La Guerra de Malvinas: la política exterior argentina bajo el régimen militar

El 2 de abril de 1982, pocos días después de que manifestaciones obreras y populares fueran reprimidas en los alrededores de la Plaza de Mayo, se produjo el desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, la toma del aeropuerto y la casa de gobierno en Puerto Argentino. El desenlace de la guerra con Gran Bretaña interrumpió la ardua y trabajosa vía diplomática por la que transitaba el legítimo reclamo por la soberanía de las islas del Atlántico Sur en organismos internacionales desde décadas atrás. La derrota en la guerra tuvo, entre otras consecuencias, la construcción de un discurso que justificaría la «desmalvinización» de la política exterior argentina, afectando a largo plazo la agenda y el reclamo nacional.

Múltiples interrogantes emergen para comprender en toda su complejidad la Guerra de Malvinas. La ocupación militar en las islas ¿puede reducirse a la desesperada acción del régimen dictatorial frente a la agudización de las contradicciones internas? ¿O más bien hay que concebirla en una configuración mayor que considere la dinámica diplomática en la que se enmarcan los reclamos de soberanía argentina en el Atlántico Sur y sus consecuencias a largo plazo? Desde esta perspectiva, la comprensión de la política exterior del gobierno militar y la recuperación crítica de las fuentes orales diplomáticas del período aportan a la problemática una dimensión menos explorada sobre la Cuestión Malvinas. Teniendo en cuenta que una mirada crítica sobre los procesos políticos no puede guiarse exclusivamente por lo que las autoridades dicen de sí mismas. Esa fue la propuesta de la Historia oral de la política exterior argentina del período 1930-2016 (M. Rapoport, Ed. Octubre, 2016).

Las Malvinas constituyen desde 1833 —cuando fueron capturadas por los ingleses en un acto de piratería— un enclave colonial británico anacrónico en territorio nacional. Su recuperación y la posterior declaración de guerra británica con el envío de una flota al Atlántico Sur cambió profundamente el escenario político interno e internacional y colocó en primer plano la especificidad del «conflicto Norte-Sur» en las relaciones internacionales y en la política exterior argentina. En este sentido, la conducta político-diplomática del régimen dictatorial no solo estaba vinculada a que no debía rendir cuentas de sus acciones a la ciudadanía, sino también a la peculiar inserción de la Argentina en el mundo en los años 70 y 80, donde los intereses de sus sectores dirigentes mostraban en sus principios y accionar profundas contradicciones. En lo que respecta a la vinculación con el mundo, la continuidad con el pasado, pese a las apariencias, resultó más fuerte que cualquier voluntad de cambio. En las distintas etapas del poder militar esa continuidad se reflejó en dos aspectos de su política. El primero de ellos tenía que ver con la fuerza subyacente del triángulo de relaciones con Estados Unidos —con su tradición de enfrentamientos y controversias— y Europa.

«Múltiples interrogantes emergen para comprender en toda su complejidad la Guerra de Malvinas. La ocupación militar en las islas ¿puede reducirse a la desesperada acción del régimen dictatorial frente a la agudización de las contradicciones internas? ¿O más bien hay que concebirla en una configuración mayor que considere la dinámica diplomática en la que se enmarcan los reclamos de soberanía argentina en el Atlántico Sur y sus consecuencias a largo plazo?»

Aunque la dictadura militar se autoproclamaba prooccidental y anticomunista, desarrolló agudos conflictos diplomáticos y picos de tensión con Washington que parecían reproducir y ampliar viejas tradiciones. El gobierno de Carter combinó en 1978 la condena a las flagrantes violaciones a los derechos humanos de la dictadura con la suspensión de toda ayuda militar a la Argentina. En cuanto al vínculo con Europa, estaba deteriorándose desde los años 60, tanto en el terreno económico como el político, mientras se habían expandido los lazos con la Unión Soviética y el bloque oriental. La URSS y los países del Este se fueron constituyendo desde principios de los 70 en el principal mercado de productos argentinos, lo que derivó en un fortalecimiento de relaciones políticas durante los años iniciales de la dictadura. En este sentido, la apertura al Este del período de Videla y Viola (los dos primeros presidentes militares después del golpe de 1976) representó una evidente continuidad con el anterior gobierno militar de Lanusse (1971-1973). El segundo aspecto en el que el régimen militar mostró líneas de continuidad con el pasado fue mediante el nombramiento como canciller, en diciembre de 1981, de Nicanor Costa Méndez (también canciller de Onganía en 1966-1968), que expresaba la ideología nacionalista, católica y conservadora de un sector influyente de las Fuerzas Armadas. Esta ideología se vinculaba con la Doctrina de Seguridad Nacional, volviendo a impulsar un estrechamiento de vínculos con sectores del Pentágono y la derecha estadounidense, proceso que se veía favorecido por la llegada de Reagan a la Casa Blanca. El gobierno de Galtieri buscó así mejorar las relaciones con los EE. UU., colaborando más activamente con su política de contrainsurgencia en América Central, pero sin modificar los patrones del comercio exterior argentino ni las relaciones con la URSS. En ese contexto, las idas y vueltas de la diplomacia militar durante el episodio de las Malvinas mostraron el complejo de fuerzas sobre el que se basaba el régimen militar en sus relaciones con el mundo.

