Un análisis sobre la reactivación de los vuelos de deportación masiva en Estados Unidos y su resonancia con la memoria histórica de las modalidades represivas de la historia reciente en el Cono Sur.
Cada año, Estados Unidos deporta a cientos de miles de personas, en su mayoría hacia países de América Latina, según las estadísticas del informe Yearbook of Immigration Statistics del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). Una parte significativa de esas expulsiones se realiza a través de vuelos de deportación que trasladan migrantes a distintos países de la región, de acuerdo con la información oficial del programa ICE Air de U.S. Immigration and Customs Enforcement.
En Argentina, la memoria del terrorismo de Estado recuerda que el cielo también puede ser un espacio donde los Estados administran cuerpos lejos de la mirada pública. Cada tanto un avión despega desde el Aeroparque Jorge Newbery y cruza el Río de la Plata rumbo al sur. Desde la costanera se lo ve elevarse rápido hasta volverse apenas un punto en el cielo.
Hace casi medio siglo, ese mismo cielo fue escenario de una de las prácticas más siniestras de la última dictadura militar argentina (1976-1983): los llamados “vuelos de la muerte”. Personas secuestradas en centros clandestinos de detención eran sedadas, subidas a aviones militares y arrojadas vivas al mar o al río. El objetivo era desaparecer los cuerpos y borrar las huellas de la atrocidad, tal como documentó el informe Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
Décadas después, testimonios judiciales y causas como la megacausa ESMA permitieron reconstruir cómo funcionaba ese dispositivo clandestino de exterminio y juzgar a algunos de los responsables, según las sentencias del Tribunal Oral Federal N.º 5 en la megacausa ESMA.
El avión, en ese contexto, se convirtió en una herramienta para hacer desaparecer cuerpos lejos de la mirada pública.
Hoy, los aviones vuelven a aparecer en otro escenario político: el de las deportaciones masivas de migrantes.
No se trata de fenómenos equivalentes. Los vuelos de la dictadura formaron parte de un plan sistemático de exterminio y desaparición forzada. Las deportaciones actuales son parte de políticas migratorias estatales de carácter securitista.
Pero ambos fenómenos comparten algo más difícil de percibir: la utilización de la distancia, la logística aérea y el lenguaje administrativo para gestionar cuerpos fuera del campo de la mirada social.
La infraestructura de la deportación
En Estados Unidos, gran parte de las expulsiones de migrantes se realizan mediante vuelos organizados por el sistema federal de control migratorio. El programa conocido como ICE Air funciona como una red aérea que conecta centros de detención con distintos destinos en América Latina y otras regiones.
Las cifras muestran la escala del fenómeno. Según reconoció el propio DHS, en 2025 más de 622.000 personas fueron deportadas por el sistema migratorio estadounidense, una cifra que a pesar de su magnitud, como señala el Migration Policy Institute (MPI), es sin embargo inferior a las 778.000 personas deportadas en 2024 durante la administración Biden.
Si se observan las cifras más amplias del sistema migratorio, la dimensión es aún mayor: Estados Unidos registró alrededor de 1,1 millones de repatriaciones migratorias en 2023, incluyendo distintas formas de expulsión como deportaciones formales, retornos y expulsiones en frontera, según el Yearbook of Immigration Statistics del DHS.
La logística de estos procesos es altamente organizada: detención migratoria, traslado a centros de detención, procesamiento administrativo y finalmente remoción aérea hacia el país de origen o hacia otro destino.
Según las definiciones estadísticas utilizadas por el Departamento de Seguridad Nacional en sus reportes migratorios, en el lenguaje burocrático del sistema migratorio, el proceso se describe con términos como “removal, return o inadmissibility”. Perolas personas desaparecen detrás de esas palabras.
América Latina y el Caribe: el principal destino de los vuelos de deportación
Para esta región, las deportaciones desde Estados Unidos no son un fenómeno excepcional.
