El diálogo organizado por la Red de Periodistas Migrantes contó con la participación de Lorena Fries (diputada de la República de Chile), Lorena Oyarzún (directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile), Vanessa González (directora de Organización Migrantas) y Maximiliano Mendoza (director general de Refugio Latinoamericano), y permitió reflexionar sobre la movilidad humana y agenda pública.
(Por Cristóbal Cortés y Emilia Benavente, estudiantes de Periodismo de la Universidad de Chile) – La ausencia de las personas migrantes en los espacios de incidencia y su representación en los medios de comunicación fueron los principales temas abordados este viernes 14 de agosto durante el conversatorio «¿Qué lugar ocupan las comunidades migrantes en las políticas públicas?», realizado en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, y como hito del séptimo aniversario de la Red de Periodistas Migrantes.
La conversación se desarrolló en medio de una discusión marcada por el avance de medidas migratorias centradas en la seguridad y el control fronterizo. Uno de los principales hechos planteados fue que las personas migrantes tienen un espacio limitado en las decisiones que determinan proyectos que afectan directamente sus vidas. A esto se suma la forma en que estas comunidades son representadas dentro del debate público, en el que han adquirido mayor presencia los discursos que las vinculan con la delincuencia y la inseguridad.
La diputada de la República, Lorena Fries (Frente Amplio), cuestionó el enfoque que se ha instalado en la discusión migratoria y aseguró que las organizaciones migrantes no han tenido una participación efectiva en los proyectos que actualmente se discuten. «El enfoque que se ha ido adoptando crecientemente es el de seguridad y criminalización de la población migrante, sin utilizar un enfoque de derechos humanos ni de integración social», señaló.
Fries agregó que algunos de los proyectos que se encuentran en discusión podrían afectar de manera desproporcionada a las comunidades migrantes y cuestionó la ausencia de espacios de consulta. «Hoy vemos proyectos que atentan contra estándares internacionales que terminan afectando de manera desproporcionada a mujeres, niños y niñas, sin generar espacios de consulta ni participación con las organizaciones migrantes», afirmó.
Entre las medidas mencionadas durante el conversatorio estuvo el proyecto que busca aumentar de cinco a 180 días el plazo de retención de personas extranjeras, además de la propuesta de tipificar el ingreso clandestino como delito. Según Fries, ninguno de estos proyectos habría contado con una mesa de trabajo con organizaciones migrantes para conocer directamente su opinión. La parlamentaria también manifestó su expectativa de que la votación de la reforma sobre el tiempo de retención pudiera ser frenada.
La directora de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile, Lorena Oyarzún, coincidió en que la participación de las comunidades migrantes en estas discusiones no puede limitarse a instancias formales. A su juicio, las políticas públicas deben considerar a las personas que serán afectadas por ellas, independiente de su situación migratoria.
Oyarzún también apuntó a la responsabilidad de la academia frente a la discusión pública. «La migración ha existido siempre y va a seguir existiendo, lo que cambia son las narrativas. Hoy nos encontramos en un escenario donde se ha profundizado una visión securitaria que ve la migración como una amenaza, acompañada de mucha desinformación», sostuvo.
La discusión también abordó el papel de los medios de comunicación y el espacio que actualmente tienen las organizaciones migrantes para entregar su propia perspectiva. Vanessa González, directora de la Organización Migrantas, señaló que durante los últimos años las organizaciones han sido consultadas con menor frecuencia y que se han reducido los espacios donde pueden participar como fuentes frente a las distintas discusiones sobre migración.
González sostuvo que esta situación se relaciona con una criminalización progresiva de las personas migrantes. «Hoy enfrentamos una desinformación en redes y medios que genera incertidumbre, amedrentamiento y presunción de culpabilidad, sumado al cierre de espacios para que las organizaciones migrantes tengan una vocería válida», afirmó.
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La defensora de derechos humanos, agregó que el problema no se limita a la falta de participación en las decisiones políticas, sino también a la manera en que las comunidades son presentadas ante la sociedad. Según explicó, las personas migrantes suelen quedar reducidas a dos representaciones principales, como víctimas o como amenazas, dejando fuera su capacidad de participación y su aporte a la sociedad.
Desde una mirada regional, Maximiliano Mendoza, director general de Refugio Latinoamericano, señaló que la discusión sobre migración y seguridad no es exclusiva de Chile. Desde su experiencia en Argentina, afirmó que la securitización de la migración y el uso de las personas migrantes como responsables de distintos problemas sociales se repite en otros países de América Latina.
«El rol del periodismo comunitario e independiente debe ser visualizar a las comunidades como agentes de cambio, rescatando su aporte cultural, social y económico, e impulsando articulaciones regionales para disputar la agenda mediática», sostuvo Mendoza.
El comunicador también manifestó su preocupación por que Chile pueda adoptar mecanismos similares a los implementados durante el gobierno de Javier Milei en Argentina, particularmente respecto del acceso de las personas migrantes a beneficios sociales vinculados a derechos como la salud y la educación.
Así, el conversatorio, moderado por David Arboleda, director de la Red de Periodistas Migrantes, cerró con la reflexión colectiva en cuanto a la necesidad que tienen las comunidades migrantes en participar de manera efectiva en las decisiones que las afectan y la posibilidad de construir sus propias narrativas dentro del debate público. Para los participantes, la discusión migratoria no debería quedar únicamente en manos de autoridades, académicos y medios de comunicación, sino incorporar a quienes viven directamente estas realidades.
Por ello, Gitte Cullmann, directora de la Fundación Heinrich Böll en Chile, también expresó: «este encuentro llega en un momento político especialmente significativo. El debate público sobre migración se ha vuelto cada vez más tenso y las comunidades migrantes enfrentan medidas cada vez más restrictivas. Nuestro objetivo sigue siendo promover una comunicación basada en derechos humanos, interculturalidad y participación real, visibilizando las voces migrantes como un aporte para la democracia de la sociedad».
La actividad hizo parte del IV Encuentro Nacional de la Red de Periodistas Migrantes, organizado junto a la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, la Facultad de Comunicación e Imagen y la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Tuvo además la colaboración de la Fundación Heinrich Böll, la Radio Juan Gómez Millas, Revista Sur, Refugio Latinoamericano, la Organización Migrantas, y la Coalición por el Fortalecimiento de la Libertad de Expresión (COFLE).
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