La referente de la secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados (Organización social y política), Lila Báez, analiza el rol de la comunidad migrante en sectores esenciales como la horticultura, la construcción y las tareas de cuidado. En un contexto marcado por el endurecimiento de los controles y la reforma laboral, Báez denuncia la criminalización de la pobreza y defiende la regularización documental como la única vía real para garantizar el acceso al trabajo digno.
“¿Qué pasaría si las personas migrantes paramos?”, se preguntaban en 2017 durante uno de los primeros paros migrantes en Argentina. Para Lila Báez, migrante paraguaya y referente de la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados, la pregunta sigue vigente porque expone el rol central que la comunidad migrante cumple en la economía popular.
En diálogo con Refugio Latinoamericano, Báez analiza el aporte productivo de las personas migrantes, el contexto político actual y el impacto que las nuevas medidas generan en quienes ya enfrentan precarización y obstáculos administrativos.
Economía popular como estructura productiva imprescindible
Lila sostiene que el señalamiento sistemático hacia la población migrante responde a una operación política antes que a un diagnóstico económico: “Hay acá un interés de mostrar al migrante como un problema, como un chivo expiatorio, totalmente punitivista y criminalizante”, afirma. Así, la criminalización aparece como una herramienta política que desplaza la discusión sobre el trabajo hacia una narrativa de constante amenaza.
El debate público, según describe Lila, construye un sujeto sobre el cual descargar tensiones sociales. La figura del migrante como problema permite simplificar conflictos estructurales vinculados al empleo, la informalidad y la precarización, mientras se omite el lugar concreto que ocupa el trabajo migrante en la economía cotidiana. Frente a esa narrativa, Lila pretende desplazar el foco del debate público hacia el migrante como trabajador imprescindible dentro de la economía popular.
Desde su perspectiva, la construcción criminalizante invisibiliza el lugar estructural que ocupa el trabajo migrante en determinados sectores: “Si nos expulsan a todas y todos, hay ciertos sectores muy importantes del trabajo cotidiano, que dejan de funcionar”, advierte. La afirmación se sustenta en la identificación concreta de rubros donde la presencia migrante es significativa: la producción hortícola con fuerte participación de la comunidad boliviana; la construcción con presencia histórica de trabajadores paraguayos y bolivianos; el trabajo en casas particulares y tareas de cuidado donde las mujeres paraguayas ocupan un lugar central; así como la economía de la vía pública y la inserción de la migración venezolana en distintos sectores. Se trata de actividades vinculadas al abastecimiento alimentario, la infraestructura urbana y la reproducción cotidiana de la vida.
“Las personas no son reemplazables, somos personas que nos formamos en el oficio. Son laburos imprescindibles, esenciales”, señala. El trabajo al que se refiere no es meramente fuerza laboral intercambiable, sino saberes y trayectorias construidas en el tiempo. La economía popular, en este marco, se presenta como dimensión constitutiva del funcionamiento económico, ligada a tareas básicas para la reproducción social.
Regularización migratoria como condición de acceso al trabajo
Para Lila, la regularización migratoria constituye el punto de acceso material a los derechos: “Sin regularización migratoria, sin documento, no hay ninguna posibilidad de decir que tenemos los mismos derechos que los nacionales”, afirma. En su diagnóstico, el problema no es únicamente administrativo: al actual gobierno “directamente no le interesa si tenés o no tenés DNI, o si estás o no estás en situación regular; tiene una política de criminalización y estigmatización”.
La regularización aparece entonces como condición estructural para el acceso al trabajo y a la protección social, especialmente en los sectores históricamente vinculados a la economía popular e informal: “Lo más importante para acceder al trabajo es la regularización migratoria, el reconocimiento de que vivimos en este país y echamos raíces, que tenemos nuestras hijas e hijos acá”, sostiene. Tener DNI y acceder a un empleo registrado no solo habilita ingresos formales, sino la posibilidad de proyectar una trayectoria contributiva: “te permite pensar en una vejez que puedas mínimamente ordenar”.
Lila inscribe este retroceso en una ruptura con etapas previas: “Habíamos avanzado en el Mercosur con nuestra ley de migraciones; había una política de regularización migratoria”. Aunque reconoce demoras en gobiernos anteriores, subraya que existía una orientación sostenida hacia la regularización: “Hoy eso está completamente en peligro”, advierte. La reforma laboral profundiza este escenario. Si las modificaciones normativas de la reforma ya resultan perjudiciales para el conjunto de la población trabajadora, el impacto es mayor en quienes se encuentran en una posición estructuralmente más vulnerable. En sectores específicos como el trabajo en casas particulares, el efecto es inmediato: “El periodo de prueba ahora pasa a ser de seis meses”, señala, en un contexto donde ya venía disminuyendo el registro formal de trabajadoras.
