A cinco años del plazo fijado por las Naciones Unidas, un informe de la CEPAL y ONU Mujeres revela que la desigualdad de género sigue siendo el nudo estructural que impide el desarrollo en la región. Con el foco en la feminización de la pobreza, la crisis de los cuidados y el impacto diferencial en mujeres migrantes, el diagnóstico advierte que los avances normativos no son suficientes frente a las crisis económicas y humanitarias actuales.
En 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan global que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el compromiso de erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y garantizar derechos básicos antes del año 2030. Aunque uno de esos objetivos –el ODS 5– está dedicado específicamente a la igualdad de género, la propia Agenda reconoce que la desigualdad entre mujeres y hombres es transversal a todos los objetivos, desde la pobreza y el trabajo hasta la salud, la alimentación y la toma de decisiones.
En ese marco, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y ONU Mujeres publicaron el informe La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe. Indicadores de género a 2024. El documento ofrece un diagnóstico regional sobre los avances y retrocesos en el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados en materia de igualdad de género, a partir de indicadores oficiales, comparables entre países y construidos desde una perspectiva regional.
El informe es la expresión regional del reporte mundial El progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: panorama de género 2023 y articula tres marcos centrales: 1) la Agenda 2030, 2) la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada hace 30 años, y 3) la Agenda Regional de Género de América Latina y el Caribe, que desde 2017 funciona como hoja de ruta para el avance de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en la región.
Para este análisis, el documento se organiza en torno a seis Objetivos de Desarrollo Sostenible: pobreza (ODS 1), hambre y seguridad alimentaria (ODS 2), salud (ODS 3), igualdad de género (ODS 5), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) y alianzas para el desarrollo (ODS 17). Los primeros permiten examinar las brechas estructurales en materia de ingresos, cuidados, alimentación, empleo y autonomía física, mientras que el ODS 17 introduce la dimensión institucional y política del proceso: cooperación internacional, fortalecimiento de capacidades estatales, financiamiento y articulación regional como condiciones necesarias para acelerar los avances hacia la igualdad.
Estos objetivos fueron examinados en 2025 en los principales foros regionales y globales y permiten observar, a partir de indicadores de género, cómo las desigualdades estructurales atraviesan la vida cotidiana de mujeres y hombres en América Latina y el Caribe. Esta nota retoma los principales datos y conclusiones del informe, con foco en el cumplimiento de los ODS vinculados a la igualdad de género, en las diferencias entre países, y en cómo estas brechas impactan de manera particular en mujeres en contextos de movilidad humana. Desde el acceso al trabajo y los ingresos hasta la organización social del cuidado y la protección social, la experiencia migratoria aparece como un factor que profundiza desigualdades ya existentes y condiciona el ejercicio de derechos en la región.
Pobreza y desigualdad de género
ODS 1 – Fin de la pobreza
El informe muestra que, aunque la incidencia general de la pobreza se redujo en las últimas décadas, la desigualdad de género dentro de la pobreza no solo persiste, sino que se profundiza. En 2023, 3 de cada 10 mujeres en América Latina vivían en situación de pobreza y 1 de cada 10 en pobreza extrema. En términos comparativos, había 121 mujeres en situación de pobreza y 120 en pobreza extrema por cada 100 hombres, lo que confirma la feminización estructural de la pobreza en la región.
Las brechas se amplían cuando se observan diferencias por edad, territorio y pertenencia étnico-racial. La desigualdad entre mujeres y hombres alcanza su punto máximo entre los 25 y los 34 años, una etapa clave para la inserción laboral y la autonomía económica. En las zonas rurales, el 40,2% de las mujeres se encuentra en situación de pobreza y el 19% en pobreza extrema, más del doble que en las zonas urbanas.
La dimensión étnico-racial profundiza aún más estas desigualdades. El 43% de las mujeres indígenas vive en situación de pobreza, frente al 20,3% de las mujeres no indígenas ni afrodescendientes. Estas brechas se repiten en todos los países con datos disponibles y evidencian que la pobreza afecta de manera desproporcionada a mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes y habitantes de zonas rurales.
