Aunque el departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano, destaca por su biodiversidad, su riqueza cultural y sus recursos naturales, en los últimos años ha sido escenario de una creciente crisis humanitaria. Enfrentamientos armados, amenazas a líderes sociales, desplazamientos forzados y desastres ambientales afectan a miles de personas. Sin embargo, frente a la violencia y el abandono estatal, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas continúan organizándose en defensa de sus territorios, su dignidad y su derecho a la paz.
El Cauca, uno de los 32 departamentos de la República de Colombia, es una tierra próspera con vastas reservas hídricas, una colorida biodiversidad y una riqueza de minerales como son el oro y la plata. Su identidad también se ve enriquecida por la confluencia de etnias que incluye a la población indígena, afrocolombiana y campesina.
Desde 2024, su deslumbrante belleza autóctona y ancestral ha sido opacada por el incremento de la violencia, los conflictos armados y el cambio climático. Estos eventos han forzado el desplazamiento de miles de personas y la suspensión de proyectos humanitarios. A pesar de ello, la lucha por el reconocimiento de derechos, la reivindicación de sus tierras y el anhelo por la paz, convierten al pueblo caucano en un ejemplo inspirador de diálogo y resistencia.
En 2024, en Colombia hubo 7,3 millones de personas desplazadas internamente debido a conflictos y violencia —es decir, personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a abandonar sus hogares y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida—. Estos desplazamientos se debieron a disputas territoriales entre grupos armados no estatales sobre zonas estratégicas y de producción minera y cocalera y hechos como asesinatos a líderes sociales, amenazas a la seguridad, confinamientos, desapariciones forzadas. También se registraron 91.000 desplazamientos internos a causa de desastres naturales, según el Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2025 del Internal Displacement Monitoring Center (IDMC).
El conflicto armado recrudece en 2024
Desde fines de la década de 1970, la presencia de actores armados como las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el M-19, entre otros grupos paramilitares, junto al narcotráfico y la ausencia del Estado han sido factores clave en el desencadenamiento de múltiples hechos de violencia. Estos incluyen enfrentamientos por el control territorial, disputas en torno al cultivo ilícito de coca y marihuana, y la minería ilegal, según señala la Comisión de la Verdad en su sitio web.
Tras la firma en 2016 de los Acuerdos de Paz de La Habana, orientados a poner fin al conflicto armado y construir una paz estable y duradera, se registró una disminución de las confrontaciones y atentados. Sin embargo, el vacío dejado por la guerrilla fue rápidamente ocupado por disidencias y grupos posparamilitares. En 2024, el conflicto recrudeció, lo que provocó un aumento en los desplazamientos internos. Estos se produjeron como respuesta a amenazas contra la seguridad, actos de intimidación, extorsiones, toques de queda y confinamientos impuestos por actores armados, según el IDMC (2025).
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés), en el departamento Cauca, unas 297.834 personas fueron afectadas por hechos de violencia entre mayo y junio de 2025. Los eventos que se presentaron en ese período incluyen la restricción al acceso humanitario, el uso de artefactos explosivos, acciones armadas y ataques contra la población civil.
Explosiones en Piendamó, ataques con drones contra un comando de la policía en Morales, y el asesinato del líder campesino Daniel Mauricio Trujillo en El Plateado-Argelia son algunos de los hechos que se produjeron en 2025. También, en mayo pasado, el Secretario del Estado Mayor Central (EMC) —una facción disidente FARC— publicó en redes sociales la prohibición de ingreso del Sistema de Naciones Unidas (SNU) a los territorios bajo su influencia dentro de Cauca. Esto derivó en la suspensión de misiones humanitarias de construcción de paz y desarrollo.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va del año 2025 se contabilizaron 73 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia. En el Cauca, entre 2016 y 2025, hubo 354 homicidios registrados de líderes y lideresas sociales.
Los desplazados por desastres naturales
En abril de 2024, la Corte Constitucional de Colombia decidió un fallo histórico en el que reconoce la existencia de desplazados internos por factores ambientales (Sentencia T-123 de 2024). Esta sentencia se suma al marco jurídico ya existente en Colombia en el que se reconoce la existencia de desplazados internos por violencia (Ley 1448 de 2011). La Corte obliga al Estado a otorgar una respuesta integral y, en particular, proteger a personas en situación de mayor vulnerabilidad como adultos mayores, campesinos, y mujeres que se han desplazado forzosamente por desastres naturales.
Según consigna el informe de OCHA, Entre mayo y junio de 2025, en Cauca, unas 45.000 personas se vieron afectadas a causa de inundaciones por fuertes lluvias, que generaron el desbordamiento de ríos. El desbordamiento del río Mocoa en Piamonte dejó a comunidades campesinas y poblaciones indígenas sin acceso a alimentos, agua potable y atención médica; y el desbordamiento de los ríos Mandiyaco y Caquetá en el municipio de Santa Rosa afectó a más de 20.000 personas de la comunidades indígenas Resguardo Inga Mandiyaco, y de los pueblos Yanacona, Kokonuko, impidiendo el acceso a clases y a la siembra.
Resistencia, acción colectiva, diálogo y lucha por la paz
A pesar de enfrentarse a desafíos ambientales y conflictos armados, las comunidades caucanas han trabajado colectivamente por la defensa de derechos, el desarrollo sostenible y la paz. Organizaciones no gubernamentales y centros de estudio como la Fundación Tierra de Paz e Indepaz realizan trabajos humanitarios y espacios de diálogos para acompañar a las iniciativas de los distintos actores sociales, incidir en políticas públicas, promover los derechos de las víctimas, las paz y la justicia, y proteger a las comunidades más vulnerables ante los riesgos de violencia y cambio climático.
Imagen de portada: Cauca, Colombia. Foto: “Caucá-4” por Catherine Ménard (CC BY 2.0, sin cambios)
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Es licenciada en Relaciones Internacionales y Magíster en Estudios Internacionales. Realizó una pasantía en la Embajada de EE. UU., siguiendo prácticas de derechos humanos en Argentina. Su familia, con asiento en la Patagonia, posee raíces españolas, italianas, sirio-libanesas y chilenas.
