En España, el pasado 18 de marzo, el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareció ante los medios para anunciar un acuerdo con Vox con el fin de aprobar los presupuestos autonómicos de la Comunidad. Sin embargo, su discurso generó preocupación entre las ONG regionales, ya que para hacer viable el acuerdo y tratar de consolidar su posición en el gobierno autonómico (tras su cuestionada gestión de las inundaciones de la DANA de fines del año pasado), Mazón accedió a varias de las demandas del partido de ultraderecha.
Entre los puntos más controvertidos del pacto destaca el rechazo a la distribución de los MENA (siglas para “Menores Extranjeros No Acompañados”) en el territorio nacional, una decisión que podría agravar la ya de por sí compleja situación. Esta convergencia de posturas entre grupos parlamentarios fortalece la idea de que el auge de la ultraderecha en Europa está estrechamente ligado al rechazo hacia la inmigración irregular.
El término MENA se renfiere a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que llegan solos a España y otros países europeos sin la compañía de un adulto responsable. El CESE (el Comité Económico y Social Europeo) los denfine de la siguiente forma: “un nacional de un tercer país” o “un apátrida menor de dieciocho años” que, o bien “entra en el territorio de los Estados miembros acompañado por un adulto responsable de él, con arreglo a la legislación o la práctica vigente en el Estado miembro correspondiente, y mientras no se encuentre efectivamente bajo el cuidado de esa persona”, o bien “al que se le ha dejado solo después de entrar en el territorio de los Estados miembros”.
Su llegada a Europa suele darse en el marco de rutas migratorias irregulares, gestionadas por mafias y redes criminales dedicadas al tráfico humano, la explotación sexual y el trabajo infantil, por lo que son expuestos a situaciones de gran inseguridad y peligro. Aún habiendo superado peligrosos desafíos para llegar a Europa, se encuentran con la incertidumbre legal y la estigmatización social. Incluso cuando cumplen la mayoría de edad, se encuentran con grandes dificultades para insertarse laboralmente.
Es importante destacar que Europa, y en particular España, es un destino fundamental para la migración, ya sea como país de tránsito o de acogida definitiva. La mayor parte de los migrantes provienen de Sudamérica (sobre todo con nacionalidad venezolana y colombiana), de África Subsahariana y el Magreb (Mauritania, Marruecos, Argelia), aunque también hay un flujo constante desde Oriente Medio y Europa del Este.
Críticas de las ONG y cambio de postura del PP
Los acuerdos entre el PP y Vox coinciden en reducir las subvenciones a ONG que trabajan con colectivos en mayor situación de vulnerabilidad e incluir un plan de retorno, poniendo a los menores migrantes sin papeles en una tesitura de inestabilidad y aún más desamparo. Aurora Aranda, la directora de Cáritas Diocesana en Valencia, expresó su preocupación en una entrevista para la cadena COPE Valencia: “Este tipo de miradas y de medidas que la política pone en marcha, cuando la política tiene que estar en servicio de las personas, pues a nosotros nos preocupa (…) No es posible que cada vez se oigan más voces que criminalizan a las personas migrantes, que ofrecen una imagen distorsionada de los niños y niñas que viajan sin referentes familiares o, incluso, que atacan a las organizaciones que dedicamos parte de nuestra labor a su acompañamiento y a la defensa de sus derechos como seres humanos que son”.
Las ONG han criticado duramente estas medidas, señalando que contradicen los compromisos del Partido Popular con el Acuerdo por la Cooperación Internacional y los derechos humanos, expresados en su programa electoral. La decisión también alienta la suma de otras voces, como la del presidente del Gobierno regional de Murcia, Fernando López Miras, también del PP, que declaraba en la Asamblea Regional su rechazo a las políticas de inclusión social para los inmigrantes y la promoción de la cultura y lengua árabe en las escuelas.
Y hoy, 1 de abril, las comunidades gobernadas por el Partido Popular provocaban nuevos dolores de cabeza al Ejecutivo al incumplir los criterios mínimos exigidos de cara a la aplicación de la reforma de la Ley de Extranjería, que pronto entrará en vigor, al proporcionar datos imprecisos sobre el número de menores acogidos, como ha sido el caso de la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso.
A ello le sumamos la negativa de Aragón a entregar la información solicitada, lo que evidencia en conjunto la falta de cooperación entre administraciones y el uso partidista de esta crisis humanitaria. Estas diferencias podrían generar tensiones con sectores moderados del propio Partido Popular, que hasta ahora habían defendido una gestión más equilibrada en la materia migratoria.
