La Unión Europea planea considerar a Colombia y otros países como “seguros” para facilitar deportaciones, pese a la violencia y crisis sociales.
La Unión Europea avanza en una nueva medida que podría poner en riesgo la vida de miles de personas migrantes y solicitantes de asilo: declarar “países seguros” a naciones que, como Colombia, siguen atravesando profundas crisis de violencia, desigualdad, persecución y desplazamiento forzado. Con esta medida se pretende acelerar las deportaciones y rechazar solicitudes de protección internacional, ignorando las realidades que empujan a tantas personas a huir. Esta decisión no solo desestima la evidencia sobre la compleja situación en estos territorios, sino que también abre la puerta a una violación del derecho internacional de asilo.
Esta nueva medida forma parte de la reforma del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), que busca homogeneizar las políticas sobre los flujos migratorios y las normas para los solicitantes de asilo en los países miembros de la Unión Europea, construyendo así un marco normativo común que alivie la carga de los países en virtud de un orden comunitario. Este plan obedece a una presencia cada vez mayor en el Parlamento Europeo de grupos reaccionarios y de posiciones restrictivas en el ámbito migratorio.
Organizaciones y plataformas de ayuda internacional han mostrado su oposición a estas medidas. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) expresó en la red social X su firme desacuerdo, afirmando que el desarrollo del nuevo Pacto de Migración y Asilo es una amenaza: “Nos oponemos firmemente a la lista común de países de origen seguro propuesta por la Comisión Europea, que limita el derecho de asilo a quienes provienen de estos Estados, recordando que cada solicitud debe examinarse individual y exhaustivamente según el derecho internacional”.
Una solicitud de asilo en el ámbito del derecho internacional es una petición formal de protección ante un Estado, hecha por una persona que teme por su seguridad en su país de origen, por estar expuesta a ser perseguida o sufrir daños graves. Este derecho está amparado por la Convención de Ginebra de 1951 y el ‘principio de la no devolución’ o non-refoulement, que, junto con otros instrumentos internacionales, basa su idea en que una persona no debe ser devuelta a un lugar donde su vida o libertad estén en peligro.
Contexto de la iniciativa
El 14 de mayo de 2024, el Consejo de la Unión Europea adoptaba el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que se prevé que entre en vigor en junio de 2026 y, en virtud del mismo, la Comisión Europea (CE) ha puesto en marcha un proyecto frente a la inmigración irregular en Europa, de manera que se recogen siete países a los que los solicitantes de asilo podrán regresar una vez sus solicitudes de asilo hayan sido rechazadas: Marruecos, Bangladesh, Colombia, Kosovo, Egipto, India y Túnez. Markus Lammert, portavoz de la CE, indicó en una rueda de prensa que se espera que la lista de estos países sea dinámica, es decir, que posibilite la inclusión de otros países en función de su progreso social y democrático. No obstante, la consideración de estos países como “seguros” se ha puesto en entredicho por la comunidad internacional.
“Solo una de cada cinco personas a las que se les dice que deben abandonar la UE se va. Esto no es tolerable”, declaró el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, durante la presentación de la propuesta. La elaboración del nuevo Pacto sobre Migración fue, desde el inicio, objeto de controversia por su clara orientación hacia políticas de cierre de fronteras, inspiradas en modelos ya implementados en países como Reino Unido, Italia y Alemania. Estas medidas han derivado en el desarrollo de planes de deportación destinados a reducir el número de llegadas a suelo europeo. El auge de gobiernos nacionalistas ha reforzado este enfoque, consolidando lo que algunos denominan “fortaleza Europa”, en la que el control fronterizo se percibe como un mecanismo de defensa ante una supuesta amenaza migratoria.
En este contexto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, alcanzó un acuerdo con las autoridades de Albania —fuera del territorio de la UE— para establecer un centro de detención de migrantes deportados. A pesar de que este centro, ubicado en Gjadër, fue inicialmente limitado por decisiones judiciales por vulnerar los derechos fundamentales, su reapertura ya está en marcha. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluso ha respaldado públicamente esta estrategia.
Estas iniciativas se inscriben en una lógica de externalización del control migratorio, una práctica que no es nueva: organismos como la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) ya han sido utilizados para frenar redes de tráfico y controlar los flujos desde terceros países. En paralelo, se han registrado casos controvertidos, como la reciente deportación de migrantes —europeos y no europeos— en Berlín, tras su participación en una manifestación pro Palestina, lo que reabre el debate sobre el respeto a los derechos fundamentales en el marco de estas políticas.
