La regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno español marca un giro en la política migratoria europea al reconocer derechos a más de medio millón de personas migrantes. La medida, respaldada por una amplia movilización social, busca garantizar dignidad, acceso a derechos básicos y seguridad jurídica frente a un contexto global de creciente endurecimiento migratorio.
En un contexto internacional cada vez más marcado por políticas migratorias restrictivas, expulsivas y abiertamente punitivas, la decisión del Gobierno español de avanzar en una regularización extraordinaria de gran escala representa mucho más que una medida administrativa. Constituye una toma de posición ética y política en favor de los derechos humanos, la justicia social y la dignidad de las personas migrantes.
Mientras en distintos puntos del hemisferio occidental se refuerzan mecanismos de control, persecución y expulsión (como ocurre en Estados Unidos con los abusos sistemáticos del ICE, o en Argentina con expulsiones ilegales y prácticas selectivas de control sobre trabajadores migrantes), España elige un camino distinto.
Un camino que reconoce una realidad social existente y asume la responsabilidad del Estado de garantizar derechos, no de negarlos.
Un faro en un escenario global adverso
No todos los gobiernos están (o deberían estar) obligados a reproducir políticas xenófobas, discriminatorias y deshumanizantes. No todos los países deben actuar como meros ejecutores de agendas securitarias que reducen a las personas migrantes a números, amenazas o irregularidades administrativas, tal como ocurre en Estados Unidos con las constantes redadas del ICE (la policía antiinmigrantes) del gobierno de Trump, autorizada a detener a cualquier sospechoso de inmigración ilegal, incluidos menores de hasta 5 años. O como ocurre en Argentina, con el gobierno de Javier Milei, que se vanagloria del “récord histórico de expulsados, inadmitidos, capturados y extraditados, con 2400 personas en diciembre de 2025 y 2300 en lo que va de 2026”, tal como fuera posteado en redes oficiales del gobierno.
En Europa, España se erige hoy como un faro en medio de aguas cada vez más oscuras y turbulentas. Esta regularización extraordinaria marca un punto de inflexión en la política migratoria española y europea, al poner en el centro a las personas y no a la lógica del castigo.
La medida parte de una realidad concreta: cientos de miles de personas viven, trabajan y sostienen la vida cotidiana en España sin papeles, contribuyendo a la economía, a los cuidados, a los servicios y a la vida comunitaria, mientras permanecen atrapadas en una situación de vulnerabilidad estructural y miedo constante a la expulsión.
Regularizar es reconocer derechos, no conceder privilegios
El impacto social y político de esta regularización es enorme. Garantizar seguridad jurídica, acceso al trabajo formal, cobertura sanitaria y estabilidad no es un acto de generosidad estatal: es una obligación en un Estado democrático que se rige por el paradigma de los derechos humanos. Tal como señala Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, con esta medida se está “reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social”.
Cabe aclarar que dicha regularización no significa nacionalizar ni otorga derechos políticos como el voto. Significa, simplemente, permitir que quienes ya se encuentran en territorio español puedan vivir y trabajar de manera legal, sin ser empujados a la economía informal, la explotación laboral, la inaccesibilidad del derecho a la salud o la discriminación social.
El rol clave de la participación ciudadana: la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
Uno de los elementos más relevantes de este proceso es su origen y legitimidad social. La regularización se apoya en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), un mecanismo de participación democrática previsto por la Constitución española que permite a la ciudadanía proponer leyes mediante la recolección de firmas. La misma fue impulsada por más de 900 organizaciones y colectivos, como el Movimiento Regularización Ya!, quienes, entre otras declaraciones, han manifestado que “ha sido la presión sostenida del movimiento migrante organizado la que ha conseguido romper años de inacción institucional”.
De este modo, tal como anunciara el Partido Morado, la regularización se llevará a cabo a través de un Real Decreto que aprobará el Ejecutivo y que no requiere ser convalidado en el Congreso, ya que se trata de una modificación en el reglamento de la ley de extranjería. En este sentido, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han señalado que esta vía plantea desafíos relevantes en relación con el sistema de protección internacional. En particular, advierten que la existencia de una vía administrativa de regularización extraordinaria podría, en algunos casos, desincentivar la solicitud de asilo, un derecho específico reconocido por el derecho internacional, al ofrecer una alternativa percibida como más rápida o menos incierta frente a los largos plazos y obstáculos que caracterizan al procedimiento de protección internacional.
