El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, ratificó públicamente que la Ciudad cobrará la atención médica a personas extranjeras que no cuenten con DNI argentino, una política que ya se encuentra establecida por una resolución del Ministerio de Salud porteño vigente desde 2025. Las declaraciones reactivaron el debate político y sanitario, y derivaron en un fuerte cruce con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El esquema no constituye una medida nueva. Se basa en un procedimiento administrativo aprobado en 2025 que habilita la facturación de prestaciones programadas a solicitantes sin DNI argentino. La normativa excluye expresamente las urgencias y emergencias, que deben ser atendidas de manera gratuita, y garantiza el acceso en igualdad de condiciones a quienes cuenten con residencia temporaria o permanente. El criterio es documental, no por nacionalidad, aunque el debate público volvió a instalar la figura del “extranjero” como sujeto del ajuste.
La ratificación fue realizada por Macri a través de publicaciones en redes sociales, donde afirmó que “la época en la que los extranjeros se atendían gratis se terminó” y sostuvo que “a todos los que no tienen DNI argentino se les cobra”. Además, señaló que “por primera vez en la historia los porteños tienen prioridad”, una formulación que no surge del texto normativo, sino del encuadre político del anuncio, y que fue cuestionada por especialistas y organizaciones de derechos humanos por su potencial efecto estigmatizante.
Las declaraciones generaron una respuesta inmediata del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien acusó al jefe de Gobierno porteño de “mezquindad” y recordó que la Ciudad concentra hospitales nacionales y centros de alta complejidad construidos históricamente con recursos federales. “Definir a quién atender y a quién no es decidir qué vida vale y cuál no”, expresó.
Una decisión alineada con el gobierno nacional
La decisión del gobierno porteño se inscribe en los presupuestos del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 del gobierno nacional, que dispuso una reforma integral del régimen migratorio en Argentina. Entre sus disposiciones, el DNU establece que personas migrantes en situación irregular, así como residentes transitorios y temporarios, deberán pagar por los servicios de salud pública nacional, y exige además contar con un seguro médico como requisito de ingreso al país.
El decreto también contempla el arancelamiento universitario para extranjeros no residentes, un endurecimiento en la concesión de residencias y la deportación obligatoria de personas extranjeras que cometan delitos en territorio argentino. Estas medidas fueron señaladas por organizaciones sociales y especialistas como parte de un proceso de securitización de la política migratoria, con impacto directo sobre el acceso a derechos básicos.
En ese marco, el anuncio de la Ciudad de Buenos Aires aparece alineado con un endurecimiento general del enfoque migratorio, que reabre el debate sobre financiamiento del sistema de salud, federalismo y garantías de derechos humanos. Se trata de una medida que, como bien señaló Refugio Latinoamericano en otras notas, reviste de una lógica más efectista que real, puesto que en términos presupuestarios, la incidencia económica de medidas de este tenor es ínfima: según la cartera de Salud de la Argentina, solo 1% de las atenciones en hospitales en Buenos Aires es a extranjeros. En todo caso, se trata de una declaración más bien orientada a profundizar la estigmatización de las personas migrantes en Argentina en un contexto de ajuste presupuestario y recesión económica.
Imagen de portada: cuenta de X de Jorge Macri.
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