Quiénes son los MENA y cuál es su situación en España
El término MENA comenzó a popularizarse en la década de 1990 ante el creciente fenómeno de menores no acompañados que llegaban a la península, amparados por el Derecho internacional, referida a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989, CDN) y la Directiva 2003/9/CE del Consejo de la Unión Europea. Sin embargo, los responsables de cualquier extranjero menor de 18 años que ingrese en territorio comunitario no acompañado, de acuerdo al artículo 189 del Reglamento de Extranjería y la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000, del 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (art. 35 sobre criterios de aplicación del plan de respuesta solidaria ante la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la infancia y la adolescencia migrante no acompañada), es el Estado Español.
Sin embargo, el término MENA ha sido objeto de controversia y ataques, y su uso ha adquirido una connotación peyorativa, convirtiéndose en el blanco de discursos políticos en un contexto cada vez más polarizado. Determinados sectores reaccionarios han normalizado su criminalización, contribuyendo así a su deshumanización. Como consecuencia, el uso del término MENA se desaconseja debido a su desgaste y la carga negativa que ha adquirido, y se recomienda emplear expresiones más respetuosas que contribuyan a la dignidad y sensibilización en relación a este colectivo.
“Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes”, destacaban los carteles de Vox en plena campaña electoral de 2021, en las estaciones de Metro y Cercanías de Madrid, en un alarde de fakenews. A finales de 2024, en Madrid, Vox solicitaba en una Junta Municipal de Hortaleza la aplicación de medidas para restringir el uso de las marquesinas por parte de los menores migrantes, alegando un deterioro en la seguridad y la limpieza del barrio. En consecuencia, acudimos a hablar con Roberto, vecino de Hortaleza, un barrio al norte de Madrid, para que nos compartiera su experiencia de primera mano, ya que cerca de la casa de sus padres se inauguró un Centro de Primera Acogida, una apertura que generó escepticismo en la comunidad. Al preguntarle si él o su familia habían notado un aumento de la inseguridad, vinculado a la llegada de jóvenes inmigrantes, él nos responde que, hasta ahora, no ha tenido conocimiento de ningún incidente, aunque añade con cautela: “de momento”. Este es el mismo centro donde, en 2019, se colocó una granada en la cancha deportiva donde jugaban los niños, en uno de los muchos ataques que ha sufrido desde su apertura.
Vox es el partido de ultraderecha con mayor presencia en España, pero no el único que se opone a las políticas de integración de inmigrantes. SALF (Se Acabó La Fiesta), que en las últimas elecciones europeas irrumpió en el Parlamento Europeo con tres escaños, superando en votos a partidos consolidados como Podemos, Sumar y Junts (de orientación progresista y favorables a la protección de los inmigrantes), no solo comparte con Vox el rechazo hacia la inmigración, amenazando con una “deportación masiva”, sino que va un paso más allá: en sintonía con las ideas de Nayib Bukele, su líder, el influencer Alvise Pérez, propone construir “la mayor cárcel de Europa” a las afueras de Madrid y establecer trabajos forzados para los inmigrantes que hayan cruzado la frontera de manera ilegal, tal como expone en su programa electoral: “Aquellos delitos de especial gravedad no implicarán la mera expulsión del país, sino antes también una pena reforzada en España con trabajos forzados sin alternativa de 3° grado ni deportación hasta cumplimiento íntegro de la pena”, totalmente en contra del art. 25 de la Constitución Española: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”.
Por otro lado, en Cataluña, la líder del partido Aliança Catalana, Silvia Orriols, declaraba en una entrevista en el canal de televisión regional que su formación sería más estricta frente a las políticas migratorias, apostando por las restricciones y las políticas de control “encaminadas a ejercer el control fronterizo y a limitar la entrada de inmigrantes”.
Migración y acceso a Europa
Si bien la inmigración irregular se asocia mayormente con las “pateras” (unas pequeñas y rudimentarias embarcaciones de madera) que llegan a las Islas Canarias a través de una de las rutas migratorias marítimas más peligrosas de Europa, también hay otras formas de ingreso, como la llegada a aeropuertos internacionales o el cruce de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos.
Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas en España, resaltaba una problemática clave en una entrevista para Europa Press, en julio de 2024: “Los migrantes llegan de forma irregular porque no hay vías regulares (…) No hay solución para los países, no hay solución para las vías seguras y legales, no hay propuestas de vías legales para que haya personas que puedan acceder de una manera legal, el sistema de asilo y de acogida es muy insuficiente y está muy parcheado”.
Cambios en las políticas migratorias
La gestión de la inmigración en España ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. En los años 70 y 80, la movilidad era más flexible, pero con la aprobación de la primera Ley de Extranjería en 1985, el aumento de los flujos migratorios, los conflictos internacionales y la crisis económica de 2008 llevaron a un endurecimiento de las políticas migratorias.
Según datos de Eurostat, sólo en 2024 se registraron 62.054 entradas irregulares a España (cifras cercanas al récord histórico alcanzado en 2018, 64.298). A pesar de la percepción social y mediática, las cifras representan una fracción menor del total de inmigrantes irregulares en España; en ese marco, se estima que ingresaron 4.627 menores no acompañados, según datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado.