Este debate no es menor. El derecho de asilo, consagrado en la Convención de Ginebra de 1951 y en el principio de no devolución (non-refoulement), obliga a los Estados a garantizar protección efectiva a las personas que huyen de persecuciones, conflictos armados o violaciones graves de derechos humanos. Desde esta perspectiva, distintas organizaciones subrayan que la regularización administrativa no debe sustituir ni vaciar de contenido el sistema de asilo, sino coexistir con él, asegurando que quienes necesiten protección internacional no vean erosionado su derecho a solicitarla.
En este caso, la ILP por la regularización reunió más de 700.000 firmas, expresando de forma contundente un respaldo social amplio y transversal. Su toma en consideración fue aprobada por una mayoría parlamentaria abrumadora: 310 votos a favor y apenas 33 en contra del partido de ultraderecha Vox.
Estos datos hablan de una sociedad civil activa, organizada y comprometida, capaz de incidir en la agenda pública y de disputar el sentido común dominante sobre las migraciones. También demuestran que los mecanismos de democracia participativa no solo fortalecen la legitimidad de las decisiones políticas, sino que amplían el horizonte de lo posible.
Alcance de la regularización: personas, plazos y requisitos
Según las estimaciones del Gobierno, esta regularización extraordinaria beneficiará a más de medio millón de inmigrantes.
Plazos
Las solicitudes podrán presentarse entre principios de abril y el 30 de junio.
Requisitos principales
Podrán acceder a la regularización quienes:
- Residieran en España antes del 31 de diciembre de 2025;
- Puedan demostrar al menos cinco meses de permanencia en el país (mediante empadronamiento, informes médicos, recibos de servicios, comprobantes de envío de dinero u otros documentos);
- No tengan antecedentes penales.
Duración del permiso
Se concederá una autorización inicial de residencia por un año, con posibilidad de solicitar posteriormente una residencia ordinaria conforme a la legislación de extranjería.
Suspensión de expulsiones y acceso inmediato a derechos
Un aspecto central de la medida es la suspensión de los procedimientos de retorno y de las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajo sin permiso.
Desde el momento en que la solicitud es admitida a trámite —en un plazo máximo de 15 días—, la persona obtiene una autorización provisional que le permite trabajar legalmente en cualquier sector y en cualquier punto del país, además de acceder a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria.
Asimismo, la medida contempla supuestos que alcanzan a personas solicitantes de asilo y a la regularización simultánea de sus hijos e hijas menores, en línea con el derecho a la reunificación familiar y la protección del núcleo familiar. En estos casos, se prevé la concesión de permisos de mayor duración. No obstante, organizaciones especializadas insisten en la necesidad de que estas disposiciones se apliquen con especial cautela, de modo que no operen como un desvío indirecto del sistema de protección internacional ni como un incentivo para renunciar al asilo cuando existan motivos fundados para solicitarlo.
Antecedentes históricos: una política con memoria
España no parte de cero. A lo largo de su historia democrática se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias. La primera tuvo lugar en 1986, bajo el gobierno de Felipe González, seguida de procesos en los años noventa y comienzos de los 2000, incluso durante gobiernos del Partido Popular.
El antecedente más cercano es la regularización de 2005, impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que permitió documentar a más de medio millón de personas migrantes.
Estos procesos demuestran que la regularización no es una excepción, sino una herramienta social y política legítima para abordar realidades complejas desde un enfoque de derechos.
Migrar es un derecho, vivir con dignidad también
Frente a discursos que criminalizan la migración y legitiman la exclusión, la experiencia española vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda pero necesaria: las personas migrantes no son el problema. El problema es la negación sistemática de derechos.
Regularizar no solo ordena el sistema administrativo. Repara, aunque sea parcialmente, una injusticia estructural. Reconoce humanidad donde otros Estados levantan muros. Y reafirma que la dignidad humana no puede depender de un papel.
En tiempos de retrocesos democráticos y endurecimiento de fronteras, apostar por la inclusión es, también, una forma de defender la democracia.
Imagen de portada: Sede del Senado Español, Madrid. | Foto: Zarateman
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Amante del Jazz, el tenis, el yoga y los idiomas.
La temática migrante condensa algunos pilares que, desde mi punto de vista, son de suma importancia en cuanto seres intrínsecamente sociales: la empatía, el diálogo y el intercambio cultural como formas de construir una mundo más justo, sustentado en el amor y la hospitalidad.
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