Esta medida pretende agilizar los procedimientos, en los que las tasas de concesión sean muy bajas (menos del 20 %). Según datos del CEAR, en España, Colombia y Marruecos son los ‘países seguros’ con mayor rechazo a las peticiones (hasta un 51 % en el caso de Colombia), siendo una de las nacionalidades con mayor registro de solicitudes de asilo presentadas (un 14 %, detrás de Venezuela, con un 59 %). Colombia se convierte así en un caso emblemático para cuestionar la legitimidad y consecuencias del nuevo enfoque europeo sobre migración y retorno.
Expertos y activistas han expresado su preocupación al respecto de las medidas que se pretenden impulsar en materia migratoria. El procedimiento acelerado impide que el solicitante encuentre y presente las pruebas necesarias para justificar el asilo en Europa. La lista, además, incluye países donde ser parte del colectivo LGTBIQ+ está criminalizado y perseguido, como Marruecos, Egipto y Túnez.
Por otro lado, se encuentra la gestión de los centros de detención o deportación a raíz de acuerdos bilaterales o multilaterales con terceros países. Los inmigrantes alojados temporalmente en estos centros colaboran con las autoridades de manera “forzosa”, bajo criterios especiales de arbitrariedad y discriminación, arriesgando perder sus derechos o sus documentos legales.
¿Son realmente seguros? El caso de Colombia
Para entender el alcance práctico de este caso, desde Refugio Latinoamericano hablamos con Elena Muñoz, coordinadora jurídica de CEAR, quien asegura que “Colombia no cumple los mínimos establecidos para considerar que es un país de origen seguro”. A su juicio, la inclusión de Colombia no solo vulnera el principio de ‘no devolución’, “vulnera también el principio de discriminación, porque se está tratando de forma distinta según de qué país venga”, añadiendo que la articulación de la lista no solo es un error técnico, sino una decisión política que desprotege a quienes más lo necesitan: “En vez de utilizar criterios de ‘¿dónde realmente hay un cumplimiento de los derechos humanos?’, han utilizado, entre otros criterios, el número de solicitudes que hay en la Unión Europea, el número de entradas que hay de los países que no se les exige visado dentro de la UE. Colombia cumple todos estos requisitos, es uno de los países que mayor número de solicitudes de protección internacional hay, sobre todo en España”.
La UE defiende la decisión de incluir a Colombia en la lista argumentando que la situación del país ha mejorado. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y activistas cuestionan esta visión, señalando que la violencia y la inestabilidad persisten en muchas regiones del país. La propuesta ha generado preocupación entre los colombianos que huían de la situación del país por pobreza, persecución o violencia, y ante las nuevas medidas temen que la decisión pueda exponerlos a condiciones de vida peligrosas.
“El conflicto armado que asola a Colombia en los últimos 60 años, las dinámicas del conflicto, que son variables, con repuntes como los que ahora mismo estamos viendo en la provincia de Catatumbo, nos dan la razón. Es un conflicto muy complejo”.
En España, Colombia fue el país con mayor número de solicitudes de protección internacional en 2023, representando el 43 % del total (más de 60.000 peticiones), aunque menos del 5 % fueron aceptadas, siendo de los países más restrictivos a la hora de aprobar estas solicitudes. En 2024, las solicitudes de asilo colombiano en Alemania habían aumentado de 135, en 2018, a 3.500 y, al saberse considerado seguro tras el acuerdo de paz con las FARC en 2016, la mayoría las ha rechazado el gobierno alemán, lo cual ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países. A pesar de los acuerdos de paz con este grupo, Colombia sigue enfrentando altos índices de violencia internos de parte de grupos armados ilegales relativos al narcotráfico y a los conflictos territoriales, especialmente en zonas rurales: “El conflicto de Colombia y sus dinámicas tan complejas hacen que, donde a lo mejor ahora es una zona segura, mañana estalla el conflicto por controlar ese territorio por varios grupos armados que estén activos en Colombia y que esa zona ya no sea segura.”
“La calificación de país seguro debe analizarse caso por caso. No se puede aplicar a toda una población que huye por motivos específicos como orientación sexual, identidad de género o violencia política.”
— Declaraciones del CEAR en los medios, tras la publicación del Pacto Europeo de Migración.
