El flamante presidente chileno firmó seis decretos apenas asumió el poder, entre ellos uno que ordena la construcción de barreras físicas en la frontera con Bolivia y Perú. Exmandatarios bolivianos alertan que la medida viola el Tratado de 1904. Las personas migrantes, en el centro de la disputa diplomática.
Pocas horas después de asumir el mando en Valparaíso, el presidente de Chile, José Antonio Kast, firmó el miércoles 11 de marzo de 2026 sus primeros seis decretos ejecutivos. Entre ellos, dos concentran la atención de organismos de derechos humanos, gobiernos vecinos y comunidades migrantes: el denominado Plan Escudo Fronterizo y la Política Nacional de Cierre Fronterizo, que juntos ordenan la construcción de barreras físicas, la militarización de la frontera norte y el endurecimiento de los mecanismos de expulsión.
La primera gran decisión de la administración Kast convirtió una de sus promesas de campaña en política de Estado en cuestión de horas, y encendió las alarmas en La Paz.
El decreto: muros, zanjas y tecnología de vigilancia
El Plan Escudo Fronterizo instruye a los ministerios de Defensa e Interior a “gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular”, modificar las reglas del uso de la fuerza para generar más herramientas contra el ingreso por pasos no habilitados y avanzar en “la construcción de barreras físicas para sectores requeridos”, según el texto del decreto.
Un segundo decreto, la Política Nacional de Cierre Fronterizo, ordena incrementar los medios militares en la frontera norte, “mejorar la vigilancia mediante drones y sensores optrónicos” y fortalecer las comunicaciones en esa zona.
El gobierno identificó como puntos prioritarios los pasos de Colchane —frontera con Bolivia— y Chacalluta —límite con Perú—, históricamente los de mayor volumen de cruces por pasos no habilitados. Las obras contemplarían, según versiones oficiales, zanjas, cercos perimetrales y torres de vigilancia, además del despliegue de al menos 3.000 efectivos militares en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
Organismos internacionales estiman que alrededor de 337.000 personas residen en Chile de manera irregular, muchas de ellas ingresadas por la frontera norte. Una proporción significativa proviene de Venezuela y utiliza las rutas andinas como vía de acceso al país.
Bolivia responde: “No es la mejor señal de buena vecindad”
La reacción desde Bolivia no tardó. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), también exmandatario de la Corte de Justicia boliviana, advirtió en la red social X que la decisión de Kast “contrasta con lo dispuesto por el Tratado de 1904”, el acuerdo que fijó los límites definitivos entre ambas naciones tras la Guerra del Pacífico —conflicto en el que Bolivia perdió su salida al mar en 1879—. En ese tratado, recordó Rodríguez, “Chile reconoce a Bolivia el más ‘amplio y libre’ derecho de tránsito por su territorio hacia los puertos del Pacífico”. El decreto de Kast, concluyó, “no es la mejor señal de ‘buena vecindad'”.
Por su parte, el exmandatario Evo Morales (2006-2019) fue más directo en su crítica: sostuvo que Kast, “imitando” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “anunció la construcción de muros en las fronteras de Bolivia y Perú, países a los que Chile invadió, arrebató costa, territorio y recursos naturales, hace casi un siglo y medio”. Para Morales, el objetivo de la medida es “perseguir, criminalizar y encarcelar migrantes”, y tanto él como Rodríguez coincidieron en que la construcción de muros y la militarización “viola el Tratado de 1904 que garantiza la libre transitabilidad”. Morales también dirigió sus críticas hacia el actual presidente boliviano, Rodrigo Paz, a quien acusó de “firmar acuerdos con perseguidores de migrantes” por sus acercamientos con los gobiernos de Trump y Kast.
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Paz, entre la agenda comercial y la reivindicación marítima
Rodrigo Paz, que asumió la presidencia de Bolivia en noviembre de 2025 tras imponerse en las elecciones de octubre, estuvo presente en la ceremonia de investidura de Kast en Valparaíso. En las reuniones bilaterales que siguieron al acto, el mandatario boliviano expresó su voluntad de avanzar en una nueva agenda comercial con Chile, aunque aclaró que ello no implica abandonar la histórica aspiración marítima de su país.
El contexto diplomático entre ambas naciones es delicado por partida doble: Bolivia y Chile no mantienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962 —con un breve paréntesis entre 1975 y 1978—, aunque sí conservan consulados generales en La Paz y Santiago. La tensión alcanzó uno de sus picos más altos en 2013, cuando el gobierno de Morales acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para exigir que Chile negociara de buena fe el acceso soberano al mar. En 2018, la CIJ falló que Chile no tiene obligación legal de negociar ese acceso.
El anuncio del Plan Escudo Fronterizo agrega una nueva arista a esta relación históricamente tensionada, esta vez con las personas migrantes en el centro del conflicto.
Las Fuerzas Armadas, al frente
En el plano institucional, Kast instruyó directamente al Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General Pedro Varela —quien asumió ese cargo el 9 de marzo— para liderar las tareas de resguardo fronterizo. El decreto presidencial amplía las facultades de los efectivos militares y habilita un despliegue permanente en la zona norte.
El gobierno también anunció la creación de centros de detención para el procesamiento administrativo de las personas interceptadas en zonas de frontera, y designó a un comisionado presidencial para coordinar las acciones de las distintas instituciones en la macrozona norte.
Durante su primer discurso en el Palacio de La Moneda, Kast hizo uso de su habitual retórica securitista en materia de políticas migratorias. Calificó estas medidas como parte de “una respuesta necesaria frente al crimen organizado y el narcotráfico”, y anticipó un endurecimiento de las penas y la agilización de los procesos de expulsión.
Imagen de portada: José Antonio Kast durante su ingreso al Palacio de la Moneda | Foto: Instagram del Gobierno de Chile
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