La elección de José Antonio Kast como presidente de Chile marca un giro político hacia la derecha dura y abre un escenario de alta tensión en materia de derechos humanos, seguridad y migración. En esta nota analizamos su trayectoria, su proyecto ideológico y los efectos anticipados de una agenda securitista que ya comienza a impactar entre las comunidades migrantes del país trasandino.
El líder de la derecha chilena, José Antonio Kast Rist, fue electo presidente este domingo tras imponerse con el 58 % de los votos en el balotaje, según el conteo oficial, frente al 42 % obtenido por la candidata oficialista Jeannette Jara. La diferencia, cercana a los 20 puntos porcentuales, constituye la segunda victoria más amplia registrada en una segunda vuelta presidencial desde el retorno a la democracia, solo superada por el triunfo de Michelle Bachelet en 2014 frente a Evelyn Matthei.
En su primer discurso como presidente electo, Kast adoptó un tono conciliador y convocó a construir una inteligencia común entre las distintas fuerzas políticas para gobernar sobre la base del diálogo. Jara, por su parte, reconoció rápidamente el resultado a través de un mensaje en la red social X: “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo para desearle éxito por el bien de Chile”. Con este resultado, Kast pondrá fin a cuatro años del gobierno de Gabriel Boric y asumirá la presidencia el 11 de marzo próximo, en un contexto regional marcado por el avance de gobiernos de cuño derechista.
De la derecha tradicional a la derecha radical
Kast inició su trayectoria política en la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido por el que fue diputado durante 16 años. Sin embargo, en 2019 rompió con esa fuerza, a la que consideraba incapaz de expresar el giro ideológico que proponía para Chile, y fundó el Partido Republicano. Desde allí consolidó un espacio propio en el extremo derecho del arco político y alcanzó la presidencia en su tercer intento electoral, luego de haber sido derrotado por Gabriel Boric en 2021.
Su liderazgo se ubica claramente a la derecha de la centroderecha tradicional, incluso de figuras como el expresidente Sebastián Piñera. Aunque durante la última campaña procuró atenuar su imagen pública y esquivar la etiqueta de ultraderecha, su proyecto político mantiene vínculos explícitos con la extrema derecha global. Así lo sostiene la periodista chileno-brasileña Amanda Marton Ramaciotti, co-autora (junto a Felipe González Mac Conell) de Kast, la ultraderecha a la chilena (2025), quien destaca tanto sus conexiones internacionales como su afinidad ideológica con dirigentes de ese espacio.
En el plano social y cultural, Kast sostiene posiciones abiertamente regresivas. Propone un agresivo recorte fiscal de 6.000 millones de dólares y un programa de liberalización económica. Además, se opone al aborto incluso en casos de violación, al matrimonio igualitario, a la anticoncepción y a las políticas de ampliación de derechos sexuales y reproductivos. Casado con la abogada María Pía Adriasola y padre de nueve hijos, sus posturas en materia de derechos están en sintonía con sus posicionamientos ultracatólicos, que llaman la atención incluso entre algunos de sus simpatizantes.
Asimismo, la figura de Augusto Pinochet atraviesa de manera persistente su trayectoria. Con apenas 22 años, Kast participó en la campaña televisiva a favor del dictador durante el plebiscito de 1988 y, años más tarde, llegó a afirmar que Pinochet habría votado por él. Aunque evitó referirse de forma directa a la dictadura durante la campaña presidencial, su defensa histórica del régimen militar y su relativización de las violaciones a los derechos humanos lo diferencian de la derecha que gobernó Chile desde la transición democrática y refuerzan su perfil como el primer presidente identificado con la derecha dura desde el fin del pinochetismo.
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La afinidad con Javier Milei y su posible proyección regional
La sintonía con el presidente argentino Javier Milei es explícita. Kast afirmó tras votar en Santiago que buscará “generar las mejores relaciones” con Argentina y destacó su vínculo personal con Milei y con dirigentes de su espacio político. El propio mandatario argentino celebró el triunfo con un mensaje en la red social X:
Este alineamiento refuerza las alertas sobre una posible coordinación regional de políticas de mano dura, particularmente en materia de seguridad y migración, en un escenario continental marcado por la criminalización de la movilidad humana y la militarización de fronteras.