Al llegar a la Cancillería, Costa Méndez se encontró con dos problemas urgentes: el del Beagle y el de Malvinas, siendo prioritario el primero, porque el papa y la Iglesia católica estaban presionando para un acuerdo. Ni Chile ni Argentina podían asumir la responsabilidad de llevar al fracaso al Vaticano. En términos geopolíticos, lo único que interesaba era salvar el Atlántico Sur, impidiendo la proyección de Chile. Como consecuencia de las evidencias desfavorables en la evolución del diferendo por el Beagle, la Junta percibía que la posición argentina en el Atlántico Sur estaba amenazada. La alternativa, entonces, era adoptar una política más enérgica en las Malvinas.

Los británicos insistían en que había que contemplar «los deseos de la población en las islas». La negociación que llevó al Memorándum de Entendimiento en 1968 fracasó porque en ningún momento Gran Bretaña se alejó de la posición de subordinar la negociación a los deseos de los kelpers. Justamente, en el curso de la negociación, el ministro de Estado británico, Lord Chalfont, había anticipado la posibilidad de un enfrentamiento armado.

El primer paso diplomático de Costa Méndez se materializó el 27 de enero de 1982. En un mensaje enviado a Gran Bretaña advertía que, a menos que se transfiriera la soberanía, la disputa entre ambos países no iba a concluir. El viceministro del Foreign Office, Richard Luce, contestó manifestando la voluntad británica de negociar, haciendo reserva de su posición acerca de la soberanía. Las conversaciones se llevaron a cabo en Nueva York, a finales de febrero. Luce aceptó la propuesta argentina de crear una comisión negociadora cuyas reuniones comenzarían en mayo o junio. Pero la satisfacción de la delegación argentina contrastó con el malestar que generó en la Junta, que percibió en la actitud británica otra maniobra dilatoria. Ello obligó a Costa Méndez a dar a conocer un comunicado unilateral donde destacaba que el objetivo de las reuniones tenía que ser la soberanía argentina y que tal resultado debía alcanzarse en un breve lapso.

Por su parte, Eduardo Roca, embajador argentino ante las Naciones Unidas durante la presidencia del general Galtieri, sostuvo que se había pergeñado un plan de largo alcance que buscaba presionar a Gran Bretaña a descolonizar mediante el dictamen en la Asamblea de Naciones Unidas, conforme a la resolución 2065 de la ONU.

Lograda bajo el gobierno de Arturo Illia, los objetivos alcanzados por la resolución 2065 fueron esencialmente cuatro: 1) Las Naciones Unidas pasaron a tener en cuenta el problema y urgía a entrar en negociaciones sobre el estatus de las islas. 2) Reconocía que la cuestión estaba comprendida dentro de los procesos de descolonización que existían todavía en el mundo. 3) El tema dejaba de ser bilateral y pasaba a formar parte de una problemática más general, que involucraba a muchos países con rémoras del pasado colonialista. 4) No sería el deseo de los habitantes el que definiría la cuestión, sino sus intereses, un concepto más ambiguo que podía implicar sin problemas su reconocimiento en la Argentina. Una sabia intervención diplomática que hizo más que la guerra insensata de unos años más tarde, sentando los términos en los que debe discutirse la controversia argentino-británica.

Por otra parte, la política de acercamiento a los EE. UU. estaba vinculada a la decisión dictatorial de ocupar Malvinas, precipitada por el «incidente Davidoff». Davidoff era un chatarrero argentino que había conseguido un contrato con una firma británica de Edimburgo para desmantelar lo que restaba de antiguos puestos balleneros en las islas Georgias del Sur. La embajada británica en la Argentina conocía el contrato, pero el gobernador de las islas Malvinas, Rex Hunt, aconsejó al Foreign Office el envío a esa isla del HMS Endurance, un patrullero polar de la Marina Real británica. El 21 de marzo, la primera ministra Margaret Thatcher decidió su partida desde la capital malvinense hacia las Georgias, con un grupo de infantes de marina, a menos que los argentinos abandonaran las islas conforme a las órdenes del gobernador Hunt. La nave argentina partió al día siguiente, pero un grupo de hombres permaneció en las Georgias del Sur, agravando la situación.

