Un fuerte operativo policial que contó con camiones, vallas, allanamientos y mercadería incautada, se desplegó en el Barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires durante la madrugada del viernes 14 de febrero. Así, se bloquearon al tránsito nueve manzanas de la zona, con el objetivo de realizar allanamientos a depósitos y locales donde se guardaba presunta mercadería ilegal de vendedores ambulantes que comercializan en la zona. El operativo buscó desalojar a cerca de 5000 trabajadores.
En declaraciones a diferentes medios de comunicación, el Jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri, quién estuvo a cargo del procedimiento, afirmó que “la usurpación genera inseguridad, desorden, suciedad y una competencia desleal para los comerciantes. También mucha incomodidad para los vecinos, quienes no pueden circular y tienen que convivir con las veredas ocupadas”.
Participaron del operativo funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Espacio Público, de la Agencia Gubernamental de Control, agentes de Tránsito y personal de la Dirección Nacional de Migraciones. El Ministro de Seguridad, Waldo Wolff, adujo que “tras una profunda investigación de la Policía de la Ciudad en colaboración con la Justicia, este operativo vino a traer orden y seguridad al barrio de Flores. Hoy saldamos una demanda histórica de los vecinos, como lo hicimos en Once, Parque Patricios, Retiro, Constitución y Parque Centenario. El orden en la calle no se negocia”.
El trabajo informal en Argentina
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la venta ambulante se enmarca dentro del sector informal de la economía y concentra gran parte de la población de trabajadores migrantes, con frecuencia en condiciones de vulnerabilidad, inseguridad y exclusión.
En Argentina, el empleo informal ha aumentado en los últimos meses. De acuerdo a los datos del INDEC, en el tercer trimestre de 2024, la tasa de informalidad alcanzó el 36,7% entre los asalariados, lo que implica que casi cuatro de cada diez trabajadores en relación de dependencia no están registrados en la seguridad social.
En una entrevista brindada a este medio, Omar Guaraz, representante del sindicato de vendedores libres (que forma parte de la CTA de los trabajadores) afirmó que “la actividad que realizan los manteros en Flores, es una actividad que se desarrolla para obtener su sustento diario en un contexto donde hay 12 millones de trabajadores informales y se hace cada vez más difícil conseguir un trabajo en blanco. En un año de gobierno de Javier Milei la cantidad de manteros se duplicó, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de 25 mil a 50 mil, como en el resto del país, de 300 mil a 500 mil trabajadores”.
La precarización del mercado de trabajo impacta fuertemente en los sectores más vulnerables y la situación de los inmigrantes que se dedican a la venta callejera no es la excepción. “En Flores, puntualmente, confluyen trabajadores de nacionalidad peruana, senegalesa, boliviana, venezolana y haitiana que representan entre el 70 y el 80% del total, sin embargo, en el último año han aumentado los manteros de nacionalidad argentina. Parque Centenario es un ejemplo de esto, donde muchos jubilados, afectados por las políticas económicas de ajuste del actual gobierno, se vuelcan a la venta en la vía pública” afirmó Guaraz.
El comercio callejero como un fenómeno político, económico y social
La venta ambulante ha significado una problemática global histórica en la que convergen cuestiones políticas, económicas y sociales. En Argentina, con la sanción del DNU 70 del año 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri, que apuntó hacia la modificación de la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871, las prácticas de regulación de la movilidad evidenciaron un marcado endurecimiento en cuanto al control ejercido sobre las poblaciones migrantes dado que intensificaron aquellas asociadas a la acción penal y policial. Si bien el DNU fue derogado en 2021, el instrumento dió lugar a la incorporación de nuevas prácticas punitivas sobre la población migrante, a la vez que contribuyó a consolidar en el imaginario colectivo la vinculación de ciertos grupos de migrantes con diferentes actividades criminales o ilegales. Esto, sumado a la pandemia de COVID-19 en el año 2020, ha planteado un escenario cada vez más complejo para aquéllos que utilizan la venta en el espacio público como una estrategia de supervivencia.
La regulación de la actividad está siempre sujeta a criterios discrecionales aplicados por la gestión de turno. En este sentido, Guaraz afirmó que “el año pasado, Jorge Macri empezó con una política de desalojar a los trabajadores del espacio público. Comenzó con Constitución, Retiro, Parque Centenario, Parque Patricios, hasta que el 4 de octubre llegó a Once, que es donde hay unos 4500 manteros. Se montó un megaoperativo para impedir que comercialicen los manteros, pero tampoco se les da lugar dentro de la ley. El último lugar que quedaba era Flores, lugar al que los vendedores migraron, pero producto de este operativo, unos 9000 trabajadores fueron afectados”.
