La crisis habitacional en Australia afecta de manera desproporcionada a las personas migrantes con visas temporales, que dependen casi exclusivamente del mercado privado de alquiler y enfrentan barreras estructurales para acceder a una vivienda digna. Testimonios de migrantes latinos y datos oficiales evidencian cómo el estatus migratorio condiciona el acceso a derechos básicos.
La crisis de vivienda en Australia no es solo un problema de oferta y demanda, sino también una cuestión de equidad y derechos. Para las personas migrantes con visas temporales, quienes contribuyen de manera significativa a la economía y a la vida social del país, el acceso a una vivienda digna suele estar condicionado por un sistema que no fue diseñado para protegerlas, y por la falta de información clara sobre cómo funciona el mercado de alquiler y cuáles son sus opciones reales. Tal como afirma el informe reciente del Australian Housing and Urban Research Institute (AHURI), Temporary visa holders and housing: findings from an Investigative Panel, las políticas migratorias no están acompañadas por una planificación habitacional acorde para este segmento, que a su vez es demandado como mano de obra fundamental por la economía australiana.
Los testimonios de tres personas migrantes latinoamericanas —Matías, Lula y Francisca— muestran en primera persona las dificultades para encontrar y mantener una vivienda en Australia debido a su estatus migratorio, confirmando que la crisis habitacional no impacta por igual a todos y todas.
“El Estado necesita que migremos a regiones específicas por la demanda de mano de obra, pero no hay planificación de dónde va a vivir esa gente”, señala Lula, quien migró desde Argentina hace más de tres años. La AHURI coincide: las políticas migratorias carecen de una planificación habitacional adecuada, especialmente en áreas regionales donde la oferta es limitada y la regulación del alquiler de habitaciones es casi inexistente. Siguiendo una de las conclusiones centrales del informe de AHURI: no es únicamente la crisis de vivienda la que excluye a las personas migrantes temporales, sino la combinación de un mercado tensionado con un sistema migratorio que restringe el acceso a derechos básicos mientras exige su aporte económico y laboral.
El mercado formal vs. la inseguridad habitacional
Cuando gobiernos y medios hablan de la crisis de vivienda en Australia, las cifras suelen concentrarse en la escasez de casas, el aumento de los precios de alquileres a récord históricos y los índices de vacancia que en muchas ciudades caen por debajo del 1%. Mucho menos visibles son las historias de millones de personas que, sin acceso a redes de protección social, enfrentan enormes dificultades para encontrar una vivienda digna. Entre ellas se encuentran quienes residen en el país con visas temporales, una población clave para la economía australiana, pero prácticamente ausente en la planificación de la política habitacional.
Según el informe de AHURI, en Australia viven cerca de tres millones de personas con visas temporales, lo que representa aproximadamente el 10.5% de la población del país. Estos pueden dividirse en seis grupos: 1) estudiantes internacionales; 2) solicitantes de asilo; 3) participantes del programa Pacific Australia Labour Mobility, programa del gobierno que permite a empleadores contratar trabajadores extranjeros cuando no pueden cubrir esos puestos con locales; 4) trabajadores calificados (personas migrantes temporales con habilidades, formación o experiencia profesional específica, y que han sido admitidas en Australia para cubrir ocupaciones especializadas que el país necesita); 5) personas con visas de Working and Holiday, un programa que ofrece a jóvenes de entre 18 y 30 años, o hasta 35 en algunos países de origen, una visa que permite viajar y trabajar legalmente en el país por un período limitado, generalmente un año; y 6) ciudadanos neozelandeses con visas de categoría especial.
Excluyendo turistas y ciudadanos neozelandeses, alrededor de 1.7 millones forman parte de grupos que dependen del mercado de alquiler privado sin acceso real a apoyos estatales como vivienda social o subsidios. Para estas personas, el sistema de mercado residencial es muchas veces una barrera casi infranqueable: la falta de un historial de alquiler en Australia, la ausencia de referencias locales y la obligación de presentar garantías y depósitos elevados condicionan la posibilidad de conseguir una vivienda digna.
Según AHURI, la mayoría de las personas migrantes temporales reside en viviendas del mercado privado, donde la intervención del Estado se limita a regular contratos y establecer estándares mínimos, sin controlar los precios ni garantizar el acceso universal. Por ello, muchas pueden enfrentar situaciones de inseguridad habitacional o hacinamiento, a pesar de encontrarse legalmente en viviendas privadas.
