Perú atraviesa una nueva crisis política tras la vacancia de Dina Boluarte, la presidenta más impopular de la región. La violencia social, el crimen organizado y la represión estatal profundizan el hartazgo de la ciudadanía. Desde Buenos Aires, la comunidad peruana se organiza y resiste, convencida de que la lucha no termina con un cambio de alfiles, sino con un nuevo pacto social construido desde abajo.
El Perú vive horas complicadas. El estallido de una nueva crisis política se abrió paso con la asunción de un octavo presidente de la República en los últimos nueve años, siendo parte de la “normalidad” desde el año 2016: ningún mandatario en el sillón presidencial culminó los cinco años de su gobierno. Pero, ¿por qué fue vacada Dina Boluarte? ¿Cuáles son las causas de esta nueva crisis que pone en jaque nuestra estabilidad política y social?
En este breve artículo, repasamos las principales aristas de la salida de Boluarte, la asunción del nuevo presidente interino José Jerí y la situación de convulsión permanente que atraviesa el país con “índices económicos aspirables”.
Antecedentes de la vacancia presidencial
La creciente ola de inseguridad y las muertes por extorsión fueron el detonante principal de la caída de la Presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien asumió la jefatura del Poder Ejecutivo tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo, el 07 de diciembre de 2022.
Desde el inicio de su gestión, Boluarte fue sostenida por una coalición autoritaria de partidos políticos de derecha dentro del Congreso de la República. Este pacto se consolidó luego de la letal represión de protestas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando el Congreso la blindó políticamente por los asesinatos de más de 50 muertos y 1400 personas heridas, uno de los episodios de violaciones de derechos humanos más graves en la historia reciente de Perú según Amnistía Internacional.
Esa clara muestra de impunidad marcaría el inicio de un sometimiento anunciado. El Ejecutivo se convirtió en una mesa de partes del sector más ultraconservador y reaccionario del Congreso, articulando su gestión en función de los intereses de ese sector. Desde la aprobación de leyes de impunidad que permiten la prescripción de delitos de lesa humanidad, hasta leyes que favorecen el crimen organizado y el abuso de poder, la democracia peruana se fue erosionando lentamente.
En el último año, los reclamos de la ciudadanía fueron creciendo y al no encontrar respuestas concretas por parte del gobierno, las medidas de protestas adquirieron mayor fuerza y consenso social, sobre todo en los sectores de la clase trabajadora: transportistas, pasajeros de transporte público, comerciantes y estudiantes universitarios. Este malestar derivó en diversas jornadas de paro de transportistas, que luego confluyeron con las marchas impulsadas por jóvenes de la denominada “Generación Z”.
La demanda principal era simple y devastadora: “Queremos vivir”.
La vacancia de Dina Boluarte
El pasado 8 de octubre, uno de los grupos más populares de cumbia en el Perú, Agua Marina, sufrió una balacera a causa de un ataque extorsivo en un concierto público en Lima, que dejó seis heridos, entre ellos cuatro integrantes de la orquesta. La agrupación venía denunciando extorsiones desde inicios del año. En el mes de marzo, incluso se unieron junto a otros músicos peruanos para protestar por el asesinato de un integrante de otra reconocida orquesta de cumbia, también víctima de la extorsión.
Este grave hecho de violencia directa fue un detonante de la crisis política en Perú. El crimen organizado ya no operaba desde los márgenes, sino que actuaba a la vista de todos y todas. De esta forma, la violencia pasaba a ser parte de la normalidad, y el miedo se apoderaba de todos los cuerpos que habitan la gran ciudad de Lima. “Si eso le hacen a cantantes famosos, que nos toca a nosotros”, se leía en diferentes comentarios de redes sociales.
En este punto, el Perú ya se encontraba en un estado de alerta constante. En julio de 2025, la encuestadora Ipsos Perú resaltaba que 8 de cada 10 peruanos tenían miedo de ser víctimas de robo, secuestro o asesinato. El 75% de las familias manifestó haber sentido estrés o ansiedad por la inseguridad, generando que la mayor medida de protección sea no salir de casa. Finalmente, 9 de cada 10 peruanos señalaron que la crisis los afecta a diario.
Ante la extendida desconfianza por la clase política, el 09 de octubre, diferentes bancadas del Congreso presentaron mociones de vacancia por incapacidad moral contra Dina. La coalición de partidos que durante casi tres años sostuvo a Boluarte en el poder y que llegó a rechazar hasta siete mociones de vacancia en su contra, finalmente decidió soltarle la mano.
