Las históricas tensiones fronterizas entre Santo Domingo y Haití se remontan a las ocupaciones coloniales de la isla de los imperios español y francés. Estos procesos influyeron en su formación étnica y cultural, especialmente a partir de la cesión de la parte occidental de La Española —nombre con el que se conocía la isla en tiempos coloniales— al Imperio francés en 1697, mediante el Tratado de Ryswick, que puso fin a la Guerra de los Nueve Años. Con el auge del sistema de plantaciones y la consecuente rebelión de los esclavos haitianos frente a la explotación, se desataron los hechos revolucionarios que llevaron a Haití a convertirse en la primera nación independiente de América Latina en 1804.
A partir de entonces, las tensiones dentro de la isla se incrementaron, especialmente con la ocupación haitiana de 1822, cuando el ejército liderado por Jean-Pierre Boyer tomó posesión de Santo Domingo, poniendo fin a la efímera experiencia del Haití Español. Esta ocupación se extendió hasta 1844, cuando los dominicanos, liderados por Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella y Pedro Santana, lograron independizarse del dominio haitiano y fundaron la República Dominicana.
Desde sus inicios, las relaciones entre República Dominicana y Haití se han caracterizado por conflictos “fronterizos” que van más allá de los límites geográficos y los intereses nacionalistas, puesto que incluyen fronteras étnico-culturales, o más precisamente, prejuicios raciales de raíz colonial. La construcción de la historiografía identitaria en ambos países acentuó estas divisiones: la herencia hispánica de República Dominicana reforzó una autopercepción de “blanquitud” frente a la “negritud” de Haití, lo que, a su vez, llevó a negar o minimizar el importante componente afrodescendiente dentro de la población dominicana.
A pesar de sus problemas históricos, los lazos culturales entre ambos países son evidentes. En este sentido, el periodistay docente Jean Gérard Caymitte (migrante haitiano en Argentina) señala que entre República Dominicana y Haití no hay mucha diferencia en cuestión cultural. “Lo que sí, hay una diferencia de idioma. Ellos hablan español y nosotros hablamos creole y francés; pero hablando de temas culturales comemos la misma comida y escuchamos y reproducimos la misma música. Ellos tienen su ritmo que suena mucho más, pero no hay mucha diferencia en cuanto a la cultura de los dos pueblos”.
Desde la consolidación de los estados-nación hasta la actualidad, son muchos los factores de tensión que han condicionado la cooperación entre los dos vecinos. Uno de ellos es la profunda crisis que vive Haití y la consecuente diáspora de migración irregular. Con frecuencia, esta situación es utilizada por la opinión pública dominicana para promover un discurso de enemistad, y por los políticos como una retórica divisiva para llegar al poder. Lamentablemente, esto genera una perspectiva antimigratoria en la población dominicana, afectando el sentido de respeto hacia los derechos humanos.
Con el tiempo, a medida que la crisis en Haití se acrecentaba, República Dominicana fue ajustando sus leyes migratorias. Las primeras oleadas de inmigrantes comenzaron a principios del siglo XX, que con el tiempo se fue consolidando gracias a la demanda de mano de obra de la industria azucarera dominicana. Tiempo después, sobre todo tras la caída del dictador Jean-Claude Duvalier en 1986, la masa laboral migrante de origen haitiano aumentó su volumen y amplió su participación en otros sectores productivos (como la construcción, el turismo y el comercio, entre otros) y ya para la década de los 90, República Dominicana comenzó a establecer controles sobre los flujos migratorios con mayor intensidad. Si bien se siguieron otorgando permisos de trabajo y un lugar de residencia para los migrantes haitianos, también comenzaron a controlar con mayor intensidad su permanencia en el territorio dominicano.
Así, lo que comenzó como regulación terminó en expulsión en un solo paso. En junio de 1991, República Dominicana inició la deportación masiva de trabajadores azucareros haitianos, tanto los que trabajaban para el estado como los que estaban en empresas privadas. Según el decreto 233 de aquel año, los trabajadores extranjeros mayores de 60 años y menores de 16 años debían ser deportados. En ese marco, según los informes de la delegación de la CIDH en Santo Domingo, la implementación de este decreto derivó en la expulsión del país de aproximadamente 60 mil personas, violando las convenciones internacionales sobre Derechos Humanos. Esto marcó un punto de inflexión en la política migratoria dominicana. Al año siguiente, República Dominicana reformó sus políticas laborales abordando también el tema de la migración, estableciendo un límite a la contratación de trabajadores extranjeros en empresas de un 30% a un 20% como máximo. Es decir, los migrantes pueden ser empleados, pero con mayores límites.
