Desde Refugio Latinoamericano entrevistamos a Gabriela, una migrante argentina que vive en Minneapolis (Estados Unidos), en un contexto de creciente tensión tras el asesinato de Renée Good y el endurecimiento del accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que profundizó el conflicto entre el gobierno local y la administración Trump. A través de su testimonio reconstruimos cómo la represión impacta en la vida cotidiana de la comunidad local y cómo estos hechos se inscriben en un proceso más amplio de securitización, perfilamiento racial y control social. Su relato visibiliza, además, las redes de cuidado y organización comunitaria que emergen como respuesta colectiva frente a la violencia institucional y la creciente presencia de los agentes federales en el espacio urbano.
Desde Minneapolis, Gabriela* nos transmite una sensación de urgencia. Hace siete años que vive en esa ciudad del norte de Estados Unidos, a la que llegó en 2019 por una historia de amor y de trabajo artístico. No imaginaba entonces que su vida como migrante pronto quedaría atravesada por una secuencia de violencias, controles y miedos que hoy vuelven a intensificarse. La pandemia del COVID-19, el asesinato de George Floyd a pocas cuadras de su casa y, más recientemente, la ejecución a sangre fría de Renée Good a manos de un agente del ICE, marcaron un antes y un después en la experiencia cotidiana de quienes, sean migrantes o no, viven y trabajan allí.
“Yo nunca fui fanática de Estados Unidos”, dice. “Vine acá porque me enamoré (su pareja es estadounidense) y pensamos que iba a ser lo mejor poder tener la ciudadanía y volver a Argentina”. Ese proyecto, sin embargo, quedó atrapado en una maraña burocrática que se volvió cada vez más asfixiante. Con la llegada de Donald Trump al poder, los tiempos para obtener la green card y luego la ciudadanía se extendieron de manera drástica. “Todo se hizo muchísimo más largo y complicado. Si pudiéramos volver el tiempo atrás, no haríamos ninguna de todas esas cosas”, reconoce. Hoy, la espera por la doble ciudadanía mantiene a Gabriela y a su pareja “trabados” en una situación en la que nunca imaginaron que iban a atravesar.
Esa trabazón administrativa está lejos de ser una abstracción. Tampoco es casual. Se manifiesta en escenas concretas, repetidas, casi rituales. “Cada vez que entro a Estados Unidos, desde que tengo la green card, prenden una luz, llaman a otro agente y me llevan a una habitación. Me dejan esperando media hora, aunque tenga todo legal”. En una de esas ocasiones, el trato cambió de inmediato cuando el agente le preguntó de qué ciudad de México venía. “Cuando le dije que era de Argentina, me selló el pasaporte y listo”. Para Gabriela, ese gesto -en apariencia, menor- sintetiza una lógica estructural: “En Estados Unidos la discriminación es física. No buscan papeles: buscan cuerpos”.
Esa lógica de lectura corporal discriminatoria -que distingue por color de piel, acento y origen- ha escalado en el último tiempo. Tras el asesinato de Renee Good, el foco de las redadas del ICE ya no está puesto únicamente en la alteridad migrante o racializada, sino también en la ciudadanía que se muestra disidente a las políticas de la administración Trump. Es lo que se vio en Minneapolis. Los agentes del ICE empiezan a ser visualizados como una fuerza de choque al servicio del gobierno federal. “No tienen listas de la gente a perseguir. Van con varios autos y camionetas, sin patente, a zonas donde creen que va a haber latinos o somalíes y se llevan gente. También van por las personas nacidas acá, ciudadanos estadounidenses”, explica.
A través de su relato, advertimos el particular hostigamiento que recae sobre la comunidad somalí, una de las más numerosas de los Estados Unidos. Gabriela lo observa de cerca: “El racismo contra los somalíes es enorme. Es el blanco principal ahora”. La persecución, insiste, no responde a una lógica de legalidad sino de perfilamiento racial que convierte a los cuerpos en sospechosos. “Es cacería. Literal”.
ICE: de agencia migratoria a fuerza de control político
El episodio que marcó a la comunidad recientemente es el asesinato de Renée Good, que tuvo lugar el 7 de enero de 2026. Good era una ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, ejecutada a sangre fría por un agente del ICE. El mismo fue identificado en los registros públicos como Jonathan Ross, en un operativo que tuvo lugar en el barrio central de Minneapolis.
El gobierno federal, a través de la Secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, sostuvo que el agente actuó en defensa propia y llegó a caracterizar el hecho como un caso de “terrorismo doméstico”. Sin embargo, análisis independientes de videos, informes locales y testimonios contradicen esa versión y muestran que el vehículo de Good avanzó lentamente y que el agente disparó múltiples veces mientras se mantenía erguido y sin daños visibles. El asesinato se inscribe en un patrón claro de violencia institucional que vulnera los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la libertad.
