En el siglo XXI, la migración femenina en América Latina ha alcanzado niveles sin precedentes. Sin embargo, lejos de ser un fenómeno de desplazamiento de características corrientes, el tránsito de mujeres migrantes está marcado por la violencia, la discriminación y la lucha por la supervivencia. Esta realidad se ve aún más exacerbada en un contexto donde las políticas migratorias restrictivas se intensifican mientras otros factores como la violencia patriarcal e institucional, los desastres naturales y el cambio climático agravan la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas mujeres migrantes, y exigen un abordaje urgente desde las políticas públicas a nivel regional.
Un fenómeno en crecimiento y altamente vulnerado
Las mujeres migrantes experimentan, desde un principio, una doble discriminación: por ser migrantes y por ser mujeres, enfrentando múltiples riesgos en sus travesías, que van desde la explotación laboral y la discriminación de género hasta la violencia sexual, el femicidio y la desaparición. Esta situación se refleja notablemente en el tránsito migratorio latinoamericano, donde la falta de seguridad y las políticas restrictivas agravan la vulnerabilidad de las mujeres, muchas de las cuales huyen de contextos de pobreza extrema, violencia de género, conflictos políticos o por motivos ambientales.
Desde la década de 1980, el incremento del desempleo y las políticas de ajuste estructural han llevado a un aumento de la migración femenina en América Latina. De acuerdo al informe “Explorando la feminización de la migración con perspectiva de género” elaborado por la OIM (2024), se verifica una feminización de la migración en términos absolutos, pues los factores intrínsecos que colocan a las mujeres en situaciones de riesgo y vulnerabilidad durante todo el proceso migratorio se han visto agravados en los últimos años, y requieren de un abordaje integral desde las políticas públicas.
En ese sentido, los Países Miembros de Conferencia Regional sobre Migración (CRM), en la Declaratoria Extraordinaria (2023) del V Congreso de Mujeres en Contextos Migratorios, destacaron “la importancia y el impacto que ha representado el cambio de tendencias en la región, al observar el creciente número de niñas y mujeres en contexto de movilidad humana, con necesidades específicas, asociado a la feminización como consecuencia de múltiples factores, como la violencia en todas sus formas, la pobreza, un incremento y sobrecarga del trabajo de cuidados de las mujeres, los desastres ambientales y efectos del cambio climático”.
Por su parte, el Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) de 2023, afirmó que aumentar la capacidad de adaptación ayuda a reducir el riesgo de migraciones forzadas y mejora las opciones disponibles para quienes deben desplazarse. Sin embargo, la desigualdad de género y la violencia estructural agravan la vulnerabilidad de las mujeres, niñas y personas LGBTI+ frente a los desastres naturales y fenómenos extremos. La falta de acceso equitativo a recursos y oportunidades económicas limita su capacidad de respuesta y recuperación. Según la OIM, en 2022 se registraron 2,6 millones de desplazamientos internos en el continente americano, de los cuales casi el 80 % fueron provocados por desastres, afectando de manera desproporcionada a estos grupos.
Otro aspecto importante a tener en cuenta fue el impacto de la crisis sanitaria de COVID-19, el cual exacerbó aún más las desigualdades de género y precarizó la situación de las mujeres migrantes. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a finales de 2020, 209 millones de latinoamericanos vivían en la pobreza, de los cuales 78 millones estaban en pobreza extrema. Las mujeres fueron las más afectadas, perdiendo empleo y enfrentando condiciones aún más precarias en el mercado laboral. Y tal y como consigna el informe Migradas, elaborado por el área de Mujer del Movimiento por la Paz, la pandemia incrementó los casos de violencia de género, restringiendo el acceso a recursos de apoyo y protección para mujeres migrantes.
En suma, son muchos los motivos que explican el incremento de la feminización de la migración. Por ello se torna esencial, en este contexto, contar con políticas públicas de alcance regional que aborden la multiculturalidad y la interseccionalidad que revisten los distintos modos de vulnerabilidad y violencia por los que atraviesan no solo las mujeres y niñas migrantes sino también las personas migrantes con identidades de género diversas. Además, tal como lo expresa el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, las políticas migratorias deben elaborarse sobre la base de datos exactos, fidedignos y comparables, desglosados por sexo y género, edad, situación migratoria y otras características pertinentes.
Un caso testigo: el femicidio de Victoria Salazar y las políticas públicas del gobierno mexicano
Uno de los casos más emblemáticos de violencia contra mujeres migrantes fue el de Victoria Salazar, una mujer salvadoreña asesinada en marzo de 2021 en México. Victoria, madre soltera, dejó El Salvador junto a sus dos hijas adolescentes en busca de una vida mejor en los Estados Unidos. Sin embargo, las dificultades en el camino la llevaron a quedarse en México, donde en 2018 obtuvo una visa humanitaria como refugiada. Comenzó a trabajar en la ciudad de Tulum, donde, en circunstancias aún no esclarecidas, fue brutalmente asesinada. Su muerte generó una ola de indignación tanto en México como en El Salvador, y provocó protestas de organismos internacionales y grupos que denunciaron el racismo y la misoginia de las fuerzas de seguridad mexicanas.
