La cuestión migratoria se instaló en el centro del debate electoral peruano. Con más de 1,6 millones de personas migrantes originarias de Venezuela en el país andino, los candidatos de distintas fuerzas compiten por ver quién adopta una postura más agresiva frente al electorado.
Mientras millones de peruanos se acercan este domingo a las urnas para elegir presidente —y, por primera vez desde 1990, diputados y senadores—, uno de los temas que dominó la campaña fue el de la migración. En un país que en la última década acumuló al menos siete presidentes y que enfrenta una escalada de criminalidad de primera magnitud —los homicidios casi se triplicaron entre 2018 y 2025, pasando de 1.000 a 2.600 casos según datos policiales—, la figura del migrante irregular se convirtió en blanco recurrente de los discursos electorales, cuyo cariz securitista fue en aumento.
Sin ir más lejos, la candidata con mayor intención de voto, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), lo expresó sin rodeos ante la Agencia France-Presse hace algunos días: «Expulsaremos a los ciudadanos indocumentados y esperamos que se pueda establecer un corredor humanitario para que los que se vieron forzados a salir de su país puedan regresar». El dato no es menor si se considera su propia historia familiar: Keiko es hija del expresidente Alberto Fujimori (1938-2024), ingeniero agrónomo e hijo de inmigrantes japoneses de la prefectura de Kumamoto que llegaron al Perú en 1934. Alberto se convertiría en el primer presidente de ascendencia japonesa en la historia latinoamericana —un hito para la comunidad nikkei a nivel regional— aunque su gobierno (1990-2000) quedó marcado por el autoritarismo, la corrupción y sus posteriores condenas por crímenes de lesa humanidad. Hoy, su hija hace campaña sobre la promesa de expulsar a quienes, como sus abuelos en otro tiempo, llegaron a Perú sin más que una historia de migración a cuestas.
Asimismo, el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien le sigue de cerca en las encuestas con alrededor del 11,7 % de intención de voto, había sido aún más contundente durante el primer debate: «Vamos a expulsar a extranjeros ilegales. Tienen plazo corto para volver a su Venezuela querida».
Por su parte, acaso una de las figuras más llamativas de la campaña presidencial, es la del actor y humorista político Carlos Álvarez (País Para Todos), un outsider que se presenta con un discurso crítico y anti-establishment. Sus declaraciones, en este sentido, compiten de igual a igual con las de sus principales contendientes: «Ya no podemos permitir el ingreso de más extranjeros ilegales. Y no me vengan con que esto es xenofobia: es defender a nuestro país».
El contexto de estas declaraciones no es menor. Las recientes campañas electorales en la región evidenciaron una instrumentalización política de la cuestión migratoria con fines electorales que asocian a las personas migrantes con la criminalidad. Y en caso de Perú, existe un particular señalamiento con las personas de origen venezolano: el país andino alberga a más de 1,6 millones de personas migrantes de origen venezolano, según cifras oficiales, lo que convierte a esa comunidad en la más numerosa de extranjeros en el país. Sin embargo, el porcentaje de personas de origen venezolano en situación irregular se redujo del 36 % al 14 % entre 2022 y 2024, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, lo que matiza sensiblemente el diagnóstico que agita la campaña.
El mapa de la migración en Perú
La instrumentalización de la cuestión migratoria en el marco de la campaña electoral peruana de 2026 implicó simplificarla, manipular los datos objetivos y exagerar algunos hechos. Lo cierto es que la realidad concreta en este sentido es más diversa y más matizada. Según el informe de Estadísticas de la Migración Internacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI) publicado en enero de 2026 con datos al primer semestre de 2025, la población extranjera residente en Perú asciende a 1.500.089 personas, de las cuales el 95,1% proviene principalmente de Sudamérica.
