La desaparición en 2023 de la lancha IAS II, en la que viajaban 42 personas migrantes, expuso los peligros de una ruta marítima utilizada para llegar desde la isla colombiana de San Andrés hasta Centroamérica. También puso el foco en las redes que organizaban estos viajes irregulares y en las familias que, desde entonces, recorren largas distancias en busca de sus seres queridos y de respuestas sobre lo ocurrido.
La última vez que se supo de Dennis Paredes, esperaba una lancha en El Cove, en San Andrés, una isla del Caribe colombiano. Se alistaba para embarcar rumbo a Nicaragua, el primer tramo de una travesía que debía llevarlo por varios países hasta Estados Unidos, con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Tres años después, luego de varias operaciones policiales contra el tráfico de migrantes (incluso una con 24 capturas entre las que está quien las familias señalan como «El Coyote» y vinculan directamente con el caso), la investigación parece ralentizada y su familia sigue sin saber qué le pasó. Esa noche del 21 de octubre de 2023, intentó hacer una videollamada, pero no hubo respuesta. Dennis subió entonces a la lancha y, a partir de ese momento, se perdió toda comunicación con él.
Según el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), en la embarcación viajaban 42 personas: 36 de nacionalidad venezolana, cuatro de nacionalidad colombiana (entre ellas las dos que cumplían funciones de tripulación) y dos de nacionalidad china. Había también menores de edad y mujeres embarazadas. El caso dejó al descubierto, además, la operación de redes de traficantes que ofrecían a quienes migraban una supuesta «ruta segura» hacia Centroamérica.
No era un hecho aislado. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación de Colombia, entre agosto de 2022 y abril de 2023 se registraron 59 casos de desaparición en circunstancias atribuidas a presuntos naufragios en la zona.
Con tan poca información y tanta incertidumbre, los familiares reconstruyeron por su cuenta lo ocurrido esa noche. Buena parte de esa historia la armaron ellos mismos, con testimonios, registros y documentos que fueron reuniendo con los años.
Esa reconstrucción coincide en parte con los antecedentes de la investigación de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, que apuntan a que desde San Andrés salieron tres embarcaciones. Infobae (06/12/23) informó que dos de ellas llegaron a Centroamérica, mientras que la tercera, la IAS II, habría desaparecido en alta mar.
Mientras esperan nuevas pistas, quienes lo buscan no se detienen. Su lucha también ha sido un viaje turbulento, impulsado por la convicción de recorrer el Caribe entero, si es necesario, para dar con sus seres queridos.
Mayores oportunidades
En 2023, Dennis tenía 29 años y había formado un hogar en Perú. Había salido de Trujillo, Venezuela, seis años antes y, aunque pudo estabilizarse, decidió probar suerte en Estados Unidos con la idea de que su esposa se reuniría con él más adelante. El parole humanitario para la comunidad venezolana, habilitado meses antes, abrió una posibilidad que hasta entonces parecía difícil de alcanzar.
Una vez tomada la decisión, quiso seguir los caminos para hacer las cosas por la vía regular. Presentó solicitudes en las embajadas de Nicaragua, Guatemala y México en Perú, en busca de una visa que le permitiera hacer de alguno de esos países su punto de partida, pero en todos los casos fueron rechazadas.
Inicialmente, cruzar el Tapón del Darién, una selva ubicada entre Colombia y Panamá, conocida por ser una de las rutas más transitadas y peligrosas entre personas migrantes, surgió como una opción. Sin embargo, a través de familiares del mismo Dennis apareció la alternativa de viajar desde San Andrés hacia Nicaragua por vía marítima, con la promesa de ser un medio más seguro.
En aquel entonces desconocían los riesgos, incluso que tendrían que cambiar de lancha en medio del mar, antes de ingresar al espacio marítimo de Nicaragua, como parte de la travesía.
El 10 de octubre viajó desde Perú a Colombia y después partió a San Andrés. Allí comenzaron las alertas para su familia, que empezó a insistirle en que regresara. «Una de ellas era que siempre tenía que estar encerrado en la habitación, no podía salir. Si querían comer algo, les tenían que pedir o que les traigan la comida. Nos dijo: “Yo no puedo sacar el celular, no puedo grabar, no puedo llamar, entonces estoy llamando así a escondidas porque no me lo están permitiendo. Nos han prohibido que nos comuniquemos con nuestros familiares”», comentó uno de sus parientes.
Hubo un primer intento de emprender el viaje. Llegaron tres lanchas y la gente empezó a abalanzarse sobre ellas, pero finalmente les dijeron que no podían salir por el clima. Dennis volvió a Bogotá por seis días, luego retornó a San Andrés y el 21 de octubre se dio nuevamente la oportunidad de emprender el trayecto, ahora sí, hacia Nicaragua.
«Antes de subir a la lancha, él hace una llamada, pero yo en ese momento no le contesté, porque yo estaba trabajando. Cuando le devuelvo la llamada, eran las 8.05 p. m., pero ya su teléfono no tenía señal», relató.
