La Fundación para el Desarrollo Humano Integral presentó un informe que denuncia el carácter xenófobo del DNU 366/2025 y su impacto regresivo sobre los derechos de las personas migrantes en Argentina. El documento también propone líneas de acción colectiva frente a la reforma.
El pasado martes 5 de agosto, la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI), vinculada al movimiento Patria Grande, presentó un informe sobre la situación de los derechos de las personas migrantes en Argentina en 2025. El trabajo surge como una respuesta al DNU 366, que propone modificar varias leyes que impactan sobre las condiciones de las migraciones, principalmente la Ley de Migraciones N.º 25.871.
Asistieron a la presentación personas migrantes representantes de organizaciones como la Unión de los Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Allí pudieron relatar las dificultades y las acciones que han llevado a cabo para confrontar las medidas regresivas de la reforma migratoria. El espacio también sirvió para estrechar los vínculos y fortalecer los lazos políticos entre los grupos y la Fundación.
Presentación del informe sobre la situación de los derechos de las personas migrantes en Argentina. Foto: Maren Souza
El informe
El informe, elaborado por Raúl Palencia, Daniela Galvis Restrepo y Gonzalo Armua, del equipo de Política Internacional y Unidad Latinoamericana/Derechos Migrantes, tiene como objetivo:
Sistematizar las principales políticas y discursos del gobierno nacional que vulneran los derechos de la población migrante desde su asunción hasta el DNU 366 de mayo de 2025 y (…) reafirmar la defensa de la Ley Nacional de Migraciones 25.871 y su enfoque de derechos humanos; fortalecer las redes de acompañamiento social, jurídico y político; y convocar a una militancia decidida que enfrente el odio con organización, el ajuste con solidaridad y el racismo con comunidad.
Para ello, lxs autorxs realizaron un análisis detallado de los principales puntos del decreto, confrontando los argumentos presentados por el gobierno con datos oficiales y de organizaciones especializadas. Como consecuencia, el informe evidencia el carácter estigmatizante de este DNU hacia la población migrante, que se sostiene en narrativas xenofóbicas y fomenta discursos de odio, contribuyendo a la construcción de la figura del “migrante como enemigo interno” responsable del aumento de la inseguridad, el desempleo o la falta de calidad y atención de los servicios públicos.
El DNU 366/2025 hace uso de esta fórmula y detalla, en la justificación del decreto, un escenario que, careciendo de evidencias, puede resultar poco probable, pero que funciona como un “cuento del cuco” para alimentar la idea de una inseguridad creciente si no se reforma la ley migratoria. El decreto plantea hipótesis falsas y no sustentadas, como la supuesta afluencia masiva de personas migrantes, pese a que los datos muestran lo contrario.
Una de las cuestiones más importantes abordadas por el informe, desde el punto de vista de los estereotipos sociales, es el supuesto aumento de la inseguridad causado por las migraciones. Pese a todo el discurso impulsado por el gobierno y su ejército de trolls en redes sociales, según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), en 2023, solo el 6 % de la población carcelaria en Argentina estaba compuesta por personas migrantes, unas 6.900 personas.
Además, el informe de la Fundación DHI deja claro que no solo la población migrante no genera un aumento de la violencia, sino que también tiene una importante contribución a la economía del país. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2022, las personas migrantes aportaron 23.245 millones de dólares de un total de 512.995 millones producidos por Argentina, lo que representa un 4,5 % del PBI total.
Este informe es un punto de partida para pensar una perspectiva estratégica de unidad que permita luchar contra los retrocesos impuestos por el gobierno en el área de migraciones. En la presentación, lxs autorxs exhibieron su propuesta de acción, anclada en cuatro frentes —parlamentario-institucional, comunicación, articulación y territorial-comunitario— que será puesta en marcha en los próximos meses.
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Es Licenciado en psicología por la Universidade Estadual Paulista (UNESP/Brasil), con un magíster en Derechos Humanos y Sociedad, Migrante brasileño, reside en la Argentina desde 2018. Actualmente cursa la carrera de periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).
