un estudio sobre la migración agrícola y sus implicancias en el mercado laboral rural, en el que además aportaron recomendaciones de buenas prácticas a las provincias. Este informe pone bajo la lupa las condiciones de vida y los circuitos de las personas trabajadoras migrantes temporarias. Lo que surge de esto es un mapa de movilidad humana, pero también profundas deudas sociales.
El relevamiento puso el foco en Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, Río Negro, Mendoza y Buenos Aires, principales jurisdicciones de origen y destino de la migración agrícola temporaria, e incorporó también información sobre Corrientes, Catamarca y Neuquén como parte de los circuitos migratorios más frecuentes.
El mapa de la trashumancia laboral en Argentina
La migración agrícola en Argentina, como pulso de la economía regional, colapsaría sin el esfuerzo de quienes cruzan fronteras provinciales para trabajar la tierra. El reciente informe del RENATRE habla de lo que podríamos llamar la migración «golondrina». Esto es, los circuitos laborales que conectan provincias, donde trabajadores rurales se desplazan miles de kilómetros siguiendo el calendario de las cosechas. Principalmente, los trabajadores provenientes del Noroeste y Noreste argentino, con provincias como Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Misiones, se desplazan hacia centros de producción intensiva. Las rutas llevan a estos trabajadores a la cosecha de la vid en Mendoza y San Juan, a la zafra de limones en Tucumán, o a la recolección de manzanas y peras en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
El informe destaca que, sin este flujo constante de mano de obra que cruza fronteras interprovinciales, la sostenibilidad de estos cultivos sería nula. Se trata de una circularidad, es decir, llevan una vida que transcurre en el camino, pero que no busca asentarse. El hogar es un punto de partida y de regreso, pero rara vez de permanencia durante el año productivo.
Hay una gran proporción de estas personas migrantes que proviene de comunidades indígenas o contextos de ruralidad profunda, lo que fragmenta aún más su acceso a la información laboral. Además, hoy los circuitos están bajo la presión del cambio climático; las sequías o heladas inesperadas alteran los calendarios de cosecha y obligan a las personas trabajadoras a improvisar nuevas rutas sobre la marcha. Esto genera cada vez más incertidumbre económica para esta población rural.
Un punto que suele ser ignorado, y en el que el informe pone el foco, es reconocer que esta población rural posee un saber técnico especializado. Son conocedores de los ciclos de las cosechas y de las técnicas de recolección manual que las máquinas aún no han podido desplazar en cultivos de alta calidad. Se trata de un oficio artesanal que exige saber exactamente cuándo el fruto ha alcanzado su madurez, cómo desprenderlo sin dañar la planta y de qué manera manipularlo para que conserve su valor comercial.
El desafío de los derechos
Así como lo menciona el estudio del RENATRE, la intermitencia de las tareas agrícolas es el principal caldo de cultivo para la informalidad laboral. Al tratarse de empleos de corta duración, muchas personas trabajadoras quedan fuera del sistema de seguridad social, perdiendo el acceso a aportes jubilatorios y coberturas de salud, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una actividad de mucho desgaste físico.
El informe denuncia que las condiciones de habitabilidad en los lugares de destino son, en muchos casos, precarias. Muchos trabajadores junto a sus familias deben residir en viviendas que no cumplen con los estándares básicos de saneamiento y comodidad. A esto se suma el riesgo del traslado en camiones o transportes no habilitados que recorren largas distancias, exponiendo la vida de la población rural.
El informe también hace hincapié en la «invisibilidad» del grupo familiar. Lo que suele suceder generalmente es que las familias que acompañan al trabajador rural carecen de redes de contención y quedan desprotegidas por la falta de infraestructuras locales de cuidado o educación en las zonas de cosecha. La burocracia hace que dar de alta un trabajo en blanco por una cosecha corta ponga en riesgo la continuidad de la asistencia estatal en sus hogares, lo que termina empujándolos a la informalidad como estrategia de resguardo.
La propuesta del RENATRE es fortalecer de manera urgente la fiscalización. Además de leyes, se requieren inspectores en el territorio y mecanismos de denuncia que no pongan en riesgo el sustento del trabajador. Otro punto importante es simplificar la registración. La tecnología debería jugar a favor de las personas trabajadoras, permitiendo que su paso por diferentes provincias no sea un laberinto burocrático y que la trayectoria laboral esté reconocida, bien registrada y protegida.
Esta propuesta no depende de una sola jurisdicción. El informe deja claro que el bienestar del trabajador temporario exige un puente sólido entre los gobiernos provinciales. Esto es, un acuerdo federal de buenas prácticas donde exista una red interprovincial que garantice paradores seguros, transporte habilitado y la continuidad pedagógica de los hijos de las personas trabajadoras.
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Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés. Nacida en Francia, ha residido en Argentina y Chile. Cuenta con experiencia en gestión de personas refugiadas en el marco de su labor con ACNUR. Actualmente se desempeña como profesora de investigación en diversas instituciones educativas de la Ciudad de Buenos Aires.
