Un fuerte operativo de control migratorio del Ministerio de Seguridad Nacional se desplegó en las últimas horas en el barrio porteño de Liniers, donde agentes de la Dirección Nacional de Migraciones, junto con efectivos de la Policía Federal Argentina, realizaron inspecciones para verificar la situación migratoria de personas extranjeras que se encontraban en la zona. El procedimiento se concentró principalmente en el área comercial del barrio, una zona históricamente vinculada a la colectividad boliviana de la Ciudad de Buenos Aires.
Los controles se llevaron a cabo en comercios y en la vía pública, con pedidos de documentación y consultas en bases de datos oficiales para controlar la legalidad de la residencia. El objetivo, de acuerdo con lo señalado por las autoridades, fue detectar casos de permanencia irregular o vencimiento de permisos migratorios.
El despliegue tuvo lugar en el marco de una serie de operativos que el Ministerio de Seguridad Nacional viene realizando a partir de la reforma migratoria impulsada por el gobierno de Javier Milei. Hoy Liniers fue uno de los puntos elegidos para realizar este tipo de operativos.
Hasta el momento no se difundieron cifras oficiales sobre el resultado del operativo ni sobre la cantidad de personas controladas o demoradas. Sin embargo, la presencia de fuerzas federales y los cortes en la circulación de la zona generaron un gran impacto en la dinámica cotidiana del barrio y reavivaron el debate público sobre las nuevas políticas migratorias en Argentina.
La preocupación en la comunidad boliviana
Desde la colectividad boliviana manifestaron preocupación por la forma en que se llevó adelante el procedimiento. Gustavo Morón, abogado y referente de la comunidad, relató que el operativo comenzó durante la mañana y se extendió hasta el mediodía: “Sabemos que obviamente estuvo dirigido a la comunidad boliviana”.
Morón explicó que el despliegue se concentró en el sector histórico comercial y cultural boliviano del barrio: “Se dio en el área comprendida entre Ramón Falcón, José León Suárez y la colectora de General Paz, un sector al que la comunidad le dio un dinamismo histórico desde la década del 70”.
Uno de los puntos que más inquietud generó, según su testimonio, fue la forma en que se realizaron los controles. “Controlaban a la gente que caminaba por la calle, pero también entraron a un restaurante a pedirle documento a una persona que estaba sentada comiendo”, afirmó.
También sostuvo que el lugar fue cercado para facilitar el procedimiento: “Prácticamente cercaron la zona para poder hacer el control”. Y si bien aclaró que no hubo episodios de violencia, remarcó el impacto simbólico del operativo: “No hubo situaciones de maltrato, pero sí nos alarma la situación”.
En ese sentido, explicó que tanto el Gobierno de la Ciudad como el Gobierno Nacional actuaron de manera coordinada y que existe una similitud con lo que sucede en Estados Unidos: “Milei está replicando todo lo que hace Trump, hace lo mismo aquí”.
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El antecedente reciente en Villa Celina
El operativo en Liniers se suma a otro procedimiento similar realizado días atrás en Villa Celina, en la Prov. de Buenos Aires. Según el testimonio del referente, allí también se realizaron controles masivos. “En Villa Celina revisaron a más de 300 personas y solamente detectaron alrededor de 15 casos con irregularidades”, aseguró. Para Morón, ese dato refleja que la mayoría de las personas migrantes está regularizada.
El referente también pidió mayor difusión de datos oficiales para contextualizar este tipo de operativos. “Sería importante que el Estado muestre estadísticas claras sobre cuántas personas están realmente en situación irregular”, señaló.
Por otra parte, también advirtió que tras la asunción de las nuevas autoridades en el Poder Ejecutivo de Bolivia, no hay embajador nombrado en el país y tampoco un cónsul general. “Sabemos que no hay ninguna carta para presentarlos al Estado argentino y no hay nadie nombrado. Es tristísimo”, explicó.
El procedimiento en Liniers, sumado a otros operativos recientes, vuelve a poner en el centro del debate el alcance del giro securitista de las políticas migratorias del gobierno de Javier Milei y su impacto en localidades y barrios donde la presencia de las comunidades migrantes forma parte de la vida social, cultural y económica desde hace décadas.
En ese marco, distintos especialistas y organizaciones de la sociedad civil señalan que la situación migratoria irregular no constituye un delito, sino una condición administrativa que debe ser abordada por el Estado mediante políticas públicas de regularización, acceso a la información y acompañamiento institucional. Desde esta perspectiva, los controles migratorios no deberían derivar en prácticas de estigmatización, persecución o expulsión, sino en mecanismos que garanticen derechos y faciliten la regularización de las personas migrantes.
(Agradecemos a Alejandro Kim por el aporte y el acompañamiento para la realización de esta nota)
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Soy Licenciado en Comunicación Social por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) y actualmente curso la Maestría en Periodismo en la Universidad Torcuato Di Tella. Desde 2024 me desempeño como periodista y corresponsal en Enterate Noticias, donde realizo coberturas en Buenos Aires y la redacción de notas para distintas secciones, con especial interés en la política internacional.
A lo largo de mi trayectoria también trabajé en radio, multimedios y agencias de marketing digital, lo que me permitió desarrollar un perfil que combina práctica periodística con el manejo de herramientas digitales, estrategias de comunicación y producción audiovisual. Además, colaboro como voluntario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), espacio en el que profundizo mi interés por la política internacional y la geopolítica.