Es así que, en la madrugada del 10 de octubre, el Congreso aprobó con 122 votos a favor la vacancia por incapacidad moral permanente de “Dina Asesina”, la Presidenta más impopular de América Latina y el mundo, con tan solo 3% de aprobación.
Protestas en Lima, capital de Perú. (Foto: Raisha Correa)
La asunción de Jerí como presidente interino
Dina Boluarte intentó dar un último discurso, pero fue cortada en plena transmisión. Así, entre gallos y medianoche, teníamos un nuevo Presidente en el Perú: José Jerí, de 38 años, y del partido de centro derecha Somos Perú, que como congresista formó parte de la coalición que sostuvo a Boluarte. Un político con investigaciones por abuso sexual, desobediencia a la autoridad y enriquecimiento ilícito, se convirtió en el nuevo titular del Ejecutivo. Una realidad que no sorprende en una institución donde, de 130 congresistas, 102 tienen causas penales.
La vacancia de Boluarte no fue leída como una victoria popular, sino como un cálculo político de una coalición derechista debilitada que busca sostenerse en el poder frente a las próximas elecciones presidenciales. El Congreso trató de desactivar la genuina indignación popular y mover sus fichas, pero la sociedad peruana no solo siente un fuerte rechazo hacia Boluarte, sino a toda la clase política. En esa lista se encuentra José Jeri, quien la blindó en más de una oportunidad y hasta fue el autor del informe que recomendó archivar las denuncias de las muertes de compatriotas en las manifestaciones del 2022-2023.
Frente a esta situación, el 15 de octubre, se convocó a una marcha masiva en todo el Perú. La consigna del “¡Qué se vayan todos!” volvió a sonar nuevamente en las calles. La zozobra, la rabia y el cansancio que produce un país en constante crisis social y política, se materializó en un fuerte clamor popular que se extendió en diferentes departamentos del país.
La gran marcha del 15 de octubre
La represión policial en Lima fue totalmente violenta. La Policía Nacional del Perú respondió con gases lacrimógenos, perdigones, balas y operativos encubiertos de los llamados “grupos terna”, policías encubiertos vestidos de civil. El saldo fue doloroso: una persona perdió la vida y más de 25 civiles resultaron con lesiones, entre ellos 11 periodistas, según reportó la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
Mario Ruiz, un joven cantante de hip hop de 32 años, conocido por sus amigos como “Trvco”, murió a causa de un disparo a quemarropa por un policía encubierto. Mientras que, Luis Roberth Reyes, músico de 28 años y productor de Cajabamba conocido como “Flipown”, se encuentra luchando por su vida después de sufrir un golpe contundente en el cráneo que le provocó un traumatismo encéfalo craneano (TEC). Además, una niña de 11 años también resultó herida tras el impacto de una bomba lacrimógena en el tórax, lo que provocó su caída y un posterior traumatismo en la cabeza.
Las abogadas y abogados que asumieron casos ad honorem de personas detenidas arbitrariamente en la protesta, denunciaron el uso del aparato de justicia para criminalizar a los manifestantes y que las detenciones arbitrarias funcionan como un mecanismo de disuasión. De once personas detenidas, siete fueron liberadas luego de exceder el plazo máximo de 48 horas de detención, mientras que cuatro permanecieron detenidas con pedidos de prisión preventiva. En estos últimos casos, la jueza que evaluó las solicitudes desestimó todos los pedidos por “falta de fundamentos”, enfatizando la desproporcionalidad de las 48 horas en las detenciones.
Josselyn Roca, abogada peruana que acompañó a algunos detenidos, nos comentó que la mayoría de detenidos denunciaron que fueron acorralados por la policía, a fin de que no tengan salida y se asfixiaran con los gases lacrimógenos. Asimismo, muchos fueron detenidos por “ternas” de manera violenta y sin motivación alguna. En el caso de Aracely Chunga —una de las detenidas del 15 de octubre— su arresto se produjo solo por defender a un manifestante que estaba siendo agredido en el piso por la policía, quienes incluso la amenazaron con dispararle.
La experiencia de Peruanxs Autoconvocadxs en Buenos Aires
Peruanxs Autoconvocadxs en Buenos Aires (PAC) es un colectivo de peruanos y peruanas residentes en Buenos Aires, que se organiza en sintonía con las demandas y las grandes movilizaciones convocadas por los sectores populares en Perú.
La primera reunión fue el 10 de diciembre de 2022, frente al Consulado de Perú en Buenos Aires, con la finalidad de exigir la libertad de Pedro Castillo, la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente. A lo largo de estos dos años, realizamos diferentes medidas de protesta y varias actividades con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesa el país, pero también dialogar lo que transitamos como migrantes peruanos en Buenos Aires.
