¿Qué impacto tendrá la nueva política migratoria brasileña en la movilidad humana transfronteriza? ¿Cuáles son los principales puntos y omisiones de esta normativa? ¿Por qué Roraima es una región clave para la gobernanza migratoria en Brasil?
El 7 Octubre de 2025, el Gobierno de Brasil publicó el Decreto N.º 12.657 que determina la nueva Política Nacional de Migración, Refugiados y Apatridia (PNMRA), orientada a un modelo inclusivo que reafirma su compromiso con los derechos humanos. Las disposiciones de esta normativa pondrán a prueba la capacidad del Gobierno para dar una respuesta concreta a la emergencia humanitaria en los estados del norte, Roraima y Amapá, fronterizos con Venezuela, Guyana y Guyana Francesa, por donde cada año ingresan miles personas procedentes de Cuba y Venezuela.
Luego del desarrollo de la II Conferencia Nacional sobre Migración, Refugio y Apatridia (Comigrar), que tuvo lugar en Brasil en Noviembre de 2024, el Gobierno brasileño dio a conocer el decreto que establece un marco integral para la gobernanza de la política migratoria. En este se incluyen acciones de colaboración entre el gobierno federal, gobiernos estatales y locales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, para la promoción de los derechos de los migrantes.
La nueva normativa, que busca fortalecer los mecanismos de acogida e integración de migrantes, refugiados y apátridas, tiene lugar en el marco de la emergencia humanitaria que atraviesa la frontera norte, en el estado de Roraima.
Puntos centrales y omisiones de la nueva política migratoria
El decreto, que se enmarca dentro del artículo 120 de la Ley de Migraciones (N° 13.445) de 2017, reconoce a la población migrante, refugiada y apátrida como fuerza motriz para el desarrollo económico y social del país. Además, destaca a la interculturalidad y transversalidad en el desarrollo de políticas y establece como objetivos el fortalecimiento de la integración local y la inclusión social de migrantes, la promoción del trabajo decente y la inclusión productiva, así como la regular acogida de personas en situaciones de vulnerabilidad derivada de flujos migratorios causados por emergencias y crisis humanitarias.
La norma también incluye el trabajo coordinado del gobierno federal, los Estados, el distrito federal y los municipios en la ejecución de políticas y programas para la protección de los derechos de las personas migrantes. Este punto resulta clave en la gestión de las viviendas de transición para la interiorización de personas migrantes y refugiados.
Al mismo tiempo, se determinan acciones concretas de distintos órganos del Gobierno, incluyendo al Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía como responsable de brindar atención a grupos sociales vulnerables (personas mayores, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas LGBTQIA), además de prevenir y combatir formas de violencia como el racismo, la xenofobia y la intolerancia religiosa. Desde la cartera de trabajo se incluyen programas de formación profesional, y la creación de mecanismos para el ofrecimiento de puestos calificados. Desde las áreas de salud y educación se incorporan directrices para la atención sanitaria integral, la capacitación de trabajadores del Sistema Único de Salud (SUS) por un lado, y el apoyo de estrategias pedagógicas interculturales de acogida y la promoción de cursos de lengua portuguesa por el otro.
A pesar del avance en la institución de la política nacional migratoria y de destacar el enraizamiento comunitario, la interculturalidad y el reconocimiento de la persona migrante como impulsor para el desarrollo, el texto no incluye mecanismos de participación social ni definiciones claras sobre cómo se llevará a cabo dicha implementación. Muchas de las disposiciones resultan ambiguas o generales, como la disposición que asigna al Ministerio de Desarrollo Social la función de “mejorar la calidad de la atención prestada a las personas migrantes en programas de asistencia social” (art. 8).
Por qué Brasil es un destino anhelado
Roraima se convirtió en la puerta de entrada para miles de personas provenientes de Venezuela tras el agravamiento de la crisis económica y social. A partir de 2017, el flujo de personas que ingresaban por la frontera norte a través de los municipios de Pacaraima y Boa Vista, se intensificó. Según ACNUR, entre 2015 y 2024, hubo 454.165 personas que solicitaron asilo en Brasil. Las nacionalidades predominantes fueron venezolanos (266.862), cubanos (52.488), haitianos (37.283) y angoleños (18.435). A su vez, a fines de 2024, Brasil tenía 56.612 personas reconocidas como refugiadas, 9,5% de aumento en comparación con 2023.
Si bien en territorio brasileño se habla portugués, las razones detrás de la afluencia de personas hispanohablantes hacia Brasil incluyen “las políticas de acogida, reubicación, asistencia y documentación”, según destaca el investigador y director del Centro de Ciencias Humanas de la Universidad Federal de Roraima (UFRR), João Carlos Jarochinski Silva.