El esclarecer lo que pasó a partir de ahí ha sido doloroso. Una parte de sus cercanos viajaron a San Andrés en busca de ayuda y recibieron amenazas. Tienen la certeza de que Dennis subió a la lancha, pero a tres años de la desaparición siguen sin saber qué pasó.
«Él se desaparece un sábado, no hay más contacto. Bueno, digo, de repente están en medio de la nada o no tiene batería. No me preocupo mucho. Ya el lunes me preocupé. Recién un martes a las 10:45 de la mañana, que fue el peor día de mi vida, me dijeron que la lancha estaba desaparecida».
La lucha por la verdad
La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Armada Nacional de Colombia son algunas de las instituciones que han documentado la desaparición de personas migrantes tras zarpar desde San Andrés y que aseguran haber emprendido acciones, incluida la búsqueda de quienes viajaban en la embarcación que partió el 21 de octubre. A ello se suman coordinaciones con autoridades de Nicaragua, Costa Rica y Panamá para reforzar las indagatorias.
Sin embargo, los principales protagonistas en la reconstrucción de los acontecimientos han sido sus familiares. Con el tiempo, formaron agrupaciones como el Comité Esperanza de Madre y el Comité Internacional de Familiares y Amigos de Migrantes Venezolanos Desaparecidos (MIVED), desde donde han reunido testimonios, revisado registros telefónicos y de redes sociales y seguido distintas pistas.
Los colectivos también han llevado sus denuncias a instancias oficiales e internacionales. Es el caso de MIVED, que el 30 de noviembre de 2024 presentó en Cúcuta, ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, un informe de nueve páginas sobre la desaparición de 105 ciudadanos venezolanos en la ruta de San Andrés, ocurrida en distintos hechos. El documento reúne antecedentes que apuntarían a una posible desaparición forzada y a la operación de una red de tráfico ilegal de migrantes.
Aunque aseguran que las autoridades les han planteado con insistencia la hipótesis de un naufragio y que al principio la consideraron, los elementos que han reunido con el paso del tiempo los llevaron a cuestionarla, principalmente por la ausencia de restos.
Entre los argumentos que esgrimen está la ubicación en tiempo real compartida por una persona desde la embarcación. Indican que la lancha salió de San Andrés, avanzó hacia el mar y unos 10 minutos después regresó hacia la isla. Otro rastreo a un celular, señalan, arrojó una caminata de unos 20 minutos alrededor de las 00.00 horas, pese a que supuestamente ya iban a bordo.
Aproximadamente 11 días después, aparecieron pasaportes en Puerto Limón, Costa Rica. Esto generó más interrogantes porque, según las fotografías que recibieron, parecían estar en buen estado, pese a que posteriormente autoridades les habrían informado que fueron entregados mojados.
«Dentro de uno de los pasaportes, estaba una cédula (de una mujer) y la hojita de un recibo de la gasolinera. Detrás de ese recibo se habían escrito los números de teléfono de sus familias por si se le malograba el teléfono o algo, ella quería tener en físico escrito los números. ¿Cómo es posible que los pasaportes estén “chorreando” de agua y esa hoja esté seca?», cuestionó una de las activistas, quien prefirió no ser identificada por miedo a represalias.
A esto suman que, casi un año después de la desaparición, algunas tarjetas bancarias registraron movimientos y hubo cuentas en redes sociales que mostraron actividad. Y es gracias a todo lo que hicieron los miembros de MIVED que la investigación tomó forma, se construyó una lista con los nombres de quienes iban a bordo y una cronología hipotética, por lo que para ellos la posibilidad de un naufragio dejó de tener sentido. Así, contribuyeron a que se mantenga vivo el caso y con ello, las pesquisas.
«¿Sobre qué base la Armada podía emitir un informe para decir que había que salir a buscarlos? Obviamente, para ellos, para todos los implicados, lo conveniente es decir que ocurrió un naufragio», acusa otro de los familiares, que igualmente prefirió no identificarse por temor a amenazas. A su juicio, las versiones de esta institución quedaron en entredicho, pues había funcionarios involucrados.
En diciembre de 2023, las autoridades colombianas informaron la captura de 24 presuntos integrantes de la organización «La Agencia», una red que trasladaba ilegalmente a personas migrantes por rutas hacia Centroamérica y utilizaba San Andrés como punto de salida. Eran 19 civiles, entre ellos un funcionario de Migración Colombia, y cinco militares activos de la Armada.
Entre los detenidos se encontraba Juan Guillermo López Hoyos, señalado por la Fiscalía como presunto responsable de gestionar irregularmente los Permisos por Protección Temporal (PPT) y a quien las familias identificaron como «El Coyote». Hoyos había sido el primer contacto de Paredes para organizar la travesía marítima. Según relataron dos de las personas entrevistadas, fue a Hoyos a quien le pagaron una suma inicial superior a los 200 dólares, que debía descontarse de la tarifa acordada para el viaje, fijada en 2.600 dólares. Sin embargo, ese monto no fue descontado y el costo del viaje terminó aumentando.