Percepción social y discursos de odio
La presencia de menores migrantes ha sido instrumentalizada por partidos políticos reaccionarios y extremistas para alimentar el miedo y la inseguridad ciudadana. Vox, por ejemplo, ha basado su discurso en tres ejes: la inseguridad en barrios humildes, la distribución desigual de los MENA entre Comunidades Autónomas y la falta de control migratorio por parte de la oposición negligente, argumentan, que ejerce el Partido Popular (PP). En ese sentido, el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, sostuvo: “Nuestra política es clara: defendernos de la inmigración ilegal, proteger nuestras fronteras y apostar por una inmigración legal y ordenada”.
Un caso emblemático fue el asesinato de un niño en Mocejón (Toledo), en agosto de 2024, donde redes sociales como X (antiguo Twitter) se llenaron de rumores que culpaban a inmigrantes del crimen, generando un clima de hostilidad y rechazo sin fundamento en base a bulos o fake news.
Sin embargo, el sentir de la sociedad no se refleja en estos hechos, del mismo modo que los saqueos tras la catástrofe de la DANA no representan el comportamiento de los inmigrantes. Como señala la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) en un comunicado: “Las ONG de cooperación internacional se han volcado en la respuesta a la DANA, en un despliegue humanitario sin precedentes en el territorio español”, destacando además la participación de organizaciones de “los países donde trabajamos en África, América Latina y Asia”, que han donado millones para mitigar sus efectos.
La realidad de la DANA mostró a decenas de personas afectadas por el desabastecimiento en los supermercados, en busca de comida, agua y otros recursos esenciales, mientras enfrentaban la falta de respuesta oportuna por parte del gobierno. En este contexto, señalar sin una verificación rigurosa a minorías racializadas no parece una mera descripción de los hechos, sino la construcción artificial de una narrativa que responde más al caos y a la falta de responsabilidad política que a la realidad.
Desafíos de la integración
La inmigración sigue siendo un desafío actual, y la integración de los menores no acompañados requiere respuestas inmediatas y eficaces por parte del Estado desde el momento en que llegan a suelo español. Es fundamental facilitar su traslado a la península y dotar a los servicios públicos insulares de los recursos necesarios para gestionar estas emergencias mediante formación especializada y el refuerzo de las competencias de los profesionales que trabajan para la protección de la infancia, según informes del Comité Económico y Social Europeo (CESE), elaborando una Directiva relativa a la protección del menor.
La sobrecarga de los centros de acogida y la burocracia administrativa impiden una atención adecuada, lo que pone en riesgo el bienestar de estos niños y adolescentes. La reforma de la Ley de Extranjería tiene prevista su entrada en vigor en mayo, pero exige la coordinación y transparencia de las administraciones regionales para hacer posible el ajuste del Estado respecto a la repartición de menores en todo el territorio, así como la financiación de las Comunidades Autónomas para hacer frente a estas medidas. No obstante, las constantes tensiones intrainstitucionales y la resistencia por parte de aquellas comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Valencia y Aragón) imposibilitan una estrategia nacional coherente.
Las barreras idiomáticas, la falta de acceso a educación y el estigma social dificultan su integración en la sociedad española. Según datos de PISA 2022, este colectivo presenta altos índices de ausentismo y abandono escolar, lo que limita sus oportunidades de formación profesional o superior y reduce sus posibilidades de futuro. Además, la carencia de redes de apoyo familiar y social agrava su vulnerabilidad. La estigmatización y el rechazo social también dificultan su acceso a empleo y vivienda digna, exponiéndolos al riesgo de marginalidad y explotación laboral o delictiva. Al cumplir la mayoría de edad, estos jóvenes pierden la tutela del Estado, quedando en muchos casos en una situación de exclusión social.
Para abordar esta situación, es necesario un enfoque integral que combine políticas de cooperación con los países de origen, mejoras en los procesos de acogida y agilización en la atención de los servicios públicos, ya contemplados en el nuevo Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024) español, sancionado en noviembre del año pasado. Garantizar el acceso a la educación y promover medidas que favorezcan su desarrollo en igualdad de condiciones son pasos clave para su inclusión. Asimismo, el papel de los medios de comunicación y las redes sociales es fundamental para combatir la desinformación en tiempos de crisis, convirtiéndolos en herramientas pedagógicas y en espacios de diálogo con la sociedad. Sin embargo, la reciente decisión de Mazón de ceder ante Vox supone un retroceso en este sentido, y podría comprometer la protección de estos menores.
Es licenciada en Relaciones Internacionales y estudiante de Derecho, con experiencia profesional en el sector de la aviación. De nacionalidad española y con raíces familiares en Francia, su interés académico se centra en el estudio de las políticas europeas, el Derecho Internacional y los flujos migratorios en Europa.
