Tras su vencimiento el 22 de octubre de 2025, la Ley de Memoria Democrática cierra una etapa que combinó reparación histórica e inclusión social. Concebida como un puente entre España y su diáspora, la norma permitió a miles de descendientes -especialmente en América Latina- recuperar la nacionalidad y reconectar con sus raíces, en un contexto global de fronteras cada vez más restrictivas.
Luego de un año de prórroga otorgado por el Gobierno de España, el pasado 22 de octubre de 2025 finalizó el plazo para optar a la nacionalidad española conforme a la Ley 20/2022, de Memoria Democrática (LMD), también conocida como “ley de nietos”.
Sancionada en 2022 por la administración de Pedro Sánchez, esta ley representó un intento relevante de formular una política de nacionalidad que no se basó en la exclusión o en el cierre de fronteras, sino en la inclusión y el reconocimiento del vínculo histórico, social y humano que une a España con sus descendientes en el exterior. En un contexto global marcado por crecientes flujos migratorios/desplazamientos humanos, este tipo de normativa puede interpretarse como una política de reconexión con las diásporas españolas, un reconocimiento de que la movilidad humana no sólo tiene que ver con restricciones sino también con vínculos, reparación histórica y apertura.
Los orígenes de la ley
Según el portal oficial del Gobierno de España, la Ley de Memoria Democrática tuvo un doble objetivo: por un lado, “fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de la historia de España y de las figuras y movimientos que fueron construyendo los nexos de cultura democrática”; por otro lado, “preservar la memoria de las víctimas de la Guerra de España y la Dictadura franquista”.
Esta ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, acuñados por los organismos internacionales de los derechos humanos. Asimismo, en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad entre hombres y mujeres, según se detalla en el sitio web de La Moncloa.
Tendencias contrapuestas a nivel mundial
En un contexto global donde la movilidad humana es cada vez más relevante, la norma subraya que las políticas relacionadas con la ciudadanía pueden estar al servicio de las personas, de sus identidades transnacionales, más que al servicio de un “cerrazón” territorial o nacionalista. De este modo, mientras que países como Estados Unidos, Italia o Argentina restringen sus fronteras y endurecen sus políticas de control frente a los migrantes internacionales, otros optan por la gestión inclusiva de este fenómeno en constante crecimiento. Así, en un mundo donde cada vez más las personas tienen vidas transnacionales, la posibilidad de reconectar con la nacionalidad de origen (o de los orígenes familiares) es una herramienta para gestionar flujos, vínculos de doble nacionalidad, identidad y pertenencia.
En este sentido, la ley ha permitido que los nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela originariamente españoles, puedan optar por la nacionalidad. Esto aplicó a quienes hubieran perdido o renunciado a ella como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación/identidad sexual.
La esperanza de muchos argentinos
En Argentina, muchos consideran que esta norma representó una posibilidad concreta en tiempos de incertidumbre económica, social y laboral. La prometida “lluvia de inversiones” (una de las promesas de campaña de la actual gestión presidencial) parece estar mucho más lejos de lo esperado, lo que sumado al recorte de salarios en áreas sensibles como educación y salud, al endurecimiento de las políticas de seguridad para migrantes, y la imposibilidad de acceso a viviendas o trabajos formales, hace que muchos argentinos consideren emigrar en busca de mejores oportunidades.
En este sentido, la Ley de Memoria Democrática funcionó como puerta de oportunidad para muchas familias argentinas que tienen raíces españolas y que, ante la crisis local, buscan diversificar opciones de residencia, trabajo y educación. A la vez, un aspecto a resaltar es que este mecanismo de nacionalidad actúa como factor de atracción de talento y de conexiones globales para España. Con él, profesionales latinoamericanos de distintos sectores pueden generar un aporte de altísimo valor en la sociedad ibérica.
Para muchas personas con ascendencia española, la nacionalidad no solo representa un derecho simbólico, sino también un activo práctico: posibilidad de moverse libremente en la Unión Europea, acceder a estudios, trabajos y otros mercados laborales. Además, las condiciones de accesibilidad también fue un factor clave: bajos o nulos costes administrativos y la prórroga otorgada por el gobierno español hizo que muchas familias tuvieran la oportunidad de acceder a este derecho. Para muchos, no se trata solo de “volver a los orígenes”, sino de abrir una nueva ruta de vida que combine raíces y proyección internacional.