Las diferencias entre países son marcadas. Uruguay registra las tasas más bajas de pobreza femenina, mientras que Honduras presenta las más altas. En el caso de la pobreza extrema, Uruguay vuelve a mostrar los valores más bajos, mientras que Honduras y Colombia concentran los niveles más elevados.
Un dato central para comprender estas brechas es el acceso a ingresos propios. En América Latina, 1 de cada 4 mujeres no cuenta con ingresos propios, frente a uno de cada 10 hombres. Esta desigualdad atraviesa todos los quintiles de ingreso, pero es especialmente marcada en los hogares más pobres, donde el 40,4% de las mujeres del quintil de menores ingresos no percibe ningún ingreso monetario, lo que limita severamente su autonomía económica y su capacidad de salir de la pobreza.
Hambre, nutrición y acceso a los alimentos
ODS 2 – Hambre cero y seguridad alimentaria
América Latina y el Caribe es la región del mundo con la mayor brecha de género en inseguridad alimentaria. En 2023, el 30,3% de las mujeres sufrió inseguridad alimentaria moderada o grave, frente al 25,1% de los hombres, una diferencia de 5,2 puntos porcentuales.
Los datos por país muestran una situación profundamente desigual. En Haití, más del 80% de las mujeres enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave, mientras que en Bahamas el valor es inferior al 20%. En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana, entre otros países, más del 30% de las mujeres se encontraba en esta situación.
La malnutrición también presenta brechas significativas. En 2019, el 17,1% de las mujeres de entre 15 y 49 años tenía anemia, porcentaje que asciende al 21,9% entre las mujeres embarazadas. En el Caribe, estos valores duplican los registrados en Centroamérica y son considerablemente más altos que en América del Sur.
El informe subraya que, aunque las mujeres participan activamente en todas las etapas del sistema alimentario, sus ingresos siguen siendo significativamente menores. En Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú, los ingresos de las mujeres productoras de alimentos representan entre el 50% y el 82% de los ingresos de los hombres, lo que impacta directamente en su seguridad alimentaria y en la de sus hogares.
Trabajo, ingresos y organización social del cuidado
ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico
La desigualdad en el acceso al trabajo remunerado y a ingresos propios aparece como uno de los nudos estructurales más persistentes. En 2023, sólo el 51,6% de las mujeres en edad de trabajar participaba en el mercado laboral, frente al 76,9% de los hombres. Entre las personas jóvenes, el 24,1% de las mujeres no estudiaba ni trabajaba, más del doble que los varones jóvenes.
Las brechas salariales persisten en toda la región. En Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, los ingresos laborales de las mujeres oscilaron entre el 72,4% y el 98,8% de los ingresos de los hombres.
La segregación ocupacional refuerza estas desigualdades. En Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay, hay 2,5 veces más hombres que mujeres ocupados en el sector de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.
Estas brechas se explican, en gran medida, por la organización social del cuidado. En América Latina, las mujeres dedican entre el 12% y el 24,2% de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras que los hombres destinan entre el 3% y el 12,5%. Esta distribución desigual del tiempo limita el acceso de las mujeres al empleo formal, la capacitación, la participación política y el descanso.
Violencia y autonomía física de las mujeres
ODS 5 – Igualdad de género
La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las expresiones más extremas de la desigualdad de género. En 2023, al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 27 países y territorios de América Latina y el Caribe, entre ellos Argentina, Brasil, México, Colombia, Honduras, Perú, Chile, Bolivia, Guatemala, Haití, Jamaica y República Dominicana.
Además, el 8,3% de las mujeres de entre 15 y 49 años sufrió violencia física, sexual o ambas por parte de su pareja o expareja en los últimos 12 meses. El informe advierte que la baja frecuencia y cobertura de los datos limita el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas eficaces.
En materia de autonomía corporal, solo el 72% de las mujeres puede tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. En términos normativos, sólo el 31% de los países de la región garantiza el acceso legal a la interrupción voluntaria del embarazo y el 57% cuenta con regulaciones para el acceso a la vacuna contra el VPH.
Argentina en el diagnóstico regional
Dentro del panorama regional, Argentina combina avances normativos e institucionales con brechas estructurales persistentes. El país integra el grupo de Estados donde la pobreza presenta un claro sesgo de género y donde una proporción significativa de mujeres no cuenta con ingresos propios, especialmente en los hogares de menores recursos.