Las personas migrantes de origen venezolano constituyen, con amplio margen, la comunidad más numerosa: 1.226.525 personas, el 81,8% del total. Les siguen las de origen colombiano con 87.580 (5,8%), ecuatoriano con 23.508 (1,6%), argentino con 17.439 (1,2%), español con 16.662 (1,1%) y las de origen boliviano, chileno y brasileño, cada una rondando el 1%. También hay comunidades de origen chino (14.011) y estadounidense (12.646). Lima concentra la mayor parte de esta población, aunque comunidades como la boliviana y la colombiana tienen presencia significativa también en zonas rurales y fronterizas. La comunidad haitiana, más pequeña pero con una importante situación de vulnerabilidad, se concentra en la región amazónica de Madre de Dios, donde la Defensoría del Pueblo ha señalado riesgos específicos de desprotección.
El diagnóstico que emerge de los datos oficiales desmiente el estereotipo dominante en la campaña. El 61,4% de las personas migrantes venezolanas ingresó al país en 2018-2019, lo que significa que la mayoría lleva entre seis y siete años radicada en Perú. El 73,7% tiene entre 15 y 49 años —una población joven, en plena edad productiva—. Y entre quienes declaran ocupación, el 11,7% son profesionales, científicos e intelectuales: docentes, ingenieros, administradores de empresas, enfermeros, médicos. No es el perfil que sugiere la retórica electoral.
En materia de regularización, el panorama también es más matizado de lo que plantea el debate. De los 1,5 millones de migrantes, 481.562 cuentan con carnet de extranjería vigente —un 32% del total—, y el porcentaje de personas migrantes venezolanas en situación completamente irregular se redujo del 36% al 14% entre 2022 y 2024, según el INEI. El proceso de regularización es lento y burocráticamente complejo, pero está en marcha. Perú es además el tercer país del mundo con mayor cantidad de personas solicitantes de la condición de refugiado, con más de 548.000 hasta junio de 2025, según ACNUR, lo que lo ubica en un lugar singular dentro del sistema internacional de protección.
Los números dibujan una contradicción difícil de soslayar: el país que figura entre los principales receptores de personas en movilidad forzada del mundo es, al mismo tiempo, aquel en el que los candidatos presidenciales compiten por ver quién propone expulsarlas con mayor contundencia y agresividad.
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Una narrativa que criminaliza (y los datos que la desmienten)
El análisis del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) identifica con claridad los mecanismos discursivos en juego. La narrativa predominante en los debates presidenciales del 23, 24 y 25 de marzo fue la de la criminalización: presentar a la migración como la causa principal del aumento de la inseguridad, de modo que el control migratorio aparece como una «medida de seguridad ciudadana» y la expulsión de extranjeros como parte de la lucha contra el delito.
A esto se suma el uso sistemático de términos como «ilegales» o «delincuentes migrantes», expresiones que, señala el informe del IDEHPUCP, «despojan a las personas migrantes de su condición de sujetos de derechos y normalizan su exclusión ante la audiencia electoral».
El problema con esa narrativa es que los números no la sostienen. La crisis de seguridad en Perú es real y grave: según el Sistema de Denuncias Policiales, en 2024 se registraron 7,4 denuncias por homicidio cada 100.000 habitantes, un aumento del 115% respecto a 2019, cuando la tasa era de 3,5. Las denuncias por extorsión se dispararon un 438% en el mismo período.
Es importante destacar, en ese marco, que la responsabilidad de esa escalada en materia de inseguridad recae abrumadoramente sobre ciudadanos peruanos. Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicado en 2024 revela que solo el 0,15% de la población venezolana en Perú ha sido denunciada por algún delito, contra el 1,5% de la población peruana. En 2022, 23 de cada 100.000 venezolanos fueron denunciados por delitos contra la vida, frente a 132 de cada 100.000 peruanos. En delitos patrimoniales, la brecha es aún más pronunciada: 98 denuncias por cada 100.000 venezolanos, contra 412 por cada 100.000 peruanos.
