Solicitantes de asilo en Nueva York enfrentan un sistema legal sobrecargado, detenciones en tribunales por parte de ICE y tarifas inalcanzables para abogados.
(Documented NY) – I. M. siempre creyó que contar con un abogado aumentaría sus posibilidades al solicitar asilo en Estados Unidos. Cuando llegó a la ciudad de Nueva York en junio de 2023 desde Perú, se contactó con varias organizaciones legales. Pero todas le dijeron que ya estaban al límite de su capacidad y no podían aceptar su caso, dijo.
Asistió virtualmente a su primera audiencia en marzo de 2024, donde el juez confirmó sus datos y programó una segunda audiencia presencial en Federal Plaza para el 24 de julio de este año. Sin embargo, tras ver videos en TikTok donde oficiales de ICE enmascarados detenían a personas en los tribunales, su búsqueda de asistencia legal se intensificó: “Tengo miedo de que si voy ya no me dejen salir o me manden a la cárcel”.
En medio de un sistema de asistencia legal sobrecargado, las recientes detenciones en los tribunales de inmigración han dejado a muchos inmigrantes como I. M. desesperados por ayuda legal —a veces con meses de antelación a sus audiencias. Proveedores dijeron a Documented que han visto un aumento en la demanda de representación, tanto para inmigrantes detenidos como no detenidos, incluso en audiencias preliminares y administrativas que antes no requerían abogado. Aunque los gobiernos de la ciudad y del estado han incrementado fondos para contrarrestar las políticas de Trump, solicitantes de asilo afirman que la urgencia los ha llevado a acudir a abogados privados, quienes les cobran hasta 8.000 dólares por hacerse cargo de sus casos —una cifra inalcanzable para ellos. Incapaces de pagar esas tarifas, algunos incluso han contemplado la autodeportación para evitar la detención.
Desde mediados de mayo, los reportes y videos de solicitantes de asilo detenidos por ICE en tribunales de inmigración se han multiplicado. Como Documented reportó previamente, abogados de DHS han presentado mociones para desestimar casos de asilo, con el objetivo de colocar a ciertos inmigrantes en procedimientos de deportación acelerada —una política que se amplió a principios de este año.
Antes limitada a quienes eran detenidos dentro de los 14 días de haber llegado y a menos de 160 kilómetros de la frontera, la deportación acelerada ahora se aplica a cualquier persona que lleve menos de dos años en EE.UU., sin importar dónde se encuentre.
I. M., quien tiene 53 años y sólo quiso compartir sus iniciales por temor a represalias, vio por primera vez los videos de detenciones en TikTok en mayo. En ellos, observó a hombres enmascarados, vestidos de negro, que inmovilizaban a personas en el suelo. Los videos asustaron a él y a su pareja, ambos con audiencia en Federal Plaza en apenas 16 días.
El miedo, confesó, lo llevó incluso a investigar cómo autodeportarse en caso de que su caso de asilo sea desestimado y termine detenido por ICE. Pero, idealmente, quisiera encontrar un abogado pro bono que se encargue de su caso, dijo.
“Todos me dijeron que estaban ocupados y lo único que hacían era darnos un asesoramiento, nada más, a lo breve”, explicó, aludiendo a las organizaciones sin fines de lucro que contactó en los últimos meses. Añadió que no puede pagar un abogado privado con el salario que gana como limpiador de casas. “No es un trabajo estable”, lamentó.
Deborah Lee, abogada de inmigración en The Legal Aid Society, señaló que no sólo ha crecido la demanda de representación legal para inmigrantes detenidos y no detenidos, sino también en todas las áreas legales. “Las personas que hacen trabajo de vivienda, derecho familiar, impuestos, todo —todos están siendo afectados por la tendencia de las detenciones y están pidiendo ayuda”, dijo Lee. “En las organizaciones comunitarias con las que trabajamos, hay un deseo enorme de contar con representación en inmigración”.
Tras las detenciones en los tribunales, ICE traslada a los individuos a otros estados, lo que complica el trabajo de los abogados, explicó Lee, subrayando que fuera de Nueva York no hay el mismo nivel de apoyo para inmigrantes. “Las personas son enviadas a lugares como Luisiana, Georgia o Texas… Eso lo hemos notado. A veces los llevan a sitios remotos donde casi no hay servicios legales”.
Estas transferencias dejan a las familias desesperadas por reunir dinero para contratar a un abogado privado, añadió Lee, recalcando que el proceso es “extremadamente costoso”.
Históricamente, los casos de asilo con representación legal tienen mayores índices de aprobación en comparación con los que no la tienen. En cuanto a las mociones de desestimación, Lee señaló que, aunque nada está garantizado, un abogado puede ayudar a los solicitantes a presentar argumentos legales para continuar con el caso a tiempo.
En el presupuesto adoptado para el año fiscal 2026, que comenzó el 1 de julio, la ciudad de Nueva York añadió 76,3 millones de dólares adicionales para servicios legales gratuitos para las comunidades inmigrantes y creó una oficina que centralizará el acceso a abogados pro bono en el sector privado, así como en clínicas jurídicas de universidades, ONG y programas gubernamentales.