El informe señala que Argentina se encuentra entre los países donde las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, una sobrecarga que continúa siendo uno de los principales obstáculos para la autonomía económica femenina.
Si bien el país cuenta con mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres, el documento advierte que la existencia de marcos normativos no es suficiente para reducir las brechas en contextos de crisis económica, inflación persistente y deterioro de las condiciones de vida, donde las desigualdades tienden a profundizarse.
Migración, género y desigualdad estructural
La migración es hoy una de las dimensiones centrales de la desigualdad global y regional. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2023), las mujeres representan casi la mitad de la población migrante internacional, con una marcada presencia en los flujos migratorios intrarregionales de América Latina y el Caribe. En Argentina, de acuerdo al Censo Nacional 2022, residen 1.933.463 personas migrantes internacionales, lo que representa alrededor del 4,2% de la población total, con una presencia mayoritaria de mujeres: 1.061.421 mujeres frente a 872.042 varones, dato que refleja la feminización de los flujos migratorios en el país y en América Latina.
Informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la CEPAL muestran que las mujeres migrantes están sobrerrepresentadas en sectores de alta informalidad, bajos salarios y escasa protección social, particularmente en el trabajo doméstico, los cuidados y los servicios. La condición migratoria se cruza con el género, la clase social y la racialización, produciendo formas acumulativas de desigualdad. Como advierte ONU Mujeres (2025), el género no sólo condiciona la inserción laboral, sino también las motivaciones para migrar, las rutas utilizadas y las posibilidades de integración en las sociedades de destino.
En un contexto regional donde los movimientos intrarregionales siguen siendo predominantes —con fuerte presencia de comunidades provenientes de Paraguay, Bolivia, Perú y Venezuela—, estas cifras permiten leer las brechas de los ODS desde una perspectiva situada: no sólo evidencian la magnitud de la población migrante en el país, sino también cómo las desigualdades de género se reorganizan dentro del mercado laboral y del sistema de cuidados. Estas dinámicas profundizan las brechas analizadas en los ODS vinculados a pobreza, trabajo, alimentación y cuidados, y afectan de manera particular a mujeres, niñas y adolescentes en contextos de movilidad.
Geopolítica, crisis humanitaria y movilidad forzada
El informe de la CEPAL y ONU Mujeres advierte que la desigualdad de género se desarrolla en un escenario atravesado por inestabilidad geopolítica, conflictos armados, crisis económicas y crisis ambiental, factores que limitan la capacidad de los Estados para sostener políticas sociales y de igualdad.
En este contexto, un informe reciente de Médicos Sin Fronteras alerta sobre un nivel récord de ataques contra la atención médica en conflictos armados, incluidos bombardeos a hospitales, ataques a ambulancias y agresiones a personal sanitario. La destrucción de infraestructura de salud obliga a miles de personas a desplazarse en busca de atención básica, generando movilidad forzada.
La interrupción de servicios obstétricos, de salud sexual y reproductiva y de atención primaria impacta de manera directa en mujeres y niñas, profundizando desigualdades y empujando a poblaciones enteras a situaciones de extrema vulnerabilidad.
Un diagnóstico regional para acelerar la igualdad
ODS 17 – Alianzas para el desarrollo sostenible
Este diagnóstico regional constituye una herramienta clave para acelerar el ritmo hacia la igualdad de género y fue un documento de referencia en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en Ciudad de México del 12 al 15 de agosto de 2025 y centrada en el impulso hacia la sociedad del cuidado.Avanzar hacia una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible implica también avanzar hacia una sociedad donde estén garantizados el derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado. Sin financiamiento sostenido, fortalecimiento de las capacidades estatales y cooperación internacional, las brechas identificadas difícilmente puedan revertirse antes de 2030.
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Antropóloga. Se especializa en el campo de la antropología forense, particularmente en temas como las desapariciones en democracia y la violencia de género. Su familia tiene raíces en Alessandria, Calabria, Cataluña y Roma. Le gusta el mar, escribir, viajar y conocer nuevas historias.
