Un informe de la UNLa desmonta mitos sobre estudiantes migrantes y muestra, con datos, que su presencia es mínima, aporta valor académico y cultural, y que el arancelamiento propuesto responde más a una decisión política que a una necesidad real.
El Observatorio de Investigación en Educación Superior de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) elaboró el informe Estudiantes Migrantes en Argentina, con el objetivo de aportar información rigurosa frente a discursos basados en prejuicios sobre este sector de la población. Publicado en agosto pasado, este estudio muestra que los estudiantes extranjeros representan una proporción mínima dentro del sistema universitario, que su presencia tiene un impacto positivo en términos académicos, culturales y económicos, y que el arancelamiento propuesto por el Gobierno Nacional responde más a una lógica política que a un problema real.
Desde Refugio Latinoamericano conversamos con Victoria Kandel, docente, investigadora, y compiladora del informe, quien analiza cómo surgió el estudio, qué ideas equivocadas intenta desarmar y por qué la presencia de estudiantes migrantes fortalece —no amenaza— a la universidad pública argentina.
El trabajo del Observatorio se inscribe en un escenario en el que organizaciones civiles, estudiantiles y de personas migrantes se movilizan en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que habilita a las universidades públicas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente. La medida, presentada como un ajuste administrativo, reabrió un debate histórico en torno al principio de gratuidad universitaria en Argentina, que sostiene desde hace más de un siglo la educación superior como un derecho humano y no como un servicio sujeto al mercado.
¿Qué los motivó a elaborar este informe en este momento?
El Observatorio de Investigación en Educación Superior es un espacio nuevo que se abrió en diciembre del año pasado. Uno de nuestros objetivos es construir información sobre distintas temáticas vinculadas a la educación superior, y estamos muy atentos a la coyuntura y a lo que va pasando.
Cuando el Gobierno Nacional publicó el DNU 366/2025, en el marco de un proceso más amplio de reforma, nos pareció importante generar información certera sobre la situación de las personas migrantes. En Argentina, la política migratoria actual está muy alineada con la que lleva adelante Estados Unidos, y en esa intención del gobierno de Milei de mostrar concordancia con las políticas del Norte Global, nos preguntamos qué incidencia podía tener este tema acá, donde en realidad no hay una problemática concreta.
Queríamos aportar datos al debate y por eso propusimos armar un informe. En la UNLa también hay un equipo muy grande de investigación en migraciones. Pablo Ceriani, director de la Especialización en Migración y Asilo, y su equipo impulsaron una campaña de incidencia política para que las universidades no apliquen este arancel, así que el informe también se inscribe en ese contexto de discusión y movilización.
¿Qué evidencias muestran que los estudiantes migrantes no representan una carga económica para el Estado, sino que aportan valor académico, cultural y económico al país receptor?
Hay estudios que muestran que el peso de los estudiantes migrantes dentro del sistema universitario argentino es prácticamente el mismo que tienen en la estructura social general: alrededor del 4 o 5 por ciento. Además, la gran mayoría de ellos son residentes, por lo tanto, ni siquiera les correspondería el arancel.
Eso demuestra que no se trata de un problema real, sino de una medida de tono político, más vinculada a mostrar alineamiento con políticas restrictivas del Norte Global que a una necesidad concreta del sistema universitario argentino.
A partir de los datos también pudimos hacernos otra pregunta, que me parece la más interesante del informe: ¿por qué los estudiantes migrantes eligen venir a estudiar a la Argentina? En el mundo, las universidades más prestigiosas se desesperan por atraer estudiantes extranjeros, porque es un signo de distinción y de calidad. En América Latina, Argentina está entre los países más elegidos —junto con México y Brasil— por la calidad de la enseñanza, la oferta académica, la gratuidad y el ingreso irrestricto.
Hay buenas razones para que nos elijan, y para el país también es muy importante que vengan: es un signo de prestigio, de apertura y de progreso. Su presencia mueve la economía, genera vínculos culturales y enriquece el entorno académico. Es todo beneficio, para todas las partes.
El DNU 366/2025 introduce una lógica de “usuario” o “consumidor” en la educación superior. ¿Qué riesgos implica ese cambio frente al principio histórico de gratuidad universitaria en Argentina?
El texto del decreto lo que hace, en definitiva, es ponerle un límite a la gratuidad. Hasta ahora teníamos una normativa que establecía que los estudios de grado en las universidades nacionales debían ser gratuitos de manera absoluta, y el DNU 366/2025 viene a frenar eso. Se apoya en argumentos que parten del desconocimiento, y que además están promovidos desde miradas xenófobas y nacionalistas.