Costa Méndez reconoce que el gobierno dictatorial había adoptado el criterio de planificar la ocupación. En el marco de la agudización de las tensiones entre ambos países, con la inflexible posición británica de no negociar la soberanía respetando la voluntad de los isleños, la ocupación, creían, podría provocar la intervención del Consejo de Seguridad, restableciendo la discusión esencial sobre la Resolución 2065 y la no subordinación de la soberanía a los deseos de los habitantes. Pero sobre todo esperaban que la intervención del Consejo de Seguridad terminara en un armisticio, con un cese al fuego que dejara a la Argentina con un pie en la isla. En consecuencia, siguiendo el testimonio del canciller, la ocupación de las Malvinas era entendida como una necesidad táctica que, lejos de desactivar una resistencia político-sindical interna, se tomó en función de elementos objetivos de política exterior.

La cúpula militar creía ingenuamente que su colaboración con los EE. UU. sería correspondida con una devolución de lealtades durante una posible acción militar. El propio gobierno republicano contribuyó a desarrollar esa percepción de la realidad al brindarle a Galtieri una supuesta «amistad preferencial». Sin embargo, la alineación que planteaba la Argentina no significaba para la nueva cúpula en el poder renunciar a una cierta idea del interés nacional, tanto por razones ideológicas como por el deterioro de la situación interna. Así, tras la ocupación, la diplomacia militar realizó, obligada por las circunstancias, un cambio sustancial de su política internacional. Ante las sanciones económicas y militares de los Estados Unidos y el apoyo norteamericano a Gran Bretaña (que contó también con el apoyo de las potencias de la Comunidad Europea), el gobierno dictatorial, que había exaltado su carácter de «bastión de Occidente», se declaró dispuesto a recibir ayuda de la propia Unión Soviética. Pero la URSS, pese a su apoyo verbal, no vetó en la ONU la resolución condenatoria de la ocupación argentina de las islas e incluso suspendió la compra de granos en el transcurso del conflicto.

La Argentina se había mantenido dentro del Movimiento de Países No Alineados. La intención original de Galtieri y de Costa Méndez era disminuir progresivamente el perfil argentino hasta desligarse definitivamente. Sin embargo, durante la «operación Malvinas», los apoyos encontrados dentro de los países no alineados llevaron al gobierno a revalorizar su presencia en el Movimiento. El canciller Costa Méndez comparó en La Habana la lucha de la Argentina por Malvinas con las libradas por Argelia, India, Cuba y Vietnam para lograr su independencia. De todos modos, esta improvisada vocación tercermundista no logró la mínima credibilidad internacional.

Fueron los países latinoamericanos —desde Brasil y Perú a Cuba— así como el amplio campo de naciones del Tercer Mundo quienes respaldaron la posición argentina y desde donde emergieron las manifestaciones más amplias de solidaridad popular. Tales contradicciones generarían, luego de la derrota, profundas fisuras en las filas militares. Esta crisis en las Fuerzas Armadas se conjugó con la incapacidad del Estado dictatorial para llevar adelante con eficacia el esfuerzo bélico. La Junta Militar no tomó ninguna medida que apuntara a crear mejores condiciones para el aislamiento y desgaste de la posición inglesa (sanciones económicas, políticas, etc.). A medida que se desarrollaba el conflicto se volvía más aguda la contradicción entre el régimen dictatorial y las exigencias de política interna y exterior que el enfrentamiento con Gran Bretaña imponía, lo que condicionaba fuertemente la derrota y rendición argentina en junio de 1982. El régimen dictatorial se terminaría un año más tarde como consecuencia, en gran medida, de esta aventura militar que revelaba la ineptitud profesional de los que implementaron en forma sistemática el «terrorismo de Estado» en la Argentina y sacrificaron la vida de muchos argentinos que cayeron combatiendo por la patria, tal como desarrolla en detalle el Informe Rattenbach. En declaraciones periodísticas, el retirado teniente general Benjamín Rattenbach expresó con contundencia que «la guerra de Malvinas fue un acto de deshonor para Argentina y para sus fuerzas armadas. Un conflicto en el que se utilizaron vidas humanas de manera irresponsable y sin sentido». A su vez, el informe es contundente del porqué al gobierno argentino le fue denegado casi cualquier tipo de apoyo en el marco internacional. A este respecto, señala que la situación argentina se encontraba «comprometida» ante los países del llamado Tercer Mundo por «1) la denuncia de Nicaragua ante el Consejo de Seguridad por la presencia de tropas argentinas en Centroamérica», 2) las declaraciones de Costa Méndez, a principios de marzo, que declaraba que nuestro país «no pertenecía al Tercer Mundo» y 3) no teniendo en cuenta que entre los miembros del Consejo de Seguridad había seis países de quince «no alineados».