Sin embargo, a pesar de su inconsistencia, la versión oficial gozó de relativa credibilidad. Incluso Jonathan Ross, el agente involucrado en el asesinato de Good, recibió donaciones que lo hicieron millonario de un día para otro: en conjunto, recaudó más de un millón de dólares a través de campañas abiertas en GoFundMe y GiveSendGo, aunque —según informó el Daily Mail— ninguna de ellas fue creada por el propio Ross. En GoFundMe, la colecta superó los 747.000 dólares y fue organizada por el usuario Clyde Emmons, quien calificó a Renée Good como una “terrorista interna” y sostuvo que Ross estaba “totalmente justificado en el tiroteo”. En paralelo, el usuario Tom Hennessey, creador de la campaña en GiveSendGo, describió a Good como una “agitadora radical de izquierda” y convocó a los “patriotas de America First” a respaldar al “intrépido” agente que, según su relato, “disparó en defensa propia para neutralizar la amenaza”; esa campaña recaudó más de 279.000 dólares. El flujo de apoyos económicos y simbólicos hacia el agente refuerza la legitimación social de la violencia estatal y expone cómo ciertos discursos oficiales y mediáticos encuentran eco inmediato en sectores movilizados por el punitivismo y la criminalización de la protesta.
La experiencia de Gabriela no puede entenderse sin examinar qué es el ICE y cómo ha cambiado en los últimos años. Oficialmente parte del Department of Homeland Security, el ICE fue creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para hacer cumplir las leyes migratorias y aduaneras dentro del país. Pero en la práctica reciente, especialmente bajo la administración Trump y sus políticas de “seguridad nacional”, la agencia ha sido protagonista de redadas y detenciones masivas contra personas migrantes, y confrontaciones con comunidades civiles alejadas de la frontera, transformándose así en una fuerza de control social y político.
Ese desplazamiento del foco —de la frontera hacia las calles de Minneapolis y otras ciudades— forma parte de lo que se conoce como Operation Metro Surge, una iniciativa lanzada por el área de seguridad interior del gobierno de Estados Unidos en diciembre de 2025 para intensificar la persecución y deportación de migrantes irregulares con el despliegue de miles de agentes del ICE. El Estado la presentó como la mayor campaña de control migratorio hasta ahora, orientada a arrestos masivos bajo el argumento de combatir delitos graves, pero que ha generado fuertes tensiones con las autoridades locales y protestas masivas por su impacto en la vida cotidiana, las libertades civiles y las comunidades migrantes.
Para Gabriela, el giro del ICE es escandaloso y alarmante. “Ya no se siente que el ICE esté persiguiendo ‘inmigrantes criminales’, como dicen. Esto ya es autoritarismo y opresión a cualquiera que esté en contra”, afirma. Su sensación, como la de muchos estadounidenses, es que el ICE dejó de ser una fuerza anti migratoria para convertirse en una fuerza de control social y político. Su testimonio encaja con el relato de residentes y defensores de derechos civiles en Minnesota, donde el aumento de presencia federal ha sido visto como una militarización del espacio urbano y una fractura entre el gobierno federal y las autoridades
Para Gabriela, la respuesta institucional fue tan grave como el hecho en sí. “Al agente le dieron inmunidad. Dijeron que ella era una terrorista. Y cualquier periodista que pregunta algo distinto es atacado inmediatamente por los partidarios de Trump”. La decisión del Departamento de Justicia de no abrir una investigación federal por violaciones de derechos civiles reforzó la sensación de impunidad y la desprotección de la comunidad. “No hay límite ni consecuencias. Eso es lo que más miedo da”.
Gabriela también subraya un aspecto menos visible pero central: el incentivo económico para los agentes del ICE. “Hay plata por detención. Mientras más gente se llevan, más ganan”. Ese esquema, combinado con presupuestos crecientes y procesos de reclutamiento laxos, explica -según su mirada- la violencia descontrolada. “No están entrenados. Van armados, con gas pimienta, con las caras tapadas, y hacen lo que quieren”. Detrás de ese modelo punitivo hay un sistema que convierte la persecución y el miedo en un negocio.
Un clima social atravesado por el miedo
El impacto del asesinato de Renée Good fue inmediato en la comunidad. Ese mismo día, tras una redada en un colegio, todos los distritos escolares de Minneapolis decidieron cerrar durante dos días. “Legalmente no pueden entrar a las escuelas, pero esperan afuera y detienen gente igual”, relata Gabriela. Por ello, y por motivos de estricta seguridad frente al asedio del ICE, las escuelas públicas de la ciudad ofrecerán clases virtuales durante el próximo mes.
En los días siguientes, se multiplicaron los casos: un adolescente de 17 años detenido en la calle, una mujer sacada de su auto, un joven arrastrado tras desmayarse. La detención arbitraria y la desaparición temporal de personas, son hechos constantes. Muchos permanecen incomunicados en centros de detención sin acceso a familiares ni abogados. “No se sabe qué pasa adentro. Eso genera muchísimo miedo”.
A diferencia de lo ocurrido tras el asesinato de George Floyd en 2020, cuando la ciudad fue escenario de protestas masivas y disturbios, el clima actual es de contención y temor. “Ahora no hay disturbios. La gente está pacífica. Pero es porque hay mucho más miedo”, explica.