Migración bajo la lógica de seguridad
A este cuadro se suma lo que Lila identifica como una política de securitización de la migración. Recuerda que antes de asumir, el actual gobierno había anticipado el endurecimiento de las políticas migratorias, y menciona el discurso “racista, xenófobo, estigmatizante que compara migración con criminalidad”, en sintonía con modelos como el de Estados Unidos. Según relata, se establecía que la persona migrante que participara en una protesta “iba a tener sus datos enviados a la Dirección Nacional de Migraciones y puestos a disposición del Ministerio de Seguridad”. Esto implica la apertura de un registro específico sobre su situación migratoria y la posibilidad de que esa participación sea utilizada como antecedente administrativo, incluso en trámites de radicación o renovación de residencia.
La migración es tratada constantemente como un problema de seguridad, asociando migración con delito. Hay operativos que van “específicamente a territorios donde saben que hay comunidades de cierta colectividad, presentándolas como delincuentes”, que profundiza la dimensión punitiva del enfoque estatal. Según describe Lila, en los últimos meses se intensificaron operativos en barrios populares con alta presencia migrante.
Estos controles, como el reciente control migratorio en el barrio Liniers vinculado históricamente a la colectividad boliviana, no solo buscan verificar documentación, sino que producen un efecto concreto de temor e intimidación. Se despliegan de manera focalizada en territorios donde el Estado sabe que viven determinadas colectividades, reforzando su asociación con el delito. Sin embargo, los propios datos muestran que el porcentaje de personas indocumentadas relevadas en esos operativos no alcanzan el 5%, lo que pone en evidencia la desproporción entre el despliegue securitario y la situación migratoria real. La circulación de fuerzas de seguridad en territorios donde viven y trabajan comunidades migrantes instala la percepción de que cualquier interacción con el Estado puede derivar en sanción o expulsión.
Así, hay una restricción o paralización de la regularización migratoria, que da lugar a una securitización discursiva e institucional. La irregularidad administrativa deja de ser un accidente burocrático para convertirse en una herramienta de disciplinamiento social y laboral, en el que la precariedad jurídica opera como mecanismo de control sobre la fuerza de trabajo migrante y como recurso político para legitimar su estigmatización.
Organización colectiva y disputa por el derecho a permanecer
Frente al endurecimiento de la política migratoria, la reforma laboral y la expansión del discurso punitivo, Lila no plantea únicamente un diagnóstico de retroceso, sino también una estrategia de respuesta colectiva: “Nos organizamos en los barrios para poder sostenernos entre otras mujeres”, señala, describiendo una práctica política situada que combina acompañamiento legal, información y construcción comunitaria.
Este trabajo territorial adquiere mayor urgencia en un contexto de controles y operativos en barrios populares. Lila señala que el aumento de redadas genera temor e incertidumbre entre las familias migrantes, especialmente cuando la documentación se encuentra en trámite o demorada por decisiones administrativas. En este escenario, la información jurídica y el acompañamiento colectivo funcionan como herramientas de contención frente al miedo.
La organización aparece como condición para contrarrestar la desinformación jurídica que produce la irregularidad forzada. En un contexto donde “no tenemos ni tanta voz, ni tantos espacios, ni tantas fuerzas como para poder contrarrestar tanta información que genera mucho odio y mucha desinformación”, el trabajo territorial es una herramienta de defensa concreta. Informar que “no te pueden sacar el DNI”, que “tenés derecho a solicitar un abogado público” o que “tenés la posibilidad de pedir la unificación familiar” implica disputar el sentido común punitivo y restituir capacidad de acción a quienes son colocados en posición de sospecha. Sin embargo, la visibilización no basta: “una cosa es poner la voz y visibilizar la problemática, y otra es hacer realmente cambios, articular y empujar a que se tomen ciertas decisiones”. La disputa se libra tanto en el plano discursivo como en el institucional.
En ese cruce entre economía popular, política migratoria y reforma laboral se configura el núcleo del conflicto actual. Cuando nos preguntamos “¿qué pasaría si las personas migrantes paramos?”, no nos referimos a qué lugar ocupa la comunidad migrante en el mercado de trabajo, sino al modelo de sociedad que se consolida cuando la migración es tratada como amenaza y el trabajo como variable de ajuste. Frente a ello, la organización territorial y la producción colectiva de información se presentan como herramientas fundamentales para disputar tanto la precarización material como el sentido político que la legitima.
Imagen de portada: Lila Báez en una marcha. | Foto: cortesía de Lila Báez
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Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés. Nacida en Francia, ha residido en Argentina y Chile. Cuenta con experiencia en gestión de personas refugiadas en el marco de su labor con ACNUR. Actualmente se desempeña como profesora de investigación en diversas instituciones educativas de la Ciudad de Buenos Aires.
