Tras sufrir un ataque con un claro componente xenófobo, la activista trans y migrante logró que su agresor fuera condenado. Su caso expone cómo los discursos de odio impactan en el cuerpo y el territorio, y reabre el debate sobre el lugar de las personas migrantes y trans en la Argentina actual, poniendo en tensión el derecho a migrar y a vivir sin violencia.
Micaela Guadalupe Casas lleva más de siete años construyendo comunidad en el sur del conurbano bonaerense. Es una mujer trans, migrante peruana y activista territorial en la ciudad de Berazategui, donde dirige Unidxs por la Diversidad, una asociación civil sin fines de lucro; un espacio que sostiene una escuela secundaria para jóvenes y adultos, un comedor comunitario, realiza testeos de VIH y acompaña a personas del colectivo LGBT+ y migrantes que atraviesan situaciones de exclusión social o dificultades para acceder a derechos.
Allí funciona un plan FinEs (Finalización de Estudios Primarios y Secundarios), una política pública destinada a que jóvenes y adultos puedan finalizar sus estudios secundarios. Para Micaela, la educación es una herramienta central de inclusión. No solo abre posibilidades laborales, sino que devuelve autoestima y dignidad a personas que muchas veces fueron expulsadas del sistema educativo formal.
Su trabajo no es simbólico y no se limita a un espacio físico. Es cotidiano, territorial y concreto. Recorre barrios, iglesias, organizaciones sociales y localidades vecinas. Allí se gestionan módulos alimentarios, se entregan kits de prevención, se acompañan trámites migratorios y se generan redes de contención frente a situaciones de violencia.
Cada vez que puede, alza su voz y reafirma su identidad: “Soy una persona trans, soy migrante, soy afrodescendiente. Eso muchas veces juega en contra desde el prejuicio, pero también me dio la fuerza para construir un espacio que trabaja tanto por migrantes como por nacionales”.
Cuando la ley no alcanza
Su historia se inscribe en un país que cuenta con marcos normativos avanzados en materia de derechos: Ley de Migraciones N.º 25.871, Ley de Identidad de Género N.º 26.743 y un conjunto de normas antidiscriminatorias que, en términos formales, reconocen igualdad de trato y acceso a derechos fundamentales. Sin embargo, la distancia entre la norma y la experiencia concreta suele evidenciarse en el territorio.
El contexto actual —según describe— es más hostil que en años anteriores. “Ser una mujer trans, migrante y militante hoy es bastante complejo”, explica. Señala que en los últimos meses percibe un retroceso en políticas públicas que antes acompañaban a su comunidad y un clima de mayor persecución hacia quienes piensan diferente o se organizan territorialmente. “Nuestra comunidad está con recelo de manifestarse. Hay miedo”, dice.
Para ella, ese miedo no es abstracto. Afirma que los discursos oficiales que asocian migración con delito o narcotráfico generan consecuencias concretas. En Argentina, la Constitución Nacional establece en su artículo 20 que las personas extranjeras gozan de los mismos derechos civiles que los ciudadanos argentinos. A su vez, la Ley de Migraciones N.º 25.871, vigente desde 2004, reconoce el derecho a migrar como esencial e inalienable de la persona y prohíbe cualquier forma de discriminación por nacionalidad. Sin embargo, Micaela sostiene que en la práctica el clima social se ha endurecido.
En ese marco, la política migratoria ha sido objeto de tensiones en los últimos años. En 2017, el DNU N.º 70 modificó esa ley endureciendo criterios de expulsión y acelerando procedimientos. La medida fue posteriormente cuestionada judicialmente y, finalmente, derogada por el Decreto N.º 138/2021, que restituyó el marco original de la Ley de Migraciones. Para organizaciones migrantes, esos vaivenes normativos impactan directamente en la percepción social sobre quiénes “pertenecen” y quiénes no.
