Las lluvias extremas que se registraron durante el mes de febrero dejaron como saldo áreas inundadas, deslizamientos de tierra y más de 3.500 personas desplazadas.
Las lluvias que golpearon con fuerza al estado brasileño de Minas Gerais a fines de febrero dejaron un saldo devastador: inundaciones, deslizamientos de tierra, decenas de víctimas y miles de personas obligadas a dejar sus hogares. Pero, además de la emergencia inmediata que esto representa, el desastre volvió a abrir una discusión que aparece cada vez con más frecuencia en la región: qué pasa con quienes se ven forzados a desplazarse por causas ambientales.
Giulia Manccini, investigadora de RESAMA (Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales), explicó que las inundaciones en Minas Gerais no son un hecho aislado, sino parte de un patrón creciente de eventos extremos en Brasil, América Latina y el mundo. De acuerdo con datos de la Defensa Civil de Minas Gerais, citados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las precipitaciones extremas registradas en el sudeste de Brasil afectaron especialmente a ciudades como Juiz de Fora, Matias Barbosa y Ubá. Allí, más de 3.500 personas tuvieron que abandonar sus hogares ante la destrucción de viviendas y el riesgo de nuevos derrumbes en la zona.
El temporal comenzó el 23 de febrero y fue empeorando con el correr de los días. En la Zona da Mata, una de las áreas más afectadas, hubo rutas bloqueadas, barrios aislados y suspensión de clases, mientras los equipos de rescate intentaban asistir a las familias alcanzadas por el desastre.
Las consecuencias fueron inmediatas. Además de los miles de desplazados, las lluvias dejaron a decenas de personas muertas y desaparecidas. Frente a ese panorama, varios municipios declararon el estado de emergencia para acelerar la asistencia y encarar las tareas de reconstrucción. Parte de las personas desplazadas fueron trasladadas a refugios temporales habilitados por autoridades locales, mientras otras se alojaron en casas de familiares o redes de apoyo comunitarias.
Sin embargo, cuando baja un poco el agua, aparece otra pregunta más profunda. No solo cómo reconstruir todo lo perdido, sino qué lugar ocupan esas personas que tuvieron que irse de un día para el otro por un fenómeno climático extremo.
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Eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes
Brasil atraviesa todos los años una temporada de lluvias intensas entre diciembre y marzo. Informes como los del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advierten que estos eventos se están volviendo más frecuentes y más severos. Manccini también diferenció entre eventos de inicio rápido, como inundaciones o deslizamientos que generan desplazamientos masivos inmediatos, y procesos de inicio lento, como las sequías, que provocan desplazamientos progresivos y muchas veces invisibilizados. En Minas Gerais, febrero de 2026 registró precipitaciones muy por encima del promedio histórico, con un impacto especialmente fuerte en zonas urbanas levantadas sobre laderas o terrenos inestables.
En ciudades como Juiz de Fora, muchas familias viven en áreas consideradas de riesgo, expuestas tanto a inundaciones como a deslizamientos. Cuando las lluvias se intensifican, el daño no tarda en aparecer. Por eso, cada nuevo temporal no solo deja destrucción material, sino que vuelve a mostrar hasta qué punto la crisis climática golpea más fuerte en territorios marcados por la desigualdad. “El desastre no es natural y el impacto depende de las condiciones sociales. Las poblaciones con menos recursos son las que más sufren estos eventos”, señala Manccini.
En paralelo, organizaciones comunitarias y redes locales comenzaron a coordinar tareas de asistencia para las familias afectadas, mientras organizaciones especializadas en movilidad humana y cambio climático, como la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres y la propia Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales, vienen advirtiendo sobre la necesidad de fortalecer marcos normativos y políticas públicas frente a los desplazamientos provocados por desastres ambientales.
Ahí es donde la discusión deja de ser solo meteorológica o de infraestructura. También es una discusión legal y política.
El vacío legal de las personas desplazadas por causas climáticas
A diferencia de quienes huyen de una guerra o de persecución política, las personas desplazadas por desastres naturales no tienen un reconocimiento jurídico internacional específico. En otras palabras: pueden perder su casa, verse obligadas a irse y quedarse, a pesar de todo, fuera de cualquier categoría clara de protección.
Ese vacío hace que muchas veces queden en una zona gris. “La invisibilización es una forma de vulneración de derechos porque si no se registra el desplazamiento no hay forma de proteger a las personas”, advierte Manccini. En América Latina, instrumentos como la Declaración de Cartagena de 1984 y sus desarrollos posteriores (como la Declaración de San José, el Plan de Acción de México y la Declaración de Brasil), permiten analizar la movilidad climática desde un enfoque más amplio, al reconocer la interacción entre factores ambientales y otras causas del desplazamiento; no son refugiados según el derecho internacional, pero tampoco cuentan con marcos nacionales lo suficientemente sólidos que contemplen su situación. Organismos como la OIM, ACNUR y el IPCC vienen advirtiendo desde hace años que el desplazamiento por causas climáticas puede convertirse en uno de los grandes desafíos humanitarios de este siglo.
Un desafío creciente para la región
América Latina aparece entre las regiones más expuestas. Tiene costas vulnerables, grandes centros urbanos atravesados por desigualdades estructurales, zonas amazónicas sometidas a una fuerte presión ambiental y una creciente recurrencia de fenómenos extremos. Este escenario también se relaciona con lo que se conoce como racismo ambiental, un concepto que describe cómo los impactos de los desastres climáticos afectan de manera desproporcionada a comunidades más vulnerables. Por eso, lo ocurrido en Minas Gerais no es un hecho aislado. En Brasil mismo, las inundaciones históricas de Rio Grande do Sul en 2024 ya habían dejado una señal de alarma, con cientos de muertos y más de medio millón de personas fuera de sus hogares.
Por eso, cada nuevo desastre vuelve a empujar el mismo debate: si los eventos climáticos extremos ya están obligando a miles de personas a desplazarse, entonces la pregunta no es si habrá que discutir marcos legales para protegerlas, sino cuánto tiempo más se puede seguir postergando esa discusión.
Mientras tanto, en Minas Gerais, las lluvias empiezan a ceder y la reconstrucción avanza de manera lenta. Pero para miles de personas el problema no terminó. Siguen fuera de sus casas, tratando de recomponer su vida después de una emergencia que, además de dejar pérdidas materiales y humanas, volvió a mostrar una realidad cada vez más recurrente en la región: la de comunidades enteras que se desplazan no por guerra ni persecución, sino porque el clima ya las está expulsando. En ese sentido, la investigadora subrayó que este fenómeno no es una proyección a futuro, sino una realidad actual que requiere respuestas urgentes, coordinadas y enfocadas en los derechos humanos.
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Soy Licenciado en Comunicación Social por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) y actualmente curso la Maestría en Periodismo en la Universidad Torcuato Di Tella. Desde 2024 me desempeño como periodista y corresponsal en Enterate Noticias, donde realizo coberturas en Buenos Aires y la redacción de notas para distintas secciones, con especial interés en la política internacional.
A lo largo de mi trayectoria también trabajé en radio, multimedios y agencias de marketing digital, lo que me permitió desarrollar un perfil que combina práctica periodística con el manejo de herramientas digitales, estrategias de comunicación y producción audiovisual. Además, colaboro como voluntario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), espacio en el que profundizo mi interés por la política internacional y la geopolítica.
