Organizaciones migrantes, sindicales y de derechos humanos se concentraron en Plaza Congreso contra el DNU 366/25, que modifica la Ley de Migraciones y criminaliza a la migración pobre. Bajo la consigna “Migrar no es un delito, es un derecho”, se exigió respeto al artículo 20 de la Constitución y se denunció la regresión de derechos conquistados.
Con el fin de repudiar el decreto 366/25 del Gobierno de Milei que establece una severa reforma migratoria, imitando el modelo de Trump en suelo norteamericano, múltiples organizaciones migrantes, sindicales y de derechos humanos se concentraron este 19 de septiembre en la Plaza del Congreso. El Decreto modifica de forma regresiva la Ley de Migraciones (25.871) al reinstalar lógicas de criminalización, restringir el acceso a la residencia, la salud y la educación y aumentar de manera indiscriminada las deportaciones.
Bajo la consigna “No al DNU 366/25”, comenzó el acto en el que se llamó a fortalecer la voz del sector migrante y a repudiar toda forma de racismo, odio y xenofobia. También se exigió el respeto al artículo 20 de la Constitución Nacional, que garantiza la igualdad de derechos civiles entre argentinos y extranjeros.
“No al DNU 366/25”: migrar es un derecho
En una semana marcada por las multitudinarias movilizaciones y protestas contra los vetos presidenciales a las Leyes de Emergencia en Pediatría y Financiamiento Universitario, el colectivo migrante también se suma a ponerle un freno al avance de las políticas de ajuste que el oficialismo intenta imponer por decreto.
La jornada fue convocada por diversas organizaciones de migrantes, derechos humanos, movimientos sociales, sindicatos y agrupaciones políticas. Durante el acto se leyeron documentos, se compartieron testimonios de personas afectadas por políticas migratorias restrictivas y se visibilizó la preocupación frente al avance de un discurso oficial que vincula migración con delito e inseguridad. Frente al avance del decreto, se recalcó la necesidad de continuar con medidas de visibilización y agrupamiento en un contexto regional y global de cierre de fronteras y proliferación de discursos de odio.
La concentración en Plaza Congreso fue un recordatorio de que los derechos conquistados merecen ser defendidos. Ante un gobierno que avanza sobre las garantías básicas, las comunidades migrantes levantan una consigna urgente: migrar no es un delito, es un derecho.
Organizaciones se concentraron en Plaza Congreso contra el DNU 366/25, que modifica la Ley de Migraciones. Foto: Pilar de Vera
Un retroceso en los derechos migratorios
La narrativa del DNU 366/2025 refleja una conocida lógica de alterización: los “inmigrantes ilegales” y “falsos solicitantes de asilo” son aquellos que “no” somos “nosotros”, y que por ello ponen en peligro lo que es “nuestro”. El inmigrante es quien amenaza con llevarse lo “nuestro” como sujetos legítimos de la nación. No se trata únicamente de un decreto que limita el acceso de las personas migrantes a derechos fundamentales, sino de un dispositivo que moviliza una política cultural de las emociones, como ya ha bien señalado la escritora feminista Sara Ahmed. El decreto —y el discurso público que gira alrededor de él— activan emociones colectivas que dirigen la manera en que el “nosotros nacional” se indigna, atemoriza y enoja ante la amenaza de lo que el inmigrante representa.
Según el Decreto el movimiento migratorio en la actualidad no se compara con aquella llegada de millones de extranjeros que transformaron nuestro país en “un centro intercultural promotor del progreso y formador de una ciudadanía orgullosamente plural y heterogénea”. Al contrario, quien migra hoy lo hace de manera descontrolada y “puede generar una amenaza contra la seguridad pública nacional”. De esta forma, se permite la persecución y el atropellamiento de los derechos de las personas migrantes, lo que profundiza un escenario de desprotección e incertidumbre. Como señaló uno de los referentes que tomó la palabra: “el decreto criminaliza a la migración pobre y marrón, no a los adinerados que ocupan tierras”.
Entre las principales modificaciones de la Ley se destacan el endurecimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, la restricción al acceso a la ciudadanía, la ampliación de causales de expulsión, la limitación al acceso gratuito a la salud y la educación universitaria a quienes no sean residentes permanentes y la posibilidad de expulsión por infracciones administrativas o causas penales no firmes.
Sabina Paricanaza Alvarez de la organización AMUMRA (Asociación Civil de Derechos Humanos – Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina) en diálogo con Refugio Latinoamericano señaló el retroceso que implica este Decreto respecto a los derechos conquistados con el Plan Patria Grande impulsado por Nestor Kirchner en 2004. También apeló a la empatía, solidaridad y conciencia del pueblo argentino frente a la persecución de sus hermanos migrantes.
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Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y estudiante de la Maestría en Periodismo Narrativo (UNSAM). Especialista en comunicación institucional, atención al público y producción de contenidos creativos.