En el escenario actual, el DNU N.º 366/25 —emitido el año pasado por el Poder Ejecutivo Nacional— reabrió el debate sobre el alcance del derecho a migrar reconocido por la Ley N.º 25.871. Organizaciones migrantes y de derechos humanos han advertido que algunas de sus disposiciones podrían implicar retrocesos en materia de garantías y reforzar un enfoque securitista. Para quienes trabajan en el territorio, como Micaela, ese giro normativo impacta directamente en la exposición a prácticas discriminatorias.
La noche en que la violencia tomó forma
El 30 de agosto de 2024, esa tensión adquirió una forma concreta de violencia e interrumpió su trayectoria territorial y militante. Después de participar en una actividad religiosa en el barrio Santa Rosa de Berazategui, decidió retirarse para cerrar la escuela que funciona en su sede. Llovía, la calle estaba vacía. Repentinamente, un auto apareció y le cerró el paso. “Bajó uno de los hombres, me abrió la puerta, me sacó del auto y me dijo ‘migrante de mierda’”, recuerda. Luego huyó con el vehículo y, minutos más tarde, la policía le informó que había sido hallado incendiado.
El ataque no fue solo material. Ese auto era su herramienta de trabajo y en él tenía mercadería que transportaba para distribuir en iglesias de Berazategui y Florencio Varela. Llevaba módulos alimentarios a familias en situación de vulnerabilidad y entregaba kits de prevención a mujeres trans que ejercen el trabajo sexual en rutas de la zona. La pérdida impactó en el funcionamiento de su espacio comunitario y la asistencia quedó momentáneamente interrumpida, afectando directamente a las familias que dependían de esa ayuda semanal.
El episodio también tuvo consecuencias emocionales. “Me provocó ataques de pánico. No quería salir, tenía miedo de que volvieran a atacarme”, relata. No era la primera agresión. En mayo del mismo año, desconocidos habían ingresado a su asociación civil y destruyeron su escritorio en un acto vandálico. Esa sucesión de hechos generó preocupación en su equipo de trabajo y en las personas que asisten a la escuela y al comedor.
También te puede interesar: Huir para vivir: el caso de Irvin Moncada, la activista trans colombiana que busca asilo en los Países Bajos
Justicia y precedente en un contexto adverso
Tras la denuncia, tanto el municipio como la Comisaría 1.ª de Berazategui implementaron medidas de protección, entre ellas un botón antipánico. La investigación avanzó y culminó con la condena del agresor por parte del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de Quilmes, que a comienzos del mes de febrero de este año dictó una pena de 4 años y 18 meses de prisión. La sentencia no solo reconoce la gravedad del hecho, sino que envía un mensaje institucional en un contexto donde la violencia hacia personas migrantes y trans muchas veces no llega a instancias de condena.
Cuando recibió la sentencia, Micaela sintió alivio. “La justicia tiene que ser igual para todos”, afirma. Aunque el fallo no incorporó el agravante de odio, para ella la condena representa igualmente un precedente en un contexto donde muchas agresiones contra personas migrantes y trans no llegan a instancias judiciales.
Argentina no es ajena a antecedentes de violencia xenófoba. El asesinato de Marcelina Meneses y su hijo en 2001, arrojados de un tren en un ataque atravesado por el racismo, marcó un punto de inflexión en la memoria de las comunidades migrantes. Para muchas organizaciones, recordar esos hechos es una forma de advertir que los discursos de odio pueden traducirse en episodios de violencia concreta.
“La delincuencia no tiene nacionalidad”, insiste. La frase resume uno de los aspectos más relevantes de su posicionamiento público. Para la activista, asociar migración con delito no solo es una simplificación injusta, sino una narrativa que habilita agresiones concretas. “No todos venimos a quitar trabajo ni a delinquir. Venimos a aportar. También hay nacionales que delinquen. No se puede responsabilizar a toda una comunidad”, sostiene
En ese punto subraya algo central. Su identidad reúne múltiples dimensiones de discriminación estructural. Es mujer trans, migrante y afrodescendiente. Esa intersección implica que la violencia puede operar simultáneamente como transfobia, xenofobia —por ser migrante— y racismo —por su identidad afrodescendiente—, superponiendo distintos prejuicios sociales. Pero eso también le ha dado herramientas para resistir. En siete años presentó más de ocho proyectos en el Concejo Deliberante de Berazategui, consolidando un espacio reconocido en la zona sur.
