En medio de un contexto económico crítico, el gobierno nacional y varias provincias han comenzado a implementar políticas de cobro a extranjeros por la atención médica no urgente. ¿Es esta medida una solución real o un gesto simbólico cargado de implicancias políticas, legales y humanitarias?
En la apertura de las sesiones ordinarias de 2025, el presidente Javier Milei destacó, con énfasis, que su gobierno impulsará la arancelización de los servicios de salud para los extranjeros no residentes. Según el vocero oficial, Manuel Adorni, el argumento del gobierno es claro: el residente argentino no debe quedar “por debajo” de los no residentes en el acceso a estos servicios. Sin embargo, la medida ha generado preocupación y abierto el debate en diversos sectores del país.
En Argentina, la salud es competencia de las provincias, tal como lo establece la Constitución Nacional. En situaciones de emergencia, la atención médica se brinda sin distinción de nacionalidad, lo que coincide con los principios de derechos humanos a los que Argentina está comprometida a nivel internacional. No obstante, la implementación de cobros a extranjeros por servicios médicos no urgentes es una tendencia que ha comenzado a expandirse en varios distritos.
En situaciones de emergencia, la atención médica se brinda sin distinción de nacionalidad, lo que coincide con los principios de derechos humanos a los que Argentina está comprometida a nivel internacional
A principios de 2025, la Ciudad de Buenos Aires, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, anunció que comenzará a cobrar por la atención médica a extranjeros no residentes. Este cobro afectará principalmente a procedimientos no urgentes, como tomografías, resonancias magnéticas e internaciones. La medida se suma a las ya adoptadas por provincias como Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, así como también por la localidad de Villa Carlos Paz en Córdoba.
El impacto de los cobros: una tendencia en aumento
En 2024, Salta fue la primera provincia en implementar el cobro a extranjeros mediante un decreto (DNU 129/24). Según las autoridades sanitarias locales, antes de la medida, aproximadamente 3.300 extranjeros eran atendidos mensualmente en la provincia. Tras la implementación del decreto, según consignaron desde el Ministerio de Salud de Salta, el Hospital de Tartagal reportó una reducción del 42,86% en las atenciones a extranjeros, mientras que el Hospital Profesor Salvador Mazza sufrió una disminución aún más drástica del 95,45%.
Jujuy también se sumó a la tendencia mediante la Ley 6.116, que creó un “Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros”. Esta normativa impone un “seguro provincial de salud” a aquellos que no cuenten con residencia permanente en la provincia y necesiten acceder al sistema público de salud.
En Santa Cruz, el sistema de cobro establece una tarifa un 50% superior a las actuales para los extranjeros, con excepción de los residentes permanentes. Además, se contempla un convenio especial que garantiza atención gratuita en caso de accidentes en la ruta que conecta Argentina con Chile.
Otras provincias que han anunciado que están analizando implementar una política de cobro a extranjeros son Neuquén, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba.
¿Un efecto económico tangible?
En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que los extranjeros representan menos del 1% de los pacientes atendidos en el sistema público de salud, lo que limita el impacto económico de la medida. De hecho, según datos del Ministerio de Salud de Mendoza, durante el primer mes de vigencia del cobro, se recaudaron aproximadamente 5 millones de pesos por la atención a extranjeros.
Por su parte, Villa Carlos Paz, en Córdoba, implementó un sistema de cobro para turistas extranjeros y argentinos que no residan en la localidad. La medida, que entró en vigor el 1 de enero de 2025, afecta a todos los turistas, ya sean extranjeros o argentinos con residencia en otras provincias.
La controversia legal e internacional
Diversos organismos internacionales, como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), han expresado su preocupación ante las leyes provinciales que implementan cobros a extranjeros, advirtiendo que contradicen las normas federales y los tratados internacionales a los que Argentina está suscrita. Entre ellos se incluyen la Ley de Migraciones, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Además, organizaciones como la Comisión Argentina para Migrantes y Refugiados (CAREF) y el Programa de Migración y Asilo del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la UNLa han señalado que estas políticas pueden violar derechos fundamentales de los migrantes.
Un discurso de criminalización y desinformación
El discurso que acompaña estas políticas ha sido criticado por muchos sectores. Al igual que otras iniciativas del gobierno, se observa una intención de emular el estilo del presidente estadounidense Donald Trump, utilizando la inmigración como chivo expiatorio para otros problemas sociales. En este caso, la discusión sobre el “turismo sanitario” ha alimentado estereotipos y prejuicios, presentando a los extranjeros como una carga para el sistema de salud, cuando muchos de ellos buscan acceder a servicios médicos básicos que son inaccesibles en sus países de origen.
Al igual que otras iniciativas del gobierno, se observa una intención de emular el estilo del presidente estadounidense Donald Trump, utilizando la inmigración como chivo expiatorio para otros problemas sociales.
Otro aspecto crucial es la falta de estadísticas claras sobre la atención médica a extranjeros en los distintos distritos. La ausencia de información pública genera una brecha en el análisis de los efectos de estas políticas a nivel nacional. Si bien algunos datos disponibles sugieren que el cobro a extranjeros no genera un impacto económico significativo, todo parece ser un discurso cuyo objetivo principal es desviar la atención del verdadero foco de la discusión: la crisis estructural del sistema sanitario argentino, una cuestión de Estado que lleva muchos años sin poder resolverse.
Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y Locutor Nacional por el ISER. Con amplia experiencia como cronista de exteriores, su interés está centrado en la visibilización de las problemáticas de minorías que suelen quedar fuera de la agenda de los grandes medios.
Su historia familiar está atravesada por la migración: su abuelo llegó desde Grecia escapando de la guerra, y tanto sus padres como él vivieron la experiencia de la migración interna.