Cuando la guerra terminaba, la primera ministra Margaret Thatcher —admirada por el actual presidente argentino Javier Milei— se expresaba con acento triunfalista: «Hay quienes dicen que Gran Bretaña no es más la nación que construyó un imperio y dirigió una cuarta parte del mundo. Bueno, ellos estaban equivocados. La lección de las Falklands es que Gran Bretaña no ha cambiado y que nuestra nación aún tiene los más grandes méritos que brillan a lo largo de su historia» (3 de julio de 1982). Un discurso imperial que le permitió prolongar por un tiempo su permanencia en el poder y consolidar las políticas neoliberales, aunque las mismas terminarían por acentuar la larga decadencia en que vivía su país desde hacía mucho tiempo.

«Fueron los países latinoamericanos —desde Brasil y Perú a Cuba— así como el amplio campo de naciones del Tercer Mundo quienes respaldaron la posición argentina y desde donde emergieron las manifestaciones más amplias de solidaridad popular»

En suma, los sucesos que llevaron a la Guerra de Malvinas deben comprenderse en una configuración compleja donde un conjunto de elementos constituyen las condiciones de posibilidad para la escalada del conflicto. Las tensiones con Chile por el Beagle, la crisis interna de un régimen cada vez más cuestionado junto a las contradicciones que surgían de su posición internacional y las sistemáticas renuncias por parte de Gran Bretaña a las resoluciones de las Naciones Unidas que insistían en que accediera a una solución pacífica del conflicto tornaron posible la alternativa de ocupar las islas para retomar su control. Pero, como señalamos, la ilusión de la cúpula militar de vencer sin pelear se desvaneció rápidamente.

Las transformaciones de la última dictadura cívico-militar operadas en la estructura económica y social y del poder en la Argentina, reforzadas por su inserción dependiente y periférica en el mercado mundial y el sistema internacional, determinaron la evolución del régimen constitucional, del sistema político y de la política exterior hasta la aguda crisis económica, social y política de principios del siglo XXI. De modo que las interpretaciones y teorías locales, sobre la base del pensamiento neoliberal, generaron una visión sesgada y errónea de las causas del autoritarismo militar, la crisis y la «declinación» económica argentina. Para estos enfoques, estas serían el resultado de un presunto «aislacionismo» argentino, cuando no de un «desafío nacionalista». Soslayando el hecho de que las tendencias predominantes en la inserción internacional de la Argentina devienen de su estrecha y particular imbricación, de carácter dependiente, con las principales tendencias en pugna entre las grandes potencias en el escenario internacional. Tales interpretaciones resultaban además de una concepción que adjudicaba la génesis y desarrollo de la «declinación» argentina a la industrialización mercado-internista cimentada desde la posguerra, contrastándola con la Argentina «abierta» de principios de siglo, del modelo agroexportador y su «conexión especial» con una gran potencia. Esta concepción fue parte de una matriz del pensamiento conservador liberal desde siempre y comenzaba a adquirir predominio en círculos del establishment económico, político y académico en la década del ochenta. Su revitalización operaba como legitimación del propio proceso de desindustrialización impuesto a partir de 1976 y estuvo en la base de las formulaciones históricas que justificaban el «realismo periférico», concepción que fundamentó la nueva política exterior de los años noventa.

En suma, la ocupación y guerra por las Malvinas de 1982 constituyó una reivindicación nacional legítima frente al imperialismo británico dirigida por un gobierno ilegítimo. Y aun así, el reclamo soberano en torno a Malvinas es una causa nacional que recorre toda nuestra historia, un código común de la sociedad argentina que invita una y otra vez a reflexionar sobre aquello que concebimos como nación.

_{*El presente artículo contó con la colaboración de Yair Arce (EIDAES-UNSAM).}

_{^{Imagen de portada: el dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri junto al canciller Nicanor Costa Méndez (abril de 1982) | Foto: Dominio Público}}

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