En la gramática del dolor latinoamericano, la palabra «desaparecido» tiene una carga histórica precisa, ligada al terrorismo de Estado. Sin embargo, hoy emerge una nueva categoría de ausencia: la de las migrantes que se desvanecen en rutas cada vez más letales, que mueren sin documentos, que son enterradas sin nombre, y que —una vez dentro del sistema— vuelven a desaparecer. Para Luis Fondebrider no estamos ante un error del sistema sino ante una forma de administración política de la invisibilidad.
Hay personas cuyo trabajo consiste en devolverle el nombre a los muertos. Luis Fondebrider es una de ellas. Miembro fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organización que integró durante 37 años, los últimos veinte como director ejecutivo. Entre 2021 y 2022 dirigió la Unidad Forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Ginebra. Su trabajo ha sido clave en la identificación de víctimas en conflictos armados, desastres masivos y contextos humanitarios en general en más de 60 países. Actualmente trabaja como consultor independiente en ciencias forenses, radicado en España. En ese recorrido, construyó una mirada que pocos tienen: la de quien pasó de investigar las desapariciones de la última dictadura argentina a enfrentarse, a escala global, con otra forma de invisibilidad: la de las personas migrantes que mueren sin documentos, son enterrados sin nombre y vuelven a desaparecer dentro del propio sistema que debería identificarlos. Esta conversación explora esa tensión: qué tienen en común ambos fenómenos, qué los distingue, y por qué —para él— lo que se juega en las fronteras de hoy no es un problema técnico sino político.
Una distinción de naturaleza
Es inevitable trazar un puente entre el trabajo del antropólogo con las víctimas de la última dictadura militar argentina y su labor actual en las fronteras del mundo. Pero él es taxativo al marcar una frontera conceptual: no son fenómenos que deban compararse de forma directa, y hacerlo sería un error.
«Hay que ser muy cuidadosos y no comparar estos procesos directamente porque son de naturaleza diferente», aclara. En la dictadura, el Estado era el ejecutor directo: el que secuestraba, asesinaba y ocultaba los cuerpos bajo un plan sistemático. Argentina fue quizás el primer país del mundo en investigarlo de forma sistemática —con más de 400 centros clandestinos de detención y un esquema de ejecución extrajudicial que marcó la historia del derecho internacional humanitario—, afirma. En la crisis migratoria contemporánea, la muerte suele ocurrir de otra manera: por accidentes, por el clima hostil del desierto o del mar, o por bandas criminales que operan ante la inacción estatal. «No necesariamente el Estado es el que los mata. La gente a veces muere de muertes naturales en el desierto o cruzando el Darién en Panamá, o a veces por la acción de bandas organizadas que les cobran para cruzarlos de un lugar a otro».
Hay, también, otra diferencia estructural que él menciona: en el caso de las personas migrantes no hay certeza de la muerte. «El familiar espera muchas veces que el migrante esté vivo, y muchas veces está vivo en los lugares intermedios o en los lugares de destino». Esta incertidumbre —no saber si el ser querido está vivo o muerto— configura una experiencia del duelo distinta, que varía también, en sus palabras, «con las cuestiones culturales y religiosas de cada país», y que agrava la dificultad de cualquier proceso de búsqueda formal.
Y sin embargo, hay un punto de contacto que sí sostiene. Lo que comparten ambos fenómenos es la desidia estatal frente al cuerpo ya fallecido: una omisión administrativa que permite que el tiempo borre la identidad y convierte a las instituciones en cómplices de una desaparición que ya no es forzada por acción sino por omisión, burocracia y falta de voluntad política.
El Proyecto Frontera: cuando los muertos necesitan cruzar la frontera que los mató
Fondebrider comenzó a trabajar con personas migrantes en México alrededor de 2007, tras una experiencia previa desde 2003 con los feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua. En 2009, junto con organizaciones que nuclean a familias de personas migrantes en distintos países de América Latina, se formalizó el Proyecto Frontera, que sigue activo hasta hoy.
El Proyecto busca resolver uno de los problemas más concretos de la identificación transnacional: una persona desaparece en un país, pero su historia —sus tatuajes, sus cicatrices, su historia dental, las fotos que guardaba su madre— quedó en otro. El sistema construido por el Proyecto intenta que esos datos de los familiares en Centroamérica puedan cruzarse con los restos hallados en las rutas de México o del lado estadounidense de la frontera. Es un intento de reconstruir el mapa de la identidad que la burocracia se empeña en desdibujar: hacer que la información ante-mortem viaje más rápido que la inacción de los Estados, que suelen funcionar como compartimentos estancos sin coordinación entre sí.
«Lo más complejo que detectamos es la falta de coordinación entre las instituciones del Estado: entre los consulados de los países de Centroamérica en Estados Unidos, dentro del propio territorio estadounidense entre los distintos countries, y entre los distintos niveles: local, federal, regional. La falta de presupuesto hace que la persona migrante muerta o desaparecida se transforme en una ciudadana de segunda clase donde se le da poca atención y los familiares quedan solos, en sus lugares de origen, sin poder acceder por falta de recursos a esos cuerpos que muchas veces no tienen ni los datos básicos de cómo era la persona en vida».