En 2018, el Gobierno Brasileño lanzó el programa Operación Acogida (Operação Acolhida) como respuesta humanitaria ante la llegada de personas refugiadas y migrantes de Venezuela. La iniciativa consistió en la reubicación interna voluntaria, segura, y organizada de poblaciones migrantes. Para ello, se establecieron cuatro modalidades: institucional (salida de los albergues en Roraima hacia albergues de ciudades de destino), reunificación familiar, ofertas de empleo señalizadas (oportunidades de empleo en empresas brasileñas), y apoyo para el acceso a servicios públicos.
A pesar de las oportunidades para regularizar la situación migratoria en Roraima, muchas personas no residen allí de forma permanente, ya que prefieren dirigirse hacia otras ciudades del sur de Brasil. Para ellos, la interiorización supone la esperanza de alcanzar una vida mejor. Las personas que residen temporalmente se hospedan en los albergues gestionados por Operación Bienvenida, en edificios abandonados o viven en la calle.
Frontera norte: rutas peligrosas e infraestructura limitada
A pesar de los esfuerzos gubernamentales por brindar un servicio de acogida a las personas migrantes, el aumento de los controles y requisitos han incentivado el cruce por rutas alternativas.
El 9 de octubre, un grupo de 23 personas provenientes de Cuba fueron encontrados por agentes de la policía militar de frontera y de la policía federal de Brasil en la carretera BR-401. Esta carretera conecta la capital Boa Vista (Roraima) con los municipios fronterizos Normandía y Bonfim, que a su vez limitan con Guyana. Las personas declararon que se dirigían al sur del país y habían quedado varados luego de que los transportistas huyeran. Los conductores habrían abandonado sus vehículos y huido hacia una zona boscosa sin ser identificados. La policía federal les brindó asistencia sobre los procedimientos legales para la regularización migratoria y la solicitud de asilo.
Cuba es uno de los principales países de procedencia de personas migrantes. Desde hace años el número de cubanos que migran hacia el sur de Brasil en búsqueda de un mejor porvenir, dejando atrás la crisis política y económica de la isla, se ha incrementado. Las entradas irregulares ocurren por la región Norte a través de rutas que conectan a Guyana, Surinam y Guyana Francesa, con puntos clave en municipios fronterizos como Roraima y Amapá.
Estas rutas irregulares resultan peligrosas debido a que cruzan por pasos fronterizos aislados, ríos, zonas boscosas y selváticas, y muchas veces los migrantes se enfrentan a la exposición al tráfico humano, al abandono y la extorsión. Sin embargo, estos caminos son cada vez más utilizados ya que el ingreso legal es limitado.
En el marco de la nueva política migratoria, Brasil enfrenta el reto de responder a los desafíos estructurales que agravan la emergencia humanitaria en el norte del país. Estos desafíos no solo comprenden las rutas peligrosas, sino también la limitada infraestructura, la escasez de personal y las demoras en los procesos de regularización. A su vez, la implementación de la normativa pondrá a prueba la capacidad del Estado para coordinar acciones efectivas con los gobiernos locales y la sociedad civil.
La emergencia humanitaria en Roraima expone la distancia entre el enfoque garantista de la nueva Política Nacional de Migración, Refugiados y Apatridia (PNMRA) y los desafíos reales de la gobernanza migratoria en el norte de Brasil. Aunque el Decreto N.º 12.657 afirma una visión inclusiva que reconoce a las personas migrantes como agentes de desarrollo y prioriza la interculturalidad, la integración y la acogida digna, su implementación carece aún de definiciones operativas y mecanismos de participación que permitan transformar principios en acciones concretas.
En una región donde los flujos desde Venezuela y Cuba continúan creciendo, las rutas irregulares proliferan y la infraestructura estatal sigue siendo limitada, la PNMRA enfrentará su primera gran prueba: demostrar si Brasil puede responder con eficacia y humanidad a una crisis que ya redefine su frontera norte y que exige políticas tan ambiciosas como aplicables.
La crisis humanitaria en Roraima pone a prueba la nueva política migratoria de Brasil. Aunque el decreto promete un enfoque inclusivo y orientado a los derechos humanos, el verdadero reto será dar una efectiva respuesta a los desafíos presentes en aquella región fronteriza. En los últimos años, la región de Roraima ha estado marcada por un acelerado crecimiento de la movilidad humana transfronteriza y utilización de rutas peligrosas, así como por el transporte ilegal y la respuesta limitada a los procesos de acogida y regularización. Brasil enfrenta ahora el desafío de convertir principios en respuestas reales.
Imagen de portada: Gran Sabana, Bolívar, Venezuela – Frontera con Guyana y Brasil. (Foto: por Paulo Fassina, en Flickr, “Mt. Roraima 4”, CC BY 2.0)
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Es licenciada en Relaciones Internacionales y Magíster en Estudios Internacionales. Realizó una pasantía en la Embajada de EE. UU., siguiendo prácticas de derechos humanos en Argentina. Su familia, con asiento en la Patagonia, posee raíces españolas, italianas, sirio-libanesas y chilenas.