Cabe remarcar que este aumento en las peticiones no solo se debe a la situación económica; sino que el factor temporal también ha sido determinante. La proximidad del fin del plazo para acogerse a la Ley generó una urgencia palpable en muchas familias, que temían perder una oportunidad única. Además, el bajo costo asociado a todo el proceso (como la búsqueda de actas y apostillas), sin gastos de trámite en el consulado español ni necesidad de presentar traducciones, permitió que muchas personas de distintos niveles económicos tengan acceso.
La ley, en números
Según datos oficiales del Gobierno español, al 31 de julio de 2025 se habían recibido 876.321 solicitudes de nacionalidad en todo el mundo al amparo de la ley, de los cuales 414.652 personas ya tenían “consolidado su derecho”. Cabe destacar que el 95% de las peticiones se concentra mayoritariamente en países de Iberoamérica.
De ese total, Argentina encabeza ampliamente la cantidad de solicitudes con 366.759 casos iniciados en las 5 oficinas consulares ubicadas en el territorio nacional. Por su parte, el Consulado General de España en Cuba recibió 107.338 solicitudes, lo que supone un 12,24%. El siguiente país con más peticiones fue Brasil, con el 10,97%; México, con el 9,71%; Chile, con el 5,04%; y Venezuela, con el 2,45% del total.
En Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, Bahía Blanca y Córdoba, medios locales registraron largas filas de ciudadanos argentinos que se acercaron a las distintas oficinas a presentar la documentación e iniciar el trámite.
Para Mariana (Buenos Aires, 38 años), el proceso para obtener la nacionalidad española fue “como redescubrir la familia”. “Más allá de tener la ciudadanía española, para mí y también para mi familia, lo que estuvo lindo fue conectar con algunas cosas del pasado que uno realmente no tiene tan presente. Empezar a escalar en el árbol familiar, conectar con antepasados que ni te imaginas”, declaró a Infobae. En el caso de Facundo (41 años), lleva esperando más de un año para obtener la nacionalidad. “Me gusta mucho viajar y siempre es distinto viajar por Europa con pasaporte comunitario que sin tenerlo. Eso también es importante”.
El debate político fronteras adentro
La posición de la ciudadanía española respecto de la ley no es unívoca, debido a la dimensión política de contestación que parte de sectores muy concretos. En septiembre de 2025, el partido ultraderechista Vox, liderado por Santiago Abascal, presentó una proposición para derogar la norma, argumentando que impone una “visión sectaria de la historia” y “atenta contra la unidad nacional”. Vox mantiene una línea ideológica cercana a la de otros movimientos europeos de extrema derecha —como Alternativa para Alemania (AfD), Reagrupamiento Nacional en Francia o Fratelli d’Italia— que promueven el endurecimiento de las políticas migratorias, el cierre de fronteras y una narrativa basada en la identidad nacional exclusiva.
En contraposición, la Ley de Memoria Democrática se inscribe dentro de un paradigma opuesto: el de una España abierta, plural y conectada con su diáspora, que reconoce el valor de la movilidad y la memoria histórica como motores de inclusión. En contraste con el auge de políticas de contención migratoria en buena parte de Europa, España ha mantenido, al menos en este aspecto, una política de nacionalidad con enfoque reparador y de reconexión con sus comunidades históricas, lo que la diferencia de las tendencias restrictivas dominantes en la región.
En tiempos donde el discurso público sobre migración oscila entre el miedo y la oportunidad, la Ley de Memoria Democrática se erige como un ejemplo de cómo la política puede elegir la reparación por sobre la exclusión, y la pertenencia por sobre el control.
De cara al futuro: los caminos que se abren
Cuando el 22 de octubre de 2025 expiró el plazo para acogerse al derecho de opción de nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, se cerró un capítulo de una política pública que conjugó memoria histórica, justicia social y apertura migratoria. Más allá del reconocimiento simbólico, la norma funciona como una política de movilidad humana que apuesta por la inclusión y la vinculación en lugar del cierre. Para España, para los países de origen de los solicitantes (como Argentina) y para los propios individuos que acogen esta opción, representa una intersección entre pasado y futuro, entre raíces y proyección internacional.
Tal vez, más que una ley sobre el pasado, la de Memoria Democrática fue una ley sobre el futuro: sobre la posibilidad de que los pueblos sigan tendiendo puentes allí donde otros levantan muros.
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Amante del Jazz, el tenis, el yoga y los idiomas.
La temática migrante condensa algunos pilares que, desde mi punto de vista, son de suma importancia en cuanto seres intrínsecamente sociales: la empatía, el diálogo y el intercambio cultural como formas de construir una mundo más justo, sustentado en el amor y la hospitalidad.