Ante la posibilidad de que se excluyan ciertas regiones del país, la coordinadora de CEAR nos señaló que la propuesta de la Comisión no coincide con su articulado, ya que no introduce esas inspecciones: “Aunque está esta opción de exceptuar ciertas zonas, ahora mismo no está en el articulado de la propuesta, aunque sí lo mencionan de forma genérica en la justificación”.
Desde 2018 y 2019 se ha observado un aumento significativo en la recepción de solicitudes de asilo y protección internacional desde Colombia, “desde personas que llegan con un historial de desplazamiento forzado interno, personas que están sometidas a extorsión de distintos grupos armados o grupos que controlan su barrio o su zona, personas campesinas que los grupos armados desalojan de sus territorios para el cultivo de cocaína o para controlar el tráfico de drogas, hasta personas que se oponen a todas estas medidas y se convierten en líderes sociales o activistas”, nos cuenta Elena Muñoz al preguntarle por los perfiles que ven desde CEAR, considerando también las personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ+ y a las mujeres víctimas de la violencia de género.
Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica (Las voces del exilio) llegan las voces de numerosos testigos que inmigraron para conseguir una vida mejor en Europa:
José Gamboa, tras sobrevivir a tres atentados y recibir amenazas constantes, se vio obligado a buscar asilo en Europa para salvar su vida.
Carlos, de 42 años, exiliado por persecución política, vivió siete años en Madrid antes de regresar a Colombia. Su experiencia refleja los desafíos de la adaptación y la sensación de ser un “exiliado dentro del exilio”.
Cristina, solicitante de asilo que defiende los derechos humanos de Colombia, se encuentra en situación de calle en Madrid mientras espera ayudas sociales, afirma que “volver a mi país no es una opción”.
La lista común de países seguros no refleja la realidad para todas las personas que decidieron inmigrar por diferentes causas, y la etiqueta puede invisibilizar vulnerabilidades graves.
Reacciones de las ONGs
La postura de las organizaciones sociales en el panorama internacional ha sido prácticamente unánime: “Migrar es un derecho, no un delito. Estas medidas criminalizan y deshumanizan a las personas migrantes”, aseveró el CEAR junto a otras organizaciones de protección internacional.
Lo que ahora estas exigen al Parlamento Europeo, en aras de un cambio en las decisiones, es que se cierren los centros de deportación para garantizar el respeto a los derechos humanos en el marco de las políticas migratorias; evitar medidas coercitivas, la arbitrariedad y la detención prolongada, asegurando la asistencia legal efectiva y la protección de las personas vulnerables, y aplicar el efecto suspensivo de los recursos en procedimientos de retorno. Además, en el CEAR nos insisten en que es necesaria “la valoración individual de cada caso”.
“Colombia no es un país seguro para quienes defienden derechos humanos, para las comunidades rurales, ni para las personas LGBTI. La impunidad y la falta de garantías siguen siendo la norma.”
— Informe anual de Amnistía Internacional de 2023.
Conclusiones
Incluir estos países en una lista común de origen seguro no solo es erróneo, sino peligroso: facilita rechazos exprés de solicitudes de asilo sin evaluar el riesgo real al que se enfrentan las personas deportadas, manifestando una importante contradicción entre los valores de la Unión Europea y los Derechos Fundamentales. Tal y como manifiestan desde el CEAR, “las personas que vengan de Colombia se les va a someter a procedimientos acelerados, o si están en alguna de las fronteras o aeropuertos, se les va a someter a un procedimiento fronterizo con plazos mucho más cortos, con posibilidades de que estén retenidas o incluso ya detenidas y con limitación de su libertad de movimiento, se les deniega la protección internacional. Presentar un recurso contra la denegación de asilo no va a paralizar la devolución de esa persona que está en un aeropuerto y que le van a meter al día siguiente en un avión a Colombia.”
Como ya mencionábamos antes, otra de las problemáticas existentes se encuentra en los acuerdos de externalización del control migratorio, transfiriendo la responsabilidad de los Estados a terceros países: “No es posible externalizar competencias europeas en terceros países. Una vez que una persona se encuentra en territorio de la UE o en alguna de sus fronteras, hay que cumplir toda legalidad, entre ellos el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Lo que exigimos es que se cumpla con la legalidad y que no se hagan, lo que han venido a llamar ‘soluciones innovadoras’, que para nosotros son, más que soluciones, nuevos problemas en contra de la legalidad internacional”, afirmaron también desde el CEAR.