Una violencia que no es aislada
El Informe Anual sobre Crímenes de Odio contra Personas LGBT+, elaborado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), señala que las personas trans continúan siendo el grupo más afectado por hechos de violencia letal motivados por prejuicio en el país. A su vez, el informe “La revolución de las mariposas”, realizado por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) junto a la Fundación Huésped, documentó los altos niveles de exclusión laboral, precariedad habitacional y la histórica baja expectativa de vida que atraviesa al colectivo travesti-trans en Argentina. En ese contexto, la combinación entre identidad de género, migración y afrodescendencia profundiza aún más las barreras estructurales.
En 2018, la justicia argentina reconoció por primera vez la figura de “travesticidio” en la condena por el asesinato de la activista Diana Sacayán, referente histórica del movimiento trans. El fallo estableció que la violencia contra personas travestis y trans no puede analizarse como un crimen aislado, sino como parte de una matriz estructural de discriminación. Ese precedente marcó un avance en el reconocimiento judicial de la violencia estructural que atraviesa al colectivo travesti-trans.
Organizarse para no callar
Cuando se le pregunta qué mensaje daría a otras mujeres trans que atraviesan violencia, su respuesta es clara. “Que denuncien, que lo hablen, que busquen referentes”. Reconoce que los espacios de contención no siempre son suficientes, pero existen y cumplen un rol fundamental. “Como el caso del Centro Integral Marcelina Meneses o las compañeras de OTRANS en La Plata, hay referentes que vienen demostrando a través de los años el acompañamiento en situaciones de violencia por razones de género, por razones de nacionalidad y por razones de raza. Es importante hablarlo, comentarlo, buscar el asesoramiento adecuado para que puedan darte las herramientas necesarias y salir de ese círculo que es la violencia”.
También plantea la necesidad de sostener y fortalecer el marco normativo vigente. Reivindica la Ley N.º 25.871 y advierte sobre la importancia de que las personas migrantes conozcan sus derechos y deberes. “La información es clave”, dice. “Acceder al conocimiento de tus derechos te permite vivir como corresponde en este país”.
Micaela no desconoce la gravedad del momento político, pero tampoco renuncia a una idea que repite con convicción: Argentina ha sido históricamente un país de acogida y un referente regional en derechos humanos y en políticas hacia la comunidad LGBT. Para ella, esa tradición no debe perderse.
Su historia no es solo una agresión y una condena. Es también la historia de una mujer que continúa sosteniendo su espacio comunitario, organización y redes de acompañamiento en un contexto donde los discursos de odio impactan directamente en el territorio. Es, además, un recordatorio de que las palabras no son inofensivas. Tienen efectos reales en cuerpos concretos. Y cuando la violencia se denuncia y se investiga, puede encontrar una respuesta institucional.
La violencia que sufrió no puede leerse únicamente como un hecho de inseguridad. Se inscribe en una trama donde género, nacionalidad, raza y militancia territorial se entrecruzan. Esa interseccionalidad explica tanto la exposición a la violencia como la potencia de su organización comunitaria.
En un contexto de creciente polarización, el caso de Micaela nos lleva a preguntarnos qué sociedad se construye cuando se señala a un sector como enemigo y qué responsabilidad tienen quienes ocupan cargos públicos en ese señalamiento. Su respuesta, desde el territorio, es firme: “Organizarse, denunciar y seguir trabajando por una comunidad más justa”.
Contenidos relacionados:
Doble frontera: el informe de CAREF que expone las barreras de la migración trans en Argentina
Abogada del sur del conurbano bonaerense. Escribe y acompaña procesos vinculados a la movilidad humana y a las desigualdades de género, con enfoque en derechos humanos.
