La militarización de pasos fronterizos, el aumento de discursos securitistas y el temor a cambios abruptos en la política migratoria marcan la campaña electoral en Chile. El país cuenta con más de 1,4 millones de personas migrantes, principalmente provenientes de Venezuela, Perú, Colombia y Haití, un fenómeno que suele explicarse públicamente desde la seguridad más que desde políticas de integración.
La migración volvió a colocarse en el centro del debate electoral en Chile. En los últimos procesos, especialmente desde las elecciones de 2017, el tema se consolidó como terreno de disputa política asociado al control de fronteras y al orden público. En la actual segunda vuelta presidencial, el debate enfrenta a dos modelos: por un lado, José Antonio Kast y la promesa de endurecer las medidas de expulsión, reforzar la frontera y limitar la regularización; y por el otro, Jeannette Jara con una visión que reconoce la necesidad de gestionar la migración como política pública, aunque con avances y pendientes. Esta confrontación convirtió la movilidad humana en un tema decisivo para amplios sectores de la ciudadanía y, al mismo tiempo, en un factor de incertidumbre para las comunidades migrantes que residen en el país.
En las últimas semanas, el escenario se tensionó en la frontera norte chilena. Perú reactivó en noviembre el estado de emergencia y la presencia militar en la zona de Tacna, con el objetivo declarado de frenar el ingreso irregular de personas migrantes. A esto se suman medidas adoptadas previamente en la región: en 2023, Ecuador endureció los requisitos de entrada, mientras que Brasil y Bolivia ajustaron procedimientos de control ante el aumento de flujos venezolanos. Chile también incrementó controles en pasos no habilitados y exigencias de identificación en zonas fronterizas. Las decisiones en distintos países reforzaron la percepción mediática y política de una “crisis migratoria” regional.
Para David Arboleda, presidente y fundador de la Red de Periodistas Migrantes, el uso político de la migración no es algo nuevo. “Esto no viene de la noche a la mañana. Desde las elecciones de 2017 hay una tendencia creciente de instrumentalización y discursos de odio hacia la comunidad migrante”, señala. Según Arboleda, se consolidó una narrativa donde la migración se presenta como problema. “Se aborda desde un enfoque securitista, como si fuera un problema a solucionar, además las personas terminamos siendo percibidas como una carga para el Estado y la sociedad”, sostiene.
En el terreno político, la campaña expuso las tensiones entre promesas y resultados. La gestión del presidente Gabriel Boric generó expectativas iniciales en organizaciones sociales, especialmente en torno a una política migratoria con mayor inclusión, participación de las comunidades migrantes y revisión del enfoque de derechos humanos. Sin embargo, Arboleda admite que el balance es de “decepción”. Asegura que hubo participación de la sociedad civil en la etapa inicial de diseño, pero que las señales posteriores no estuvieron a la altura.
Otra de las críticas apunta a que, durante el actual período, se discutieron proyectos de ley que desde las organizaciones sociales calificaron como regresivos, y que buscaban restringir derechos fundamentales como salud, educación y vivienda para las personas migrantes en situación irregular, afectando principalmente a niños, niñas y adolescentes. Entre tanto se limitó el voto migrante, ampliando el tiempo de residencia como requisito para sufragar.
La posibilidad de un giro más restrictivo en caso de un triunfo de Kast suma inquietud en diversas comunidades. Arboleda enfatiza que un discurso que insiste en la expulsión sistemática instala temor. “Hay muchas personas que están en situación irregular esperando una oportunidad para regularizarse. Por otro lado, no hay diferenciación de perfiles y se cae en el discurso de tratar a todos como si fueran una amenaza y tuvieran antecedentes penales”, advierte.
Del mismo modo, expresa que las propuestas recientes de Kast profundizan la preocupación sobre el trato a niños, niñas y adolescentes. El candidato de ultraderecha planteó públicamente la separación de familias, justificando que el Estado asuma el cuidado de hijos de migrantes que no puedan acompañar a sus padres al ser expulsados. Ante esta posición, instituciones como el INDH y otras organizaciones han advertido que estas medidas no solo desconocen obligaciones básicas de protección, sino que también ponen en riesgo directo el bienestar y la integridad de miles de NNA.
David también cuestiona que el debate público quede reducido a los pasos fronterizos. “Toda la discusión tiene que ver con fronteras y seguridad nacional. Si llega al poder, posiblemente ese será el enfoque de Estado”. Para las organizaciones migrantes, el desafío no se limita a rechazar el tono punitivo, sino a reclamar políticas basadas en gestión y derechos.
La disputa electoral encuentra además un escenario social permeado por percepciones asociadas a la inseguridad. Aunque admite que existen encuestas que reflejan valoraciones positivas sobre la convivencia, Arboleda observa que la asociación migración-delincuencia continúa presente. “Esto complejiza aún más la integración social”, afirma.
De cara a la segunda vuelta, desde la sociedad civil advierten que el resultado definirá el rumbo de la política migratoria en los próximos años. Una continuidad del modelo actual mantendría los controles fronterizos y los ajustes graduales en los procesos administrativos, mientras que un cambio de gobierno podría implicar un enfoque más restrictivo basado en un incremento de expulsiones y mayor presencia de fuerzas de seguridad en la frontera. En cualquier caso, señalan que Chile tiene compromisos internacionales en materia de derechos humanos y una población migrante que ya está instalada en el país.
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Soy Licenciado en Comunicación Social por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) y actualmente curso la Maestría en Periodismo en la Universidad Torcuato Di Tella. Desde 2024 me desempeño como periodista y corresponsal en Enterate Noticias, donde realizo coberturas en Buenos Aires y la redacción de notas para distintas secciones, con especial interés en la política internacional.
A lo largo de mi trayectoria también trabajé en radio, multimedios y agencias de marketing digital, lo que me permitió desarrollar un perfil que combina práctica periodística con el manejo de herramientas digitales, estrategias de comunicación y producción audiovisual. Además, colaboro como voluntario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), espacio en el que profundizo mi interés por la política internacional y la geopolítica.