Hacer grandes convocatorias siempre resulta una tarea complicada, señala Bryam Herrera, también militante del PAC. La clase política está tan desprestigiada entre la comunidad peruana en el extranjero que las actividades culturales suelen tener más apoyo que las políticas. Aun así, se siguen buscando formas de convocar a más gente: “venimos realizando actividades de cine debate con películas peruanas para tratar de dialogar sobre las distintas problemáticas sociales de nuestro país y de la región”, enfatiza Bryam.
Peruanxs Autoconvocadxs frente al Consulado de Perú en Buenos Aires. (Foto: cortesía de Peruanxs Autoconvocadxs)
El 15 de octubre de 2025, Peruanxs Autoconvocadxs en Buenos Aires, se volvió a convocar para protestar frente al Consulado de Perú en Buenos Aires, en solidaridad con el paro nacional que se realizaba en nuestro país. Desde el exterior, somos conscientes que la vacancia de Dina Boluarte no acabará con la permanente crisis política peruana.
Por ello, para no estar solamente a la espera de qué otras cosas ocurren en Perú, este sábado 25 de octubre haremos una reunión abierta de debate en la que vamos a proyectar un video de la represión de las últimas semanas en Perú y un corto del colectivo audiovisual Silbando Bembas, el cual retrata las primeras actividades realizadas en Argentina contra la dictadura que actualmente gobierna nuestro país.
No sabemos si nuestras actividades logren penetrar en el inconsciente de nuestros compatriotas en Buenos Aires, pero lo que sí sabemos como colectivo es que no vamos a frenar hasta lograr la caída de la dictadura y se juzguen sus crímenes, llevando a todos los responsables ante la justicia.
A modo de cierre
Desde nuestra mirada como mujeres migrantes, percibimos que en la Argentina la imagen de nuestro país suele centrarse en el “éxito” de su economía, con los niveles más bajos de inflación en la región y un “dólar estable”. Presentado incluso por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, como un “país ideal”. Sin embargo, los aplaudidores del modelo económico neoliberal peruano olvidan que somete a miles de peruanos y peruanas a la pobreza y la precariedad. Un país en llamas, pero con una economía ordenada.
Las variables macroeconómicas no siempre reflejan la realidad de un país y los peruanos y peruanas expulsados por el régimen fujimorista lo saben. El Perú es un país profundamente desigual, donde los derechos humanos se perciben como simples servicios y la privatización de la vida cotidiana se vuelve norma. Como si vivir al borde de la precariedad no fuera suficiente penitencia, también enfrentamos una continúa crisis política, hoy agravada por la violencia de bandas criminales. Toda esta situación de desgaste constante, obliga a que cada día más peruanos y peruanas sigan optando por la opción de irse del país, aunque no todos y todas puedan hacerlo.
A pesar de las violentas represiones, el clima de resistencia en las calles sigue vivo. Ni la vacancia de Boluarte ni la asunción de Jerí representan una salida suficiente para las clases populares. Son el mismo régimen reciclado, sostenido por los mismos partidos de siempre, que solo mueven las fichas cuando sus intereses están en peligro. Jerí sabe que gobernar sin balas y sin violencia será imposible, por ello recientemente declaró estado de emergencia en las ciudades de Lima y Callao.
A seis meses de las próximas elecciones presidenciales, Perú atraviesa una paralización política absoluta. A 10 años de la permanente crisis política, la sociedad peruana se encuentra totalmente agotada. Una reciente encuesta de Ipsos-Apoyo (agosto, 2025) indica que 9 de cada 10 peruanos dicen que la crisis los afecta a diario y solo el 17% confía en la democracia. Un terreno totalmente allanado para los proyectos autoritarios disfrazados de soluciones urgentes. Y es que cuando la democracia no viste ni representa al pueblo, se convierte en una cáscara vacía.
Portada: Colectivo de peruanos y peruanas residentes en Buenos Aires reunidos frente al Consulado de Perú en Buenos Aires (Foto: cortesía de Peruanxs Autoconvocadxs)
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Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestranda en la Facultad de Ciencias Sociales - UBA, Argentina. Especialista en derechos fundamentales y constitucionalismo en América Latina. Consultora en temas de justicia, ética, género y derechos humanos.
Abogada peruana especializada en derechos humanos, con estudios en antropología social. Forma parte de Peruanxs Autoconvocadxs en Buenos Aires.
