La reciente matanza en las favelas de Río de Janeiro, con más de 120 muertos, expone la violencia estructural y el racismo institucional en Brasil. El operativo, impulsado en un contexto electoral, repercute más allá de sus fronteras, alimentando discursos de odio y endureciendo las políticas migratorias en países vecinos como la Argentina.
El 28 de octubre de 2025 quedará marcado en Brasil como “el día más mortífero de la historia” del país. Una operación policial en las favelas de Río de Janeiro, presuntamente para combatir el narcotráfico, dejó un saldo hasta el momento de más de 120 muertes, de las cuales solo cuatro son policías, mientras que el resto se trata de habitantes del lugar. Esta matanza supera a la masacre en la penitenciaria de Carandiru, cometida en el año 1992, en São Paulo, donde 111 presos fueron brutalmente asesinados por la Policía Militar paulista.
Sin embargo, las consecuencias de esta tragedia en Río no se reducen solamente al territorio brasilero y pueden impactar en la movilidad de personas en las fronteras con los demás países de la región, generando aún más dificultades a los migrantes en tránsito.
La masacre y su contexto
La mega operación llevada a cabo por la Policía Militar, con la autorización del gobernador carioca Claudio Castro, tuvo como objetivo oficial detener a 51 personas sospechadas de comandar el tráfico en las favelas del Alemão y de la Penha. Además, fue parte del combate al Comando Vermelho, la organización criminal que controla el narcotráfico en el estado de Río de Janeiro.
Al final del día, sin embargo, el resultado real fue el asesinato de centenas de moradores, en su mayoría hombres jóvenes, pobres y negros. Hasta el momento que escribo esta nota, el número oficial de muertos todavía no está concluido. Algunos medios indican que puede pasar de 130, además de los heridos por balas perdidas y la destrucción material.
En este punto es importante hacer una aclaración: no hay una guerra en Brasil o en Río. El gobierno no está “en guerra” contra el narcotráfico. Lo que hay es un Estado que utiliza la narrativa de la “guerra al narco” para legitimar y perpetrar acciones violentas contra una parte específica de la población. La carnicería vista el 28 octubre se suma a una extensa lista de otras matanzas ocurridas en Río y en todo el país en los últimos 35 años.
La abogada e investigadora Dani Alves subraya que no es exagerado decir que está en vigencia en Brasil desde hace décadas un proyecto de políticas racistas de exterminio de la población pobre y negra, cuyo conflicto directo con las fuerzas de seguridad es uno de los principales instrumentos de muerte. No es casualidad que la policía brasilera sea una de las más letales del mundo. En los últimos 10 años, las muertes causadas por la Policía Militar casi se triplicaron, siendo Río unos de los estados donde esto más ocurre.
Tampoco es una mera coincidencia el destaque de Río de Janeiro en este contexto. Desde el final de la dictadura militar brasilera (1964-1985), Río se convirtió en una suerte de tubo de ensayo para políticas públicas de seguridad urbana basadas en estrategias ostensivas que siguen la misma lógica de los gobiernos de la dictadura: tratar al “bandido” como un enemigo a ser eliminado. El problema, entre tantos otros, es determinar quiénes son los tales “bandidos”. Es aquí que la llamada guerra a las drogas cumple su función.
También podemos sumar a esta ecuación el historial de gobernadores del estado carioca sumergidos en escándalos de corrupción y, en algunos casos, con vínculos oscuros con el mismo narcotráfico que supuestamente intentan combatir. Desde la vuelta a la democracia, Río tuvo 11 gobernadores, de los cuales seis fueron investigados por corrupción. De estos, cuatro fueron condenados y presos, y dos todavía siguen en investigación —uno de ellos es el actual gobernador Claudio Castro.
Por lo tanto, afirmar que la masacre en Río es una consecuencia de la guerra al narcotráfico, apenas sirve para reducir un complejo contexto histórico, político y económico a una narrativa bélica que intenta establecer al Estado y a los narcotraficantes como polos opuestos de este conflicto. Además, reafirma los estereotipos que asocian el narcotráfico a simples cuestiones de clase social, raza y género, consolidando la figura del hombre, pobre y negro como “el traficante” y, por ende, el cuerpo pasible de ser muerto.
Es cierto que las favelas de Río están dominadas por los traficantes de drogas, pero esto tiene más que ver con la ausencia del Estado y de políticas públicas que promuevan condiciones mínimas de calidad de vida. Donde el Estado no se hace presente, otros poderes paralelos se instalan fácilmente.
Hay también otro aspecto importante que atraviesa esta situación: las elecciones presidenciales de 2026. Pocos días antes de la masacre, Lula confirmó que disputará la reelección para presidente. La confirmación vino de la mano del aumento de la aprobación popular del actual mandatario brasilero tras su exitosa estrategia política para responder a las tasaciones y amenazas hechas por Donald Trump.