En relación a las propuestas presentadas para intentar dar una solución a la problemática, Guaraz manifestó que “he presentado un proyecto de ley para regular la venta en el espacio público, reglamentado y para que los trabajadores aporten impuestos, pero el mismo se ha cajoneado”.
Los trabajadores senegaleses, una vez más en el ojo de la tormenta
La comunidad inmigrante de orígen senegalés que se dedica a la venta ambulante es la que ha recibido los golpes más duros por parte del Estado argentino y sus mecanismos de control. En los últimos años, múltiples organizaciones a través de sus páginas web, han advertido la violencia perpetrada hacia dicha comunidad. En consonancia, Guaraz manifestó que “tanto en el Gobierno de Mauricio Macri como en este, hay una clara ofensiva antiinmigrante. El día del operativo, donde se vallaron los lugares para incautar la mercadería, se metieron dentro de los domicilios privados sobre todo de senegaleses, donde les sacaron el dinero que tenían producto del trabajo realizado. Además, había como 6 o 7 camionetas de migraciones con el objetivo de meter miedo a los vendedores inmigrantes”.
Tal como advirtió en 2018 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), durante la vigencia del DNU 70/2017 se desplegaron “operativos policiales desproporcionados para perseguir a vendedores ambulantes, en su mayoría de nacionalidad senegalesa, allanamientos violentos e injustificados, intimidación constante, hostigamiento y reiterados episodios de violencia física y verbal contra trabajadores senegaleses, ejercidos por la Policía de la Ciudad.”
En esta línea, Guaraz nos cuenta que “fueron épocas muy duras las de Mauricio Macri. Actualmente no se ha llegado a un nivel como lo que se vivió con Mauricio Macri, cuando los migrantes eran objetivos cotidianos, tuvimos 7000 mil senegaleses detenidos en 3 años. Una política clásica de la derecha, donde se construye al migrante como un enemigo interno, como enemigo del comercio”.
Estigmatización y segregación en los discursos políticos
En tiempos donde los discursos de odio desde el poder político hacia los grupos minoritarios más vulnerables son una constante, las palabras de algunos funcionarios tienden a reproducir lógicas de estigmatización y segregación sobre estos colectivos al vincularlos con delitos de distinta gravedad. Así, la violencia mediática se erige como un mecanismo que intimida a aquellos inmigrantes que se sirven de la venta callejera para poder acceder a bienes y servicios básicos.
Las palabras expresadas tanto por el Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, como por el Ministro de seguridad, Waldo Wolff, en medios televisivos y cuentas personales para hacer una estricta vinculación entre los trabajadores ambulantes y categorías como “ilegalidad, desorden, suciedad”, o a flagelos como “las mafias” o las “redes ilegales”, son un claro ejemplo de estigmatización para con los trabajadores inmigrantes.
Además, las imágenes difundidas hablan por sí solas.
En este sentido, Guaraz nos comparte que “las campañas de difamación repercuten en la clase media porteña, ya que muchos son reaccionarios frente a estas actividades. Sin embargo también hay un sector que defiende a los laburantes, porque no es un chorro, entonces ven y hacen notar esa injusticia. El vecino solidario se expresa en la práctica, encara al policía y cuestiona el operativo… el que pone el cuerpo es el ciudadano que identifica al vendedor, que no lo excluye por su nacionalidad”.
Vale destacar que ningún dispositivo de control opera estricta e inocentemente desde lo legal o ilegal, sino que también lo hace desde categorías sociales históricamente construidas, como la raza, el género, el idioma, la clase o la edad. Así, los trabajadores ambulantes se convierten una vez más en el blanco fácil de un gobierno que celebra la represión y la reproducción de la discriminación, la segregación y la precarización laboral.
En palabras de Guaraz “el mantero es valiente por naturaleza, la calle es su lugar en el mundo y no tiene tiempo para deprimirse. Lo que está ocurriendo hoy, al perseguirlos, al acorralarlos, es generar más y más violencia para mostrar a la sociedad una sensación de orden que, en la realidad, no existe”.
Imagen de portada: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (licencia bajo CC BY 2.5 AR, sin cambios)
Amante del Jazz, el tenis, el yoga y los idiomas.
La temática migrante condensa algunos pilares que, desde mi punto de vista, son de suma importancia en cuanto seres intrínsecamente sociales: la empatía, el diálogo y el intercambio cultural como formas de construir una mundo más justo, sustentado en el amor y la hospitalidad.