La implementación de este plan supone un serio retroceso que pone en entredicho tanto la Carta de Derechos Fundamentales de la UE como los principios sobre los que se sustenta. A la luz de la crisis humanitaria de 2014, cabe preguntarse: ¿realmente ha aprendido algo Europa? Las decisiones actuales parecen contradecir por completo las respuestas que entonces se consideraron necesarias, incluso por parte de las más altas instancias de la Comisión Europea, que en su momento mostraron una sensibilidad que logró movilizar a las instituciones. Hoy, sin embargo, esa lección parece haber sido olvidada.
Imagen de portada: Úrsula von der Leyen durante una reunión plenaria de la UE. Foto: European Parliament (CC BY 2.0, sin cambios).
Referencias
Amnistía Internacional. (2023). Informe anual 2023/24: El estado de los derechos humanos en el mundo. Recuperado de https://www.amnesty.org/es/latest/research/2024/04/annual-report-2023/
CEAR – Comisión Española de Ayuda al Refugiado. (2024). Posturas sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Recuperado de https://www.cear.es
CEAR – Comisión Española de Ayuda al Refugiado. (2023). Informe anual: Las personas refugiadas en España y Europa. Recuperado de https://www.cear.es/informe-anual/
Convención de Ginebra. (1951). Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Recuperado de https://www.acnur.org
Centro Nacional de Memoria Histórica. (2023). Las voces del exilio colombiano. Bogotá: CNMH. https://centrodememoriahistorica.gov.co
Consejo de la Unión Europea. (2024, 14 de mayo). Reforma del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo: texto definitivo. https://www.consilium.europa.eu
Diario de Colombia. (2025). Migración colombiana en Europa: un fenómeno persistente y complejo. https://www.diariodecolombia.com/migracion-colombiana-en-europa-un-fenomeno-persistente-y-complejo/
Entreculturas. (2024). Organizaciones consideran ilegal e inhumana la propuesta de la Comisión Europea de acelerar las expulsiones a terceros países. https://www.entreculturas.org/noticia/organizaciones-consideran-ilegal-e-inhumana-la-propuesta-de-la-comision-europea-de-acelerar-las-expulsiones-a-terceros-paises/
Euronews. (2025, 16 de abril). La UE publica un listado de terceros países para externalizar solicitudes de asilo de migrantes. https://es.euronews.com/my-europe/2025/04/16/la-ue-publica-un-listado-de-terceros-paises-para-externalizar-solicitudes-de-asilo-de-migr
France 24. (2024, 11 de diciembre). Migración en la Unión Europea: un asunto en manos de la extrema derecha [Video]. https://www.france24.com/es/programas/el-debate/20241211-migraci%C3%B3n-en-la-uni%C3%B3n-europea-un-asunto-en-manos-de-la-extrema-derecha
Infomigrante. (2025, 17 de abril). Europa propone declarar “seguros” a siete países, incluyendo a Colombia, para acelerar el retorno de migrantes. https://infomigrante.es/2025/04/17/europa-propone-declarar-seguros-a-siete-paises-incluyendo-a-colombia-para-acelerar-el-retorno-de-migrantes/
Real Instituto Elcano. (2024). El Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea: contexto, desafíos y limitaciones. https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-pacto-de-migracion-y-asilo-de-la-union-europea-contexto-desafios-y-limitaciones/
Parlamento Europeo. (2024). Acuerdo del Pacto sobre Migración y Asilo. Dirección General de Comunicación. https://europarl.europa.eu
Representación de la Comisión Europea en España. (2025, 16 de abril). La Comisión propone adelantar algunos elementos del Pacto sobre Migración y Asilo y presentar una lista de países seguros. https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-comision-propone-adelantar-algunos-elementos-del-pacto-sobre-migracion-y-asilo-y-presentar-una-2025-04-16-0_es
Von der Leyen, U. (2023). Declaraciones sobre el acuerdo migratorio entre Italia y Albania. Comisión Europea, rueda de prensa (noviembre 2023). Disponible en medios oficiales de la CE.
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Es licenciada en Relaciones Internacionales y estudiante de Derecho, con experiencia profesional en el sector de la aviación. De nacionalidad española y con raíces familiares en Francia, su interés académico se centra en el estudio de las políticas europeas, el Derecho Internacional y los flujos migratorios en Europa.