México, Guatemala, Honduras y El Salvador se encuentran entre los principales destinos de las deportaciones desde Estados Unidos. En distintos momentos recientes, estos países han recibido decenas de miles de personas expulsadas cada año, tanto migrantes detenidos en territorio estadounidense como aprehendidos en áreas fronterizas y transferidos posteriormente a custodia de ICE, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
En paralelo, el número de vuelos de deportación también ha aumentado. Investigaciones independientes registraron más de 200 vuelos de deportación en un solo mes en 2025, conectando centros de detención en Estados Unidos con distintos destinos internacionales, según el monitoreo de la organización Witness at the Border.
Migrantes latinoamericanos en el centro del sistema
Según surge de la lectura de las fuentes oficiales, la mayoría de las personas deportadas desde Estados Unidos provienen de América Latina, que ubican a México y a los países del norte de Centroamérica entre los principales países de origen de las deportaciones. Así, personas migrantes provenientes de regiones como Centroamérica, y de países como Colombia, Venezuela y México, forman parte de los flujos más visibles dentro del sistema migratorio estadounidense, según análisis del Migration Policy Institute y del Pew Research Center sobre las tendencias migratorias en Estados Unidos. Y las causas que explican esa movilidad son múltiples: violencia, desigualdad económica, crisis políticas, persecuciones y falta de oportunidades.
Según el informe del American Immigration Council sobre el sistema de detención migratoria, cuando esas personas quedan atrapadas en el sistema migratorio estadounidense, su recorrido suele seguir un patrón repetido: detención, traslado, proceso administrativo y finalmente un vuelo de deportación.
Externalizar la frontera
En los últimos años, además, se ha intensificado otra práctica que genera controversias legales y políticas: el envío de migrantes deportados a “terceros países”, es decir, países que no son ni su lugar de origen ni el país desde el que migraron.
Estos acuerdos forman parte de una estrategia conocida como “externalización de fronteras”, mediante la cual los países del norte global trasladan parte del control migratorio a otros Estados periféricos.
En ese contexto, distintos informes periodísticos señalaron recientemente que Argentina habría mantenido conversaciones preliminares con Estados Unidos para recibir deportados, según informes publicados por Reuters y el New York Times sobre negociaciones migratorias en América del Sur. Esta información, sin embargo, fue desmentida por el gobierno de Javier Milei.
El lenguaje que borra cuerpos
Las políticas migratorias contemporáneas rara vez se presentan como actos de violencia explícita. Aparecen envueltas en un lenguaje técnico que habla de procedimientos, controles y regulaciones.
Pero ese lenguaje también tiene efectos: cuando una persona pasa a ser nombrada como “inadmisible”, “removible” o “ilegal”, su historia individual queda subsumida a una categoría administrativa.
La deportación se vuelve un trámite.
El avión despega.
Y el problema parece desaparecer junto con él.
Memoria para mirar el presente
Cada 24 de marzo Argentina recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirma el compromiso colectivo con la memoria, la verdad y la justicia, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia establecido por la Ley 25.633.
Recordar los vuelos de la muerte no implica establecer equivalencias simplistas con otras realidades históricas.
Pero sí permite reconocer algo más profundo: las tecnologías, los procedimientos y los lenguajes a través de los cuales un Estado decide qué hacer con determinados cuerpos.
A veces esas decisiones se ocultan en la clandestinidad.
Otras veces se presentan como procedimientos administrativos.
Pero en ambos casos vuelve a aparecer una pregunta:
¿Qué ocurre cuando gran parte del mundo acepta que ciertas personas pueden ser expulsadas, desplazadas o borradas de la escena pública?
El cielo, después de todo, también puede convertirse en una frontera.
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Antropóloga. Se especializa en el campo de la antropología forense, particularmente en temas como las desapariciones en democracia y la violencia de género. Su familia tiene raíces en Alessandria, Calabria, Cataluña y Roma. Le gusta el mar, escribir, viajar y conocer nuevas historias.