A la vez, el campo de la ultraderecha sigue arraigado a la imagen del expresidente Jair Bolsonaro. Como no podrá participar de las elecciones debido a su condena por intento de golpe de Estado, existe una disputa interna para saber quién será el candidato. En este momento, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se vislumbra como la opción más probable, porque cuenta con el apoyo de otros líderes bolsonaristas, incluyendo el gobernador de Río. También están en esta competencia Michele Bolsonaro, esposa del exmandatario, y su hijo, el senador Flavio Bolsonaro.
En este escenario de puja electoral, la matanza realizada por Claudio Castro puede ser interpretada como un intento de desviar la atención de la opinión pública de vuelta hacia el debate sobre la seguridad y el narcotráfico, dos puntos claves que favorecen al campo bolsonarista. Una encuesta hecha por Genial/Quaest en Río luego de lo ocurrido muestra que el 64% de las personas aprueban la medida extrema realizada por el gobierno carioca, pero, al mismo tiempo, el 52% dice sentirse menos seguro que antes.
Exactamente en esta relación entre la aprobación de acciones violentas contra el narcotráfico y el aumento de la percepción de inseguridad se ubica la discusión propuesta por el sector de ultraderecha. Claudio Castro se posiciona como el líder que “sabe combatir los traficantes” mientras afirma no tener apoyo de Lula, culpando al gobierno nacional por la inseguridad.
Lo que vemos, al final, es la ultraderecha convirtiendo una vez más las favelas en un tablero de ajedrez electoral con el objetivo de capitalizar votos a través de los cuerpos de hombres pobres y negros.
Repercusión internacional y el impacto en la población migrante
Como era esperado, la matanza en Río generó una gran repercusión internacional, tanto de gobiernos y organizaciones como de medios de comunicación. La conmoción, básicamente, se divide en dos tipos: de un lado, las que condenaron el suceso, llevando el debate para el lado de los Derechos Humanos y de la necesidad de pensar otras medidas para el combate al narcotráfico; y, del otro lado, las que usaron para justificar la implementación de políticas de seguridad aún más agresivas.
Países como Argentina, Paraguay y Bolivia decidieron fortalecer sus fronteras con Brasil bajo la alegación de “evitar la entrada de narcos brasileros”. En el caso específico de Argentina, el gobierno de la nación emitió un comunicado, a través de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, afirmando que reforzará “las fronteras para proteger a los argentinos ante cualquier ‘desbande’ que pueda generarse por los conflictos en Río de Janeiro”. Los agentes de frontera quedarán más atentos a “señales” que permitan identificar a presuntos narcotraficantes y serán realizadas verificaciones minuciosas de los antecedentes en busca de posibles crímenes o condenas.
Frente a este comunicado, es inevitable pensar sobre el probable impacto de estas determinaciones para la población migrante, tanto para aquellos que ya viven en Argentina cuanto para quienes están en tránsito. Desde que ascendió a la presidencia, Javier Milei ha implementado reformas en las leyes migratorias argentinas, dificultando el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país. Hace algunos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación con estas actuales políticas migratorias.
No por casualidad, estos cambios en las leyes migratorias vinieron acompañados de una ola de discursos antimigrantes en las redes sociales por parte de grupos ideológicamente ligados al gobierno de turno. Se difundieron mensajes de odio y fake news que vinculaban a las comunidades migrantes latinoamericanas —sobre todo los bolivianos, peruanos y paraguayos— al narcotráfico y al aumento de la violencia urbana. Así, por supuesto, se tornó más o menos fácil para el gobierno cooptar el debate público sobre seguridad y vender como solución para este problema políticas públicas xenófobas.
La masacre en las favelas de Río viene a corroborar la falsa idea de que “el enemigo” está afuera y debe ser contenido. En cuanto a las personas migrantes que ya viven acá, nada cambia en términos burocráticos —más allá de las ya mencionadas reformas. Sin embargo, puede haber cierto impacto en sus vidas cotidianas, especialmente si se vuelven a intensificar los discursos de odio y discriminación. Por lo tanto, no será sorprendente que, en las próximas semanas, veamos nuevos ataques en las redes sociales a las comunidades migrantes en Argentina, así como una nueva oleada de comentarios xenófobos y racistas destinados a promover la idea de “proteger” la frontera para no convertirnos en Brasil.
Foto de portada: cuerpos alineados en la calle la mañana siguiente a la masacre de Río (Foto: Facebook)
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Es Licenciado en psicología por la Universidade Estadual Paulista (UNESP/Brasil), con un magíster en Derechos Humanos y Sociedad, Migrante brasileño, reside en la Argentina desde 2018. Actualmente cursa la carrera de periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).