La diferencia entre el modelo latinoamericano del Proyecto Frontera y el modelo europeo es también para Fondebrider una diferencia política. En América Latina, el esquema integra instancias intermedias del Estado —defensorías del pueblo, procuraciones de justicia, consulados— junto con organizaciones de la sociedad civil de familiares, en la gestión de lo que llaman los bancos de datos forenses. «Esa quizás es también la diferencia fuerte que tenemos con Europa, donde la gestión es más policial. Pensamos que esa es la manera de hacerlo: porque son las propias organizaciones junto con organismos del Estado no policiales los que gestionan y manejan esta información».
¿Crisis coyuntural o falla estructural?
El antropólogo es claro en algo que los discursos de urgencia humanitaria suelen eludir: la migración no es un fenómeno nuevo. «Ocurre hace muchos, muchos años. Lo que está teniendo de novedoso es la visibilidad». Lo que ha cambiado no es la migración en sí sino la respuesta de los Estados, que se ha vuelto sistemáticamente más represiva y más restrictiva, empujando a las personas hacia rutas donde la muerte es casi un resultado esperable.
«A pesar de los esfuerzos que están haciendo los Estados, no están colaborando para terminar con este proceso: lo están haciendo con medidas represivas, restrictivas, que no es lo que espera la gente». La política de Estados Unidos de cerrar la frontera sur ha sido, en sus palabras, «bastante parecida» durante los últimos años, independientemente de la administración. Y en Europa, las últimas resoluciones comunitarias han generalizado esa posición, haciendo que tanto la Unión Europea como Estados Unidos construyan lo que describe como una especie de persecución al inmigrante irregular que trata de ingresar por agua o por tierra a los países de destino.
El resultado es predecible: más muertes en rutas más peligrosas. El corredor del Mediterráneo Central, el desierto de Sonora, la selva del Darién. Y una característica que agrava todo: muchos de estos cuerpos nunca aparecen. «A diferencia de los desaparecidos clásicos, donde muchas veces hay esperanza de encontrar el cuerpo, en estos casos nadie va a pagar millones de dólares para buscar un barco en el fondo del océano. Entonces es, de alguna manera, un desaparecido que nunca va a aparecer. Es un mensaje muy terrible para los familiares».
El problema de los familiares que buscan desde países de origen con presencia estatal casi nula es también estructural. «En el interior de Nigeria, por ejemplo, cuesta mucho hacer un reclamo a la capital. No tienen dinero para contratar abogados». Y la dificultad no borra el dolor: «No saber dónde está su ser querido, no saber si está vivo o muerto —eso no cambia».
A este escenario, Fondebrider le suma otro flagelo que no suele aparecer en los diagnósticos institucionales: toda una industria ilegal de grupos que prometen cruzar a una persona de un lado al otro y que les cobran por hacerlo. Operan especialmente en lugares donde la presencia del Estado es muy escasa —Libia, dice, es uno de los ejemplos más notorios— y conviven, como en México, con estructuras del narcotráfico. «Son uno de los flagelos más importantes del proceso», afirma. No son un fenómeno paralelo a la crisis migratoria: son parte constitutiva de ella, y se alimentan directamente de la desesperación que producen las políticas restrictivas.
El mito del ADN: la solución es política y no científica
En la era de la tecnología, tendemos a creer que un laboratorio de última generación resolverá el problema de la desaparición por sí solo. El antropólogo desmonta esa ilusión con precisión.
En muchas partes del mundo con altas tasas de migración —España, Italia, Grecia, Estados Unidos, Reino Unido, México, Sudáfrica, los Emiratos Árabes Unidos, entre los casos más notorios— las personas migrantes indocumentadas no suelen ser bienvenidas por las autoridades locales, y las fuerzas policiales no muestran precisamente empatía con ellas. Cuando las personas migrantes mueren —en el puerto de origen, en tránsito o al llegar a destino— los servicios estatales, con pocas excepciones, las tratan como «cuerpos no identificados de segunda clase». Permanecen en morgues durante un tiempo y luego son enterradas en tumbas anónimas. Los Estados rara vez hacen esfuerzos significativos para identificarlas, salvo en casos individuales muy específicos.
En ese contexto, el ADN se convierte en una herramienta vacía. No porque la ciencia falle, sino porque la cadena previa —social, institucional, política— está rota. En este marco, abre varias preguntas: «¿Cómo puede la familia de un migrante indocumentado pedir ayuda a la policía? ¿Cómo se utilizará la información que proporcionan? ¿Quién la conservará? ¿Con quién la compartirán? Todas preguntas legítimas con respuestas poco claras». Mientras no haya confianza, no hay muestras biológicas. Sin muestras biológicas, la tecnología es un recurso ocioso. «El ADN no es la solución principal, y solo es una pieza más en este complejo rompecabezas. Las familias no suelen confiar en la policía, así que ¿cuál es la solución? Es política, no científica».
