Trabajo, salud y migración: las brechas que enfrentan millones de personas en la región

El cruce entre empleo precario y barreras sanitarias profundiza las desigualdades estructurales. Un reciente informe de la OIT y  otro de la OPS alertan sobre la falta de acceso a derechos básicos para las poblaciones en movilidad.

En América Latina y el Caribe, trabajo informal y exclusión sanitaria definen la realidad cotidiana de millones de migrantes. La precariedad laboral no solo compromete su estabilidad económica: también pone en riesgo su vida, con consecuencias especialmente graves para mujeres y jóvenes.

Informalidad laboral y barreras sanitarias revelan los desafíos de la justicia social en la región. En América Latina y el Caribe, el trabajo ha sido históricamente uno de los principales caminos hacia la integración social. Tener empleo no solo significa ingresos: también implica acceso a seguridad social, estabilidad económica y servicios básicos como la salud, educación y condiciones habitacionales dignas. Sin embargo, para millones de personas en la región —especialmente quienes migran en busca de mejores oportunidades— esa promesa sigue siendo difícil de alcanzar. Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado Reflexiones sobre la justicia social y el trabajo en América Latina y el Caribe advierte que las desigualdades estructurales del mercado laboral siguen siendo uno de los mayores obstáculos para avanzar hacia sociedades más equitativas. A estas desigualdades se suman los desafíos vinculados a la movilidad humana. Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) muestran que los migrantes enfrentan no solo precariedad laboral, sino también importantes barreras para acceder a servicios de salud en los países de destino. El cruce entre empleo precario, migración y acceso desigual a derechos básicos revela una realidad compleja: en gran parte de América Latina, trabajo y bienestar siguen profundamente condicionados por desigualdades estructurales. 

Una región donde el trabajo no siempre garantiza derechos 

Según la OIT, alrededor de la mitad de los trabajadores de América Latina y el Caribe se desempeñan en la economía informal, lo que equivale a más de 140 millones de personas sin acceso pleno a derechos laborales y protección social. La informalidad supera  el 70 % de la fuerza laboral en países de la región, con Bolivia por encima del 80 % y solo Chile y Uruguay con tasas cercanas al 24 %, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción o el comercio. Esta situación tiene consecuencias directas sobre la pobreza y la desigualdad. Las personas que trabajan en la informalidad tienen entre dos y cinco veces más probabilidades de vivir en la pobreza que quienes cuentan con empleos formales. En América Latina, donde más del 80 % de los ingresos de los hogares proviene del trabajo, la calidad del empleo se convierte en un factor decisivo para el bienestar de las familias. En ese contexto, quienes migran en busca de mejores oportunidades suelen enfrentarse a las condiciones más precarias del mercado laboral.

Migrar para trabajar… pero en condiciones precarias 

Las crisis económicas, la inestabilidad política y el cambio climático han impulsado en los últimos años un aumento de la movilidad humana dentro del continente. Según datos recientes de la OPS, la población venezolana en América Latina y el Caribe alcanzó en 2025 más de 6,9 millones de personas, consolidando uno de los mayores desplazamientos humanos recientes en la región. Entre mayo y noviembre de 2025, esa población aumentó en 37 496 personas. Muchos de estos migrantes logran integrarse a las economías locales, pero con frecuencia lo hacen en sectores informales o precarizados. Comercio ambulante, trabajo doméstico, servicios urbanos y construcción concentran buena parte de estos empleos. La falta de contratos formales implica que muchos trabajadores migrantes quedan fuera de sistemas de seguridad social y de cobertura sanitaria. «La informalidad constituye uno de los mayores desafíos estructurales para avanzar hacia la justicia social», advierte el informe de la OIT. Sarah Noriega es una migrante venezolana de 20 años que trabaja en la informalidad. «Trabajo en un lugar de empanadas, horneo, limpio, estoy en todas las áreas», pero no figura en nómina ni recibe los beneficios de ley. Noriega vivió varios años en Ecuador antes de establecerse en Buenos Aires, Argentina, donde hoy necesita un trabajo «en blanco» para obtener los papeles que son requisito fundamental para la residencia permanente.

Cuando la precariedad laboral afecta la salud

Las condiciones laborales y sociales tienen un impacto directo en la salud de las personas migrantes. De acuerdo con la OPS, las poblaciones en movilidad enfrentan obstáculos administrativos, económicos y culturales para acceder a servicios de salud, lo que puede retrasar diagnósticos y tratamientos. El reporte regional sobre salud y migración señala que al menos 400 migrantes murieron o desaparecieron en rutas migratorias de Sudamérica al borde de México durante 2025, en muchos casos por ahogamiento, condiciones ambientales extremas o falta de atención médica durante el trayecto. Además, los sistemas de salud de algunos países reportan desafíos específicos en la atención a poblaciones migrantes. En Colombia, por ejemplo, se notificaron 2 906 casos de morbilidad materna extrema en mujeres extranjeras en 2025, de las cuales el 97,4 % correspondía a mujeres venezolanas. Entre esas mujeres, casi una de cada cinco no había recibido controles prenatales, mientras que más del 68 % presentó trastornos hipertensivos durante el embarazo, una de las principales causas de complicaciones maternas. Estos datos reflejan cómo las condiciones sociales, laborales y migratorias influyen directamente en la salud de las personas.

Mujeres migrantes: doble desigualdad 

Las desigualdades del mercado laboral latinoamericano se profundizan en el caso de las mujeres. Según la OIT, la participación laboral femenina en la región ronda el 52,1 %, frente al 74,3 % de los hombres, mientras que las mujeres ganan en promedio alrededor de un 20 % menos. Las mujeres migrantes suelen enfrentar una doble vulnerabilidad: además de las brechas de género, muchas trabajan en sectores con alta informalidad, como el trabajo doméstico o el cuidado de personas. Estas actividades, aunque fundamentales para el funcionamiento de las economías y los hogares, han estado históricamente mal remuneradas y escasamente reguladas. 

Jóvenes migrantes y oportunidades limitadas 

Los jóvenes también enfrentan desafíos importantes en el mercado laboral de la región. Las tasas de desempleo juvenil suelen ser más altas que el promedio general, y muchos jóvenes acceden a empleos temporales o informales. Para quienes migran, la situación puede ser aún más compleja debido a barreras administrativas, falta de reconocimiento de títulos o discriminación laboral. El informe de la OIT señala que las dificultades para acceder a empleos de calidad en las primeras etapas de la vida laboral pueden tener efectos duraderos en las trayectorias profesionales. 

El desafío de construir sociedades más inclusivas 

Frente a este panorama, organismos internacionales coinciden en que avanzar hacia la justicia social en América Latina requiere políticas públicas integrales. Esto implica no solo reducir la informalidad laboral, sino también ampliar los sistemas de protección social y garantizar el acceso universal a servicios de salud. En una región donde millones de personas cruzan fronteras cada año en busca de mejores oportunidades, garantizar condiciones laborales dignas y acceso a la salud para las poblaciones migrantes no es solo una cuestión humanitaria, sino también una condición fundamental para el desarrollo sostenible. El desafío, concluye la OIT, es construir un modelo de desarrollo en el que el trabajo vuelva a ser un verdadero motor de bienestar, integración y justicia social para todos.

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