El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, impulsa un corredor humanitario regional para el retorno de personas migrantes en situación irregular, en un contexto marcado por el éxodo venezolano y el avance de políticas migratorias restrictivas en América Latina.
El éxodo venezolano, provocado por años de deterioro económico, social y político bajo la dictadura de Nicolás Maduro, sigue marcando la agenda migratoria de Latinoamérica. En este contexto, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, impulsa una iniciativa que presenta como una respuesta regional: la creación de un “corredor humanitario” para el retorno, y eventual expulsión, de personas migrantes en situación irregular.
Un contexto regional incierto
La propuesta de Kast comenzó a gestarse antes de los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela. Sin embargo, en los últimos días, la situación del país volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional a raíz de la intervención directa de Estados Unidos, que abrió un escenario de fuerte incertidumbre política. Aunque parte de la diáspora venezolana celebró la salida de Maduro del poder, el panorama interno sigue siendo inestable y persisten interrogantes sobre las condiciones de seguridad, gobernabilidad y garantía de derechos.
En este escenario, el propio Kast sostuvo que el nuevo contexto político podría hacer “más fácil” el retorno de migrantes, sugiriendo que un cambio en las autoridades venezolanas facilita la cooperación necesaria para implementar mecanismos de devolución coordinados a nivel regional. Para la población venezolana, y en particular para quienes migraron, este escenario no representa una señal clara de retorno. El contexto sigue siendo inestable, y las garantías para un regreso seguro, voluntario y sostenible son inciertas.
¿Qué propone el corredor humanitario de Kast?
Kast plantea la creación de un mecanismo interestatal coordinado para facilitar el retorno de migrantes en situación irregular desde Chile —y potencialmente desde otros países de la región— hacia sus lugares de origen. Según el propio Kast, el corredor está enfocado en facilitar salidas “voluntarias y ordenadas” para quienes entraron sin documentación o permanecen en situación irregular.
La gestión migratoria ocupó un lugar central durante su campaña electoral, en la que fue presentada como un problema de orden y seguridad en el país. Su discurso, que se inscribe en una narrativa explícita de expulsión, hace del retorno una política central de gestión migratoria, desplazando cualquier enfoque orientado a la regularización o integración.
En paralelo, según informó El País, el primer proyecto de ley migratoria que impulsará su gobierno busca volver a tipificar el ingreso irregular a Chile como delito penal, una figura que fue eliminada en 2022. Sin embargo, exfuncionarios advierten que esta medida tendría una efectividad limitada y generaría una fuerte presión sobre un sistema judicial y penitenciario ya saturado. Además, la experiencia previa muestra que la criminalización del ingreso irregular puede tener efectos contraproducentes, dificultando el acceso al asilo y reforzar la criminalización de personas que requieren protección internacional.
Una estrategia regional de retorno
El mandatario sostiene que de los cerca de 2 millones de migrantes en Chile, al menos 300 mil estarían en situación irregular. Es por esto, que el presidente insiste en una iniciativa que requiere coordinación regional, por lo que mantuvo conversaciones sobre el tema con mandatarios de la región.
Presentada como un esfuerzo de cooperación regional, la iniciativa ya comenzó a tomar forma. En las últimas semanas, Kast mantuvo reuniones con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y con su par argentino, Javier Milei, quien recientemente impulsó en Argentina una reforma migratoria orientada al endurecimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de migrantes. Estos contactos reflejan un clima regional cada vez más alineado con enfoques restrictivos de migración, en el que la coordinación entre gobiernos se articula principalmente en torno al retorno, más que a la ampliación de mecanismos de protección o regularización.
Además, Kast ya anunció que viajará a Lima este martes para reunirse con autoridades peruanas con el objetivo de avanzar con la creación del corredor, así como también solicitó a Colombia y Brasil sumarse a la iniciativa. Aún antes de que se concrete la reunión con Perú, el presidente José Jerí descartó públicamente la implementación de un corredor humanitario en los términos propuestos por Kast. Señaló que su gobierno prioriza una estrategia basada en el refuerzo del control fronterizo, al vincular la migración irregular con la inseguridad interna. En este marco, las autoridades peruanas dejaron claro que no permitirán el ingreso ni el tránsito de personas migrantes en situación irregular por su territorio, descartando así la propuesta impulsada desde Chile. Ambos presidentes se juntarán para seguir debatiendo alternativas sobre el tema.
Críticas y cuestionamientos
El uso del concepto de “corredor humanitario” despierta cuestionamientos. Tradicionalmente, el término se asocia a mecanismos de protección de personas en contextos de crisis, diseñados para garantizar el paso seguro de personas en contextos de conflicto, persecución o crisis humanitarias. En la propuesta de Kast, en cambio, el término aparece ahora vinculado a políticas de control, devolución y expulsión.
Una vez más, se instala una narrativa que asocia migración con amenaza, bajo un lenguaje que oscila entre la asistencia y la coerción. En clave regional, estas iniciativas refuerzan políticas de externalización de fronteras, en la que los Estados trasladan la gestión migratoria a acuerdos bilaterales o multilaterales que priorizan el orden y la seguridad por sobre los derechos de las personas migrantes.
El debate migratorio en Chile ya estaba marcado por tensiones antes de la llegada de Kast al poder. En diciembre, según informó El Mostrador, más de 40 organizaciones sociales y académicos exigieron al entonces presidente Gabriel Boric un proceso urgente de regularización migratoria. Los reclamos apuntaban a que el empadronamiento biométrico voluntario no se había traducido en soluciones concretas para miles de personas que continúan en situación irregular. Este vacío entre el registro y una regularización efectiva es el contexto que habilita el avance del discurso del nuevo gobierno en torno al corredor humanitario. En contraste con los reclamos por ampliar las vías de regularización, el nuevo gobierno plantea una estrategia centrada en la coordinación regional para el retorno de personas migrantes.
La securitización en la agenda regional
Este enfoque refuerza una tendencia en América Latina hacia la securitización de la migración. El control fronterizo y las expulsiones ganan cada vez más centralidad frente a políticas de integración y regularización. La migración es un tema central en la disputa y agenda política, especialmente en contextos electorales y de crisis económica. El riesgo es que, bajo el lenguaje de la cooperación y la “humanidad”, se consoliden mecanismos de expulsión colectiva que debiliten los estándares de protección construidos en la región. El desafío para los Estados es gestionar la migración sin perder de vista su causa estructural, esto es, personas que huyen de crisis profundas, muchas de ellas originadas en regímenes autoritarios.
En este sentido, distintas voces del debate público chileno advierten que el desafío migratorio de 2026 no pasa por el endurecimiento de los controles, sino por avanzar hacia políticas que fortalezcan la regularidad y la gobernabilidad. Como señala una reciente columna de La Tercera, la persistencia de la irregularidad debilita la capacidad del Estado para planificar, integrar y garantizar convivencia social, y refuerza circuitos de informalidad y exclusión. Desde esta perspectiva, la regularización aparece no sólo como una herramienta de protección de derechos, sino también como un componente central de una gestión migratoria eficaz y sostenible.
Imagen de portada: el presidente electo de Chile, Jose Antonio Kast, en una entrevista durante su campaña electoral. | Foto: Equipo Kast
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Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés. Nacida en Francia, ha residido en Argentina y Chile. Cuenta con experiencia en gestión de personas refugiadas en el marco de su labor con ACNUR. Actualmente se desempeña como profesora de investigación en diversas instituciones educativas de la Ciudad de Buenos Aires.
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