En la práctica, el decreto tiene muy poca aplicabilidad: la gran mayoría de los estudiantes migrantes son residentes, y por lo tanto quedarían fuera de la medida. Además, en los posgrados —donde sí hay más población migrante— ya se abonan aranceles, así que no hay nada nuevo que regular. Por eso decimos que el impacto real es mínimo, pero el impacto simbólico es alto, porque instala una idea peligrosa: la de que estudiar no es un derecho, sino un servicio que puede cobrarse.
En el debate público aparecen muchas veces prejuicios xenófobos (“turismo educativo”, “los extranjeros ocupan lugares que deberían ser para argentinos”). ¿Qué dicen los datos y la investigación frente a esos discursos?
Los datos muestran que esos argumentos no se sostienen. El peso de los estudiantes migrantes dentro del sistema universitario es muy bajo, y su presencia es proporcional al resto de la población. No existe ninguna evidencia que indique que los migrantes “le quitan” lugares a los argentinos, ni que generen una carga económica para el Estado.
Lo que sí vemos es que este tipo de medidas se apoyan en discursos que buscan dividir y construir enemigos internos. Son miradas que desconocen la raíz profundamente migrante de la sociedad argentina. En realidad, las universidades se enriquecen con la presencia de estudiantes de otros países, no solo por lo que aportan académicamente, sino también por las experiencias, las trayectorias y las perspectivas que traen al aula.
Desde su experiencia, ¿qué aportes concretos hacen los estudiantes migrantes al sistema universitario argentino y a la sociedad en general?
Considero que hay un enorme aporte, tanto en lo académico como en lo humano. Las personas migrantes traen experiencias, miradas y saberes que enriquecen las cursadas y los debates. Nos permiten pensar qué tan receptivos somos, qué tan preparados estamos para recibir al otro y cómo nos posicionamos frente a la diversidad.
Las migraciones se producen por razones muy distintas —muchas veces dolorosas—, y abrir la conversación sobre eso dentro del aula es una oportunidad pedagógica enorme. Poder darles más voz y más espacio a los estudiantes extranjeros fortalece la enseñanza y amplía las perspectivas de todos. Hay muchas cosas que las personas migrantes traen que son puro beneficio: conocimiento, sensibilidad y una forma distinta de mirar el mundo.
En términos comparativos, ¿qué lugar ocupa hoy Argentina dentro del mapa educativo regional y qué podría perder si avanza una política de arancelamiento a extranjeros?
Argentina es uno de los países más elegidos de América Latina para estudiar, junto con México y Brasil. Hay un reconocimiento regional respecto de la calidad de los estudios, la amplitud de la oferta académica y, por supuesto, la gratuidad. Pero no es solo eso: hay otros países que también tienen universidades gratuitas y no son tan elegidos. En nuestro caso, se combina la calidad con un entorno muy favorable, con una tradición de hospitalidad y de integración regional que forma parte de la historia de la universidad pública argentina.
Si se avanza con políticas de arancelamiento, se perdería algo central: ese carácter latinoamericanista y de puertas abiertas que distingue a nuestras universidades. Además, se afectaría el prestigio internacional que tiene la educación pública argentina. En el mundo, atraer estudiantes extranjeros es un signo de calidad y de progreso. Ir contra eso es retroceder.
El debate sobre el arancelamiento a estudiantes migrantes no es técnico ni burocrático: es una discusión sobre el modelo de sociedad que queremos construir. El informe del Observatorio de Investigación en Educación Superior de la UNLa recuerda que las universidades públicas argentinas se han nutrido históricamente de la diversidad latinoamericana, y que su gratuidad es una conquista que permitió a miles de jóvenes —argentinos y migrantes— estudiar, integrarse y aportar al desarrollo colectivo.
En tiempos en que resurgen discursos que buscan dividir entre “nacionales” y “extranjeros”, este trabajo aporta datos y argumentos para defender una idea sencilla pero poderosa: la educación superior es un derecho humano, y debe seguir siéndolo para todas y todos, sin importar el lugar de nacimiento.
Imagen de portada: banderas en el Camino de la Unidad, en la UNLa. (Foto: cortesía de la UNLa)
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Técnica Universitaria en Promoción y Gestión de los Derechos Humanos y estudiante de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos en la UNLa. Cuenta con experiencia en gestión pública, investigación y comunicación vinculados a políticas culturales y promoción de derechos. Actualmente, trabaja como asesora en la Subsecretaría de Políticas Culturales bonaerense y participa en la coordinación de proyectos socioeducativos con jóvenes y adolescentes.
