Tras más de 14 horas de debate y en medio de manifestaciones en las inmediaciones del Congreso, el Senado aprobó por 42 votos a favor y 30 en contra el proyecto de “Ley de Modernización Laboral”, impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa obtuvo así media sanción y avanza hacia su tratamiento en Diputados. La votación se realizó en la madrugada, luego de la alocución de más de 40 oradores, y contó con el acompañamiento del grueso de la oposición dialoguista.
El gobierno de Javier Milei celebró la votación como un “avance histórico” orientado a “reducir la litigiosidad y promover la formalización del empleo”. Sin embargo, el alcance de los cambios aprobados excede el plano técnico: el proyecto modifica reglas estructurales sobre negociación colectiva, indemnizaciones, jornadas laborales, actividad sindical y el derecho a huelga.
El impacto sobre los trabajadores y trabajadoras migrantes
Según el informe La población migrante en el mercado laboral argentino: Perfiles y contribuciones en sectores clave elaborado conjuntamente por la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las personas migrantes representan el 6,4 % del empleo total en Argentina. La tasa de desocupación migrante (4,5 %) es menor a la de la población no migrante (6,3 %), lo que muestra una importante participación en el mercado laboral.
Pero esa inserción no es equivalente en términos de protección. Uno de cada dos migrantes asalariados trabaja sin registro formal: es decir, desempeña sus labores sin aportes previsionales, sin cobertura ante accidentes de trabajo y con menor capacidad de acceso a herramientas de defensa laboral.
Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (2024) sobre el trabajo migrante en Argentina dan cuenta incluso de un descenso en materia de cobertura frente a accidentes laborales: solo el 3,9 % del empleo formal con ART corresponde a trabajadores migrantes (395.434 personas), y la cantidad de migrantes cubiertos cayó un 8,6 % entre 2022 y 2024.
Estos datos dan cuenta de una realidad objetiva: los trabajadores migrantes en Argentina se encuentran expuestos a mayores niveles de informalidad y precarización respecto a los trabajadores locales.
Qué cambia la ley con media sanción
El proyecto anoche por la cámara de senadores introduce varias modificaciones en el actual esquema laboral argentino. Entre las más importantes, se pueden enumerar las siguientes:
- Redefinición del cálculo indemnizatorio, excluyendo aguinaldo, vacaciones y conceptos no mensuales.
- Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), optativo, financiado con aportes patronales (1 % para grandes empresas y 2,5 % para PyMES, con posibilidad de aumento).
- Pago en cuotas de sentencias laborales (hasta 6 para grandes empresas y 12 para PyMES).
- Reducción y condonación de multas en el régimen de blanqueo laboral.
- Banco de horas como alternativa al pago de horas extra.
- Fraccionamiento de vacaciones.
- Eliminación de la ultraactividad plena de los convenios colectivos.
- Prioridad de convenios de ámbito menor sobre los de rama, incluso si resultan menos favorables.
- Ampliación de servicios esenciales (75 % de funcionamiento mínimo) y creación de servicios de “importancia trascendental” (50 %).
- Requerimiento de autorización del empleador para asambleas y no pago del tiempo destinado a ellas.
Formalmente, la ley no elimina el derecho laboral argentino. Pero sí reconfigura el equilibrio de poder en la relación de trabajo y reduce instrumentos históricos de protección.
El impacto diferencial sobre el trabajo migrante
En sectores donde la población migrante tiene fuerte presencia —servicio doméstico, construcción, comercio— la combinación de informalidad, rotación y exposición al riesgo ya configura un escenario frágil.
La reducción de sanciones por empleo no registrado puede debilitar incentivos a formalizar si no existe fiscalización efectiva. El régimen de blanqueo, al condonar multas y reducir penalidades, abarata la regularización tardía.
La ampliación del período de prueba (ya incorporada previamente en Ley Bases) y la posibilidad de mayor flexibilidad en la jornada amplían márgenes de desvinculación e intensificación del trabajo en sectores con alta movilidad laboral.
La prioridad de convenios por empresa puede fragmentar condiciones salariales en actividades donde los trabajadores migrantes suelen ocupar posiciones más débiles dentro de la estructura productiva.
La narrativa oficial tensiona con la realidad de los trabajadores en Argentina
El gobierno sostiene que la reforma reducirá la informalidad y dinamizará el empleo. Sin embargo, esa promesa resulta difícil de sostener en el contexto actual. Según datos del Instituto Argentina Grande, desde la asunción de Javier Milei hasta diciembre de 2025 cerraron más de 20 mil empresas y se perdieron 154.382 puestos de trabajo privados registrados. En una economía en recesión, con caída de la actividad y destrucción de empleo formal, ninguna reforma normativa puede, por sí sola, generar puestos de trabajo si no existen condiciones macroeconómicas que los sostengan.
Las pequeñas y medianas empresas —que históricamente concentran la mayor parte del empleo en Argentina— atraviesan una situación crítica. Para ese sector, el problema central no es la regulación laboral, sino la caída de la actividad y la ausencia de políticas activas que estimulen la producción y el mercado interno. En paralelo, los salarios reales se encuentran en retroceso y la capacidad de consumo está reducida, afectando directamente la demanda y, por lo tanto, el nivel general de actividad económica.
Lo que sí surge con claridad del texto aprobado es que la reforma reduce sanciones por empleo no registrado, flexibiliza las condiciones laborales y amplía restricciones al ejercicio sindical. Es decir, disminuye estándares de protección laboral existentes sin garantizar, de manera directa, la creación de nuevos empleos formales.
En un mercado laboral ya segmentado, la reducción de estándares de protección de los puestos de trabajo no es neutral: impacta con mayor intensidad sobre quienes ocupan posiciones más frágiles. Para la población migrante el riesgo no es abstracto, sino concreto: mayor exposición a la precariedad y menor capacidad de defensa colectiva.
Más allá del impacto diferencial sobre el trabajo migrante, la media sanción consolida un giro regresivo en el modelo de regulación laboral argentino. El debate que continúa en Diputados no es técnico ni administrativo: es una discusión sobre si la salida a la crisis será ampliando derechos y fortaleciendo el mercado interno o reduciendo protecciones en un escenario de recesión económica.
Contenidos relacionados:
Nuevos controles migratorios en Liniers: la preocupación en la comunidad boliviana
Argentina anuncia la creación de la Agencia Nacional de Migraciones: ¿preludio del ICE argentino?