Ese miedo atraviesa la vida cotidiana. Gabriela redujo su vida social, sale menos, y mantiene las ventanas de su casa con las cortinas cerradas. En su trabajo, un espacio cultural con una tienda que da a la calle, ya no dejan la puerta abierta: hay que tocar el timbre. “Se cancela la vida. Ferias, eventos, encuentros. Todo se frenó”. Como artista, lo siente de manera directa. “Eso también es parte de lo que buscan: aislar, desorganizar, desalentar la protesta y la solidaridad”.
Redes de cuidado frente a un Estado represivo
Frente a ese escenario, la respuesta no proviene del Estado local sino de la comunidad. Minneapolis conserva una fuerte tradición organizativa desde 2020, y esas redes hoy vuelven a activarse. “Nuestro mecanismo de defensa es un silbato”, cuenta Gabriela. Cuando alguien detecta autos del ICE, se avisa y los vecinos se acercan para filmar, rodear, acompañar e intentar frenar una detención. “No queremos ser violentos, porque ellos no tienen límite”.
Hay grupos de WhatsApp, Signal e Instagram; abogados voluntarios; tarjetas con derechos constitucionales en varios idiomas; vecinos que juntan comida, pañales y medicamentos para quienes no se animan a salir de sus casas. “Si alguien te va a ayudar, son los vecinos. Incluso la policía local está ayudándolos a ellos”.
A seis cuadras de su casa, una pizzería que funcionaba como centro de donaciones fue blanco de un operativo del ICE. No lograron llevarse a nadie porque el local estaba cerrado y los vecinos se organizaron rápido. Pero en el entorno laboral de su pareja, un joven venezolano permanece escondido en su casa; otro fue detenido hace una semana y lo mantienen incomunicado. “No es algo que ves por televisión. Pasa al lado de tu casa”.
Entre quienes la rodean, la pregunta es constante respecto al accionar represivo del ICE. Nadie sabe cómo va a continuar. Gabriela siente -quizás como forma de resistencia- que esta escalada va a terminar pronto. Su pareja y su familia creen lo contrario. “Mi pareja piensa que esto recién empieza, que se va a poner peor, que pueden mandar al ejército”. La decisión está abierta. “Si se pone más feo, nos vamos. No importa mi ciudadanía”.
Desde Minneapolis, el relato de Gabriela no se limita a una visión individual, sino que expone de manera cruda cómo la represión y el miedo se traducen en rutinas alteradas, ciudades silenciosas y comunidades que se organizan para resistir, cuidar y defender sus derechos e integridad. Su testimonio es un espejo del giro securitario y represivo del gobierno de los Estados Unidos: frente las políticas anti-inmigrantes, la represión de la disidencia política y la circulación de narrativas oficiales que legitiman la violencia, la respuesta colectiva y organizada continúa siendo el único factor de protección de una comunidad que resiste los intentos de fracturarla.
Por ello, y en medio de las amenazas de la administración Trump con de invocar la Ley de Insurrección y enviar a 1500 soldados tras las movilizaciones del fin de semana, la comunidad local y las organizaciones sociales han respondido más con acciones de protesta y solidaridad. De hecho, para este viernes 23 de enero, líderes sindicales, organizaciones religiosas, grupos comunitarios y activistas de Minnesota han convocado a un paro de actividades como forma de protesta contra el gobierno federal, el accionar del ICE y en memoria de Renée Good, bajo la consigna de no trabajar, no asistir a clases y no realizar compras en todo el estado. Esta jornada, denominada “Día de la Verdad y la Libertad”, incluirá también una marcha y un acto central en el centro de Minneapolis, y busca aprovechar la organización colectiva para visibilizar el rechazo a la presencia masiva de agentes federales y cuestionar un modelo de control que, según sus promotores, ataca a las comunidades y fractura la vida cotidiana de trabajadores, familias y vecinas/os.
*Por razones de seguridad, el nombre de la persona entrevistada fue modificado. Su identidad ha sido preservada para evitar posibles represalias y proteger su integridad y la de su entorno.
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Consultor en comunicación estratégica. De raíces criollas y mestizas, sus antepasados se remontan a la historia del Alto Perú y también a la llegada de migrantes españoles en el siglo XIX. Apasionado por la historia y cultura latinoamericana.
Abogada del sur del conurbano bonaerense. Escribe y acompaña procesos vinculados a la movilidad humana y a las desigualdades de género, con enfoque en derechos humanos.
Periodista, fotógrafa y viajera, mi vida es una hoja con palabras por escribir y una galería de imágenes que está tejiendo relatos que conectan vivencias, saberes y personas. Mis raíces son migrantes, mis abuelos maternos llegaron de Italia y mi abuela paterna de España, mientras que mi abuelo paterno tiene raices criollas. Nací en Argentina pero viví en España y en Australia. Soy una profesional comprometida que siempre va en busca de nuevas historias.
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