La reforma migratoria de 2004 y su sesgo anti-haitiano
En 2004, un nuevo hito marcó la agenda migratoria: tras un extenso debate, se aprobó la Ley General de Migración 285, promulgada por el entonces presidente Hipólito Mejía. Esta normativa abordó temas actuales como el retorno de personas de origen dominicano, el tráfico de personas y el refugio. Además, modificó algunas categorías migratorias, incluyendo la residencia permanente, estableciendo que quienes no contaban con esta condición pasaban a ser considerados personas en tránsito, lo que afectó principalmente a quienes habitaban en la frontera y a los trabajadores temporales. La ley también impuso nuevas condiciones y requisitos para la deportación o el ingreso de extranjeros al territorio nacional. Uno de los aspectos más estrictos se encuentra en el artículo nº 15, que establece diversos impedimentos para la admisión de extranjeros, incluyendo padecimientos de enfermedades infectocontagiosas, trastornos mentales que alteren la conducta o limitaciones físicas que les impidan trabajar. También prohíbe el ingreso de quienes busquen lucrar con la prostitución, el tráfico ilegal de personas, órganos o drogas, así como de aquellos que sean adictos y fomenten el consumo de sustancias o que puedan representar una carga para el Estado. Por último, una de las restricciones más relevantes dicta que no se permitirá la entrada a personas previamente deportadas, salvo que obtengan una autorización especial para su reingreso al país.
A pesar de las restricciones, también existen excepciones. El artículo 123 protege de la deportación a los extranjeros que lleven más de 10 años casados con un dominicano o que tengan hijos de esa nacionalidad. También quienes cuenten residencia legal y continua por más de 10 años en el país. El artículo 16 contempla casos especiales, como la reunificación familiar, evaluando la situación económica y el tipo de parentesco. El reglamento también exige, en su artículo 34, que todo extranjero porte su documento de identidad para ejercer su derecho de libre tránsito en territorio dominicano.
Además de los duros controles, el principal problema de esta normativa es que continúa acentuando la diferencia entre los migrantes haitianos y de otra nacionalidad, hasta el punto de ser repudiada por organismos internacionales, que la consideran una vulneración a los derechos de los migrantes. Para Caymitte, “las leyes migratorias de República Dominicana, cuando se trata de haitianos, son muy racistas, La reforma migratoria del 2004 no debería existir en 2025. El acento de esta ley está en que los descendientes de migrantes irregulares, específicamente haitianos, nacidos en República Dominicana, no pueden obtener la nacionalidad dominicana. El sesgo está ahí, porque la población migrante está compuesta por muchas nacionalidades, como chinos, brasileños, venezolanos y norteamericanos. Pero esta ley únicamente va en contra de los haitianos”.
Desde que Luis Abinader llegó al poder en agosto de 2020, se ha endurecido aún más la política migratoria de República Dominicana, donde viven actualmente más de medio millón de haitianos. Multiplicó la detención de migrante irregulares al igual que la presencia de la seguridad fronteriza e hizo construir un muro de 165 kilómetros para dividir los dos países caribeños, este ultimo con el objetivo de combatir el crimen organizado, la trata de personas, pero sobre todo, para regular el comercio y los flujos migratorios. Solo en 2023, las autoridades dominicanas han deportado 250.000 migrantes y como era de esperar, durante el periodo del 2024 la cifra ascendió a 270.000. Tras su reelección en mayo de ese año, Abinader prometió a los dominicanos 10.000 deportaciones semanales. Esta política de devolución masiva de migrantes ha sido duramente criticada por numerosas organizaciones internacionales de Derechos Humanos y el propio gobierno haitiano lo calificó como “discriminatorio” y una “estrategia de limpieza étnica”. Ante las críticas, Roberto Álvarez, canciller dominicano, respondió que las repatriaciones se realizaban “dentro del marco de las normas internacionales y el respeto a la dignidad humana”. Sin embargo, organismos locales como el Centro de Estudio de Género y Familia dieron cuenta de las violaciones hacia los derechos humanos de los haitianos.
En este sentido, Caymitte (quien además de ser un periodista recibido en la Universidad Nacional de Rosario, es el vocero de la Asociación Civil Haitiana de la misma localidad) afirma que “las deportaciones de los haitianos hacia hacia su país, no tiene ningún tipo de seguimiento. Es más, el haitiano que vuelve a su país está cada vez más frustrado; esa frustración viene porque dentro de la familia esa persona fue quien se fue a otro país, cruzó la frontera terrestre para buscar una vida mejor y no lo pudo conseguir. No hay ninguna atención psicológica, ningún acompañamiento serio para poder para ayudar a que esos haitianos puedan sobrepasar esa situación tan fea porque no es una simple deportación: suele pasar que el migrante se encuentre en un lugar de atención pública, como un hospital, hacer una consulta y ahí ven que no está documentado, cae la policía de la migración y se los lleva en una camioneta”.