Esto se refleja en historias como la de Matías, chileno que llegó a Australia con visa de estudiante, que permite residir mientras se cursan estudios formales y trabajar un número limitado de horas por semana. En su primer período, compartía una habitación privada junto a su amiga, la vecina con la que llegó desde Chile, y dormían en la misma cama, en un departamento que compartían con un colombiano. “El espacio era muy pequeño, con solo dos hornillas para cocinar y una mini nevera, pero resultaba acogedor y siempre recibíamos amigos allí”, cuenta.
Más adelante, continuó su estancia con una visa Working and Holiday. Según el informe, este programa ha sido una fuente fundamental de mano de obra agrícola desde mediados de la década de 1970, y atrae a personas de más de 40 países. Además, si la persona titular de la visa trabaja en áreas específicas con escasez de mano de obra en Australia, la visa puede extenderse por dos o tres años. Los participantes del W&M tienden a concentrarse en las tres ciudades principales: Sydney, Melbourne y Brisbane, donde trabajan, por ejemplo, en el sector de la hostelería y servicios, y en las regiones rurales de Australia, especialmente en agricultura y horticultura.
Con esta visa que lo habilitaba a trabajar más horas que la de estudiante, Matías decidió mudarse y pagar más por una habitación privada, pero aun así destinaba cerca del 50% de sus ingresos mensuales al alquiler y gastos comunitarios. Finalmente, para poder ahorrar, decidió mudarse a un hostel durante los meses finales de su visa: “Trabajaba muchas horas y aun así la mitad se iba en alquiler. No sé si podría haber encontrado algo mejor sin contactos o historial de alquiler formal”, relata.
Tal como señala el informe, el sistema migratorio de Australia restringe el acceso de los titulares de visas temporales a la vivienda social, al apoyo habitacional y a los beneficios de bienestar social, los cuales incluyen ayudas económicas y programas gubernamentales para personas con bajos ingresos o en situaciones de vulnerabilidad. Además, limita sus derechos laborales. Hay restricciones específicas según el tipo de visa. Por ejemplo, con visa de estudiantes solo se puede trabajar hasta 48 horas por quincena durante el período lectivo. Asimismo, ciertas visas, como las del programa PALM o las de trabajadores calificados temporales, pueden vincular al trabajador a un empleador específico, limitando su libertad de cambiar de empleo. Además de eso, el gobierno solo ofrece ayudas sociales a residentes permanentes o ciudadanos con la intención de que las personas migrantes temporales dependan únicamente de sus ingresos laborales o del apoyo de sus empleadores, y no del sistema público de bienestar.
El impacto de requisitos imposibles
Tanto Matías como otros testimonios coinciden en que los requisitos de entrada al mercado formal —garantes, depósitos (“bonds”), historial crediticio australiano— se vuelven barreras difíciles de sortear al llegar al país. En muchos casos, los arrendadores piden una semana de alquiler por adelantado más un depósito equivalente a varias semanas, sumado a documentación que la persona recién llegada aún no puede presentar.
Para Francisca, también chilena, la situación fue más compleja porque la vivienda disponible se ofrecía frecuentemente a través de subarriendos informales o grupos de WhatsApp y Facebook, donde alguien que tenía el contrato de alquiler original subalquilaba varias habitaciones a un precio mayor. Ella describe cómo un departamento pensado para dos personas terminó siendo ocupado por cuatro, situación frecuente en Melbourne y otras capitales urbanas.
Además, relata que, por lo general, la persona que tiene el contrato original casi nunca vive en la casa, solo subarrienda las habitaciones. Esto le generó que, frente a problemas como cerraduras rotas, semanas sin servicios básicos, como internet o cualquier otra falla, no hubiera quien se preocupara por solucionarlos.
Lula, que migró desde Argentina hace tres años con una visa Working and Holiday, también destaca la complejidad burocrática que padeció al principio: “La burocracia en Australia me resultó avasallante. En mi primer alquiler ni siquiera podía figurar como inquilina porque solo mi novio y mi amiga tenían trabajo formal en ese momento”. Sus palabras reflejan cómo la falta de experiencia, documentos formales o historial laboral limita el acceso a contratos legales y deja a las personas migrantes temporales en un limbo habitacional, dependientes de subarriendos informales o acuerdos de palabra.
Hostels y soluciones temporales que se vuelven permanentes
Ante los difíciles requisitos de entrada al mercado formal, la falta de información y de ayuda del Estado, muchas personas migrantes recurren a hostels, pensados como alojamiento temporal, pero que terminan siendo su hogar por meses. Francisca pagaba alrededor de 30 dólares por noche, y Lula pasó semanas en un hostel hasta que consiguió un cuarto improvisado en un garaje de una casa cuando se trasladó a zonas regionales para extender su visa Working and Holiday. Este uso prolongado de alojamiento transitorio refleja cómo la falta de opciones formales empuja a las personas migrantes hacia arreglos que son caros, inseguros o inadecuados para vivir a largo plazo.
