La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre el retroceso en las políticas migratorias argentinas tras nuevos decretos que restringen derechos y refuerzan la detención y expulsión de personas migrantes y solicitantes de asilo, marcando un giro hacia un enfoque securitario.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por una serie de reformas adoptadas en Argentina que, según advierte, limitan el goce efectivo de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. El pronunciamiento, publicado este 28 de octubre, estas medidas colocan al país en el centro del debate regional sobre el retroceso de las políticas de movilidad humana y vulnera derechos garantizados por la legislación nacional y diversos tratados internacionales de derechos humanos que conforman el bloque constitucional.
Los decretos cuestionados —el DNU 366/2025 sobre migraciones y los Decretos 819, 942 y 646 sobre protección internacional— introducen un cambio profundo en la concepción del Estado argentino respecto de las personas en movilidad, alterando la estructura jurídica vigente en materia migratoria. Donde antes prevalecía un enfoque de derechos, hoy se consolida una mirada crecientemente securitaria, que vincula migración con amenaza o carga pública. Esta forma en que se percibe a las personas migrantes —no como sujetos de derecho— tiene consecuencias directas, tanto en el ámbito individual como colectivo.
Del reconocimiento al control
Desde su aprobación en 2004, la Ley N.º 25.871 fue considerada un modelo regional y posicionó a la Argentina como referente en materia de derechos humanos. Así es que reconocía la migración como derecho humano y garantizaba el acceso igualitario a la salud, la educación, la justicia y el debido proceso como regla, amparado por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales suscriptos por el país. El DNU 70/2017 —del gobierno de Mauricio Macri— había sido un intento de revertir esa lógica, pero fue declarado inconstitucional advirtiendo que las políticas migratorias no pueden apartarse de los principios de igualdad y dignidad humana. Hoy, con los decretos firmados por el actual Ejecutivo, esa orientación regresa con mayor impacto.
El DNU 366/2025 —y todo el paquete normativo— amplía las causales de expulsión, reduce los plazos para recurrir decisiones administrativas y habilita la detención migratoria por hasta treinta días, incluso sin resolución firme. Según la CIDH, estas medidas “restringen el acceso a la justicia y a derechos previamente garantizados”.
Al mismo tiempo, el Decreto 646/2025 introduce una reforma al sistema de refugio que autoriza la creación de “centros de acogida” donde las personas solicitantes de asilo podrían permanecer con salidas limitadas, facultando el rechazo de las solicitudes en frontera por considerarlas “improcedentes” o “incoherentes”.
Esto vulnera el principio de non-refoulement —piedra angular del derecho internacional— habilitando la “devolución” de personas a un país donde su vida o libertad corran peligro, sin evaluar el riesgo existente o las garantías adecuadas. Siguiendo este planteo, el ejercicio de derechos deja de ser una garantía y se convierte en una prerrogativa condicionada en virtud del interés estatal.
El discurso de la amenaza
El Poder Ejecutivo ha justificado las reformas en la necesidad de controlar un “ingreso desbordado” de personas extranjeras y de “proteger la seguridad nacional”. Sin embargo, la CIDH señala que tales afirmaciones carecen de respaldo en información oficial y datos objetivos. Esta vinculación entre la movilidad humana y la criminalidad instala una discurso que habilita respuestas de orden punitivo, legitima estas prácticas y el trato desigual.
En un país donde las personas migrantes representan menos del 5% de la población y sostienen actividades esenciales de la economía urbana (cuidados, construcción, economía popular), esta retórica reproduce un clima de sospecha y exclusión. Voces del sistema de derechos humanos, como el CELS y Amnistía Internacional, alertaron que se trata de un giro regresivo que erosiona la tradición argentina de refugio y hospitalidad, refuerza jerarquías raciales y alimenta discursos de odio que se reflejan en políticas discriminatorias.
De esta forma, no solo se incrementan los controles, sino que se traslada la carga a las personas migrantes, mientras que se debilita su protección legal.
Un cambio de paradigma
El impacto de estos decretos no se limita al plano jurídico, sino que es más profundo e implica un cambio de paradigma. La movilidad humana deja de ser entendida como un derecho y pasa a ser tratada como un riesgo a gestionar. La consecuencia es la restricción concreta de derechos laborales, educativos, sociales y familiares, en contraposición a la Convención Americana de Derechos Humanos y los principios de igualdad y no discriminación.
El principio “pro persona”, así como la interpretación más favorable y la garantía del acceso a la justicia, no son aspectos optativos, sino que constituyen obligación del Estado que tienen un carácter inderogable. Por lo tanto, la utilización de decretos de necesidad y urgencia con la finalidad de alterar derechos fundamentales enciende una alerta institucional.
La CIDH recordó que las políticas migratorias deben respetar los principios de dignidad, igualdad y debido proceso, y que los Estados no pueden eludir esos estándares mediante decretos de necesidad y urgencia. El comunicado del organismo interamericano es un llamado de atención no solo para el Estado argentino, sino también para la región. Si el país que durante dos décadas fue referente de derechos migratorios se desplaza hacia un modelo de control y detención, el retroceso podría tener efectos en todo el continente.
Un debate pendiente
Más allá del impacto que tienen estos decretos, la CIDH advierte que se plantean en un contexto donde el debate público sobre migración se contamina cada vez más con discursos de odio y desinformación. En este escenario, resulta urgente recuperar una conversación basada en datos, derechos y memoria histórica.
Este debate involucra no solo al Estado, sino además a toda la sociedad. Argentina fue —y sigue siendo— tierra de migraciones, un país cuyo desarrollo social y económico fue construido con la presencia y aporte de migrantes. Las normas que hoy se modifican fueron conquistadas tras décadas de lucha de comunidades y organizaciones que reclamaron dignidad, reconocimiento y acceso efectivo a derechos fundamentales.
La protección de la movilidad humana es una obligación permanente y ningún decreto puede contradecir, desconocer o disminuir. Revertir esos avances, retroceder en las garantías construidas, no es solo una decisión administrativa: es una renuncia a un legado humanista que definió buena parte de la identidad nacional, al mismo tiempo que debilita la confianza en las instituciones y pone en riesgo la cohesión social históricamente construida.
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