La burocracia del olvido y los cuerpos de segunda
Fondebrider observa cómo en países de los cinco continentes se normalizó lo inaceptable: el entierro rápido como política de Estado. Y es cuidadoso en señalar algo que resulta controversial: esta normalización no siempre responde a una intención explícita de hacer desaparecer a las personas migrantes. «Esto que mencionás no está hecho con intención por los Estados. Ningún Estado quiere que desaparezcan los migrantes». Lo que hay, en cambio, es una acumulación de fallas sistémicas: la falta de recursos en los servicios forenses, la ausencia de coordinación entre instituciones, las diferencias presupuestarias entre jurisdicciones. «Es como muy parecido a un desastre masivo donde diferentes áreas del Estado intervienen. No solamente una morgue: hay funcionarios a diferentes niveles, locales, federales, regionales».
El resultado de esa acumulación es estructuralmente el mismo que si hubiera habido intención: la persona migrante muere sin nombre, pasa brevemente por una morgue, y es enterrada de forma anónima. Desaparece por segunda vez. La identidad que el Estado debería restituir queda enterrada con el cuerpo.
Lo que sí constituye una decisión, aunque sea por omisión, es no cambiar esto. No establecer protocolos. No asignar presupuesto. No exigir coordinación transnacional. Cada entierro rápido tiene, detrás, una decisión administrativa que lo autoriza.
El fin de la delegación
Fondebrider lanza una advertencia sobre el futuro del modelo vigente: los organismos internacionales que hoy cubren los vacíos que dejan los Estados no van a estar siempre. «El CICR había sido la principal organización internacional que trataba con los migrantes, y por supuesto la OIM, pero el CICR no va a estar presente para siempre, y los Estados tendrán que dejar de delegar sus responsabilidades».
Actualmente, la OIM —el organismo de Naciones Unidas dedicado a la migración— y la Cruz Roja prestan servicios que corresponden a los gobiernos. En Europa, a pesar de que en los últimos diez años surgieron numerosas ONG intentando coordinar actividades, el apoyo de los Estados sigue siendo, en sus palabras, «bastante débil». La excepción reciente es España: en el momento en que esta entrevista fue realizada, el gobierno español acababa de iniciar un proceso de regularización de 500.000 migrantes. El antropólogo lo menciona con la precisión de quien sigue el pulso de las políticas en tiempo real —«hoy justo comenzó»— y con cautela: «lo está haciendo con muchas dificultades por cuestiones políticas». Es, en su lectura, la única apuesta dentro de un continente que se mueve en sentido contrario. El resto de los países europeos no solo no regulariza: endurece. Esa soledad de España en el mapa europeo dice más sobre el estado general de las políticas migratorias que cualquier declaración institucional.
La única salida estructural pasa por construir capacidad estatal forense en los países con instituciones débiles o politizadas. Y eso depende de algo que no puede delegarse a la cooperación internacional: la voluntad política. «Todo depende más que nada de la voluntad política de cada Estado. Si no hay voluntad política de tratar esto seriamente —con presupuestos, con recursos humanos, con coordinación—, las cosas van a seguir como hasta ahora».
En ese marco, la pregunta por los modelos alternativos —los que no pasan por la policía, los que generan confianza en las familias para entregar datos y muestras— conduce inevitablemente a la sociedad civil organizada. Fondebrider valora el rol de grupos como las madres buscadoras de México, pero hace una distinción que importa: esos grupos no buscan personas migrantes. Buscan víctimas del narcotráfico, personas desaparecidas por la violencia del crimen organizado en territorio mexicano. Surgieron como respuesta espontánea ante la desesperación y la ausencia del Estado frente a una crisis forense de proporciones —miles de cadáveres sin identificar, fosas clandestinas, instituciones que no dan respuestas—. Y por eso mismo, para él, no son un modelo a promulgar sino una señal de alarma: «No debería existir el trabajo de grupos como las madres buscadoras, porque eso le corresponde al Estado». Que existan y que sean necesarias es el síntoma, no la solución
Del diagnóstico a la acción política
Al final de la conversación, volvemos al punto de partida. El primer paso de un gobierno que decida dejar de tratar a las personas migrantes como cuerpos de descarte no es comprar tecnología más avanzada ni lanzar una campaña de sensibilización. Es una decisión de poder.
«La solución es política y no científica». Lo que hace falta es establecer protocolos de coordinación transnacional, garantizar canales seguros para que las familias busquen a sus seres queridos sin miedo a la persecución, y asumir que la identificación de los muertos es una política de Estado y no una tarea que se terceriza.
Mientras eso no ocurra, la respuesta estatal seguirá siendo la represión para los vivos y la invisibilidad para los muertos. Y el mapa de las fronteras seguirá siendo, también, un mapa de fosas comunes.
Para profundizar en los datos estadísticos sobre rutas migratorias y muertes documentadas, el Missing Migrants Project de la OIM sistematiza información desde 2014 hasta el presente: missingmigrants.iom.int
Antropóloga. Se especializa en el campo de la antropología forense, particularmente en temas como las desapariciones en democracia y la violencia de género. Su familia tiene raíces en Alessandria, Calabria, Cataluña y Roma. Le gusta el mar, escribir, viajar y conocer nuevas historias.