Derechos que no se conocen y cómo un sistema que no protege afecta a la salud de las personas migrantes temporales
Aunque en teoría las personas migrantes con visas temporales tienen derechos de inquilinos similares a los de residentes, la falta de información y la ausencia de contratos legales dejan a muchos sin protección real. Matías confiesa que no supo de sus derechos hasta que estaba por terminar su acuerdo verbal de alquiler: “Si hubiera sabido, quizá habría reclamado por problemas que nunca se abordaron”. Lula coincide: “Uno aprende sobre derechos de a poco, cuando ya está en el sistema, pero el proceso es engorroso y mucha gente no sabe qué hacer ni a dónde ir”.
La desconexión entre la política migratoria y la regulación de vivienda también se evidencia en la fragmentación de la supervisión gubernamental: no hay un departamento específico que se encargue de coordinar la experiencia habitacional de migrantes temporales, lo que deja un vacío de atención y seguimiento.
La falta de vivienda estable afecta no solo la economía de estas personas, sino su bienestar físico y mental. Francisca relata cómo la falta de un espacio propio la llevó a evitar regresar a casa después de trabajar largas jornadas: “No quería volver porque no tenía mi espacio ni podía dormir bien”. Para muchas personas en esta situación migratoria, el estrés de buscar vivienda, la constante inseguridad de no saber si podrán cumplir con los contratos o si serán obligadas a mudarse antes de tiempo, repercute directamente en su rendimiento laboral, académico y su calidad de vida general.
Las experiencias de Lula, Matías y Francisca exponen la necesidad de más regulación sobre el subarriendo y las viviendas compartidas, así como apoyo para que recién llegados puedan acceder a opciones intermedias asequibles. La experiencia sería muy diferente si hubiera precios de referencia claros, espacios accesibles para recién llegados, así no dependen de hostels o Airbnb, y una regulación efectiva de los subarriendos y de las viviendas en zonas regionales.
Invisibilidad habitacional
Como lo expone el estudio y los testimonios, las personas migrantes con visas temporales dependen casi exclusivamente del mercado privado de alquiler y enfrentan restricciones significativas para acceder a subsidios sociales, viviendas asequibles y, en muchos casos, a derechos laborales plenos. Estas limitaciones los empujan a soluciones habitacionales precarias o transitorias que, con el tiempo, se vuelven permanentes. El resultado es un sistema que profundiza las desigualdades y deja a millones de personas en un limbo habitacional, aun cuando su aporte económico y social es central para el país. Tal como advierte el informe de AHURI, estos migrantes continúan enfrentando una forma persistente de “invisibilidad habitacional”.
Los testimonios de personas migrantes latinoamericanas confirman que la crisis no impacta de manera uniforme y que el estatus migratorio es un factor determinante para acceder a una vivienda estable y segura. Siguiendo una de las conclusiones centrales del informe de AHURI: no es únicamente la crisis de vivienda la que excluye a las personas migrantes temporales, sino la combinación de un mercado tensionado con un sistema migratorio que restringe el acceso a derechos básicos mientras exige su aporte económico y laboral.
Mientras Australia continúe dependiendo de estudiantes internacionales y trabajadores temporales para sostener sectores clave de su economía, la ausencia de políticas habitacionales específicas para este grupo seguirá profundizando desigualdades. Reconocer que el acceso a una vivienda digna está estrechamente vinculado al estatus migratorio no sólo permite comprender mejor la crisis, sino que también abre el camino hacia soluciones más justas: información accesible al momento de la llegada, regulación efectiva de los subarriendos, alternativas habitacionales transitorias asequibles y una planificación que acompañe, y no contradiga, la política migratoria del país.
“La crisis de vivienda no afecta a todos por igual”, concluye el informe de AHURI. Para los migrantes con visas temporales, la falta de estabilidad migratoria se traduce, muchas veces, en falta de estabilidad habitacional. Y mientras esa brecha no sea abordada de manera estructural, el sueño australiano seguirá teniendo, para muchos, un costo demasiado alto.
Imagen de portada: Exterior de una vivienda en alquiler en Melbourne. | Foto: María Kocsis
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Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, donde también cursó el Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades, se especializó en comunicación digital en Éter y cuenta con una trayectoria profesional vinculada a la comunicación para políticas públicas en Argentina. Actualmente reside en Melbourne, Australia, donde se desempeña como comunicadora freelance en diversos proyectos.
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