A dos años del inicio de la ofensiva israelí (tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023), Gaza enfrenta una catástrofe humanitaria de proporciones históricas. La casi totalidad de su población —más del 90%— ha sido desplazada interna o externamente, decenas de miles de personas han muerto y los sistemas sanitarios y de ayuda humanitaria se encuentran colapsados. Y a pesar de la magnitud excepcional de esta crisis humanitaria, las recientes propuestas de “paz” realizadas por los Estados Unidos e Israel excluyen la participación palestina y omiten mecanismos efectivos de justicia y reparación.
«A la rapiña, el asesinato y el robo los llaman con nombre falso de gobernar, y donde crean un desierto, lo llaman paz». Así se refería el historiador romano Tácito a ese periodo de la pax romana construido a partir de la invasión y la devastación. Una vez más, en la historia, asistimos a un escenario de similares características. Los informes de OCHA y el Ministerio de Salud de Gaza contabilizan entre 66.000 y 67.000 muertes y más de 160.000 heridos hasta octubre de 2025. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al menos 42.000 personas presentan lesiones de por vida —amputaciones, quemaduras graves o daño neurológico— y más de 5.000 amputaciones han sido registradas oficialmente.
A ello se agrega la destrucción de la infraestructura sanitaria y de ayuda humanitaria. Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió hace algunos meses que el sistema sanitario en Gaza ha colapsado: hospitales destruidos, escasez de anestésicos y oxígeno, personal médico desplazado y emergencias sin capacidad de respuesta. La OMS/EMRO calificaron la situación como una “crisis sanitaria de generaciones”.
Asimismo, informes de Amnesty International, Human Rights Watch y organizaciones israelíes como B’Tselem y Physicians for Human Rights–Israel sostienen que los actos documentados en Gaza —asesinatos masivos, imposición deliberada de condiciones de vida incompatibles con la supervivencia y ataques a infraestructura civil— constituyen un acto de genocidio según lo establecido en la Convención de 1948. El propio Instituto Lemkin (una de las máximas autoridades académicas en estudios sobre el genocidio, que lleva el nombre del jurista polaco Raphael Lemkin, quien instituyó el concepto de genocidio a nivel internacional) hizo público su posicionamiento sobre la ofensiva israelí en Gaza, y consideró que allí se estaba llevando adelante un genocidio que cuenta con la complicidad del gobierno de los Estados Unidos. Recordemos, además, que en noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, en el marco de su investigación sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en territorio palestino. Israel rechazó la jurisdicción de la Corte, pero los procedimientos judiciales siguen su curso.
Por último, y de manera contundente, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó en septiembre pasado que Israel ha cometido actos de genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Según el informe —resultado de una investigación exhaustiva sobre los hechos ocurridos entre el 7 de octubre de 2023 y el 31 de julio de 2025—, las autoridades y fuerzas israelíes perpetraron cuatro de los cinco actos tipificados como genocidas en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948: matar a miembros del grupo, causarles lesiones físicas o mentales graves, someterlos deliberadamente a condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física total o parcial, e impedir los nacimientos dentro del grupo. La Comisión urgió a Israel a cumplir sus obligaciones legales internacionales, cesar de inmediato los actos genocidas y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia internacional.
La escala del desplazamiento forzado
De acuerdo con datos consolidados por UNRWA y OCHA, alrededor del 90% de la población de Gaza —cerca de 1,9 millones de personas— ha sido desplazada al menos una vez desde 2023. No obstante, existen estudios como el del Danish Refugee Council (DRC) que indican que las familias se han visto forzadas a moverse (interna o externamente) un promedio de seis veces durante el conflicto, producto de órdenes sucesivas de evacuación y la destrucción reiterada de zonas residenciales.
En términos de derecho internacional, estos desplazamientos configuran una forma de migración forzada, al no existir alternativas seguras de permanencia. Bombardeos, bloqueo alimentario, destrucción de hospitales y corte de suministros esenciales configuran un escenario de coerción estructural.
La antropóloga Caitlin Procter, especialista en Medio Oriente y en Migraciones Forzadas, inscribe lo acontecido en Gaza como el caso paradigmático contemporáneo de desplazamiento inducido por violencia estructural. En una reciente publicación (Coerced Migration: Mobility under Siege in Gaza, 2024), añadió un testimonio que da cuenta de la crisis humanitaria:
“Muchos de los participantes en mi investigación con los que he mantenido contacto ahora viven en tiendas de campaña en Rafah, habiendo perdido todo porque sus hogares fueron bombardeados. Algunos intentan reunir los fondos necesarios para pagar un soborno y cruzar la frontera hacia Egipto —la cantidad requerida actualmente es de 8.000 dólares por adulto—. Otros dicen que nunca dejarán Gaza y que prefieren ser asesinados en su tierra a ser desplazados por la fuerza. Sigue siendo totalmente incierto cómo responderán los gobiernos europeos a los palestinos de Gaza que logren salir en estas circunstancias, si solicitan asilo”
(Caitlin Procter, Coerced Migration: Mobility under Siege, 2024)
El plan de Trump: construir una “paz” en el desierto, sin palestinos
El pasado 29 de septiembre de 2025, el presidente estadounidense Donald J. Trump presentó un plan de veinte puntos para establecer la “paz” en Gaza. El documento —respaldado públicamente por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu— propone un alto el fuego inmediato, la retirada escalonada del ejército israelí y la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (FEI), que asumiría el control de la seguridad en la Franja una vez concretado el repliegue militar israelí.