Los días 1 y 2 de diciembre de 2023, la Fiscalía formuló imputación contra Hoyos y los demás procesados ante el Juzgado Trece Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga, por presuntos delitos que incluyen concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes, uso de documento público, cohecho, lavado de activos y espionaje. Entre el 4 y el 14 de diciembre de ese año, el Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga impuso medidas de aseguramiento a los imputados, con excepción de tres personas, entre las que no se encontraba Juan Guillermo López Hoyos. No se ha encontrado información pública adicional que permita establecer su situación procesal actual.
Un año más tarde, el 13 de diciembre de 2024, Luis Enrique Linero Pinto, alias «El Calvo», y Hernando Manuel de la Cruz Rivera Orjuela, alias «El Patrón», fueron detenidos en Colombia a solicitud de Estados Unidos, que los acusó de participar en una organización de tráfico de migrantes y los vinculó específicamente con la embarcación que desapareció el 21 de octubre de 2023. Ambos fueron extraditados a ese país en diciembre de 2025.
Linero Pinto se declaró culpable el 14 de septiembre de 2026 de conspiración para el tráfico de migrantes y de poner vidas en peligro por su participación en esa operación.
A estas detenciones se suma la de Borghi Kure Gaviria, capturado el 14 de julio de 2026 tras ser deportado desde Panamá y posteriormente imputado por tráfico de migrantes agravado. La Fiscalía colombiana lo señala como presunto administrador de la embarcación en la que viajaban las 42 personas.
Rutas del Caribe
El caso de la IAS II forma parte de un proceso migratorio más amplio. Según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Caribe continúa entre las rutas migratorias más letales y menos visibles: el proyecto contabilizó 279 personas muertas o desaparecidas en todo 2023, 302 en 2024 y al menos 130 en 2025. La propia OIM advierte que la cifra real probablemente es mayor por el subregistro y las dificultades para documentar naufragios y desapariciones en el mar.
Mirna Yonis, internacionalista de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con especialización en temas del Caribe, explicó en entrevista con Refugio Latinoamericano que el mayor desafío que existe en las travesías migratorias por mar, como en el caso de las rutas por San Andrés, es la dificultad para establecer las identidades de quienes viajan.
«No hay registro de quienes están en el punto de salida. Esto depende de su familia, de la gente que los atiende, de quienes los tienen en un cuarto mientras esperan que un barco salga. Pero eso no es un registro formal. Entonces es muy complicado poder hacer la secuencia más allá de lo que pueda hacer algún insumo o algún proyecto de alguna ONG», recalcó.
Esto dificulta traducir la información en cifras o relatos, ya que estas dependen exclusivamente de atenciones humanitarias, lo que desencadena en ocasiones las objeciones de los Gobiernos involucrados. Aseguró que a esto se suma que muchas veces las personas evitan entregar datos por temor a ser denunciadas.
Yonis planteó que las distintas vías migratorias del Caribe no funcionan de manera aislada, sino que están conectadas entre sí. En ese contexto, sobre si la ruta de San Andrés es novedosa, indicó que una de las transformaciones de la migración en la región está en la cantidad y las características de las personas que están llegando, lo que supone desafíos para los países que deben atender a estos flujos migratorios.
El duelo
Es en medio de la inmensidad del mar, los obstáculos burocráticos, las amenazas de muerte y los largos recorridos por distintos países donde los familiares de las personas desaparecidas buscan alguna pista que les permita saber qué ocurrió con sus seres queridos.
Las familias no solo cargan con el dolor de tener la vida en pausa, sin saber si podrán retomarla, sino que además se sienten desamparadas. Una familiar de una de las pasajeras aseguró que desde Venezuela nadie presionó para avanzar. «Hemos acudido a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo. Hasta el día de hoy no hay nada. Nosotros no estamos pidiendo otra cosa más allá de que salgan a buscarlos, porque a nuestra gente nunca nadie la buscó», recalcó.
Y cuando ya se cumplen tres años, hay quienes perdieron el rastro a un familiar aquel día y todavía no saben si nombrarlo en presente o en pasado. Tienen más preguntas que respuestas y, literalmente, han movido cielo, mar y tierra para que nunca se olvide que, detrás de cada persona extraviada —no solo las 42, sino las que hoy suman más de un centenar en esta ruta—, hay nombres e historias que aún no han podido cerrarse.
«Cuando pierdes a un familiar, lo entierras. Tú sabes que está en un mejor lugar y que ya no está sufriendo acá en la tierra. Con una persona desaparecida esto no tiene fin. Y es duro porque no sabes si llorarlo o ya no. Nosotros no tenemos un sitio donde llorar. No podemos llevarle una flor. Simplemente, no sabemos», concluyó una allegada de Dennis.
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Periodista venezolana con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación de Venezuela y Chile. Es egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con formación en migración y protección de refugiados por la Universidad de Buenos Aires y recibió una mención de honor del premio «Journalism Without Labels» de ACNUR Chile en 2021.
