La política migratoria argentina: cómo interpretar las últimas medidas

La crónica es la de un final anunciado: el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Ejecutivo implementará cambios en la política migratoria. El camino empezó en diciembre de 2023, cuando se aprobó el protocolo antipiquetes, que habilita la deportación de una persona migrante por el solo hecho de participar en una manifestación en contra de las autoridades. A eso le siguió un incremento en el costo de los trámites migratorios, y una disminución de la cantidad de días para apelar ante la negativa de la concesión del estatus de refugiado.

Algunas provincias se adelantaron y comenzaron a cobrar por servicios públicos como el de la salud a los extranjeros no residentes. Ahora, es el Estado nacional el que impulsará el establecimiento de un arancel para el ejercicio del derecho a la salud y la educación pública, servicios por los que, independientemente de su nacionalidad, toda persona paga a través de impuestos como el IVA. 

A la par, se avanzará en la incorporación de nuevos delitos para impedir el ingreso o facilitar la expulsión de inmigrantes, un modelo que ya vivió Argentina con el DNU 70/2017 y que fue declarado inconstitucional por la Cámara Contencioso Administrativo Federal y derogado en el año 2021.

Un largo camino de retrocesos

Carlos Guerra (25) es colombiano, vive en Argentina, y fue detenido dos veces, mientras realizaba sus tareas como fotoperiodista. La primera, durante una manifestación por la aparición de Santiago Maldonado, en 2017. La segunda, en abril de este año, cuando cubría una protesta en las puertas del Ministerio de Capital Humano, en reclamo por la falta de entrega de alimentos a comedores. Lo que tienen en común ambas detenciones es que se realizaron después de la modificación de algunas normas en materia migratoria.

En el primer caso fue el DNU 70/2017, que aceleraba los plazos de expulsión de las personas migrantes. En 2024, el contexto fue el protocolo “antipiquetes”. Se trata de la Resolución 943/2023, que el gobierno argentino publicó el 15 de diciembre de 2023, y que establece, entre otras cosas, que los datos de las personas que no tengan residencia permanente en el país y participen de protestas sociales serán enviados a la Dirección Nacional de Migraciones donde, se entiende, se podría evaluar su expulsión.

No es esta la única medida que atenta contra el espíritu de la Ley Nacional de Migraciones (25.871) y de la Ley de Reconocimiento y Protección del Refugiado (26.165). En julio el costo de los trámites para regularizar la situación de las personas migrantes aumentaron un 1.500%, y en octubre, mediante el DNU 942/2024, se redujo drásticamente el plazo para interponer recursos en el caso de que las solicitudes de refugio sean rechazadas: pasó de los 10 a los 5 días hábiles.

La Comisión Argentina para personas Refugiadas y Migrantes (CAREF) ha hecho eco de tales circunstancias en lo concerniente a la participación de las personas migrantes en movilizaciones o cortes de calle. En este sentido, la institución señala que la oficialización del “protocolo antipiquetes” (decreto N° 943/2023) supone para los migrantes “la amenaza latente de expulsión”, a la vez que “implica un trato desigual entre nacionales y extranjeros/as”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de sus relatorías especiales, señaló que el protocolo “implica la criminalización de la protesta y va en contra de derechos y garantías básicas”. De este modo, entienden, se pone en vilo el acceso al derecho a la protesta, el derecho a peticionar a las autoridades, a la libertad de expresión y reunión, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. 

Por su parte, Amnistía Internacional ha afirmado que dichas estrategias de amedrentamiento a organizaciones sociales, colectivos e individuos (incluyendo la amenaza de deportación de personas migrantes) constituyen formas de silenciar, inhibir y censurar a quienes reclaman a las autoridades.

El decreto N° 584/2024, que aumenta los trámites migratorios en un 1.500% “eleva sustancialmente el valor de las tasas migratorias para los trámites de residencia temporaria y permanente”, explicaron desde Caref. Así las cosas, las personas provenientes de países que no pertenecen al Mercosur deben abonar el equivalente al 42% de un salario mínimo, vital y móvil para iniciar el trámite, mientras que, para las y los ciudadanos nacidos en países sudamericanos, representa alrededor del 21%.

El debate en torno al arancelamiento del acceso a la salud de la población migrante es otro de los puntos a considerar. Desde el 1 de agosto de 2024, Mendoza se convirtió en la segunda provincia argentina, después de Salta, en cobrar por la atención médica a extranjeros en hospitales públicos. Dicha medida se aplica a turistas, extranjeros en tránsito y a trabajadores extranjeros con permiso de residencia transitoria o precaria.

Según el portal Residencias Médicas, los costos varían según el tipo de servicio que se solicite: un parto ronda los $800.000, mientras que un día de internación en terapia intensiva cuesta $400.000.

Por último, y no menos importante, el arancelamiento de la educación universitaria a estudiantes extranjeros no residentes es otra iniciativa que está en discusión. Esta medida, de efectivizarse, iría claramente en contra de la Ley Nacional de Migraciones, puntualmente de su artículo 6°, que postula que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo empleo y seguridad social”.

Todos estos cambios, además de tener un impacto en el discurso sobre cómo se representan ante la opinión pública las personas migrantes, también implican daños concretos. El de Carlos Guerra es apenas un ejemplo de ellos.