La seguridad y la “crisis migratoria” como ejes centrales de su campaña presidencial
La migración irregular ocupó un lugar central en la campaña de José Antonio Kast. En el último debate presidencial, el entonces candidato afirmó que no impulsará ningún proceso de regularización para personas migrantes en situación irregular, llamó a cerrar las fronteras y anunció que quienes no cuenten con residencia legal tendrán un plazo de poco más de tres meses para abandonar el país. “A los inmigrantes irregulares en Chile les digo que quedan 103 días para que salgan voluntariamente de nuestra patria. Si no salen, van a tener que salir después de que yo asuma la presidencia”, sostuvo en un video difundido en redes sociales.
A lo largo de toda su campaña, Kast homologó de manera reiterada la migración irregular como delito. Volvió a dejarlo en claro en su primera alocución pública de hoy como presidente electo, cuando afirmó: “cuando uno le dice al migrante irregular que está infringiendo la ley y que tiene que abandonar nuestro país, lo estamos diciendo en serio”. Y agregó: “Aquellos que no cumplan la ley no serán bien acogidos en nuestro país”.
El flamante presidente también asoció la migración con la inseguridad en la mayoría de sus intervenciones públicas, reforzando una narrativa securitista que diversos organismos de derechos humanos han señalado como estigmatizante y contraria a los estándares internacionales. En ese marco, Kast prometió expulsar a más de 330.000 personas migrantes en situación irregular —en su mayoría de origen venezolano— a quienes responsabiliza por el aumento de la inseguridad en el país.
Efectos anticipados: crisis en la frontera con Perú
Incluso antes de su asunción, las promesas de Kast comenzaron a producir efectos concretos. En los días previos al balotaje, se registró un desplazamiento inédito de migrantes venezolanos irregulares desde Chile hacia Perú, ante el temor de una deportación masiva.
Decenas de personas quedaron varadas en la frontera entre Arica (Chile) y Tacna (Perú), particularmente en el paso Chacalluta–Santa Rosa, a lo largo de una franja de más de 150 kilómetros. Imágenes difundidas por autoridades regionales y medios locales mostraron a familias enteras —incluidos niños— intentando salir de Chile sin poder ingresar a territorio peruano.
La situación llevó al gobierno peruano a militarizar la frontera sur y decretar el estado de emergencia por 60 días en los distritos fronterizos de Tacna, Palca y La Yarada-Los Palos. El decreto habilita la intervención conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para “hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia”.
El ministro del Interior peruano, Vicente Tiburcio, confirmó el despliegue inmediato de efectivos del Ejército, mientras que el presidente interino José Jerí justificó la medida como una forma de prevenir el ingreso de migrantes sin autorización. Desde Chile, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, reconoció que se produjo una concentración de personas migrantes que buscan abandonar el país y enfrentan dificultades para ingresar a Perú.
Ambos gobiernos anunciaron la activación de un comité binacional de cooperación migratoria, aunque desde Lima dejaron en claro que Perú no acogerá más migrantes irregulares. Desde 2015, el país recibió más de 1,5 millones de venezolanos, en el marco de la crisis humanitaria y política en Venezuela.
Un fenómeno estructural, no coyuntural
Más allá de su utilización política, la migración es un fenómeno estructural en Chile. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población migrante alcanzó en 2024 el 8,8 % del total, en un país de 20 millones de habitantes. Se trata de la segunda proporción más alta de residentes extranjeros en América Latina, después de Costa Rica, de acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Venezuela es el principal país de origen (41,6 %), seguido por Perú (14,5 %) y Colombia (12,3 %). Entre 2014 y 2018, la población extranjera se duplicó, pasando de 490.000 a más de 1,25 millones de personas.
Especialistas señalan que este proceso contribuyó al crecimiento demográfico, al rejuvenecimiento de la población y al sostenimiento de sectores clave del mercado laboral. Sin embargo, la falta de políticas de integración, las dificultades para homologar títulos y la precarización laboral empujaron a amplios sectores migrantes a la informalidad, alimentando tensiones sociales, asentamientos precarios y un clima creciente de xenofobia, especialmente en el norte del país
Un escenario de alerta regional
La llegada de José Antonio Kast a la presidencia inaugura una etapa de alta incertidumbre para las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en Chile. El reciente episodio en la frontera con Perú anticipa un escenario en el que las promesas de campaña ya generan desplazamientos forzados, cierres fronterizos y respuestas represivas, incluso antes de la implementación formal de las nuevas políticas.
A partir del 11 de marzo del año próximo, Chile se convertirá en un nuevo escenario clave para observar el avance de políticas de exclusión en América Latina, en un contexto donde la defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho a migrar enfrentarán desafíos crecientes frente al ascenso de las nuevas derechas.
Imagen de portada: cuenta de X de José Antonio Kast.
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