Este asesinato sigue impune, y constituye un hecho emblemático de la situación de las mujeres en situación de migración y de los peligros a los que se exponen, que van desde el riesgo de ser detenidas y deportadas hasta convertirse en blanco para redes de trata de personas con fines de explotación laboral y sobre todo sexual, que constituye una de las formas de violencia más invisibilizadas que afectan a mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad.
Por ello, el gobierno mexicano, en alianza con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM/ONU Migración), ímpulsó la creación de la “Estrategia Nacional de Combate al Tráfico Ilícito de Personas Migrantes con Perspectiva de Género 2023-2057” que propone enfocar esfuerzos en cinco áreas prioritarias:
1) Generación y análisis de datos para monitorear el fenómeno de tráfico ilícito de personas migrantes,
2) Prevención del tráfico ilícito de personas migrantes con enfoque de género,
3) Creación de alternativas de regularización para personas migrantes que sean víctimas de tráfico ilícito y de delitos conexos,
4) Investigación y judicialización de casos de tráfico ilícito de población en situación de migración y delitos conexos con perspectiva de género y
5) Protección integral a personas migrantes objeto de tráfico ilícito y víctimas de delitos conexos (SEGOB, 2023)
En este sentido, resultaría fundamental replicar estos esfuerzos en otros países en pos de garantizar la plena seguridad de las mujeres y diversidades migrantes atendiendo a los peligros a los que se exponen a diario y a la impunidad con la que acaban sin resolución los casos de violencia letal por motivos de género.
Un llamado a la acción
Abordar la migración femenina desde una perspectiva de género es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de miles de mujeres que, lejos de buscar únicamente nuevas oportunidades, luchan por sobrevivir en un mundo que aún las deja en los márgenes. Las políticas migratorias deben incorporar un enfoque de derechos humanos que garantice la seguridad de estas mujeres en cada etapa de su tránsito migratorio.
Organizaciones internacionales como ONU Mujeres, ACNUR y la OIM han subrayado con urgencia la necesidad de adoptar medidas eficaces para proteger a las mujeres migrantes y prevenir la violencia de género. Para visibilizar esta problemática resulta fundamental pensar en políticas migratorias inclusivas que incorporen análisis con perspectiva de género basados en la recopilación, análisis y difusión de datos exactos y fiables sobre migración. Esto implica no solo considerar a mujeres y niñas como representantes del género, sino también personas transgénero, travestis, transexuales, no binarias entre otras pertenecientes a identidades de género diversas.
La recopilación de datos desglosados por género es fundamental para comprender las dinámicas migratorias y garantizar la formulación de políticas efectivas. Sin embargo, menos de uno de cada cuatro países (23%) incorpora una perspectiva de género en su estrategia nacional de migración (OIM, 2024), y solo el 69% de los 111 países evaluados cuentan con mecanismos formales para garantizar que sus políticas migratorias tengan en cuenta las cuestiones de género (DAES, OIM y OCDE, 2021). Por otro lado, solo se dispone de información sobre el sexo de 1 de cada 3 personas (22.618 de las casi 63.307 personas) que perdieron la vida durante la migración en todo el mundo entre enero de 2014 y diciembre de 2023 (Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, 2024). De estas 22.618 muertes de migrantes de las que se dispone de datos sobre el sexo, el 24,2 por ciento eran mujeres. Casi la mitad de las muertes de mujeres migrantes identificadas se produjeron durante travesías marítimas, en las que las posibilidades de supervivencia de las mujeres eran limitadas, ya que estaban embarazadas o cuidaban de sus hijos a bordo.
No obstante los esfuerzos, hasta ahora han sido insuficientes ante la magnitud del problema. La impunidad persiste como una constante, y mientras esta situación no cambie, la historia de las mujeres migrantes seguirá siendo una historia marcada por la lucha, la resistencia y el dolor en América Latina. Lograr la equidad en este ámbito requiere eliminar los obstáculos que refuerzan la discriminación y promover estrategias inclusivas que garanticen el acceso a oportunidades y recursos en condiciones de igualdad. Además, es fundamental que las iniciativas en materia de migración prioricen la protección de los derechos humanos, asegurando que las personas migrantes puedan vivir con seguridad y dignidad.
En este contexto, distintos organismos reafirman la exigencia de adoptar con un enfoque transversal que integre la perspectiva de género en todas sus acciones, adaptándose a los diversos entornos en los que opera. La promoción de políticas migratorias más equitativas y seguras sólo será posible si se incorpora la igualdad de género como un eje central en la toma de decisiones y se trabaja de manera coordinada para reducir las desigualdades que afectan a quienes migran.
Por ello, en este 8M, es crucial recalcar que la situación de las mujeres migrantes exige el compromiso de todos los países de la región para abordar sus problemáticas de manera integral, garantizando siempre el pleno respeto por los derechos humanos.
Antropóloga. Se especializa en el campo de la antropología forense, particularmente en temas como las desapariciones en democracia y la violencia de género. Su familia tiene raíces en Alessandria, Calabria, Cataluña y Roma. Le gusta el mar, escribir, viajar y conocer nuevas historias.
Consultor en comunicación estratégica. De raíces criollas y mestizas, sus antepasados se remontan a la historia del Alto Perú y también a la llegada de migrantes españoles en el siglo XIX. Apasionado por la historia y cultura latinoamericana.