En materia de extorsión —el delito que más moviliza el miedo electoral—, los extranjeros representan apenas el 10,7% de la población penitenciaria, de la cual el 8% son venezolanos y el 2,5% colombianos. El restante 89,3% de los presos por ese delito son peruanos. Y aunque la cantidad de migrantes en las cárceles se triplicó en la última década —pasando de 1.804 internos en 2016 a 5.530 en 2025, según el Instituto Nacional Penitenciario—, los extranjeros representan apenas el 5,4% del total de la población penitenciaria. En perspectiva: ese crecimiento refleja sobre todo el aumento de la presencia venezolana en el país, no un incremento proporcional de su participación en el delito.
La dinámica del discurso no es exclusiva de Fujimori o López Aliaga. Según el relevamiento académico del IDEHPUCP, en los debates participaron candidatos que propusieron desde dar a las personas migrantes en situación irregular «48 horas para retirarse del Perú» hasta militarizar fronteras como respuesta al crimen organizado. El fenómeno se inscribe, además, en un clima regional: la propia Fujimori lo encuadró como parte de una «corriente» que avanza en América Latina junto a líderes como Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile o Daniel Noboa en Ecuador.
Lo que dicen los planes de gobierno
Sin embargo, cuando se pasa del escenario del debate a los documentos formales presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones, el panorama es considerablemente más complejo. De los 36 partidos con fórmulas presidenciales, 21 directamente no incluyeron medidas concretas en materia migratoria en sus planes de gobierno. Entre ellos, llamativamente, se encuentra Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, cuya retórica antimigrante fue de las más impactantes de la campaña.
De los 15 partidos que sí abordaron el tema, el informe elaborado por el IDEHPUCP distingue tres tendencias. Seis adoptaron un enfoque securitario pero moderado, orientado al control sin vulneración explícita de derechos. Tres combinaron medidas de control con garantías para la protección de los migrantes. Y otros seis presentaron lo que el informe denomina un enfoque securitario «lesivo»: propuestas que, de implementarse, implicarían el incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Aquí tienes los párrafos con las comillas transformadas al estilo español (« »):
Entre las medidas más extremas relevadas figura la del partido Perú Acción, cuyo candidato es Francisco Diez-Canseco, abogado, periodista y empresario presidente fundador del partido, que propone una política de «inmigración ilegal cero» orientada a la «captura, custodia y expulsión de TODO inmigrante ilegal» —las mayúsculas son del texto original—, con traslado a centros de detención militarizados en fronteras. El mismo partido llega al punto de proponer negociar con Venezuela la deportación de sus nacionales «a cambio de dólares por compra de petróleo».
Por su parte Carlos Jaico, exsecretario de la presidencia durante el gobierno de Pedro Castillo y candidato de Perú Moderno, plantea sancionar a empresas que contraten migrantes irregulares, mientras que Fernando Olivera, abogado y exministro conocido por su papel en la lucha anticorrupción durante la transición democrática y candidato del Frente de la Esperanza, propone directamente prohibir el acceso a servicios de salud y educación para las personas migrantes.
Una agenda con efectos reales
Más allá del resultado electoral de este domingo, los analistas del IDEHPUCP advierten sobre el impacto que tiene la retórica antimigrante independientemente de su traducción en políticas concretas. Las narrativas que presentan a los migrantes como amenaza «propician escenarios de discriminación, violencia y xenofobia», señala el informe, y tienen efectos sobre comunidades reales, más allá de si los planes de gobierno las respaldan o no.
Con 35 candidatos en carrera, una primera vuelta que probablemente no defina al ganador, y un balotaje previsto para junio, el debate sobre migración lejos está de cerrarse. Lo que sí parece claro es que la distancia entre lo que se dice en los debates y lo que se escribe en los programas de gobierno revela, al menos, que el tema es más complejo —y más instrumentalizado— de lo que sugiere la temperatura de la campaña.
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Consultor en comunicación estratégica. De raíces criollas y mestizas, sus antepasados se remontan a la historia del Alto Perú y también a la llegada de migrantes españoles en el siglo XIX. Apasionado por la historia y cultura latinoamericana.