Según el punto 15 del plan, “Estados Unidos trabajará con sus socios árabes e internacionales para desarrollar una Fuerza Internacional de Estabilización (FEI) para el despliegue inmediato en Gaza”. La composición de esa fuerza fue uno de los temas centrales de las negociaciones en Sharm el-Sheij (Egipto), y responde a una premisa compartida por Washington y Tel Aviv: ni Hamas ni la Autoridad Nacional Palestina (ANP) deben encargarse de la seguridad interna de la Franja.
De acuerdo con el texto oficial, la FEI —que contaría con efectivos de Egipto y Jordania, y eventualmente de Indonesia— tendría la tarea de impedir el ingreso de armas, asegurar la llegada de alimentos y material de reconstrucción, y apoyar la formación de un nuevo cuerpo policial palestino, bajo supervisión internacional. Egipto propuso incluir también tropas estadounidenses, con el argumento de que la presencia directa de Washington garantizaría la ejecución del plan, aunque esta iniciativa plantea riesgos políticos y de seguridad para EE.UU. (Middle East Eye, 04/10/2025).
El analista Timothy Kaldas, subdirector del think tank The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP), advierte que “aún no está claro el mandato operativo de la FEI ni la duración de su despliegue”, y que podría ser percibida por sectores palestinos como una nueva forma de ocupación militar. Parte de la prensa internacional filtró que el acuerdo mostrado por Trump tras su encuentro con Netanyahu no coincide exactamente con el que pactó con los aliados árabes, en especial en cuanto al papel que desempeñaría la ANP (TIMEP, octubre 2025).
Un elemento central del plan es el desarme de Hamas, contemplado en el punto 13, que establece que “inspectores internacionales independientes” verificarán la entrega de armas y la destrucción de túneles y fábricas militares. Paralelamente, se prevé la formación de un Consejo de Reconstrucción y Transición, integrado por representantes internacionales, encargados de administrar Gaza durante un periodo “no definido”.
Diversas fuentes diplomáticas aseguraron a las agencias internacionales que Washington sólo enviará 200 militares para tareas de verificación, mientras el Comando Central estadounidense (CENTCOM) instalará un centro de coordinación cívico-militar destinado a “conseguir la estabilización del conflicto”. A esta arquitectura militar se suma ahora la cumbre internacional de Sharm el-Sheij, convocada por Egipto para firmar oficialmente el Plan de Paz impulsado por Estados Unidos. El gobierno egipcio confirmó en un comunicado que la reunión —presidida por Donald Trump y su par Abdel Fattah el-Sisi— reunirá en las próximas horas a más de veinte líderes internacionales, entre ellos Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Keir Starmer. “La cumbre tiene como objetivo poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar los esfuerzos para alcanzar la paz y abrir una nueva etapa de estabilidad en Oriente Medio”, indicaron las fuentes oficiales egipcias.
La firma se produce tras la entrada en vigor del alto el fuego acordado el pasado viernes entre Israel y Hamas, bajo el auspicio de Washington. Las tropas israelíes comenzaron a replegarse de las principales ciudades gazatíes, mientras centenares de camiones con ayuda humanitaria —unos 400 el domingo— ingresaban por el paso de Rafah, en el mayor operativo de asistencia desde el inicio del conflicto.
El plan contempla además la liberación escalonada de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, con un plazo hasta el lunes al mediodía para completar los intercambios. Israel permitirá la entrada diaria de hasta 600 camiones de ayuda humanitaria, coordinados por las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales internacionales, países donantes y también por parte del sector privado.
Gaza enfrenta una tragedia que combina muertes, desplazamiento masivo, devastación material y acusaciones de crímenes graves. El dilema político inmediato no es solo detener la ofensiva israelí, sino definir qué tipo de paz se construye después: una paz impuesta desde arriba o una fundada en justicia, reparación y la participación de la población afectada. La semana pasada, de hecho, la activista palestino-estadounidense Noura Erakat, durante un encuentro de mujeres de las Naciones Unidas, instó al Consejo de Seguridad a que exija el el plan de paz propuesto por Donald Trump respete el derecho internacional.
“En su forma actual, la propuesta de Estados Unidos depende de la eliminación de los palestinos del timón de su futuro político. Como enfatizaron los expertos de la ONU el viernes, el resultado político que todos queremos tan desesperadamente no puede basarse en violaciones directas del derecho internacional”
(Noura Ekarat, activista palestino-estadounidense)
Así, mientras las grandes potencias negocian en la cerrazón de los foros diplomáticos, la población palestina sigue resistiendo desde los márgenes, intentando sostener en la supervivencia cotidiana el derecho básico (como decía la canción) a vivir en paz.
Imagen de portada: Rafah Kid (CC BY-SA 2.0)
Contenido relacionado:
Francisco, esa mano tendida a los refugiados de Gaza que Israel eligió ignorar
El plan de Trump para la “reconstrucción de Gaza”: ¿limpieza étnica o negocio inmobiliario?
La externalización del control migratorio: una industria global al servicio de la deshumanización
Consultor en comunicación estratégica. De raíces criollas y mestizas, sus antepasados se remontan a la historia del Alto Perú y también a la llegada de migrantes españoles en el siglo XIX. Apasionado por la historia y cultura latinoamericana.