También habla de situaciones familiares que lo conmueven a la distancia y que dejan en claro la extraña forma de operar del gobierno de República Dominicana y sus leyes: “Hay muchos haitianos todavía que están fuera de las presiones migratorias en República Dominicana, y quiero pensar que es porque son documentados, porque son profesionales, porque no están en condiciones vulnerables. Yo comento esto: tengo a mi prima, que hace años que vive en República Dominicana, tengo a mi primo también, que es dominicano y lo raro es que por más que mi prima sea legal en la República, su hijo, que es dominicano, que habla al igual que todos los dominicanos, que tiene el mismo acento, no tiene la ciudadanía dominicana. Es decir, el gobierno no se la quiere otorgar. Me parece una cuestión más profunda. Como el racismo nunca tiene fundamento, entonces por eso vuelvo a decir, son decisiones muy racistas”.
Fronteras y alteridad
La construcción de defensas fronterizas frente a la otredad no es nada nuevo. Desde la muralla china hasta el muro de Donald Trump, encontramos tensiones étnicas, rivalidades nacionales y racismo. La noción de ver al país vecino como “bárbaro” sigue latente y el caso entre República Dominicana frente a Haití no es la excepción. En este sentido, el politólogo haitiano Jean-Rony André asegura que “en Santo Domingo no hay racismo sino anti-haitianismo”, y agrega que el problema con la población migrante es hacia los haitianos en particular. El gobierno de Abinader ha disfrazado la persecución racial bajo el título de deportación masiva y el problema de esta medida política es el racismo institucional que se manifiesta en las redadas arbitrarias hacia la gente negra. André explicó, “no importa si eres de jamaica o un dominicano con ascendencia haitiana, si eres negro y no tienes documentación, entonces eres haitiano y serás deportado”. En 2022 la embajada de los Estados Unidos en República Dominicana advirtió a los ciudadanos de ascendencia africana que podrían ser detenidos por la Dirección de Migraciones a causa de su color de piel.
La ocupación de Haití en la isla dejó una cicatriz profunda. La idea de resistir al control haitiano es parte de la identidad nacional del dominicano, y ha gestado un “anti-haitianismo” que aún influye en muchos aspectos de la sociedad dominicana. Este sentimiento de desdén se institucionalizó aun más con la dictadura de Rafael Trujillo en la década de 1930. El régimen de Trujillo, con el respaldo del gobierno estadounidense, promovió agresivamente la “dominicanidad”, una ideología nacionalista que tenía por propósito crear una distinción clara entre la identidad dominicana y la haitiana, a menudo, señalando a la población vecina como una amenaza. El gobierno de facto se encargó de reescribir la historia del país para dejar en evidencia la “agresividad de los haitianos” y el peligro que significaban para la independencia de República Dominicana. Trujillo promovió ideas racistas y darwinistas como “el blanqueamiento” de la población, etiquetó despectivamente a los dominicanos con ascendencia africana como “indios” e incluso, antes de mostrarse ante el público, se aseguraba de maquillar su rostro para blanquearlo.
Actualmente, cerca del 45% de los dominicanos se identifica como “indio”, mientras que solo el 8% se reconoce como afrodescendiente, a pesar de que se estima que más del 70% de la población tiene ascendencia africana. Las ideas y prejuicios del “blanqueamiento” siguen vigentes, marcando una profunda división cultural. Aunque comparten un mismo espacio geográfico, las fronteras imaginarias entre República Dominicana y Haití han fracturado sus vínculos históricos. En ese sentido, el soslayamiento del componente afrodescendiente en la primera ha reforzado los prejuicios contra los migrantes haitianos, una población particularmente vulnerable debido a la crisis prolongada que afecta a su población desde hace décadas.
Imagen de portada: Dan Lundmark (CC BY 2.0, sin cambios)
Periodista y estudiante de Comunicación, apasionada por investigar y escribir sobre historias vinculadas con las migraciones.
Estudiante avanzada de Relaciones Internacionales, especializada en Asuntos Latinoamericanos, con enfoque en desplazamiento forzado e integración migrante. Criada en Berisso, en un entorno cosmopolita, y de ascendencia española, italiana, francesa y mapuche, dedica parte de su tiempo al estudio de los idiomas de sus raíces.