“En Estados Unidos, todos tienen derecho a representación legal, pero con demasiada frecuencia el costo de los honorarios hace que el acceso a un abogado efectivo sea inalcanzable para muchos”, dijo el alcalde Eric Adams en un comunicado que destacó que el presupuesto para servicios legales para inmigrantes alcanzó un récord de 120,7 millones.
Adicionalmente, la ciudad planea destinar 42 millones para ayudar en casos de deportación y otros asuntos migratorios, y 12 millones para asistir a menores no acompañados en procesos de expulsión.
Parte de estos fondos también ampliará la Rapid Response Legal Collaborative (RRLC), que brinda apoyo legal de emergencia a estudiantes de escuelas públicas y sus familias en riesgo de deportación o separación. El RRLC está gestionado por la Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante (MOIA, por sus siglas en inglés), que también opera la línea directa de apoyo legal para inmigrantes, la cual ha recibido decenas de miles de llamadas en los últimos años.
“La línea directa de apoyo legal de MOIA es gratuita y segura de usar, sin importar su estatus migratorio. Es crucial que los inmigrantes neoyorquinos sigan accediendo a los servicios de la ciudad sin miedo —especialmente para evitar fraudes y desinformación”, dijo Shaina Coronel, directora de comunicaciones de MOIA..
Hasta el 27 de junio, la línea había recibido 14.638 llamadas desde el 1 de enero, una cifra más baja que en los tres años anteriores, todos marcados por un aumento en las solicitudes de asilo en Nueva York. Según un comunicado sobre el cierre del Hotel Roosevelt —que sirvió como centro de recursos para solicitantes de asilo— la ciudad informó que “las llegadas semanales promedio han caído de un pico de 4.000 en mayo de 2023 a menos de 100 personas la semana pasada”.
‘Las cosas que tienen que pasar, pasan’
Noel Arteaga, un ecuatoriano de 43 años, contó que su más reciente audiencia en Federal Plaza el 4 de junio estuvo llena de ansiedad y estrés. Como I. M., vio el aumento de las detenciones en los tribunales y se vio obligado a tener una difícil conversación con su esposa y su hijastro de 13 años. “Le dije que se mantuviera tranquila, que mis preocupaciones no eran para asustarla, sino para que estuviera alerta”, explicó. “Las cosas que tienen que pasar, pasan”.
Luego contó a Documented que había reservado algunos ahorros en caso de ser detenido y necesitar pagar una fianza. Aunque intentó mantenerse positivo, se sintió muy nervioso al llegar al tribunal, asustado porque el ambiente le recordaba los videos que había visto en línea.
Arteaga había practicado una frase una y otra vez antes de su audiencia: “No quiero aceptar la desestimación del caso”, repetía, explicando que la aprendió viendo videos en Instagram de abogados de inmigración como Aníbal Romero y otros influencers. Pero, si lo detenían, también sabía que no iba a resistirse ni a pelear. Seguiría la ley —como lo ha hecho desde que pidió asilo en noviembre de 2023, dijo.
En su audiencia del 4 de junio, el juez le dijo que su próxima comparecencia sería en febrero de 2026.
Al salir de la sala, un grupo de voluntarios se le acercó y lo acompañó por los pasillos hasta el ascensor. En un video compartido con Documented, se ve a dos personas enmascaradas y vestidas de negro a unos cinco metros, mientras un grupo de reporteros tomaba fotos.
“Sentí que me estaban vigilando”, dijo Arteaga sobre los oficiales de inmigración, agregando que caminó rápidamente por las calles hasta regresar al Bronx, donde trabaja en un mercado de pescado desde que obtuvo su permiso de trabajo.
Dos semanas después de su audiencia, Arteaga contó a Documented que seguía algo ansioso, pero se ha mantenido informado siguiendo canales de noticias en redes sociales.
“Para mi próxima audiencia tendré más de dos años aquí, pero nada está garantizado”, comentó, aludiendo a la orden de deportación acelerada. Arteaga y su esposa consultaron a dos abogados privados tras su audiencia de junio, y ambos le cobraban 8.000 dólares por llevar su caso. Según dijo, 2.000 dólares serían al inicio. Todavía no ha decidido a cuál contratar.
Aunque Lee reconoció que tener un abogado puede ayudar a mantener abiertos los procedimientos, aclaró que no hay garantías sobre lo que pueda pasar en los tribunales de inmigración.
Aun así, tanto Arteaga como I. M. dijeron que se sentirían más seguros si tuvieran un abogado con ellos. Mientras Arteaga aún tiene ocho meses para prepararse, I. M. tiene sólo 16 días para conseguir representación legal y ha contemplado todos los escenarios.
“Digamos que tengo mala suerte y me detienen, me pregunto cómo será el proceso”, planteó. “¿Me detendrán por una semana, unos meses? ¿O serán unos días y luego me mandan de regreso a mi país?”.
Imagen de portada: Agentes de ICE en los pasillos del 26 Federal Plaza detienen a un inmigrante el 6 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. En su mano lleva los documentos de la corte. Foto: Documented NY
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Rommel es un periodista y cineasta bilingüe radicado en Nueva York. Es corresponsal comunitario para Documented. Su trabajo se centra en la inmigración y en los temas que afectan a las comunidades latinas en Nueva York.
